Espionaje en San Lázaro

Denuncia por espionaje

Este martes la Cámara de Diputados presentó la denuncia correspondiente ante la PGR. El presidente de la Mesa Directiva Guadalupe Acosta Naranjo se pronunció por blindar al Poder Legislativo de intervenciones ilegales.  Aseguró que es lamentable que el Poder Legislativo pudiera ser objeto de delitos federales tales como el espionaje, escuchar o grabar asuntos privados o particulares, lo cual está penado por la ley.

El asunto quedo en manos de Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR “por los hechos que resulten de presuntos delitos cometidos en contra de la Cámara de Diputados”.

Posicionamiento en el pleno del Presidente de la Comisión Permanente,  Guadalupe Acosta Naranjo, dijo: 

Deseo informar a la Comisión Permanente brevemente, de la decisión tomada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el día de ayer.

Como ustedes ya se habrán enterado, el día de ayer esta Presidencia presentó por conducto de la Secretaría General de la Cámara de Diputados y de su departamento Jurídico, de la misma Cámara, una demanda ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por delitos federales.

A mi llegada a las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordené una inspección de seguridad de protocolo. Los resultados que ha arrojado dicha revisión son preocupantes, se constituyen probables delitos en contra de este Poder Legislativo.

Estas acciones configuran delitos graves que tienen que ser inmediatamente investigados para determinar quiénes están detrás de esto. Desde cuándo se operan en nuestras instalaciones equipos prohibidos por la ley y que tienen por objeto la intervención de llamadas telefónicas y de las redes de Internet internas.

Acudimos a la PGR a presentar esta denuncia porque creemos en las instituciones del Estado. Esperamos que esta investigación fluya de manera rápida, se determine si hay o no delito qué perseguir y se castigue, en su caso, a los responsables.

Los ciudadanos tenemos el derecho a la privacidad como un derecho fundamental que el Estado mexicano nos otorga. Nuestras leyes determinan claramente que nadie puede ser escuchado ni intervenido en sus comunicaciones privadas, a menos que medie en el acto una orden judicial. Y es muy delicado que el propio Poder Legislativo, órgano de representación de la sociedad y uno de los Poderes de la Unión se estén realizando este tipo de delitos.

A nadie le conviene un Poder Legislativo débil. A nadie le conviene un Poder Legislativo bajo presión o bajo chantaje. A nadie le conviene un Poder Legislativo que no esté fuerte para ayudar a resolver los grandes problemas que tiene este país.

Ésa es la razón fundamental por la que con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y ante el cúmulo de pruebas encontradas durante la revisión interna esta presidencia decidió acudir a las instancias correspondientes para llevar a cabo una profunda investigación y que los resultados lleven a la detención y castigo de quienes hayan resultado responsables.

La independencia, la autonomía del Poder Legislativo debe quedar plenamente salvaguardada, subrayó.

Reacciones.

Del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré  ante las siguientes preguntas:

-Preguntarle directamente si de esta Secretaría de Gobernación, particularmente del CISEN, que incluso usted encabezó hace unos meses, no salió ninguna instrucción de realizar este espionaje telefónico en las instalaciones de la Cámara de Diputados (…) me gustaría un comentario de su parte respecto a lo denunciado a través de internet, estas grabaciones del Secretario de Gobierno de Sonora pidiendo que se apoye a Cordero, porque, cito lo que dice la grabación: “Se entiende que es Cordero el proyecto del Presidente de la República”.

Alejandro Poiré.- "... Nosotros somos respetuosos de los procesos internos de los partidos políticos, así nos mantendremos; el Gobierno federal mantendrá su interlocución con los distintos partidos políticos y no intervendremos en sus decisiones internas.

Y por supuesto que no, categóricamente le digo que no hubo ni habrá una instrucción de parte de la Secretaría de Gobernación ni el Centro de Investigación en Seguridad Nacional para una cosa de ese tipo que es a todas luces ilegal, reprobable y no digna de un régimen democrático como el cual estamos construyendo y al cual me honro servir...."

Pregunta.- Preguntarle directamente si de esta Secretaría de Gobernación, particularmente del CISEN, que incluso usted encabezó hace unos meses, no salió ninguna instrucción de realizar este espionaje telefónico en las instalaciones de la Cámara de Diputados (…) me gustaría un comentario de su parte respecto a lo denunciado a través de internet, estas grabaciones del Secretario de Gobierno de Sonora pidiendo que se apoye a Cordero, porque, cito lo que dice la grabación: “Se entiende que es Cordero el proyecto del Presidente de la República”.

Me gustaría un comentario sobre eso también y, quisiera insistir en la pregunta de Fabiola, más allá de los dimes y diretes, ¿no hay cerrazón por parte del Gobierno federal ante el escrutinio y la observación de organismos internacionales?

Ayer el Director para América de Human Right Watch incluso los emplazaba, los retaba a que fueran ustedes los que demostraran que el 95 por ciento de estas 47 mil muertes tenían que ver con el crimen organizado.

Alejandro Poiré.- Durante la presente administración, México ha recibido y ha facilitado, ha solicitado incluso la visita de más organismos internacionales orientados a la promoción de los derechos humanos que nunca en su historia.

Ha sido el caso con la Relatora para los asuntos de derechos humanos, con las Relatorías para migrantes, con las Relatorías para refugiados; de manera sistemática ha habido una extraordinaria apertura a todos los organismos gubernamentales internacionales y no gubernamentales y, el caso de Human Rigths  Watch no es la excepción.

Por el contrario, cuando hicieron su visita se les facilitó el acceso a todo lo que hicieron petición e incluso en las entidades de la República en las que visitaron.

Sin embargo, eso no impide que nosotros señalemos lo que consideramos que son errores planteados por el informe y también hay que decirlo, cuando nosotros enviamos nuestra respuesta subrayamos la disposición para que Human Rigths Watch se mantenga en contacto directo con nosotros para poder verificar toda la información que nosotros estamos ahí presentando.

En efecto, es para nosotros una prioridad el tener debidamente integrados los expedientes de todas y cada una de las personas fallecidas durante los últimos años en nuestro país.

Precisamente por eso, porque de lo que se trata no es de dar una afirmación categórica, sino de tener certeza jurídica para que se le haga justicia a esas víctimas, es que hemos trabajado con las fiscalías y las procuradurías de los estados para que estemos seguros, todos, que para cada caso de cada fallecimiento hay un expediente y ese expediente nos permita indagar las razones de ese fallecimiento.

Y no solamente eso, perseguir a los responsables y llevarlos ante la justicia. Y eso se ha venido trabajando a iniciativa del gobierno de la República en la Conferencia de Procuración de Justicia con las fiscalías de los estados.

Nosotros somos respetuosos de los procesos internos de los partidos políticos, así nos mantendremos; el Gobierno federal mantendrá su interlocución con los distintos partidos políticos y no intervendremos en sus decisiones internas.

Y por supuesto que no, categóricamente le digo que no hubo ni habrá una instrucción de parte de la Secretaría de Gobernación ni el Centro de Investigación en Seguridad Nacional para una cosa de ese tipo que es a todas luces ilegal, reprobable y no digna de un régimen democrático como el cual estamos construyendo y al cual me honro servir.

Pregunta: “…Y por otro lado y enfocándome otra vez en el informe de Human Rights Watch,  quisiera preguntarle, hace señalamientos muy concretos, por ejemplo, esto lo hizo el subdirector  para las Américas en relación a un número de muertes alarmantes….” Incluso pide cambiar con la estrategia de seguridad, lo pediría al próximo Presidente de México con esto. Algunos  de estos señalamientos sí se basan como en cifras duras.

Le pregunto para ver si están cuestionando la metodología o las conclusiones a las que están llegando este tipo de organizaciones prestigiosas en derechos  humanos a nivel internacional.

Y por otro lado, quiero preguntarle respecto a las desapariciones que se han registrado, de las que se han denunciado durante el sexenio. Esta semana hemos sacado varios casos de desapariciones, quisiera saber si tienen algún registro de desapariciones y cuál es la política que mantiene el Gobierno federal para hacer frente a estas violaciones a derechos humanos.

Alejandro Poiré.- “…) Y me preguntaba usted algo más: Human Rights Watch. Subrayo, nosotros hemos señalado algunas deficiencias metodológicas de este estudio. Hemos reconocimiento el aporte de Human Rights Watch, compartimos la preocupación y estamos ciertos de que muchas de las recomendaciones que se hacen ahí, respecto al tema de derechos humanos son recomendaciones que nosotros ya hemos asumido como propias y por eso están las medidas dictadas por el Presidente de la República y debemos de seguirlas profundizando.

Le doy un ejemplo. Uno de los grandes temas, que por cierto está en el Programa Nacional de Derechos Humanos, publicado por el Presidente y su Gobierno, es el de modernizar el Fuero Militar.

El Presidente de la República envío una iniciativa al Congreso para modernizar el Fuero Militar para que, delitos vinculados a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, pudiesen ser juzgados también por cortes civiles, no nada más por el Fuero Militar.

En atención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se están conformando con mayor claridad los criterios para que cualquier delito cometido, en materia de derechos humanos por integrantes de las Fuerzas Armadas, sea juzgado o pueda ser juzgado por el Fuero Civil.

Precisamente la instrucción del Presidente de la República ha sido el trabajar con los legisladores para poder formalizar esto, que es una sentencia, que es una recomendación también, realizada por parte de Human Rights Watch.

Seguiremos trabajando en ese sentido. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en aceptar acríticamente datos que nosotros no solamente sabemos que no son precisos, sino que se les han hecho saber las fuentes de las cuales viene la información para poder validar ese dato.

Creo que será pertinente que podamos hacer pública la respuesta que se hizo a Human Rights Watch para que sean ustedes quienes valoren toda la información y, eventualmente, puedan conocer detalles adicionales en ese sentido.

Subrayo: con Human Rights Watch y con todas las organizaciones en la materia, la instrucción que tiene el nuevo Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos es cercanía, respeto, apertura y diálogo.

Desapariciones. Este es un tema muy importante, qué es lo que pasa cuando hay un caso de una persona que no se encuentra, pues de inmediato se levanta una denuncia. Esa denuncia pudiera ser que derive en una denuncia de secuestro, o pudiera ser que derive en una denuncia de una extorsión o eventualmente, de una desaparición.

Lo urgente es que cuando cualquier autoridad –municipal, estatal, federal– reciba una denuncia de una persona que no está localizable e identificable, todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga esa información y se empiecen a llevar a cabo los protocolos para su búsqueda e identificación. Por un lado.

Por otro lado, cuando nosotros, cualquier autoridad de seguridad pública del Fuero Federal, Estatal o Local tiene el conocimiento de una persona fallecida, no identificada, que pueda acceder a todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder indagar si la persona que aparece como desaparecida, quizás en Coahuila, es identificable con una persona que fue encontrada fallecida quizás en Tamaulipas.

Eso se ha venido trabajando. Justamente esos dos protocolos, a instancia de la PGR, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ya se tienen los protocolos instalados, ya se está formando una base de datos de identificación personal para que tengamos mecanismos para identificar una solicitud o una queja de una investigación, una denuncia por desaparición, con una persona desaparecida.

Y justamente en eso venimos trabajando para garantizar, primero, la debida identificación y localización de las personas; y segundo, el hecho de que estos delitos puedan ser sancionados debidamente…

Pregunta.-“…¿Ustedes han detectado si hay grupos interesados en manchar la imagen que tiene el Gobierno federal en la lucha en contra del narcotráfico o la delincuencia organizada en general, o bueno, que pretendan menoscabar lo que se está haciendo y argumenten las violaciones continuas de los derechos humanos a través de los militares.

Alejandro Poiré.- Para nosotros es muy importante que cualquier violación a los derechos humanos sea debidamente sancionada. Punto, ese es nuestro objetivo fundamental, ese es nuestro objetivo central.

Y para ello agradecemos y reconocemos el trabajo de organizaciones como Human Rights Watch y como muchas otras. Y por eso hemos estado abiertos.

Simple y sencillamente, cuando existen informes, que ya se hizo llegar información que corrige lo que a nuestro juicio son errores o datos imprecisos, sí pedimos que esa discusión pública, que a nosotros nos interesa de la cual queremos resulten mejores políticas públicas, mayor capacidad de vigilancia y al final del día menores violaciones a los derechos humanos, que se haga sobre la base de datos más fidedignos. Eso es lo único que estamos diciendo.

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¿Que dicen algunas columnas?

La Esquina de La Crónica de hoy, 25 de enero

"Si el clima político comenzaba a calentarse con las precampañas del PAN, las encuestas del PRD-DF y la famosa ruptura, ahora se enrarece con el espionaje descubierto en la sede de uno de los tres poderes de la Unión. Esta vez, los muchachos de la PGR —de otro de los poderes— acudieron presurosos a escudriñar y buscar cámaras y micrófonos en San Lázaro. El hecho es grave. En otro país ya hubieran rodado varias cabezas...."

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Si te vienen a contar

De inmediato, la Secretaría de Gobernación se deslindó de las escuchas ilegales en San Lázaro. El secretario Alejandro Poiré negó que desde la dependencia federal se haya dado la orden para que el Cisen espiara en la Cámara de Diputados. Por el contrario, dijo, el gobierno federal dará seguimiento a la denuncia presentada por los legisladores hasta dar con los responsables. El “no” fue categórico, reprobó la ilegalidad del hallazgo y apeló a la honradez propia y de la institución.      (Frentes Políticos, Excélsior)