La pena de muerte, opinión de Irene Khan

Equivocado reintroducir la pena de muerte/Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

Publicado en el suplemento Enfoque de Reforma, 19 abril 2009;

La situación en México es grave. Indudablemente, la ola de violencia que arrasa al país es seria y requiere medidas concretas ya que afecta a gran parte de la población. Pero el debate en el país sobre si se debe o no reintroducir la pena de muerte es equivocado y desvía la atención del problema real al que se le debe hacer frente: combatir la violencia dentro del Estado de derecho.
El debate actual pone a México en riesgo de ir en contra de la historia: América Latina es una región libre de pena de muerte, con la excepción de Cuba. En lo que en una época fue una de las regiones más violentas, muchos países salidos de regímenes sangrientos abolieron la pena de muerte como uno de sus primeros actos al entrar la democracia.
Las cifras recientemente publicadas por Amnistía Internacional indican que a finales del 2008, 92 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, y dos tercios de los países del mundo han abolido la pena capital en la ley o en la práctica. Esto en contraste con sólo 16 países en 1977. De los 59 países retencionistas, sólo 24 han llevado a cabo ejecuciones en 2007.
¿Realmente quiere México estar en compañía de países como China, Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita?
La pena de muerte no es un factor disuasorio efectivo frente a la delincuencia. La pena de muerte no reduce los delitos relacionados con la droga. La pena de muerte no conlleva a que la población tenga menos tendencia a cometer delitos, y en concreto asesinatos, si sabe que el castigo que le espera es la ejecución.
Los partidarios de la pena capital afirman que las ejecuciones detendrían los crímenes violentos pero varios estudios indican lo opuesto. Al contrario que la China continental, Hong Kong abolió la pena de muerte en 1993. Desde entonces no se ha visto allí un brusco incremento de la criminalidad. En Estados Unidos, en 2004, el índice medio de asesinatos en los estados con pena de muerte fue de 5.71 por cada 100 mil habitantes, pero en los estados sin la pena capital fue sólo de 4.02.
En todo el país son frecuentes las detenciones de personas, entre ellas numerosos indígenas, sobre la base de pruebas defectuosas o falsas. Hay personas inocentes que son encarceladas por delitos graves sin tener acceso a un remedio efectivo para corregir la injusticia, lo que destruye la confianza de la población en su propio sistema de justicia. Si México decidiera reinstaurar la pena de muerte, la posibilidad de ejecutar a inocentes sería real.
Uno de esos inocentes es Manuel Manríquez San Agustín, indígena otomí que pasó casi nueve años en la cárcel tras ser condenado erróneamente por asesinato. Fue detenido en junio de 1990 y condenado a 27 años de prisión sobre la base de una confesión obtenida mediante tortura. En una resolución histórica emitida hace un decenio, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo absolvió de todos los cargos de asesinato, y Manuel fue puesto en libertad.
Si la pena de muerte estuviera vigente en México, Manuel podría haber sido ejecutado por un delito que no cometió.
Incluso cuando no cabe duda sobre la culpabilidad, la pena de muerte es cruel y degradante, y un castigo equivocado.
No hay tampoco que olvidar el marco legal internacional: el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte. El artículo 4 también dice: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". ¿Se ha considerado seriamente las implicaciones de lo que tendría que ser un retiro del sistema interamericano?
Tampoco hay que olvidar la otra triste realidad de la pena de muerte que afecta a México cruzando la frontera norte. De acuerdo al Death Penalty Information Center, 56 mexicanos se encontraban sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos en 2008. La realidad es que la pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Esto lo vemos en Estados Unidos y en particular en los casos de mexicanos que se encuentran en el pabellón de la muerte. Por un lado, el gobierno mexicano litiga casos en La Haya para tratar de obtener el respeto a los derechos humanos de estas personas, mientras irónicamente en la Cámara se debate si es una pena adecuada para México.
Durante el anuncio oficial cuando México abolió la pena de muerte, el entonces presidente Fox declaró: "Este día quedará grabado en la historia nacional como aquel en que México se unió a los países que tienen, en el respecto a la vida, uno de sus más altos derechos".
No cabe duda de que los secuestros y los homicidios relacionados con las drogas aumentan sin freno en el país. Ni de que el gobierno tiene el deber de proteger a su ciudadanía y que, como es lógico, la gente quiere que cese esta alarmante tendencia. Pero la pena de muerte no es la solución. La cultura de la muerte no se combate con más muerte.
La pena de muerte constituye una flagrante violación a los derechos humanos y hay que evitar caer en la falsa contraposición de seguridad pública y derechos humanos. Los líderes políticos, independientemente de su afiliación partidaria, tienen que mostrar liderazgo y permanecer en el lado correcto de la línea que divide a los países que matan a sus ciudadanos y los que no.
La ejecución no es la solución.