Entrevista a Edgar Cortez

Ni tolerar ni guardar silencio ante la muerte

Entrevista a Edgar Cortez/Integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia/ Moisés Castillo

Revista Siempre! 3 de diciembre de 2011

Dicen que la libertad y la justicia marchan juntas o no marchan. Y eso es lo que creen 23 mil mexicanos que firmaron la petición para que la Corte Penal Internacional de La Haya (la Corte Penal) determine si el gobierno mexicano, así como los cárteles de la droga, han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del combate al crimen organizado.

El abogado Netzaí Sandoval, quien entregó el pasado 25 de noviembre la “comunicación de información” a la Corte Penal, lamentó que el presidente Felipe Calderón cuestione el derecho de la sociedad mexicana de acudir a instancias internacionales.

“Particularmente —aseguró— nos está amenazando con dos tipos de responsabilidades; nos está señalando que las expresiones que hemos planteado en diversos foros, pero también los señalamientos en instancias internacionales, van a ser perseguidos por el gobierno mexicano. Si Felipe Calderón es inocente, la Corte Penal Internacional le va a dar la razón”.

Tras el comunicado desafortunado de la Presidencia de la República, decenas de personas firmantes se “entregaron simbólicamente” ante la Procuraduría General de la República por si existen denuncias por calumnia o difamación.

Además, dieron a conocer un pronunciamiento, en el cual afirman que el gobierno violentaría entre otros los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, así como los 6 y 17 de la Constitución.

“Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la Corte Penal o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos al emprender acciones legales en su contra”.

Asimismo, la Corte Penal Internacional continuará evaluando la petición, pese a la reacción del gobierno federal.

El fiscal general de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, aseguró que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón.

Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal.

Según el reglamento de la Corte Penal, recogido en el Estatuto de Roma, la fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, recordó Ocampo.

Creada en 2002, la Corte Penal Internacional investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.

Para Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la estrategia antinarco fracasó y prueba de ello son los 50 mil muertos y miles de desaparecidos.

El ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la muerte del activista de Sonora, Nepomuceno Moreno, quien buscaba a su hijo y formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“Esa muerte —dijo— viene a seguir alertando de que esto ya no da para más. No debemos seguir tolerando y guardando silencio. Estos son los hechos que finalmente estamos poniendo en el escritorio del fiscal de la Corte Penal. Lo que nosotros estamos haciendo es acercar la información que fundamenta nuestra petición para que puedan valorar e investigar los crímenes de guerra.”

Acto por libertad de expresión

¿Por qué manifestarse frente a la Procuraduría General de la República? ¿Cuál es el mensaje al gobierno federal?

Es lanzar una primera respuesta pública luego de que emitiera un comunicado cuestionando nuestra acción en la Corte Penal y planteando que está explorando la posibilidad de aplicar acciones legales en nuestra contra. Venimos a manifestar que nuestro carácter es ser ciudadanos, ejercemos nuestro derecho que es el de la libertad de expresión. Decimos lo que pensamos, lo que pasa en el país, pero también es nuestro derecho acudir a las instancias internacionales para que investiguen esta guerra. Venimos a señalar que no somos delincuentes, sino ciudadanos ejerciendo derechos.

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¿Por qué afirman que el desplegado es un acto de intimidación?

Es una iniciativa que llevamos meses trabajándola y una vez que se presenta públicamente, aparece un desplegado de esa naturaleza y nos parece que intenta intimidar, hacernos desistir de nuestra lucha. El gobierno se erige como un actor que quiere mantener una actitud necia, donde su política de seguridad es incuestionable y yo creo que eso es contrario a una democracia. Los temas se tienen que discutir, donde el ejercicio de la libertad de expresión sirva para el intercambio de ideas y cuestionar lo que se está haciendo.

 Sin embargo, algunos juristas sostienen que la demanda no procederá ante la Corte Penal…

Eso no es un asunto que nosotros vamos a decidir, es un asunto sobre el cual la Corte Penal tendrá que pronunciarse. Nosotros exigimos y reivindicamos nuestro derecho a acudir, a plantearles una serie de informaciones y, con base en eso, que hagan un análisis y puedan abrir una investigación. Si la abren o no será responsabilidad de la Corte Penal.

¿En qué aspectos se tiene que cambiar la estrategia antinarco?

Se tendrá que trabajar para poner un alto a la impunidad. Esto significaría investigar las 50 mil muertes, empezar a determinar responsabilidad de militares, marinos, policías federales y locales. También lo que han insistido muchos expertos de impulsar una estrategia para cerrar el acceso a los recursos a la delincuencia organizada. Y promover un debate a nivel global sobre la estrategia en materia de combate al narco. Esta criminalización de querer erradicar el consumo de las drogas ha fracasado en todo el mundo y hay que replantearlo desde México.

¿Esperan algo de los aspirantes presidenciables? ¿Cuáles son las expectativas?

Hay que exigirles una postura. Ellos van a seguir planteando soluciones mágicas que no existen. Hay que decirles que aborden el tema, qué van hacer, cómo lo van hacer con precisión, en qué tiempo y con qué objetivos, de tal manera que les podamos exigir cuentas. Y no lo que hemos vivido con el presidente Calderón que se anunció en campaña como el presidente del empleo, lo cual abandonó. Después se erigió como el presidente de la seguridad y en realidad lo que nos está dando es una violencia imparable.

Yo no me entrego: Epigmenio Ibarra

Uno de los miles de firmantes es el productor y periodista Epigmenio Ibarra, quien indicó que se ejerció un derecho legítimo ante la negación del gobierno de Felipe Calderón de cambiar la estrategia contra las drogas.

¿Cómo califica la actitud del gobierno en este caso polémico?

Me parece una actitud desproporcionada y lamentable. Es sintomática de un estado de desesperación que es típico de las agonías de los sexenios, más de un sexenio tan tristemente en ayuno de resultados como el de Calderón.

¿A qué viene a la PGR?

No me vengo a entregar ante estos señores de la PGR porque no ve voy a disculpar por una posición crítica que he sostenido durante años. Y no la voy a considerar tampoco un delito ni una calumnia. La crítica es esencial en la democracia y por eso nos morimos en la raya.

¿Tiene esperanzas de que la Corte Penal acceda a su petición?

Lo que es muy importante es que hemos elevado el nivel de debate. El mundo sabe que estamos discutiendo esta posibilidad y que el señor que durante cinco años se ha empeñado en decir que no hay más ruta que la suya, hoy se puede ver confrontado con la sociedad y por una institución internacional.

¿Estamos ante una de las peores crisis en la historia del país?

Es un momento de emergencia nacional, 50 mil son demasiados muertos. ¿De qué se trata?, ¿de abrir heridas que tardan en cerrar muchas generaciones? Ya no, ya basta, este señor tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar para cambiar el país.

¿Los aspirantes presidenciales deben decirle a la sociedad desde ahora qué van hacer con el tema de la seguridad?

 Ojalá, porque no hay prioridad más importante que parar esta guerra. Y creo que el candidato que no se comprometa con eso estará eludiendo lo que más le preocupa a la ciudadanía. Nada más importante que la paz. No hay democracia sin paz social.

¿En qué sentido debe cambiar la estrategia contra los narcotraficantes?

Hay muchas batallas que dar. La batalla por el bienestar en zonas marginadas, la batalla por el empleo, por la educación. Hay muchos jóvenes sin oportunidades y sólo tienen entre plata o plomo: se ven obligados a unirse al narco. Esas batallas no se dan, se privilegia el uso de la fuerza. Y la fuerza genera más y más violencia.