Secretaría de Marina
En alcance al comunicado No. 57/10 del 22 de marzo del presente año, difundido por la Secretaría de Marina-Armada de México, donde se informa que el día 21 de marzo se proporcionó apoyo a las autoridades municipales de Santa Catarina, Nuevo León, para el transporte por helicóptero de dos personas que resultaron heridas durante enfrentamiento con un grupo armado en las calles de ese municipio, así como de una persona detenida como presunta responsable de haber participado en la agresión, se ratifica que los mismos fueron trasladados al hospital universitario para su atención medica y en todo momento estuvieron acompañados por el jefe de la policía municipal de Santa Catarina, Eduardo Murrieta, el personal transportado al llegar a citado hospital fue desembarcado y entregado nuevamente en custodia al jefe de la policía municipal quien afirma haber puesto al detenido a disposición del Agente del ministerio público presente en el propio hospital para los efectos legales correspondientes.
Fuente: Unidad de Comunicación Social. Secretaría de Marina, (SEMAR).***
Columna PLAZA PÚBLICA / NL: confesiones y confusiones
Miguel Ángel Granados Chapa
En Reforma, 24 marzo 2010.- Sería risible si no fuera grave. El locuaz alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, que se gloria de contar con una policía paralela, había contratado como informante a un presunto delincuente. Resultará, si se comprueban los cargos a Alberto Mendoza Contreras, apodado El Chico Malo, que él obtenía información en vez de ofrecerla. Ésos son los riesgos que corre quien quiere pasarse de listo, el que supone que su modo directo de atacar los problemas es más eficaz que el que se atiene a la ley.
Atenerse a la ley, con las limitaciones que impone, o tomar el atajo de infringirla en pos de soluciones rápidas a problemas intrincados es un dilema que cobra vigencia en estos días en la zona metropolitana de Monterrey, en la capital misma de Nuevo León. A la tragicomedia del presidente municipal sampetrino se agrega la tragedia del muchacho, presunto delincuente, que fue torturado y asesinado mientras estaba en manos de una autoridad.
Fernández fue elegido en julio pasado por segunda vez alcalde de San Pedro, que es el suburbio próspero de Monterrey y tiene su propia identidad municipal. Sobrado, echador, Fernández dejó saber a sus electores y después a sus gobernados que él pondría paz en su territorio merced a acuerdos (que a veces reconocía y a veces negaba) con el narcotráfico, que se había comprometido a poner paz en los prósperos barrios que el ex senador gobierna. El día que tomó posesión, al comenzar noviembre, pareció confirmar sus queveres con delincuentes porque supo muy temprano que en la Ciudad de México fue encontrado el cadáver de Héctor Saldaña, apodado El Negro, un maleante que atemorizaba a la población de San Pedro.
El alcalde, además de afirmar con certeza que a partir de esa fecha el narcotráfico quedaba excluido de San Pedro, pareció ufanarse de esa primera demostración de eficacia de los dos grupos de trabajo que, al margen de la ley y con financiamiento privado, organizó para garantizar la seguridad de la gente decente de su municipio. Uno, el de inteligencia, está o estaba compuesto por informantes, más diestros que los servidores públicos de esa especialidad en los otros niveles de gobierno. Y otro grupo de rudos, de acción directa -de limpieza como él lo llama-, que pondría remedio a la inseguridad eliminando a los delincuentes.
El jueves pasado uno de ellos fue detenido por miembros de la Armada. Es, de fiarnos en la información aportada por la Secretaría de Marina, un personaje importante en la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, que no dejó de funcionar tras la muerte de Arturo de esos apellidos en una operación practicada en Cuernavaca por también infantes de Marina (que causaron asimismo la muerte de una persona ajena a la balacera, un miniempresario propietario de una tortillería). El informe sobre la detención de El Chico Malo indicaba que además de servir a los Beltrán Leyva, Mendoza ha trabajado también para otros altos jefes del narcotráfico, como Ignacio Coronel y El Azul, Juan José Esparragoza.
Al ser detenido, se decomisaron a Mendoza Contreras dos vehículos, dos computadoras, cinco armas largas, 14 celulares (quizá ya dados de alta en el registro nacional correspondiente) y equipo de espionaje de alta tecnología. Se le encontraron también 322 mil pesos, todo lo cual lo muestra como mucho más que un soplón pagado por el alcalde. Se informó, en fin, que El Chico Malo había llegado a "cuidar la plaza" de San Pedro a fines del año pasado, fecha que coincide con el comienzo del gobierno de Fernández y de su vínculo con Mendoza Contreras, a quien el alcalde consideraba un informante y que, en realidad y a la inversa, tal vez obtenía información.
Muy activos, los infantes de Marina recibieron el domingo en otro municipio conurbado de Monterrey, Santa Catarina, a dos presuntos narcomenudistas detenidos por la policía santacatarinense tras un atentado contra el secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento. Los marinos dijeron haber trasladado al vendedor de drogas a un hospital de zona, pues había sido herido. Sin que en este momento se sepa cómo, del hospital desapareció. Su cuerpo fue hallado en San Nicolás al día siguiente, con las manos esposadas y signos de tortura. El funcionario municipal presuntamente atacado niega haber pedido el auxilio de la Marina que, en ese caso, tendría que explicar por qué intervino en el caso.
Es inadmisible que un hombre perezca en esas condiciones. No faltarán, sin embargo, personas -cada vez en mayor número- que aplaudan el exterminio de un maleante, como si fuera éticamente aceptable esa suerte de limpieza social que mata a los delincuentes de modo sumario y "nos ahorra" a los contribuyentes el costo de su manutención en un penal y el riesgo de que delinca de nuevo apenas salga de la prisión. Ejecutar a un detenido implica asesinar a quien probablemente fuera inocente y, si no lo fuera, significa pasar por encima de la ley que obliga a someter al Ministerio Público y a los jueces a quienes se capture en flagrancia. El Estado tiene derecho al uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad de los gobernados. Pero ese uso, para ser siempre legítimo, tiene que estar acotado por la ley.
Esa elemental lección debe asumirla el presidente municipal de San Pedro, que quién sabe de dónde saca que es más listo que los delincuentes y en su pretensión de manejarlos quizá resultó manejado. Fernández debe prescindir de su policía paralela, sea personal de inteligencia o de limpieza.
Cajón de Sastre
Hoy por la tarde en el Senado de la República se presentará el libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México. A las 18:30 horas se reunirán en el patio central de esa Cámara los senadores Carlos Navarrete y Carlos Sotelo, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, así como Lorenzo Meyer, Javier Solórzano, José Woldenberg, Ernesto Velásquez y el autor de estas líneas. El libro, coordinado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva, entrega mucho más de lo que ofrece, pues no se limita a estudiar las modificaciones de 2006 a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, sino que constituye un riguroso examen de la poliédrica presencia del consorcio de la familia Azcárraga en la industria de la radiodifusión. Una característica peculiar de la obra es que fue editada por un importante grupo de instituciones académicas y organismos civiles, atentos al desarrollo de Televisa y sus empresas laterales.
miguelangel@granadoschapa.com
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