30 jun 2015

CNDH: A UN AÑO DE TLATLAYA

CNDH: A UN AÑO DE TLATLAYA, PARCIALMENTE CUMPLIDA LA RECOMENDACIÓN POR SEDENA, PGR Y EDOMEX; PIDE MAYOR CELERIDAD EN EL CUMPLIMIENTO
México, D.F., a 29 de junio de 2015 Comunicado de Prensa CGCP/183/15

A un año de los graves hechos ocurridos en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que su Recomendación 51/2014 ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias. Asimismo, pide mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información.
En oficios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México, la CNDH ha insistido en que las autoridades acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante esta Comisión Nacional.
Este Organismo nacional mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento de la Recomendación mencionada, al tiempo que continúa brindando atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.
La CNDH subraya que Tlatlaya es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse. Para eso hace valer los instrumentos y las facultades que la ley le otorga.
Durante esta fase de seguimiento, la CNDH ha enviado 27 solicitudes de información a la SEDENA, PGR, Gobierno del Estado de México y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 Ha recibido 29 oficios de respuesta.
Se solicitó la inscripción de la totalidad de las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. En respuesta, la CEAV informó que registró a 43 víctimas (22 directas y 21 indirectas).
Con independencia de los procedimientos de investigación de los hechos a cargo de las autoridades destinatarias, este Organismo nacional presentó tres denuncias (ante la PGR, PGJ Estado de México y PGJ Militar) y tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (Inspección y Contraloría General del Ejército, Visitaduría General de la PGR e Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), las que se encuentran en curso.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas ha iniciado un trabajo de coordinación con la CEAV, la cual dio a conocer que una de las familias ya ha sido indemnizada. Está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados. Asimismo, acreditó el cumplimiento de los puntos relacionados con las medidas de no repetición, consistentes en la impartición de cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación.
La Procuraduría General de la República mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014, para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos. Por su parte, se tienen por cumplidos los puntos recomendatorios, relativos a la consignación de la averiguación previa que se inició por los hechos y el que se hiciera valer dentro de la causa penal las violaciones a derechos humanos de V24 y V25, debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las dos víctimas.
El Gobierno del Estado de México ha cumplido los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV. 
Quedan pendientes los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.

La CNDH reitera que su intención no es la de confrontarse con las autoridades destinatarias de sus Recomendaciones, sino privilegiar las acciones en beneficio de las víctimas, para lograr la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.

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