Se deroga Ley Espía en Argentina

La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la llamada ley espía, por la que se obligaba a las empresas a intervenir y guardar durante 10 años todas las comunicaciones telefónicas y por Internet, a fin de ponerlas a disposición del poder judicial o de la fiscalía en la investigación de cualquier delito.

La ley fue aprobada por el Congreso en 2003, cuando Néstor Kirchner era presidente de la República, pero fue el propio Kirchner quien en 2005, y ante las numerosas protestas de abogados y juristas, decidió dejarla en suspenso. El Gobierno, sin embargo, no hizo nada por derogarl, sino que, al contrario, la defendió ante los tribunales .

Finalmente, la causa promovida por el abogado Ernesto Halabi, que impulsó una moción de amparo por vulneración de su intimidad y derecho a comunicaciones seguras, llegó ante la Corte Suprema, que este martes 24 de febrero dictaminó que la norma es contraria a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
La Corte Suprema la componen siete jusristas y está presidida por Ricardo Lorenzett de 54 años, quién fue nombrado para el cargo por el propio Néstor Kirchner en 2004.

La sentencia de ayer afirma que la norma impugnada restringe el derecho a la intimidad, "sin distinguir ni precisar de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones". La ley ordenaba a las empresas "disponer de los recursos humanos y tecnológicos para captar o derivar las comunicaciones y para que el servicio estuviera disponible en todo momento".
La Corte considera "inadmisible" que las restricciones autorizadas por esa ley quedaran finalmente en manos de "agentes de la Administración", que actuaban a su libre discreción.

La intervención de las comunicaciones era controlada a su vez por la Dirección General de Observaciones Judiciales, dependiente de la Secretaría de Inteligencia (conocida como Side), lo que implicaba que el Gobierno argentino podía tener acceso a cualquier tipo de comunicación privada telefónica o electrónica. Side reconocen los miembros de la Corte Suprema, "actúa bajo la órbita del poder político".
Para evitar que los derechos reconocidos al abogado que inició la causa tengan que ser reclamados, uno a uno, por los demás usuarios de las redes de comunicaciones telefónicas o de Internet, la Corte Suprema concede a su fallo la categoría de "acción colectiva", aplicable a todos los casos similares.
La ley espía, que dio origen a todo tipo de rumores y que extendió como una mancha de aceite las dudas sobre la privacidad de las comunicaciones telefónicas y por Internet en Argentina, ha quedado definitivamente derogada. Ahora, como en cualquier país del mundo, las interceptaciones de llamadas telefónicas, las famosas escuchas, deberán ser ordenadas, caso a caso, por las autoridades judiciales competentes y vinculadas a la investigación de un delito concreto. Y, como en cualquier país del mundo, si los servicios de inteligencia interfieren por su cuenta determinadas comunicaciones, lo harán en clara violación de la ley.

Una nota del periódico Clarín, dice: "El escrito al cual accedió Clarín reclama que "se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine 'en qué casos y con qué justificativos' puede llevarse a cabo". Así la Corte consideró que violaban el derecho a la privacidad de Halab en su condición de consumidor y además, el derecho a la confidencialidad en su condición de abogado.