Andrés
Massieu, cabildero con ligas en el poder político/Alejandro Gutiérrez
Revista Proceso No 2008, 25 de abril de 2015
Andrés
Massieu Berlanga llegó a España en el segundo semestre de 2012 e instaló su
despacho de cabildeo frente a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. En
menos de tres años, este personaje cercano a los priistas Emilio Gamboa Patrón
y Genaro Borrego logró incluir en su cartera de clientes a varias firmas de
renombre interesadas en invertir en México. Una de ellas es el Grupo Copisa,
que incluso ya amarró un convenio con la CFE, aun cuando está acusado de
corrupción en España.
MADRID.–
Una fotografía oficial del presidente Enrique Peña Nieto cuelga de una pared de
la sala principal del despacho de MSA Promotores Internacionales, en la calle
Prim de esta ciudad, frente a la sede de la Audiencia Nacional. Se trata de una
oficina de cabildeo encabezada por Andrés Massieu Berlanga, cuya tarea es
ofrecer “ayuda” a pequeñas y medianas empresas españolas y chinas para que
inviertan en México.
Por
lo menos una de las compañías hispanas que representa Massieu Berlanga, Grupo
Copisa, especializado en construcción de infraestructuras, ya obtuvo un
contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que al
conglomerado se le menciona en la prensa de este país como uno de los
consorcios implicados en casos de corrupción por el presunto financiamiento
ilegal a partidos y gobiernos españoles.
Y
aun cuando Massieu Berlanga explicaba que su hijo Andrés Massieu Fernández iba
a ser designado secretario particular de Enrique Peña Nieto –cargo similar al
que él ocupó durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)–, la
jugada no le salió, ya que Peña Nieto nombró a Erwin Lino Zárate, quien le
maneja su agenda desde que era gobernador del Estado de México. Massieu
Fernández obtuvo el cargo de coordinador de Mensaje Institucional de Los Pinos
(Proceso 1908).
Massieu
Berlanga, quien tiene vínculos familiares con la secretaria de Turismo, Claudia
Ruiz Massieu, es un hombre del sistema y así lo exhibe en las redes sociales,
donde luce la fotografía de Peña Nieto, similar a las que tienen las
dependencias del gobierno mexicano y sus legaciones.
MSA
Promotores Internacionales se presenta como una firma profesional para
“acompañar” a pequeñas y medianas empresas en sus planes de internacionalización
entre México, España y China.
Esta
sociedad surgió de la fusión de PDI Servicios, sociedad de Massieu
especializada en consultoría empresarial, y del Bureau de Relaciones
Institucionales y Comercio (BRIC), propiedad de Eduardo Sartré de la Riva y
Roberto Aguirre, y cuyo giro son las “relaciones institucionales” y la
comunicación empresarial.
La
fusión se hizo pública en febrero de 2013, aunque en España Massieu y sus
socios tuvieron reuniones meses antes con distintos actores, como parte de su
implantación en este país.
Ese
febrero también anunciaron una alianza denominada The Three Alliance, en la que
participan MSA, el despacho de abogacía español Medina Cuadros y La Nao Group,
que opera en Hong Kong el abogado mexicano Evaristo Treviño.
Otra
de las empresas del Grupo Copisa representadas por MSA es la turca Noksel, con
una filial en España, que participó como proveedora para las obras de
ampliación del sistema Cutzamala. MSA difundió en su página de Facebook una
serie de fotografías, fechadas el 17 de octubre pasado, cuando el barco Polaris
Star atracó en el puerto de Veracruz con la tubería para la Tercera Línea de
ese proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
MSA
también tiene como cliente a Tragsa, una empresa pública española, aunque ésta
no aparece como proveedora del gobierno mexicano, según una revisión en
Compranet. Tragsa fue la compañía contratada por el gobierno español para
rehabilitar en México el domicilio donde vivió el cineasta Luis Buñuel, en la
cerrada de Félix Cuevas, delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal.
Esta
empresa no ha estado exenta de escándalos. Su gerente en Madrid, Javier de
Miguel, fue cesado luego de que su nombre apareció en la lista de los 83
consejeros de Bankia –la cuarta entidad financiera española– que utilizaron las
llamadas tarjetas black, las tarjetas de crédito ilegales utilizadas para
gastos personales, cuyos montos no fueron reportados ante Hacienda.
Entre
los consorcios españoles que buscan contratos públicos en el gobierno de Peña
Nieto o están en proceso de participación en licitaciones destacan las firmas
OHL, FCC, Ferrovial, Sacyr y Copisa. Sus dueños están involucrados en su país
de origen en investigaciones judiciales por casos de corrupción.
Las
redes del poder
En
una fotografía que circula en su cuenta de red social, Andrés Massieu Berlanga
aparece acompañado por el senador Emilio Gamboa Patrón en su despacho
madrileño. Fue tomada en junio de 2013, cuando el legislador visitó la capital
española como parte de la comitiva que participó en la reunión
interparlamentaria España-México.
Ambos
han tenido trayectorias políticas similares junto con Genaro Borrego Estrada,
quien fue dirigente nacional del PRI a principio de los noventa. El reportero
Ignacio Rodríguez Reyna habló de ellos en un texto titulado El poder del
picaporte, que publicó la revista mexicana Este País en agosto de 1992 y en el
cual analiza el papel que juegan los secretarios particulares de los
gobernantes y la clase política en México.
Una
de esas camarillas es la que Porfirio Muñoz Ledo denominaba Los Miguelitos o La
Familia Feliz, que se fraguó por la amistad de Gamboa, Borrego y Massieu desde
que estudiaban relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana,
escribió Rodríguez Reyna.
Aunque
coincidieron y se apoyaron en cargos anteriores, fue en el gobierno de Miguel
de la Madrid (1982-1988) cuando se consolidaron como grupo. Massieu Berlanga
era entonces gerente de relaciones industriales de Coca-Cola, y director de
personal del Grupo Lanzagorta hasta 1982.
Gamboa
Patrón lo introdujo al sector público, cuando era el secretario particular del
presidente De la Madrid, a quien “convenció” de que nombrara a Massieu
“coordinador de giras presidenciales”, cargo que ocupó entre 1985 y 1987; posteriormente
fue designado como secretario adjunto del presidente de la República, expuso
Rodríguez Reyna.
Tanto
MSA como la firma hispana Social Noise se ocuparon del marketing digital del
proyecto “De la Secu a la Antártica”, de la Fundación Karla Wheelock, cuyos
estudiantes fueron abanderados el 17 de diciembre pasado por el secretario de
Educación Pública, Emilio Chuayffet.
Experiencia
en “moches”
El
15 de marzo de 2013, la Gerencia de Centrales Nucleares de la CFE anunció el
fallo de la licitación LO-018TOQ064-T18-2013 en relación con los servicios de
ingeniería para diversas áreas de la Subgerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
El
licitante Dumez Copisa Sistemas Mexicanos, una de las dos filiales mexicanas
del Grupo Copisa, en asociación con IAI Ingeniería y Ultra Ingeniería, se
adjudicaron el contrato 9400072668 con una propuesta de 319 millones 650 mil
733 pesos, de acuerdo con la base de datos del gobierno mexicano.
Según
el contrato consultado para este reportaje, en esa licitación no hubo más
sociedades licitantes.
En
julio de 2013, Copisa y Tragsa, dos de las empresas en la cartera de MSA,
participaron en un foro de inversiones y cooperación empresarial España-México
celebrado en Madrid que, entre otros, organizaron la Unión Europea, Proméxico,
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la embajada de España en
México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), de
Valentín Díez Morodo.
Era
la etapa más dura de la crisis en España, las empresas pequeñas y medianas
(Pymes) de ese país buscaban alternativas en Latinoamérica y otras regiones,
porque la inversión en construcción de infraestructuras estaba frenada en este
país.
En
el documento sobre los perfiles de las empresas participantes en dicho foro se
lee en el caso de Tragsa –la empresa pública con 35 años de experiencia– que
entonces ya contaba con “un delegado en el país” (México) a fin de buscar
“empresas locales para formar consorcios y presentarse conjuntamente a
proyectos en sectores medio ambiental y de desarrollo rural”.
Asimismo,
Tragsa enlista los 30 países donde operaba y precisa que lo hace en
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, entidad dependiente del Ministerio de Exteriores.
En
el documento también se presenta Copisa, que centra su actividad en la
construcción de infraestructuras (principalmente ferroviarias y carreteras) y
en construcción industrial (refinerías, energía, industria pesada…).
Tragsa
vende su prestigio presentándose así: “En España siempre van a los grandes
proyectos de infraestructuras con otras empresas, pero en México de momento se
están presentando solos a los proyectos y les gustaría encontrar un socio local
para colaborar”, como hacen muchas de las empresas españolas que ganan
licitaciones en México pero subcontratan la construcción y mano de obra en sus
empresas filiales o en las locales.
Copisa
buscaba socios mexicanos que se encargaran de hacer “el diseño de la ingeniería
básica”. La empresa española proponía entonces “aportar posibles proyectos,
además de las calificaciones y las referencias”.
Pese
a ese perfil empresarial público, esta última empresa tiene un nutrido
historial de problemas con la justicia, como consta en procesos de
investigación abiertos en España.
Copisa
está involucrada en el procedimiento judicial abierto en 2013 por el juzgado de
Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del magistrado Pablo Ruz, por los
presuntos cobros de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola.
Entonces se abrió una nueva línea de investigación de financiación ilegal que
implica a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido creado por el
padre, Jordi Pujol Soley, presidente de Cataluña de 1980 a 2003, y a la que
pertenece el actual presidente Artur Mas.
El
informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional –del cual Proceso tiene copia–, base de esta nueva indagatoria,
concluye que Pujol Ferrusola habría cobrado al menos 12.2 millones de euros en
comisiones ilegales mediante facturas falsas con “supuestas prestaciones de
servicios” giradas a una veintena de compañías que tenían intereses económicos
en Cataluña. Una de ellas es Copisa, de la que Pujol presuntamente recibió 3.6
millones de euros.
El
procedimiento que utilizó el primogénito del expresidente es idéntico a los que
empleó CDC para obtener también presuntamente en forma ilícita a través de la
fundación Palau de la Música más de 6 millones de euros, ambos escándalos con
fuertes vínculos entre sí.
Estos
sobornos se facturaron en 2007 mediante las sociedades de Pujol hijo para obras
que empezaron a desarrollarse a finales de 2002. El proyecto era la
construcción de la Ciudad Judicial de Hospitalet, valuado en 90 millones de
euros y cuya obra fue adjudicada a la Unidad Temporal Empresarial (UTE),
formada por FCC y Copisa, propiedad de Josep Cornadó Mateu.
Los
agentes dedican 24 páginas a describir las relaciones comerciales que Pujol
tenía con diversas sociedades del Grupo Copisa, y muchas de las cuales
implicaron pagos a Pujol por servicios inexistentes.
El
consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue
amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola. En su comparecencia ante una
comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña, Tauler lo reconoció así
y también aceptó que en el otro escándalo, el del Palau de la Música, la
empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la fundación Xavier Trias Fargas de
CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”.
Esta
empresa de origen catalán también apareció en el proceso judicial del caso
Gürtel, concretamente en la pieza separada de “los papeles de Bárcenas”, como
una de las decenas de firmas que presuntamente aportaron fondos a la caja B del
Partido Popular, de acuerdo con el expediente consultado por Proceso.
Los
documentos contables del extesorero del PP Luis Bárcenas atribuyen a Copisa
ocho pagos por un importe de 362 mil euros al partido y, como en muchos otros
casos, sus directivos niegan haber hecho esas aportaciones, pese a que los
fallos del juez Pablo Ruz –quien hasta hace unos días instruía esta causa– lo
documentan fehacientemente.
Ruz
centró su atención sobre una empresa, Neu 1500 SL, a la que en uno de sus
fallos le exige toda su documentación que acredite los pagos al PP, uno de los
cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y
disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet
en Baqueira, valuado en 900 mil euros, que Bárcenas y su esposa compraron a la
promotora inmobiliaria.
Neu
1500 SL es una sociedad propiedad de Teyco y Copisa, dos corporaciones que
poseen cada una 50% de las participaciones de dicha promotora, la primera
propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la organización política catalana
CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu.
Cuando
Copisa se convirtió en contratista del gobierno de Peña Nieto y cliente de
Massieu Berlanga en su sociedad MSA Promotores Internacionales, ya eran
públicas sus implicaciones en presuntos casos de corrupción en España.
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