9 nov 2009

24 años después ¿justicia?

25 años después ¿justicia? / Fred Alvarez
Septiembre de 2004
Inmemorian de Monseñor Arnulfo Romero, teologo de la Liberación
¡Sorprendente!! Un juez norteamericano condenó como crimen de lesa humanidad el homicidio de Monseñor Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador.
El magnicidio fue cometido por los Escuadrones de la Muerte la tarde del 24 de marzo de 1980. La bala expansiva que le destrozó el pecho al prelado no sólo ensució de sangre su sotana blanca, sino que deshonro también el gobierno de ese país centroamericano, que por cierto, nunca se atrevió a siquiera sentar en el banquillo de los acusados a los asesinos materiales e intelectuales del arzobispo.
A decir verdad, hubo un Juez de nombre Atilio Ramírez que se atrevió a abrir la investigación pero fue obligado a renunciar tras un atentado a su vida, lo que lo obligó a solicitar asilo a Costa Rica. En 1993 el caso de Monseñor Romero como el de muchos más fue cerrado.
Desde entonces el crimen había permanecido durante casi 25 años en total impunidad.
Pero gracias a una demanda civil presentada hace un año por El Centro de Justicia y Responsabilidad, una ONG vinculada a Amnistía Internacional, el caso fue abierto en los Estados Unidos y se pudo concretar debido a una ley, muy particular, que data del siglo XVIII que permite que quienes cometieron crímenes y otros delitos y se encuentran físicamente en ese país, ya sea viviendo o simplemente de paso, pueden ser acusados por reparación de daños.
El pasado 3 de septiembre el juez federal de Fresno, California, Oliver W. Wanger nos recordó que la historia no tiene tiempo para hacerle justicia. Condenó en ausencia a Álvaro Rafael Saravia, excapitán de las fuerzas aéreas salvadoreñas, como el responsable de la organización del asesinato del arzobispo y lo obliga a pagar 10 millones de dólares por reparación del daño, perro lo más importante es que determinó que el asesinato constituía un delito contra la humanidad porque fue parte de un ataque extenso y sistemático que tenía la intención de aterrorizar a la población civil. Después de la muerte de Romero, y durante en el tiempo que duro la guerra civil perdieron la vida alrededor de 75,000 civiles.
La resolución del juez Wanger ha provocado que El Salvador pueda reabrir su pasado. Por lo pronto, la presión social ya empezó. La Iglesia de entrada, calificó como una vergüenza el hecho de que se haya hecho justicia en otro país y no en tribunales locales; al tiempo que exigió al gobierno del presidente Antonio Saca a considerar la reapertura del caso. El presidente respondió de inmediato que no es su intención abrir heridas del pasado. La respuesta gubernamental puede generar un conflicto entre el gobierno y la Iglesia católica. Por cierto una iglesia diferente, Monseñor Romero pertenecía ala Teología de Liberación, mientras que su sucesor es el primero arzobispo centroamericano del Opus Dei.
Ambas instituciones tienen razón: lo deseable es que el crimen de Monseñor Romero sea juzgado en donde se cometió, en El Salvador, pero también existe un impedimento legal: la ley de Amnistía. Esta, fue decretada en 1993, un año después de la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas que pusieron fin a 12 años de guerra civil y horas antes de que un informe de la Comisión de la Verdad de la Naciones Unidas señalara a altos mandos militares como principales responsables de los asesinatos de líderes políticos y religiosos.
Pero los salvadoreños están mirando al modelo argentino, donde el gobierno por petición general tuvo que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían procesar a más de 2000 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció ese país entre 1976 y 1983. Y no sólo es el caso argentino, como dice el profesor Reyes Mate (EL País, 27-09-2003), la memoria sigue ganando batallas en la lucha contra el olvido “el gobierno chileno quiere revisar el punto muerto que se encuentra la valoración del pasado adoptando medidas tales como indemnizar a los torturados por la dictadura de Pinochet o revisar la responsabilidad penal de los militares que planificaron, dirigieron o ejecutaron los crímenes en aquellos tiempos oscuros, el PSOE se plantea exigir ...,una ley que reconozca que los tribunales de la dictadura franquista eran ilegales”.
El Juez español Baltasar Garzón recomienda que en estos casos hay que seguir adelante, dice que el pretexto de garantizar la estabilidad política de un país lo que consigue únicamente es garantizar la impunidad; “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente...,¡El olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran.” Por lo que “se impone.., la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”! . (Conferencia magistral pronunciada en diciembre del 2001 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina).
El asunto para abrir el pasado en El Salvador apenas empieza.
La resolución judicial de un Jurado en Fresno, California, además de emblemática es sin lugar a dudas un paso muy importante para el ejercicio de la justicia.
La sentencia brinda a la oficina de inmigración de ese país los argumentos legales para expulsar al acusado, y sobretodo sienta un precedente para que los Estados Unidos deje de ser refugio seguro para los responsables de esos terribles crímenes. Pero sobretodo el mensaje que lanza el Tribunal californiano es clave: los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
También, es necesario conocer la verdad de lo que paso, y juzgar a los culpables, no con un afán de venganza, sino con un estricto y elemental sentido justicia. Sino lo hacemos así, estaremos expuestos a dejar esos horrendos crímenes impunes. Tenemos que rescatar la memoria, es el mejor homenaje que podemos hacer a quienes ofrendaron su vida por la paz.


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