25 sept 2014

El tema de los niños “cateados“ por la polícia llevado al Congreso

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Sesión ordinaria del jueves 25 de septiembre de 2014
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD):  

Punto de Acuerdo/propuesta
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se realice una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados” cuando acudieron a los eventos de la Conmemoración de la Independencia de México al zócalo capitalino.
11:30 horas se abre la sesión: existen registrados 299 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum. 
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): El día de hoy sale publicado en Gaceta y en el orden del día un punto de acuerdo que suscribimos diputadas y diputados del PRD, del PAN, del PT y de Movimiento Ciudadano, en relación al cateo indebido realizado a los niños el pasado 15 de septiembre, solicitando a la comisión a la que sea turnado este punto de acuerdo lo resuelva lo más pronto posible, porque mientras sigan las declaraciones de los encargados del gobierno federal en el tema diciendo que no son violatorios los derechos o que no se violaron los derechos humanos de los niños, nosotros seguiremos insistiendo en que se violó el artículo 1o. de la Constitución Política; el 34, 38, 44, 45 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el artículo 3o., 5o., 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 16, 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, seguiremos, le vuelvo a repetir, insistiendo en que todos esos artículos se han violado. 

Y mientras el gobierno federal siga insistiendo en que en todos los eventos realizados por Enrique Peña Nieto se va a seguir cateando y revisando a los niños, nosotros seguiremos evidenciando este tipo de atropellos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la CNDH y al Conapred a realizar una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de los niños y los adolescentes “cateados” cuando acudieron a los actos conmemorativos de la Independencia de México en el zócalo capitalino, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas y los suscritos, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputadas Nelly del Carmen Vargas Pérez y Zuleyma Huidobro González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputadas Carmen Lucia Pérez Camarena y Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho que tiene todo ciudadano a recurrir a los espacios públicos de diversión y esparcimiento es algo innegable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de garantizar en todo momento y, en su defecto, prever todas las medidas de seguridad para lograr el cumplimiento de la ley.
Ante ello, con indignación y sorpresa a través de los medios de comunicación, fuimos testigos de hechos suscitados el pasado lunes 15 de septiembre, donde elementos del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y la reciente Gendarmería Nacional vigilaron como es usual, los accesos a la plancha del Zócalo capitalino, donde el presidente Peña Nieto encabezaría la ceremonia con motivo del Grito de Independencia de México en Palacio Nacional.
Hasta ahí, resultaría normal la actividad. Sin embargo, la profunda diferencia de la actividad este año fue que además de las revisiones de rutina a las personas adultas, se sumó el cateo ilegal a niñas y niños, hecho inaudito que ha conmovido la conciencia nacional y que fue reivindicado por las y los usuarios de redes sociales momentos posteriores a la realización de esta lamentable y bochornosa violación de los derechos humanos de las niñas y niños.
Cualquier servidor público debe tener en cuenta el precepto fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos dispone en su artículo primero al consignar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Para redundar en lo expuesto, podemos sumar que conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Carta Magna, en todas las actuaciones y decisiones, el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Este principio ha sido interpretado por el máximo tribunal y garante de los derechos humanos en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver una acción de inconstitucionalidad en dos mil siete, consideró que el interés superior de la infancia sustentado en normas constitucionales e instrumentos internacionales, implica que las acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de dieciocho años, deben buscar el beneficio directo del infante y que las autoridades administrativas, instituciones de bienestar social y los tribunales y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos deben otorgar prioridad a los temas relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, realizando un ejercicio de ponderación, el interés superior de la niñez, es incluso prioritario al interés general de los asistentes a un evento masivo de personas.
Asimismo existen diversos instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno mexicano, para dar cumplimiento de la obligación de prevención, atención y erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes en México.
Entre dichos instrumentos se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual ha sido violentado por el Estado mexicano, en sus Artículos 2,3, y 4 que a la letra indican:
Artículo 2
1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Lo que nos sorprende y hace más reprobable a estos hechos es que justamente el 1er día del mes en curso, fue presentada en el Senado de la República con carácter de prioritaria, la iniciativa de Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con este acto se entendería que para el titular del Ejecutivo la protección y reivindicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad fundamental, sin embargo quince días más tarde la realidad muestra lo contrario, olvidando que estas personas en desarrollo al igual que todas y todos los seres humanos tenemos derechos.
Por ello, resulta inaceptable que las niñas y niños hayan sido tocados, que les fuera violado su derecho a la intimidad, y se les criminalizará como adultos, así como también resulta inaceptable lo dicho por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien justificó el operativo de seguridad con cateó incluido a niñas, niños y adolescentes, porque se “buscaba garantizar el interés general de los asistentes” olvidando totalmente el interés superior de la niñez. Asimismo, indicó que: “Todo se dio conforme a los procedimientos de operación con los que se tiene que actuar, así se actuó, de manera acomedida, de manera diligente”. Agentes de la gendarmería mencionaron que, la orden era hacer revisiones sin restricción de edad.
Ante lo sucedido, aceptamos que es necesario el que la seguridad de los asistentes a este evento masivo era una prioridad, pero la revisión a que fueron sometidos las y los menores de 18 años para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México fue excesiva y violatoria a todas luces de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
Más aún, las niñas y niños son personas en desarrollo con derechos plenos y para garantizar el goce de sus derechos humanos necesitan de la protección y el cuidado de los adultos. Sin embargo hoy en día en muchos lugares del mundo lejos de protegerlos estos los violentan, tal como el caso en comento.
Por lo que se hace indispensable denunciar ante esta Soberanía la urgente la realización de una minuciosa investigación donde se incluya el procedimiento a seguir para estas revisiones, la existencia o no, de la capacitación del personal que participó y si se actuó siguiendo un reglamento, protocolo o manual, con el propósito de prevenir las violaciones de los derechos humanos de las niñas y niños.
Asimismo, ante la clara violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación como organismo especializado sectorizado a la Secretaría de Gobernación debe realizar un análisis pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y adolescentes que realizó la policía federal son discriminatorios, con motivo del grito de independencia el pasado 15 de septiembre del año en curso, en el Zócalo capitalino.
Por otro lado, urge que la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano defensor de los derechos humanos realice una investigación y haga las recomendaciones pertinentes a las dependencias públicas que violaron los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con motivo del grito de independencia, el pasado 15 de septiembre del año en curso, en el Zócalo capitalino.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se realice una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados” cuando acudieron a los eventos de la Conmemoración de la Independencia de México al zócalo capitalino.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, para que realice un análisis pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y adolescentes que realizó la policía federal son discriminatorios.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que diseñe y aplique protocolos especializados para niñas, niños y adolescentes, que incluya la capacitación del personal, a fin de evitar las violaciones de sus derechos humanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2014.

Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González, Carmen Lucía Pérez Camarena, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas). 
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).

No hay comentarios.:

CSP en Mazatlán, Sinaloa..Programas para el Bienestar

Programas para el Bienestar Acto encabezado  por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Mazatlán, Sinaloa; domingo 222 de diciembre d...