Testigos protegidos en "Limpieza"

Instrumentos sucios en la Operación Limpieza
RICARDO RAVELO, reportero.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1679, 4 de enero de 2009:

El intento de sanear la Procuraduría General de la República se ve amenazado por deficiencias en la investigación que ya se traducen en fallos judiciales a favor de algunos acusados. Y lo que es peor, podría enfrentar una denuncia internacional por emplear "instru-mentos sucios" en su afán por encontrar culpables.
Inconsistencias, contradicciones y declaraciones "de oídas", rendidas por testigos protegidos, pueden precipitar al fracaso la llamada Operación Limpieza impulsada por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para "sanear" a la institución responsable del combate al crimen organizado que, por años, ha sido infiltrada por el narco.
Los vicios y fallas en la integración del expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 empiezan a salir a la superficie: el extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, ganó un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal que impidió la ampliación de su arraigo por 40 días más. Sin embargo, la PGR informó el 25 de diciembre de 2008 que pidió la revisión de ese amparo, por lo que el exfuncionario federal sigue retenido, mas no arraigado, y su situación jurídica se podría resolver en un mes más.
Eso no es todo: Pese a ser acusado por tres testigos protegidos de formar parte de la red protectora de los hermanos Beltrán Leyva, autoridades judiciales negaron el auto de formal prisión contra Miguel Colorado González, excoordinador técnico de la SIEDO implicado en la Operación Limpieza, por considerar que la PGR no acreditó su vinculación con el narcotráfico.
Sin embargo, Colorado González sigue detenido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, el mismo del que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán Loera y donde está preso desde enero de 2008 Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. La razón: que el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente su extradición el 24 de diciembre, pues una corte de ese país lo reclama para ser procesado por el delito de conspiración para traficar drogas.
Entrevistado el martes 30 vía telefónica, Miguel Colorado Luke, hijo del exfuncionario de la PGR, dijo que su padre está dispuesto a enfrentar el juicio en Estados Unidos "lo antes posible", por lo que a través de sus abogados exigirán a la Secretaría de Relaciones Exteriores que acelere su traslado.
-Cualquier persona pelea en los tribunales mexicanos para no ser juzgado en Estados Unidos. ¿Por qué su padre prefiere ser extraditado en forma inmediata? -se le pregunta.
-En México la PGR no lo quiere procesar porque, según hemos analizado el expediente, no existen pruebas en su contra. Todos los testigos que lo incriminan son de oídas, son acusaciones fabricadas.
"Ante esta realidad, la familia ha decidido enfrentar el juicio en Estados Unidos, donde estamos seguros que vamos a ganar, y después iniciaremos una contrademanda para que la PGR sea exhibida internacionalmente como una institución que, con instrumentos sucios, pretende sacar adelante su Operación Limpieza."
Miguel Colorado es el personaje que, por órdenes de Noé Ramírez Mandujano (titular de la SIEDO de enero de 2007 a julio de 2008), comenzó a espiar al capitán Fernando Rivera Hernández luego de que, en marzo del año pasado, el entonces subprocurador recibió informes de la DEA que acusaban a Rivera y a otro grupo de militares y civiles -todos ellos funcionarios de la SIEDO- de estar coludidos con los hermanos Beltrán Leyva y recibir pagos de hasta 450 mil dólares mensuales (Proceso 1674).
Colorado es el único militar que no se acogió al programa de testigos protegidos, pero en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 aparece salpicado por la corrupción del narco, según declaraciones de sus acusadores.
Los testigos protegidos Saúl, Moisés y David incriminan a Miguel Colorado en los pagos a funcionarios que realizaba la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Por ejemplo, en la ampliación de su declaración rendida ante la SIEDO el 8 de agosto de 2008, el testigo Moisés (como se identifica en la PGR al capitán Fernando Rivera, jefe de Colorado) refiere que Miguel Colorado y José Antonio Cueto (señalado en el mismo expediente como el principal reclutador de funcionarios para servir a los Beltrán Leyva) se conocían de tiempo atrás.
Por otra parte, el testigo David (clave del militar Roberto García García, quien fue miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano), al ampliar su testimonio el 25 de septiembre del año pasado, dice que se enteró de que un agente federal conocido como El Pinocho "recibía dinero de la organización" de Beltrán Leyva, y que éste, a su vez, "le entregaba el dinero a Miguel Colorado".
Sin embargo, David no precisa cómo se enteró de tales hechos ni si le constan, por lo que es considerado por los familiares de Miguel Colorado como "un testigo de "oídas".
Al menos El Pinocho no es un invento de David, según se desprende de la misma investigación realizada por la SIEDO. Se trata de Francisco Javier Jiménez Sánchez, señalado por Saúl (otro testigo, cuyo nombre real es Milton Cilia Pérez) como protector de Sergio Villarreal Barragán, El Grande. Este último sujeto fue agente ministerial y estuvo adscrito al área de robos de vehículos en Coahuila, pero se pasó al cártel del Golfo y actualmente es un operador de los Beltrán Leyva en La Laguna y en el estado de Morelos, uno de sus principales refugios.
Pruebas fabricadas
Entre el grupo de militares y civiles que trabajaban para la SIEDO, Miguel Colorado es conocido como El Viejito de los Cielos, por su apego a la lectura de la Biblia. Y con ese sobrenombre se refiere a él Emiliano, otro testigo protegido, quien el 9 de septiembre del año pasado dijo "que reconoce al Viejito de los Cielos o El Anciano como integrante de la organización" encabezada por los Beltrán Leyva.
"Todo esto -sostiene Colorado Luke- está fabricado. Por eso se cayó la acusación en el caso de mi padre y ahora quieren extraditarlo, porque la PGR no quiere quedar mal en México. Además, la mayoría de los militares implicados en la Operación Limpieza han declarado que ellos no obedecían órdenes del procurador Medina Mora ni de Noé Ramírez Mandujano, sino del general brigadier Luis Rodríguez Bucio", extitular del Centro de Inteligencia Antinarcóticos.
Según sus antecedentes, Rodríguez Bucio fue destituido tras verse envuelto en la Operación Limpieza. Antes estuvo involucrado en el expediente 55/2001 por "mal uso" de la partida 4310, destinada a "transferencias para gastos de seguridad pública y nacional. Este hecho derivó en una denuncia en su contra en la PGR, junto con Wilfredo Robledo Madrid y Genaro García Luna (quien durante el sexenio pasado fungió como titular de la Agencia Federal de Investigación) por la compra de aeronaves sin licitación. Tiempo después, la Secretaría de la Función Pública lo eximió de responsabilidad.
Por lo pronto, el voluminoso expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 de la Operación Limpieza muestra inconsistencias: los testigos protegidos -a cuyas declaraciones tuvo acceso este semanario- han incurrido en contradicciones respecto de los lugares donde operadores de los hermanos Beltrán Leyva entregaban los pagos a los "soplones" de la SIEDO acusados de protegerlos.
Por ejemplo, Jennifer dice en su declaración que el dinero se le entregaba al capitán Fernando Rivera (excoordinador de inteligencia de la SIEDO y también testigo protegido) en la torre de El Caballito, en Paseo de la Reforma, aunque, afirma, otras veces fue citado cerca del Auditorio Nacional. Saúl asentó que le pagaba a Rivera en la casa de Roberto García García (quien actualmente es el testigo David), en Satélite.
Otro testigo, Felipe (como se identifica al exagente federal Alberto Pérez Guerrero), con cuyas declaraciones se inició la Operación Limpieza, rindió testimonio desde mediados de 2008 en la embajada de México en Estados Unidos sin la asistencia de un abogado, "porque él así lo pidió". Las dos ampliaciones de su testimonio las realizó en presencia de un abogado estadunidense, pero en el acta ministerial no se asienta si el litigante habla español y si conoce las leyes mexicanas.
Varios testigos no recuerdan o refieren hechos de los que tuvieron conocimiento a través de terceros, lo que evidencia "la porosidad" de buena parte de la acusación contra civiles y militares presuntamente implicados con el narco.
La infiltración de Zambada
En la maraña de declaraciones rendidas por los testigos protegidos -uno de los instrumentos de investigación que utiliza la PGR en este caso y que, por cierto, no fue sometido a revisión en las recientes reformas legales aprobadas por el Congreso-, surgen historias que ya forman parte del expediente acusatorio integrado por la SIEDO en contra de sus exfuncionarios.
Así, también salen a flote viejos arreglos: los pactados, por ejemplo, desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo con los hermanos Rey e Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras emblemáticas del cártel de Sinaloa.
En su declaración ministerial del 20 de agosto de 2008, David dice que un personaje llamado El licenciado Óscar (alias con el que ocultaba su identidad Rey Zambada) hacía pagos al coordinador administrativo de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, Hiram González, así como a Mariano Herrán Salvatti, quien sustituyó al general Jesús Gutiérrez Rebollo en la fiscalía antidrogas de la PGR tras su destitución y encarcelamiento por estar coludido con el capo Amado Carrillo Fuentes.
El testigo narra un evento que sucedió hace poco más de un año, sin recordar la fecha exacta, (en la que) José Antonio Cueto (reclutador de funcionarios civiles y militares en la SIEDO para ponerlos al servicio de los cárteles) le llamó al declarante por radio Nextel para decirle que irían a comer con otras personas a un restaurante de comida china que se localizaba en avenida Paseo de la Reforma esquina con Palmas...
Que el declarante lo esperaba en la entrada, al llegar Cueto se ingresó y se llevó al declarante a una mesa al fondo del lugar donde estaban seis hombres, uno de ellos se lo presentó José Antonio Cueto como el licenciado Óscar, quien se sorprendió por la presencia del declarante, por lo que Cueto López le dijo (al tal licenciado Óscar) que el declarante era su amigo y que era como si fuera el mismo José Antonio Cueto, pues el declarante es de todas sus confianzas.
Enseguida, David describe al referido "licenciado Óscar" como una persona de cincuenta y cinco años de edad, complexión mediana, estatura aproximada (de) un metro sesenta y ocho, tez morena, pelo quebrado peinado hacia atrás, corto, frente regular, ojos pequeños, nariz con la punta ligeramente hacia abajo, cejas regulares, boca pequeña...Viste traje fino y reloj caro, los otros cinco sujetos que estaban con el licenciado Óscar eran sus escoltas.
Y añade: El licenciado Óscar le preguntó al declarante quién era y a qué se dedicaba, el declarante respondió que era agente federal de investigación y que estaba comisionado a la SIEDO (...) Que José Antonio Cueto y el licenciado Óscar hablaron de un dinero, sin decir cantidad, pues ya habían tratado antes de ese asunto, pero Óscar quería destrabar ese dinero del que referían que estaba bloqueado en cuentas de Banamex y Banorte, aludieron a un familiar de Óscar que trabaja en Banamex, y al salir se acudió a la recepción del lugar, llegó primero el vehículo del licenciado Óscar, un BMW, color azul, blindado.
Entre Cueto López y Rey Zambada en su papel del licenciado Óscar hubo un segundo encuentro. David asienta en su declaración ministerial que no recuerda la fecha, pero fue más o menos un mes después de la primera vez, esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (sic) en avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada americana, pero en esa ocasión Óscar estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda, dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel.
En otra ocasión el licenciado Óscar preguntó si existía orden de extradición en contra del Chapito, es decir, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, que se llama Archivaldo Guzmán, no recuerdo el segundo apellido, (pero) Cueto López dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (el testigo Felipe que declaró en Estados Unidos y con cuyas declaraciones se inició la Operación Limpieza), que trabajaba en la embajada americana, pero (no) quiso que entrara al restaurante sino que envió al declarante... Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma, el declarante se encontró con él en la vía pública... El declarante le dijo (a Guerrero) lo que le interesaba y respondió que no sabía que el Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y (en) Interpol, por lo que el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido.
Esa vez el licenciado Óscar se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición. Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Óscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, y al Mochomo, es decir, a Alfredo Beltrán Leyva (...) El licenciado Óscar dijo que le interesaban esos datos, pero que se le proporcionaran en otra ocasión (...) Al salir nos fuimos al despacho del licenciado que decía que representaba los intereses de Los Zetas, porque Cueto López había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exdirector de Interpol, actualmente arraigado) y se pensaba poner un despacho, dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco de tres pisos, que se localizaba a espaldas de la embajada americana, (y) dijo que era propietario de todo el edificio.
Pasado más o menos un mes se llevó a cabo una tercer reunión en el hotel Camino Real de Polanco, a la que acudió el declarante con su currículum vite, pues José Antonio Cueto López había quedado con el licenciado Óscar que se le iba a dar al declarante la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, para desde ahí cuidar los intereses de ambos y de sus patrones, El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva.
En esa misma ocasión, se le proporcionaron datos al licenciado Óscar de lugares donde la SIEDO podría hacer operativos para detener al Mochomo y El Chapo Guzmán. Por ello, el licenciado Óscar pagó 10 mil dólares.
Finalmente, el testigo David involucra a exfuncionarios de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS). Luego de narrar el temor que Cueto le tenía a Rey Zambada, pues en épocas de la FEADS había mandado levantar y matar a un comandante de la Judicial Federal, declaró: Cueto asegura que (el licenciado) Óscar le mandaba dinero, sin decir cantidad, a Hiram Morales, que era el coordinador administrativo de la FEADS, quien le daba su parte al entonces fiscal Mariano Herrán Salvatti.