Perspectiva de genéro en el Poder Judicial Federal

El Poder Judicial de la Federación (PJF) trabaja intensamente para lograr la cultura de la impartición de justicia con perspectiva de género, de manera que sea objetiva, igualitaria e imparcial; que garantice el libre desarrollo de mujeres y hombres, a fin de aumentar la confianza en el marco legal y en las instituciones que imparten justicia, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Daniel  Cabeza de Vaca.
En representación del ministro presidente de la SCJ) y del CJF, Juan N. Silva Meza, el Consjero Cabeza de Vaca asistió a la la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, organizada por el CJF y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Ante Margarita Zavala Gómez del Campo, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; María del Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres; Francisco Ciscomani Freaner, subsecretario de Educación Pública y del magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo, secretario general de la Presidencia del CJF; Cabeza de Vaca señaló que en esta apremiante labor el PJF se encuentra plenamente comprometido para: “Cumplir con el mandato constitucional de proteger y amparar los derechos humanos y las garantías individuales de todas las mujeres mexicanas, a través de la accesible, eficiente, realista y tangible impartición de justicia para que puedan vivir libres de la violencia y seguir contribuyendo decisivamente en la construcción del país democrático, igualitario y moderno que todos merecemos”.
Agregó que el deber primordial del Estado para proteger a la mujer de esa situación inaceptable que atenta contra la dignidad humana y la igualdad de derechos, requiere de la sensibilidad, apertura y compromiso de todos, a efecto de implementar eficazmente las normas, políticas e instrumentos que persiguen garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.
“Las stadísticas son elocuentes, a nivel internacional 1 de cada 3 mujeres ha vivido o vivirá algún tipo de violencia, mientras que a nivel nacional el 67 por ciento de las mujeres mayores de 14 años declararon al menos una situación de violencia”, apuntó.
Se trata, resaltó, por tanto, de un problema vigente “que no queremos, pero que continúa lastimándonos profundamente y que erosiona no sólo a la mujer sino a la sociedad entera”.
Externó la preocupación del PJF “por esta inadmisible situación” y sostuvo que, en virtud de ello, se han establecido un conjunto de políticas públicas judiciales y de acciones afirmativas transversales en favor de la equidad y perspectiva de género y que su prioridad es que todos los juzgadores federales cumplan su función de garantes de los derechos humanos de la mujer.
En concreto, dijo, busca que sus resoluciones sean el instrumento para su efectiva protección y el salvoconducto para el orden, la tranquilidad, estabilidad y paz sociales.
Informó que el PJF puso en marcha una ambiciosa agenda de trabajo en equidad de género por las tres instancias que lo conforman (SCJN, CJF y Tribunal Electoral del PJF), entre las que destacan:
La formación de personal especializado en medidas de seguridad y en atención de víctimas por violencia de género; la creación de servicios jurídicos gratuitos en violencia contra las mujeres; la protección de datos personales de víctimas por género y de medidas para la interpretación de lenguas indígenas; el establecimiento de lineamientos para la prevención, atención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, la implementación de condiciones laborales y de salud con perspectiva  de género, como las licencias por paternidad y la ejecución de proclamas de capacitación permanentes en derechos humanos, justicia y género.
De la misma forma destacó las decisiones trascendentales de la SCJN, entre ellas la jurisprudencia relativa a la violación incluso cuando entre los sujetos activo y pasivo exista vínculo matrimonial; las liberaciones de Jacinta Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, decretada por la existencia de graves irregularidades en el proceso instaurado en contra de esas mujeres indígenas.
Y la validación constitucional de la Norma Oficial Mexicana relativa a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que estableció que todos los centros médicos ofrezcan el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violación.
Por último, comentó que es especialmente significativa la agenda de trabajo permanente que se lleva a cabo con el Inmujeres y que busca garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil.
Fuente Comunicado No.33 CJF