XXV sesión de Consejo de Seguridad Pública

Palabras del Presidente Calderón en la XXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Palacio NACIONAL, a 28 de Noviembre de 2008 Discurso
Diputado César Horacio Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Señoras y señores Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señoras y señores Presidentes Municipales.
Señoras y señores Secretarios de Estado.
Integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales y religiosas.
Señores representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores:
Para todos nosotros es claro que hoy la principal preocupación de las familias es su seguridad, por eso también ésta ha sido la prioridad del Gobierno de la República.
Como Presidente, como ciudadano y como padre de familia entiendo el temor que sienten los padres de que sus hijos sean víctimas de la delincuencia. Soy consciente de la desesperación, la impotencia, el agravio y el profundo dolor que embarga en estos momentos a muchos mexicanos que han sido víctimas de criminales sin escrúpulos, y que no encuentran en nosotros las respuestas que esperan de sus autoridades.
Ese clamor de la conciencia ciudadana es precisamente lo que nos reunió y nos convocó el pasado 21 de agosto en este mismo recinto nacional, para suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Hoy, a casi cien días de la firma de este instrumento, hemos sido convocados a la XXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acudimos a este llamado no sólo para reafirmar la vigencia de nuestro compromiso con la seguridad de los mexicanos, sino también para dar cuenta de los avances y de lo mucho que falta por hacer en la construcción de un país que progrese por la vía de la justicia, la ley y el orden.
La suscripción del Acuerdo representó, como se dijo aquí, y sin duda, un punto de partida; un punto de partida para que de manera conjunta las diversas autoridades de todo el país y la sociedad civil avanzáramos en el propósito de construir un México más seguro.
Yo quiero reconocer el compromiso y el esfuerzo de todos los que lo han realizado:
Del Poder Legislativo, que aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, que permitirá asignar eficientemente una mayor cantidad de recursos a fin de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad de los mexicanos, y que analiza a profundidad iniciativas presentadas por el Gobierno Federal en materia de seguridad.
Del Poder Judicial, que se ha comprometido en la implementación de diversas acciones, como el establecimiento de los juzgados de control.
De los gobiernos de las entidades federativas, que están haciendo un continuo esfuerzo por depurar, fortalecer y dotar de mayores recursos a sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia, y que están colaborando con las autoridades federales en el combate al flagelo del secuestro.
De los gobiernos municipales, que fomentan el fortalecimiento y la depuración de las instituciones de seguridad dentro de sus ámbitos de competencia.
Por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación ha informado al Consejo sobre el grado de avance y, en particular, sobre el cumplimiento cabal de los compromisos, cuya fecha de vencimiento estaba señalada al cumplirse los primeros cien días del Acuerdo.
Entre otros, señalo siete compromisos que se han explicado ampliamente aquí.
Uno, consistente en la reasignación de recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, que sea acompañado por reglas de operación flexibles y procedimientos eficaces y transparentes, que ya se ha explicado con amplitud.
Otro, el fortalecimiento, con la participación de la sociedad civil, del sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos, que ha sido cumplido por las dependencias correspondientes.
Otro más, relativo precisamente, a adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, estados y municipios, que se cumplió al presentarse la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otro compromiso, que es actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa, y que se cumplió al autorizar a las 32 Entidades Federativas adquirir armamento de cadencia automática y calibre superior, que permita a los cuerpos policiacos incrementar su capacidad de fuego.
Un quinto compromiso, que es presentar a la consideración del Congreso un paquete de reformas que fortalezcan las capacidades del Gobierno en materia de seguridad y procuración de justicia, el cual fue presentado, precisamente, al Congreso de la Unión, y como se explicó aquí está en su análisis. Y finalmente, dos compromisos más que vencían a los cien días del Acuerdo, que es instrumentar campañas para promover la cultura de legalidad, que se han implementado y se ha dado cuenta de los avances de la política en materia de prevención.
Y finalmente, el promover la creación de un observatorio ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos, a lo cual se le ha dado respuesta mediante la presentación de un modelo de observatorio ciudadano que estará en manos, precisamente, de la representación de la sociedad civil.
En el caso del Gobierno Federal, dos tipos de cuestiones nos han ocupado.
Primero lo urgente e inaplazable, pero también, las transformaciones integrales de fondo en materia de seguridad que requiere el país, y que requiere no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Por lo que toca a los problemas más urgentes en materia de seguridad, la acción del Gobierno Federal se ha desplegado en cuatro frentes: los operativos conjuntos, el combate frontal al crimen organizado y al secuestro, y el combate a la corrupción.
Uno. Los operativos conjuntos. Con ellos hemos multiplicado la presencia de la fuerza del Estado, entendido como una entidad completa en todas aquellas partes del país que se encuentran más vulnerables a la acción de la delincuencia.
Con estos operativos hemos fortalecido las capacidades del Estado para hacerle frente al crimen. En algunos casos, el esfuerzo está claro que debe replantearse y renovarse porque no ha demostrado su eficacia.
En otros casos, los operativos han permitido reducir los niveles de violencia y, particularmente, de homicidio doloso, que se habían registrado en algunas entidades.
Y en todos, lo que queda claro es que estos operativos permiten generar un espacio de tiempo y margen de maniobra que permita el restablecimiento de la vida institucional, así como la depuración y el fortalecimiento de la estructura policial en el lugar en cuestión.
Dos. El combate al crimen organizado y, especialmente, al narcotráfico.
En estos cien días de vigencia del Acuerdo, hemos capturado a peligrosos jefes e integrantes de las principales organizaciones criminales que operan en el país.
El 5 de septiembre se capturó a Alberto Sánchez Hinojosa, alias El Tony, lugarteniente de Heriberto Lazcano y líder de la organización conocida como Los Zetas, y que operaba precisamente en la región del sureste, particularmente en Tabasco.
El 18 de octubre se logró la captura de varios narcotraficantes colombianos, vinculados a la organización criminal de Arturo Beltrán Leyva. Con esto se rompió un eslabón clave en la logística de abasto de cocaína de Colombia hacia los cárteles mexicanos.
El 20 de octubre se capturó a Jesús Zambada, capo del Cártel del Pacífico y hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder de esta organización.
Este peligroso narcotraficante controlaba la importación y operación de cocaína a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El 26 de octubre se logró la detención de Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, líder del Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, quien era buscado por la Interpol en más de 180 países.
El 1 de noviembre se detuvo a Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo, operador del Cártel del Golfo, quien junto con otro capturado, Jaime González Durán, El Hummer, el 7 de noviembre, líder y fundador de la peligrosa organización delictiva de Los Zetas y quien controlara con el anterior la llamada Frontera Chica en el Estado de Tamaulipas.
En estos tres meses también se aseguraron más de 700 toneladas de marihuana, ocho de cocaína y siete mil armas. En el mundo se sabe y se reconoce que los mexicanos hemos decidido cerrar el paso a la actuación impune de las organizaciones criminales.
Ilustra la magnitud de este esfuerzo el hecho de que también en estas últimas semanas se haya logrado, en una sola operación, el mayor decomiso de armas de fuego y municiones incautados al crimen organizado en operaciones no bélicas de que se tenga registro, y que se suma a otras operaciones también sin precedentes internacionales, como el mayor decomiso de cocaína que se realizó en el país o el mayor decomiso de dinero en efectivo en una sola operación.
Sabemos que atrás del mercado de las drogas se gesta una violencia criminal asociada al crimen organizado, que debemos atacar y que afecta a todos; pero especialmente entendemos como una obligación del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, hacer todo lo que en nuestras manos esté para evitar que la droga y la violencia ensombrezcan la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes.
Tres. El Gobierno Federal ha reforzado su ofensiva en contra de los delitos que más lastiman y agravian a la sociedad, como es el secuestro. Por ello, hemos colaborado estrechamente con las autoridades locales para enfrentar con efectividad este delito.
En los cien días que han transcurrido desde la firma del Acuerdo, como ya se dijo aquí, la conjunción de esfuerzos entre autoridades federales y locales ha permitido detener a 272 presuntos secuestradores y desarticulado a 53 peligrosas organizaciones de secuestradores. Con ello, en promedio, se ha capturado una banda de secuestradores cada dos días y se ha logrado la liberación de 184 víctimas secuestradas en estos cien días.
Desde luego que falta mucho por hacer. Aún se sigue presentando una cifra alarmante, inaceptable e indignante de casos de secuestro. Sin embargo, en los últimos tres meses ha habido una variación en las cifras. En lo futuro debe mantenerse esa reducción, observada ahora en un 18 por ciento, porque sólo así habremos roto la tendencia creciente que se venía observando en este delito.
Estos son, precisamente, como bien se aclaró aquí, procesos que estamos cumpliendo y a los cuales estamos comprometidos.
Hacen falta, como también se especificó, resultados. Sé que más allá de cifras, más allá de logros, más allá de propósitos, el enfrentarnos a la realidad de una sola víctima y a la tragedia que implica para las familias la desoladora incertidumbre sobre el paradero de un ser querido, nos obliga a todos los presentes a refrendar no sólo hoy, sino todos los días el compromiso indeclinable de trabajo sin descanso y de poner un alto definitivo a estas dramáticas historias que continúan.
Cuatro. Es claro que existe un legítimo clamor ciudadano para poner un alto a la corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Por ello, el Gobierno Federal está librando una lucha compleja y sin precedente contra la corrupción asociada a la delincuencia organizada. Este cáncer viene de mucho tiempo atrás y por desgracia penetró las instituciones de seguridad y de justicia de todo el país.
Lo más fácil para el Gobierno Federal hubiera sido cerrar los ojos ante esta realidad. No lo hicimos. Decidimos enfrentarlo, hasta llegar hasta las últimas consecuencias para llevar ante la justicia a quienes traicionan la confianza de la sociedad.
Pusimos en marcha, en la vigencia del Acuerdo, un trabajo de investigación e inteligencia de largo aliento: la Operación Limpieza, con la que estamos desmontando redes de corrupción sobre las cuales la delincuencia organizada encontraba cómplices y respaldos dentro del aparato del Estado.
La Operación Limpieza ha llegado, incluso, al arraigo para efectos de investigación tanto del ex Director de la Policía Federal, como del ex Subprocurador General de la República, encargado de las investigaciones contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, estamos convencidos, a pesar de esta complejidad, que para frenar a la delincuencia, primero hay que sacarla de nuestra propia casa.
Mi llamado respetuoso es a realizar este duro y valeroso esfuerzo en todas las instancias de poder público y de Gobierno, en el ámbito que a cada cual corresponda a su competencia.
Al mismo tiempo que afrontamos los problemas apremiantes, redoblamos el esfuerzo para lograr una transformación integral y de fondo de las instancias de seguridad pública.
Esto se refleja en cuatro grandes rubros.
El primer rubro se refiere al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia del país. Para ello se requiere:

Uno. Depuración. Para ganar la guerra contra la delincuencia requerimos cuerpos policiacos honestos y confiables.
De ahí la imperiosa necesidad de perseverar en la depuración y el fortalecimiento de todas las policías del país. A ese propósito está orientado nuestro esfuerzo de formar una nueva generación de policías con elevados estándares de ética y profesionalismo.
Para ello se concluyó con la elaboración y entrega del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza y del Protocolo de Evaluación.
También es positivo que 25 entidades federativas reporten avances en el proyecto de creación o fortalecimiento de sus propios centros de control de confianza.
Dos. Tecnología. También sabemos que para derrotar a la delincuencia requerimos cuerpos policiacos con más y mejor tecnología, armamento, inteligencia y recursos.
Estamos avanzando en dotar de conectividad a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, a la Plataforma México.
El sistema ya permite intercambiar información e inteligencia policial y criminal, para prevenir y perseguir el delito.
Destaco que las policías de las 32 Entidades Federativas y de 144 municipios, de una meta original de 150, ya cuentan con conectividad a Plataforma México.
Tres. Armamento. Para fortalecer operativamente a las autoridades encargadas de la seguridad a nivel local, se ha autorizado a todos los estados e instancias federales, en cumplimiento a otro compromiso del Acuerdo, la adquisición de armamento de mayor capacidad para que los cuerpos policiacos que cumplan con requisitos de confiabilidad puedan escalar su poder de fuego contra la delincuencia.
Cuatro. Fortalecimiento presupuestal. El fortalecimiento de los recursos presupuestales destinados a la seguridad es otra prioridad que ha mostrado avances en el marco del Acuerdo Nacional. Gracias a la corresponsabilidad del Poder Legislativo se logró la reasignación de recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
Como ya se ha explicado, entre otros avances, se asignó un 33 por ciento más de recursos al rubro de orden y seguridad con respecto al año anterior y un 35 por ciento a la asignación en conjunto para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Estado mexicano no puede estar limitado por falta de recursos para enfrentar al crimen organizado y por eso debemos seguir trabajando juntos para fortalecer el presupuesto destinado a la seguridad de los ciudadanos, tanto por parte de la Federación como por parte de los estados y los municipios.
Durante esta Administración el gasto público orientado a la seguridad ha aumentado los recursos a la función de orden, seguridad y justicia en un 118 por ciento, del 2006 al Presupuesto del 2009.
Quiero ser muy enfático al señalar que, si bien existen en las corporaciones policiacas miembros que han defraudado la confianza de la sociedad, son mucho más los buenos policías que día a día libran una batalla sin cuartel para proteger la seguridad de las familias mexicanas.
Desde aquí hago un sincero reconocimiento a todas y a todos los policías, soldados y marinos que diariamente, de manera honesta y comprometida, ponen en riesgo su vida para realizar su imprescindible labor.
En estos casi cien días del Acuerdo, 114 elementos del orden de los tres órdenes de Gobierno han perdido la vida en esta lucha por un México seguro.
Por ello, debemos reconocer y premiar a los buenos elementos con mejores condiciones de ingreso y bienestar, como son vivienda, salud y educación para sus hijos.
El segundo gran rubro es el fortalecimiento del marco jurídico. En estos cien días hemos enviado al Congreso iniciativas de ley que nos permitirán fortalecer las capacidades de las autoridades en la lucha contra la delincuencia: iniciativas para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para organizar la Policía Federal, para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, la iniciativa de combate al narcomenudeo y otras que analiza el Congreso de la Unión.
El tercer gran rubro es el fortalecimiento de una cultura de legalidad y la implementación de una estrategia integral de prevención del delito.
Para ello, estamos planteando una política de prevención mucho más activa y más eficaz. Lo hacemos a través de campañas de difusión, pero también lo hacemos a través de Escuela Segura, de la recuperación de espacios públicos de manos de la delincuencia y poniendo en operación centros de prevención y tratamiento de adicciones, como ya se explicó con detalle.
Es fundamental fortalecer el tejido social para que los mexicanos rechacemos con contundencia la corrupción y la ilegalidad en todos y cada uno de los actos de nuestra vida.
Y el cuarto gran rubro es la construcción de una nueva etapa en la relación entre sociedad y autoridad para promover la vigilancia y la participación activa de los ciudadanos en la estrategia de seguridad.
Por eso hemos promovido la creación del observatorio ciudadano, instancia que nos permitirá evaluar de manera imparcial el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo y el desempeño de las autoridades.
Sólo los ciudadanos, que son los principales afectados por la inseguridad, tienen la capacidad de juzgar y evaluar con toda objetividad a los tres órdenes de Gobierno y a los tres poderes de la Unión. De ahí la importancia de que el modelo propuesto de observatorio ciudadano pueda vigilar el cumplimiento de los compromisos que públicamente hemos contraído.
El Gobierno Federal ha manifestado su voluntad de poner a disposición de la sociedad civil un modelo de observatorio ciudadano, que cuente con la estructura necesaria para generar y difundir información sobre el cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad.
Con recursos federales, si así lo decide su consejo, para su operación; con un instrumento eficaz para la difusión de información en materia de seguridad, como una página de internet; con el apoyo de instancias como el Instituto Federal de Acceso a la Información o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para tener acceso a la información pública gubernamental en materia de seguridad o en materia de demografía del país; así como la información de organismos cívicos como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad que presentó aquí la Encuesta de Criminalidad 2007, y me parece medular que impulsemos desde ahora y de inmediato la Encuesta de Criminalidad 2008 y que sirva, precisamente, de información confiable para todos en el cumplimiento de la responsabilidad.
Finalmente, que este observatorio cuente, que no sólo evalúe el cumplimiento de los compromisos, sino que tenga la capacidad de dar seguimiento a las metas de largo plazo en materia de seguridad, esas sí, metas que tienen que ver con resultados claros y no sólo con procesos como lo contenidos en el Acuerdo; metas como las establecidas en la Visión México 2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Más allá de los avances particulares, que los ha habido, debemos reconocer que fue la indignación y la exigencia ciudadana lo que nos movilizó a las estructuras de Gobierno.
La consecuente suscripción del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad debe representar un punto de inflexión en la forma en que las autoridades y la sociedad concebimos y enfrentamos el tema de la inseguridad.
La suscripción del Acuerdo nos ha demostrado que sí es posible sumar la cooperación y la voluntad de todos los actores políticos y sociales para alcanzar resultados en favor de la seguridad.
En estos meses se han dado pasos, los primeros, hacia una nueva etapa de corresponsabilidad y coordinación entre poderes públicos y órdenes de Gobierno.
También, la experiencia de estos primeros cien días nos ha demostrado que sí es posible anteponer un asunto de verdadero interés nacional a los intereses particulares y abordarlo como un asunto de Estado, como es el caso de la seguridad.
En efecto, como ya lo han mencionado aquí, recuperar la seguridad de las personas, la paz de sus comunidades y la integridad de su patrimonio no es un objetivo que pueda ser resultado de la labor o esfuerzo de un solo poder, orden de Gobierno o partido político, sino que exige la participación de todos y cada uno quienes formamos el Estado mexicano, la sociedad y sus órganos representativos, los poderes y los niveles de Gobierno, sin distinciones partidistas, políticas o ideológicas.
La delincuencia no tiene color político y su combate no involucra simplemente intereses de parte; involucra el interés nacional y la mayor exigencia de los ciudadanos, por lo cual es un deber de Estado, de la autoridad, cualquiera que sea su origen.
El Acuerdo nos ha permitido poner cimientos de una transformación que debe darse, de largo aliento a las políticas e instituciones que forman el Sistema de Seguridad Pública en México.
Hago un respetuoso llamado a los actores firmantes del Acuerdo, a que sigamos avanzando por la vía del diálogo y la colaboración.
Al Poder Legislativo, para impulsar y dictaminar leyes y reformas que necesitamos para derrotar a la delincuencia.
A los gobiernos estatales y municipales, para dejar atrás la historia de una mala entendida división de competencias y actuar en estrecha coordinación para lograr que los cambios se traduzcan en mejorar la situación cotidiana de seguridad que viven los mexicanos.
A los medios de comunicación, a fortalecer su compromiso con la información veraz, con la creación y consolidación de una nueva cultura de la prevención, la legalidad y la denuncia; una cultura en la que los modelos a seguir sean el respeto y el orden, y no el crimen y la violencia.
A los ciudadanos e integrantes de organizaciones no gubernamentales, a seguir participando de manera constructiva y propositiva en el proceso de transformación de nuestro Sistema de Seguridad.
Señoras y señores:
A cien días de la Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y al Legalidad, ratificamos el firme compromiso del Estado mexicano para derrotar la impunidad y la delincuencia.
Sabemos que los retos son muchos y que el camino que tenemos que rectificar, que recorrer, es largo y difícil, pero no podemos ni vamos a claudicar. Debemos seguir uniendo todos nuestros esfuerzos para que nuestro México deje atrás la sombra de la inseguridad y del miedo.
Es momento de mirar hacia adelante y avanzar con decisión para heredar a las futuras generaciones de mexicanos un México más seguro y más justo; un México de leyes, de libertades y de instituciones. Y estoy seguro que con el trabajo de todos ese México será posible, ese México vendrá.
Y si me lo permiten, les pido que me acompañen a hacer la declaratoria formal de clausura.
Hoy, 28 de noviembre de 2008, siendo las 14 horas con 32 minutos, declaro formalmente clausurada la XXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y hago votos para que el espíritu y compromiso de colaboración que se ha puesto de manifiesto en esta reunión siga impulsando nuestro esfuerzo en la construcción de un México más seguro y nos permita cumplir con nuestro compromiso.

Enhorabuena y muchas gracias.