La discriminación por edad, última lacra/Juan A. Herrero Brasa

 La discriminación por edad, última lacra/Juan A. Herrero Brasas es profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del Estado de California.

El Mundo |3 de febrero de 2014;

Cada vez se va a haciendo más patente a través de los medios de comunicación la alarma social que genera la discriminación por edad, que tan alegremente alientan nuestros políticos y gobernantes.

Las quejas se multiplican. No es infrecuente ver en programas o reportajes televisivos a personas de más de 40 años quejarse, incluso llorar, porque pese a su experiencia y preparación les resulta imposible encontrar un puesto de trabajo a causa de su edad. Todo está reservado para los jóvenes. Hay incluso empresas que hacen gala de contratar sólo a menores de 30 años. Medidas manifiestamente discriminatorias, que en países como Estados Unidos o Gran Bretaña serían motivo de acción judicial, aquí se fomentan y promueven desde los poderes públicos.

La discriminación por edad está causando una gran injusticia y un gran sufrimiento en muchas personas, que ven mermado su derecho fundamental a la igualdad y al trabajo en aras de prerrogativas y derechos especiales para otro sector de la población tan sólo por su edad.

Esas políticas discriminatorias violan gravemente el principio fundamental de igualdad y de derecho al trabajo, consagrados en los artículos 14 y 35 de la Constitución, así como en el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos, de la que España es signataria. Pero claro, los políticos, como los cerdos en la granja de Orwell, saben muy bien como añadir las convenientes coletillas y excepciones a tan sagrados principios.

El tan traído y llevado paro juvenil se ha convertido en justificación todopoderosa para ahondar cada vez más en la discriminación por edad. Pero el paro juvenil es un problema manipulado o malentendido por políticos ignorantes, incompetentes o claramente calculadores, o posiblemente una mezcla de todo ello.

Nadie discrimina ni ha discriminado a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. Nadie ha denegado nunca a los menores de 30 años su derecho al trabajo por razón de su edad. El paro juvenil no es, por tanto, un problema que tenga su raíz en una discriminación histórica . Y no es, por ello mismo, un problema que se pueda ni se deba resolver con medidas de discriminación positiva, es decir, mediante la aplicación de medidas compensatorias.

Tales medidas de discriminación positiva conllevan necesariamente la limitación o privación de derechos de los descendientes y en última instancia de esas injustas discriminaciones del pasado. Tal es el caso de los negros y otras minorías étnicas en Estados Unidos, y hasta podría argüirse que es el caso de las mujeres, pero no de los jóvenes, ni aquí ni en ninguna parte.

Tomar el modelo de discriminación positiva aplicado a las minorías étnicas en EE.UU. y aplicarlo sin más análisis a un grupo social cuya problemática es totalmente dispar sólo es propio, insisto, de políticos ignorantes, incompetentes o claramente calculadores, da igual si de izquierdas o de derechas, si en Madrid o en Bruselas.

El paro juvenil es un problema no de origen discriminatorio sino estructural. No se fomentan ni generan suficientemente puestos de trabajo adecuados a personas en proceso de formación o en proceso de adquirir experiencia profesional. Si usted necesita una operación, da igual si de corazón o de apendicitis, ¿a quien preferiría como cirujano, a uno de 50 años de edad altamente experimentado o a un joven de 24? Creo que la respuesta es unánime. Pues bien, la misma elección debe hacerse en toda actividad profesional, sea del campo que sea, si queremos que la sociedad funcione bien. Necesitamos profesionales bien preparados y con experiencia.

Lo que falta, insisto, son puestos de trabajo adecuados a personas en periodo de formación. Y ese problema estructural que causa el paro juvenil no se resuelve a base de promulgar medidas preferenciales que privan a otras personas de justos derechos adquiridos en base a sus méritos y experiencia en favor de otras personas simplemente porque son más jóvenes.

El paro juvenil no es comparable en sus consecuencias al paro de las personas de mayor edad. El desempleo juvenil es más elevado cuanta más temprana es la edad. Pero el paro de un joven de 18, 20 o 22 años no se puede poner en la misma balanza que el de una persona de 40 o más años, cargada frecuentemente de responsabilidades familiares y con una responsabilidad personal de sus logros en la vida. Poner al mismo nivel el paro de una persona de 20 años y otra de 50 es una ofensa al sentido común y un acto de demagogia.

Hay quienes hablan de solidaridad intergeneracional. Pero la solidaridad es algo que se siente hacia aquel que sufre una injusticia. ¿Solidaridad para con los jóvenes? ¿Solidaridad para con alguien por el hecho de tener 20 o 22 años? El mismo concepto es puramente absurdo. La solidaridad habría que tenerla en todo caso para con las personas mayores, que han entregado su vida y su esfuerzo a la sociedad, y a las que ahora se intenta quitar de en medio mientras que ven cómo los derechos que a ellos injustamente se les deniega a otros se les ofrece en forma de privilegios tan sólo por su edad. De hecho, las políticas de discriminación positiva hacia los jóvenes están sembrando antagonismo generacional, y agudizando la marginación y devaluación social de los más mayores, como muestran las elevadísimas tasas de suicidio entre mayores de 65 años.

Tan grave o más que la incompetencia con que se trata el problema del paro juvenil es la demagogia con que tratan el asunto algunos políticos. Para estos, las promesas de medidas preferenciales y prerrogativas a los jóvenes en el acceso al mercado de trabajo, a la vivienda y a otros bienes se ha convertido en un valioso instrumento electoralista. Dicho de modo simple, un soborno dirigido al sector más ingenuo y manipulable del electorado. ¿Quién no quiere privilegios? ¿Y, claro, quién se va a oponer a esos privilegios para los jóvenes? Sería como estar contra los jóvenes. Sobre tales premisas se perpetúa la manipulación de uno y otro sector del electorado.

Pero los jóvenes ven lo obvio: por una parte se habla de apartar del mercado laboral a loa mayores para hacer sitio a los jóvenes, mientras que por otra se pretende que los mayores se jubilen más tarde. Tal contradicción de por sí revela lo demagógico de la política de discriminación positiva hacia los jóvenes.

La jubilación obligatoria es una forma de discriminación por edad. Privar a una persona de su derecho al trabajo retribuido viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución y el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ninguno de esos artículos se dice que el derecho de todas las personas al trabajo desaparezca a partir de una determinada edad.

En 1986, EEUU abolió y prohibió a nivel federal la jubilación forzosa por edad, así como toda forma de discriminación por edad. Más recientemente, Gran Bretaña también ha adoptado una estricta legislación contra la discriminación por edad. En EE.UU. fueron precisamente las organizaciones juveniles las que más entusiastamente apoyaron dichas legislaciones antidiscriminatorias. Los jóvenes saben que, más allá de la demagogia política, las medidas de privilegio por la edad son garantía de su futura marginación.

La discriminación por edad preocupa, y mucho, en nuestra sociedad. Signo de ello es que la emblemática Asamblea General de Sol del 15-M aprobó por unanimidad varias mociones exigiendo la prohibición de la discriminación por edad, y así ha quedado reflejado en sus actas de 9 de junio y 17 de julio.

Ante nosotros tenemos una batalla social para superar el último gran obstáculo para lograr la auténtica igualdad de derechos, para superar la última lacra de la democracia.