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es Lunes 29 de Septiembre de 2014
Deo
gratias!
Columnas políticas
hoy, 29 de septiembre de 2014
TEMPLO MAYOR/Reforma
QUIENES
SIGUEN el panorama de los derechos humanos en el país se preguntan cómo es que
el ombudsman Raúl Plascencia decide sus prioridades.
Y
ES QUE dos de los casos de más alto perfil este año no fueron tratados por la
CNDH con la relevancia esperada, sino hasta que tuvieron los reflectores
encima.
SE
TRATA del desalojo policiaco en Chalchihuapan, Puebla, y de la posible
ejecución colectiva a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México.
TANTO
en las ONG como miembros de la sociedad civil organizada consideran que la CNDH
se interesó en ambos hasta que se hicieron mediáticos, y no de oficio como
sería de esperarse.
OJALÁ
TODO sea una coincidencia de esas que se tachan de desafortunadas. Porque a
nadie le gustaría pensar que Plascencia sólo le hace caso a los casos que le
dan imagen.
∞
Cómo la Procuraduría (...)mintió
para encubrir al Ejército/Leo Zuckermann
Excelsior,
29/09/2014
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) al parecer mintió
para encubrir la presunta ejecución de 22 personas por parte de un grupo de
soldados el 30 de junio. Así lo prueba un boletín de prensa del 15 de julio de
esa institución y que dice:
“En relación con el programa Es la hora de
opinar con Leo Zuckermann (Canal 4 FOROtv) del día de ayer, donde se abordaron
los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya,
Estado de México, me permito señalar lo siguiente:
1.
Con motivo de los hechos referidos, la PGJEM inició la carpeta de investigación
correspondiente, en la que se practicaron, entre otras diligencias, dictámenes
periciales en materia de medicina legal, radizonato de sodio, mecánica de
hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos
asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres
personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos. De lo anterior se
desprende:
a)
Que no existieron disparos a corta distancia.
b)
De conformidad con las pruebas de radizonato de sodio practicadas a los
cadáveres, las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego.
c)
De los elementos balísticos encontrados y la criminalística de campo, se
desprende un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó
proporcional, por encontrarse claros indicios de que éstos fueron realizados de
adentro hacia afuera de la bodega y viceversa.
d)
De acuerdo con el trayecto de los proyectiles y la posición en que fueron
hallados los cuerpos, la PGJEM no tiene indicio alguno sobre una posible
ejecución.
2.
Por lo anterior, la investigación arroja que los efectivos militares repelieron
una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22
miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal
castrense.
3.
Cabe destacar que la PGJEM remitió la investigación a la Procuraduría General
de la República, por conducto de la SEIDO, para que continúe las
investigaciones en el ámbito de su competencia.
4.
El Ministerio Público del Estado de México mantiene un desglose para determinar
sobre la devolución de tres cuerpos que aún no han sido identificados por sus
familiares.
5.
Por otra parte, esta Procuraduría mantiene una estrecha colaboración tanto con
la Procuraduría General de la República como con la Procuraduría General de
Justicia Militar, por lo que se refiere a las actuaciones materia de su
competencia”.
El
comunicado hace referencia al programa que habíamos tenido el lunes 14 de julio
en FOROtv donde Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda,
Javier
Tello y yo debatimos lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya. A la luz de
evidencia publicada por la agencia AP, resultaba sospechosa la versión de la
Secretaría de la Defensa Nacional de que los soldados sólo habían repelido el
ataque de una presunta banda criminal de 21 varones y una mujer.
Como
conclusión del debate, solicitamos se esclarecieran los hechos. De ahí el
boletín que nos envió la PGJEM y que leí el 15 de julio en mi programa de
FOROtv. Hoy sabemos que, al parecer, se trató de un intento de la Procuraduría
por encubrir el presunto asesinato que realizaron los soldados.
Ante
nueva evidencia publicada por Esquire y un alud de críticas por parte de
organizaciones de derechos humanos, la Sedena se vio obligada a corregir su
versión de los hechos. La semana pasada anunció que el grupo de soldados de
Tlatlaya habían sido consignados “ante un juez castrense por su presunta responsabilidad
en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e
infracción de deberes”.
Al
mismo tiempo aparecieron fotografías de los muertos de Tlatlaya donde, de
acuerdo con un criminalista “la posición en que se encontraron los cuerpos no
corresponde a la de alguien que ha participado en un enfrentamiento; todos
tienen tierra o lodo en las rodillas o en el pecho; las armas están colocadas y
no se ven en la posición ‘natural’ que deberían tener en caso de haberse dado
un enfrentamiento; sobre todo, destaca que no hay un solo casquillo percutido
en el lugar”.
Todo
indica, entonces, que los soldados sí habrían ejecutado a las 22 personas y que
la PGJEM habría mentido para encubrir al Ejército. Como la Sedena, esta
institución debería corregir su versión de los hechos. Espero reconozca su
intento por manipular la verdad en un nuevo boletín, tan expedito como el
primero, que me comprometo a leer en mi programa.
Twitter:
@leozuckermann
∞
ESTRICTAMENTE
PERSONAL/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
Tlatlaya:
¿Nos sorprende realmente?
Semanas
de opiniones encontradas sobre lo que sucedió en un enfrentamiento el 30 de
junio pasado en Tlatlaya, un municipio en Tierra Caliente en el estado de
México donde murieron 23 personas al enfrentar al Ejército, fueron sepultadas
por varias fotografías difundidas por la agencia mexiquense MTV, donde se
aprecia que varias de las personas abatidas por la tropa están en posiciones
que no parecen mostrar el final de un choque armado, sino de una escena pensada
con fines de propaganda. La versión que eran miembros de la delincuencia
organizada que cayeron en una acción de guerra, está en entredicho.
Las
fotografías dieron carta de legitimidad a dos testimonios que señalan que 22 de
esas personas fueron asesinadas tras rendirse. Los testimonios movilizaron a
activistas de derechos humanos en Estados Unidos, y provocaron una declaración
de del Departamento de Estado. Preguntas al presidente Enrique Peña Nieto en
Nueva York sobre el tema cambiaron el metabolismo gubernamental. La reacción
inmediata: un oficial y siete soldados del Batallón 102 de Infantería, que
opera en Tierra Caliente, fueron puestos a disposición de la justicia militar
el jueves, que investigará los hechos.
Se
agradece el fin del cinismo del Ejecutivo. El presidente Peña Nieto no quiere
ser acusado de violación de derechos humanos como su antecesor Felipe Calderón.
El secretario de la Defensa, general Roberto Cienfuegos, tampoco, a decir por
su posición que es prioridad del Ejército proteger a la población. Cuando menos
hasta este momento, la retórica es positiva. Pero sobre el comportamiento de
las Fuerzas Armadas, ¿alguien que recuerde qué hicieron durante los años de
guerra contra el narcotráfico se puede decir sorprendido?
En
el sexenio pasado hubo excesos que nunca fueron debatidos, menos aún
castigados. Dos de las operaciones de mayor impacto en la guerra contra el
narcotráfico fueron las realizadas por comandos de elite de la Marina contra
Arturo Beltrán Leyva, y Ezequiel Cárdenas Guillén, líderes de los cárteles de
los hermanos Beltrán Leyva y del Golfo, que dejaron la duda si el fin era
realmente ejecutarlos. Beltrán Leyva quedó tendido en un pasillo con disparos
en la cabeza a corta distancia –en un punto donde no hubo fuego cruzado-,
mientras que la bodega en la que se escondía Cárdenas Guillén, fue demolida con
fusiles de asalto y granadas.
Hay
testimonios de acciones militares contra presuntos narcotraficantes a quienes
después de acosarlos por aire los ejecutaron en tierra. Hubo operaciones –sobre
todo de marinos-, con la lógica explícita de no tomar prisioneros. Hay imágenes
en periódicos y televisoras de sicarios detenidos por militares que aparecieron
muertos días después. Si en una de las reuniones del gabinete de seguridad de mitad
del sexenio de Calderón, uno de los secretarios sugirió aniquilar a todos los
jefes del narcotráfico, ¿de qué nos sorprendemos?
Tlatlaya es un
recordatorio de lo mucho que aún no sabemos de la operación y los controles que
hay dentro de las Fuerzas Armadas. De esto no pueden ser ajenos en conocimiento
el general Cienfuegos, que fue oficial mayor en la Secretaría de la Defensa en
la última parte de la administración pasada, y menos aún el almirante Vidal
Soberón, secretario de la Marina, que fue secretario particular del anterior
titular. No se puede caracterizar como una política de Estado esas acciones
extrajudiciales, pero se avalaron.
¿Fue la operación en
Tlatlaya resultado de esa inercia extrajudicial? Se puede alegar que
el Batallón 102 se comportó sobre las líneas generales de los últimos años, y
no es el primer caso en donde se involucra en acciones que rozan los linderos
de la ilegalidad. Pero hay un vaso comunicante en esas acciones que inquieta y
no puede dejar de considerarse. Ese vínculo es Arcelia, Guerrero.
Arcelia
es uno de los principales focos criminales en Tierra Caliente, y parte de la
zona de operación del Batallón 102. En diciembre pasado, al atravesarse con
varios automóviles en un camino rural, sus soldados dispararon por razones poco
claras sobre el grupo y mataron a cuatro, incluidos dos funcionarios
municipales. De Arcelia salieron las bandas de secuestradores que recientemente
asolaron Valle de Bravo, y sobre las que hay un operativo para capturarlos. De
Arcelia era un número aún no precisado de personas que murieron en el
enfrentamiento del 30 de junio pasado.
Tlatlaya
parece una extensión de las operaciones en curso en Arcelia. Ayudaría a
explicar lo que sucedió en el estado de México, pero nunca como se procedió. Es
la historia de nunca acabar. Las autoridades militares tienen detenidos a los
militares por violaciones a los procedimientos, pero todavía no empiezan a
investigar si también a los derechos humanos. El caso está abierto y con gran
atención pública.
Lo
que hizo el Batallón 102 no es algo que no se hubiera dado antes, cuando el
exterminio de un jefe criminal y toda su familia era mensaje de escarmiento.
Los tiempos han cambiado. Ahora no hubo margen de tolerancia, ni aval. Pudo no
ser una acción con las que estén ideológicamente comprometidos los militares,
pero la realidad los pone en un derrotero diferente. Los militares quedaron
exhibidos ante la opinión pública en México y el mundo. Ante ellos, se
convirtieron en la gangrena de un Estado que tiene prisa por impedir que le
corra por el cuerpo. Este gobierno no podía permitírselo. Obligado o no, tuvo
que actuar en consecuencia.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
∞∞
LA HISTORIA EN BREVE/Ciro
Gómez Leyva
Milenio
Ocho
años, cuidemos al Ejército
Los
hechos de Iguala el fin de semana mostraron por milésima ocasión la incapacidad
de la mayoría de las autoridades y policías locales para aplicar la fuerza y
someter a delincuentes y criminales.
La
incompetencia de esas policías tiene al Ejército y a la Marina combatiendo a
los criminales desde diciembre de 2006. Estamos hablando ya de ocho años. No
quiero imaginar qué sería de México si, como vociferaban algunos el sexenio pasado
(por cierto, no vociferan más), las fuerzas armadas se hubieran quedado
haciendo “tareas de inteligencia” y pintando paredes en los cuarteles.
Noventa
y cuatro meses en la lucha contra criminales profesionales es un riesgo extremo
para cualquier ejército. Por eso sigo pensando que el mexicano, dígase lo que
se diga, ha estado a la altura de las circunstancias. Incluso si terminaran de
probarse las torturas y ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, que seguramente
serían castigadas con dureza ejemplar en las instancias militar y civil.
El
mexicano no es un Ejército genocida, no es un enemigo de su pueblo y sociedad.
Lo ha demostrado estos ocho años. Se ha equivocado en ocasiones y abusado en
algunos casos. Muy pocos para la dimensión de la guerra que pelea.
Lo
escribí aquí el 9 de febrero de 2010 (en la estridencia de Felipe Calderón) y
el 18 de febrero de 2013 (en el sigilo de Enrique Peña Nieto), lo repito hoy:
“Como la mayoría de las policías locales sigue siendo una desgracia y los
criminales se reproducen como en granja, al Ejército no le queda más que seguir
en esta guerra maldita. Por tanto, cuidemos al Ejército”.
∞∞
Itinerario
Político/Ricardo Alemán.
El Universal,
Licencia
para matar.
En
el México democrático y plural; de alternancia en el poder y de elecciones
confiables, también hay lugar para que tanto militares...
En
el México democrático y plural; de alternancia en el poder y de elecciones
confiables, también hay lugar para que tanto militares, como policías de los
tres órdenes de gobierno y/o profesionales del crimen cuenten con su respectiva
licencia para matar.
Y
es que en ese México de la transparencia y de las reformas estructurales,
también hay lugar para que una acción militar desplegada contra una banda
criminal –en Tlatlaya, en donde perdieron la vida 22 supuestos
narcotraficantes–, termine en una ejecución extrajudicial.
En
el México democrático también hay lugar para que apenas el pasado domingo, el
dirigente estatal del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, resulte
baleado y asesinado –en el restaurante del más prestigiado hotel de La
Quebrada, en Acapulco–, justo a la hora en que los turistas desayunan en un
domingo soleado.
En
ese México de la pluralidad también hay lugar para que una banda criminal
secuestre, a plena luz del día y a la vista de las cámaras de vigilancia de la
zona metropolitana de Guadalajara, al diputado federal Gabriel Gómez, al quien
pasearon por más de 150 kilómetros de carreteras federales –hasta Zacatecas–,
sin que policías, militares o marinos pudieran detectar a los criminales.
En
el México de las reformas también hay lugar para que en Iguala, Guerrero, el
pasado fin de semana se haya vivido un infierno, cuando policías disparan
contra normalistas que robaron autobuses y una de esas balas matan a un joven;
cuando matarifes encapuchados atentaron contra otro grupo de jóvenes
estudiantes y, al final, se reportan entre seis y siete murtos. Entre los
fallecidos aparece una mujer que viajaba en un taxi, un joven futbolista,
además de que un estudiante habría sido desollado y le arrancaron los ojos.
=Y
en el México de la Gendarmería y de las estrategias para el combate al crimen,
la noche del viernes y la mañana del sábado pasados bandas criminales se
enfrentan en el municipio de Guachochi, Chihuahua, con un saldo de 11 muertos.
Todo ello mientras que en Veracruz, el fin de semana reportó cinco muertos
presuntamente vinculados con el crimen organizado. Y el sábado, en el Centro
Histórico del DF, una balacera con cuatro lesionados hizo correr a la multitud.
Y
mientras todo eso ocurre en el México moderno, también se muere la institución
emblema de los derechos humanos; la CNDH, hoy convertida en “Comisión
Administradora de Recomendaciones Arbitrarias”, (CARA)
Y
es que a fin de garantizar el voto de la fracción del PRI, la CNDH paró por
completo las recomendaciones a la SEDENA, a efecto de que las fuerzas armadas
avalen su reelección en noviembre. ¿Tienen dudas?
De
acuerdo a las cifras oficiales –correspondientes al periodo 2009-2013–, se
reporta que en 2009 la CNDH emitió 78 recomendaciones de las cuales 30 fueron
dirigidas a la Sedena. En 2010, emitió un total de 86 y 22 a la Sedena. En
2011, 95 recomendaciones de las cuales 26 se dirigieron a la Sedena; 2012, 93
recomendaciones con 15 a la defensa nacional; 2013, un total de 86
recomendaciones y sólo tres a la Sedena: Hasta el 21 de septiembre de 2014, la
CNDH habría emitido 42 recomendaciones de las cuales ninguna se dirigió a dicha
secretaría.
En
pocas palabras, queda claro que en 2009 la Sedena pasó de ser la autoridad
federal acreedora de casi 40% del total de las recomendaciones de la CNDH –por
distintas violaciones a los derechos humanos–, a 3.5% del total en 2013 –casi
un milagro–, para alcanzar la perfección en lo que va de 2014. ¿Por qué? Porque
la Sedena no ha recibido una sola recomendación en todo 2014. ¿Casualidad?
¿Capricho? ¿Realidad? ¿O será que el ombudsman, Raúl Plascencia destruye la
CNDH, para mantenerse en el cargo por seis años más?
Y
es que en el México del nuevo PRI, militares y policías pueden cometer toda
clase de excesos, que la CNDH no dirá nada; está muerta.
Nada
justifica la impunidad de policías y militares. Pero nadie tiene derecho a
destruir la CNDH. Al tiempo.
∞∞
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