Revista Proceso # 2026, 30 de agosto de 2015..
Derechos humanos: Impunidad
eterna/GLORIA LETICIA DÍAZ
Al unísono, defensores de
derechos humanos dicen que México es un país de impunidades, sobre todo en esta
materia. Y enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya,
Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera… Frente a este tsunami de
sangre, ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas e
incremento de actos de tortura que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique
Peña Nieto está revolcado en esa ola.
Alejadas de la agenda de
Enrique Peña Nieto durante los dos primeros años de gobierno, las violaciones a
los derechos humanos cobraron relevancia a partir del segundo semestre de 2014.
La luna de miel del
mandatario con los medios extranjeros durante sus dos primeros años de gestión
se agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya,
Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala,
Guerrero.
A esos hechos oprobiosos se
sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego
vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en
Ostula. En todos ellos han participado fuerzas federales de seguridad.
Defensores de derechos
humanos y miembros de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sostienen que la figura de Peña Nieto se resquebrajó ante su
incapacidad de renovar el modelo de seguridad sostenido por su antecesor,
Felipe Calderón Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de
la política de combate al narcotráfico y de control social.
Aunado a ello, la figura
presidencial se resquebrajó aún más con las posiciones reacias al escrutinio
internacional ante los informes del Comité contra la Desaparición Forzada y del
relator especial contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de
gobierno peñanietista.
La tragedia humanitaria no
ha parado, comentan a Proceso Santiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara
Bermúdez, integrantes de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición
forzada y sobre detenciones arbitrarias, respectivamente, así como los
directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red de
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,
Mario Patrón Sánchez y Fernando Ríos Martínez.
“El baño de sangre y los
datos de desaparecidos y de personas desplazadas se han agravado en los últimos
tres años”, señala Corcuera. Eso sólo se explica, dice, por la decisión de
Felipe Calderón Hinojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de
persecución del crimen organizado, que ya tenía el control, o casi, de
poblaciones y municipios”. Vicente Fox, aclara, no quiso enfrentar el problema.
Maestro en derecho por la
Universidad de Cambridge, Inglaterra, y perito en el litigio contra México ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición
forzada del guerrerense Rosendo Radilla –atribuida al Ejército durante la
guerra sucia–, Corcuera lo admite:
“Frente a este tsunami de
sangre, de ejecutados, desaparecidos, desplazados de trata de personas e
incremento de tortura que deja Calderón, el presidente Peña Nieto está
revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su promesa de
cambiar la estrategia de seguridad.”
Catedrático de la
Universidad Iberoamericana e Integrante del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU desde 2004, Corcuera insiste
en que mantener al Ejército en las calles es fuente de graves violaciones a
derechos humanos.
Memorial de agravios
En el sexenio de Calderón,
dice Santiago Corcuera, “empezaron las ejecuciones extrajudiciales y se
malacostumbró al Ejército a realizar esos operativos. Lo malo es que no han cesado
las masacres”.
Y alude a los 22 muertos de
Tlatlaya: “eso demuestra que el Ejército no es capaz de controlar su violencia
y hace un uso excesivo de la fuerza”; la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre: “falta aún esclarecer la
participación del Ejército”; la masacre de 16 civiles en Apatzingán la Noche de
Reyes de este 2015 y los 42 muertos en Ecuandureo, el 22 de mayo pasado: “dicen
que actuaron elementos de la Policía Federal, pero a lo mejor eran soldados”.
José Antonio Guevara
Bermúdez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de la ONU,
coincide con Corcuera. Para él, el estancamiento de la política de seguridad ha
derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Ante ello, las autoridades
minimizan los hechos, como en el caso de Tlatlaya, en el de Ecuandureo, donde
todo apuntaba desde el principio hacia las Fuerzas Armadas y la Policía
Federal, respectivamente.
Director ejecutivo de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Guevara
Bermúdez apunta que más allá de los tropiezos políticos de la actual
administración, las cifras de la violencia revelan que la estrategia de
seguridad no ha cambiado durante la gestión de Peña Nieto.
“Entre 2006 y 2014 se presentaron
4 mil 55 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República
(PGR), de las cuales mil 273 son atribuibles a militares –resalta–. Contamos
con cifras conservadoras de 24 mil 851 desaparecidos, de acuerdo al Registro
Nacional de Personas Desaparecidas, 281 mil 418 desplazados internamente por la
violencia; 8 mil 595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del
arraigo tan sólo a nivel federal.”
De acuerdo con los datos
obtenidos por Guevara y la CMDPDH a través de diversas solicitudes de
información pública, a los datos duros de la tragedia, agrega que habría que
alertar sobre “27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada contra
defensoras de derechos humanos y más de 80 periodistas asesinados y 17
desaparecidos”. Todo está documentado, dice.
Ministro de Asuntos de
Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra de
2006 a2009, Guevara sostiene que, en el ámbito internacional, la política de
derechos humanos de la administración de Peña Nieto es considerada regresiva.
Muestra de ello, dice, son
los desaguisados con el Comité sobre Desapariciones Forzadas y con el relator
especial sobre tortura, Juan Méndez, en los que el gobierno de Peña Nieto
confrontó las conclusiones de ambas instancias que describían a México como un
país donde las desapariciones y la tortura son delitos generalizados.
Otra pifia más de la
administración de Peña Nieto es el retiro inopinado de la candidatura de Miguel
Sarre para el Comité contra la Tortura para imponer a Claude Heller, “un
diplomático sin experiencia en materia de tortura”, refiere Guevara.
Tras recordar que en
diciembre pasado la cancillería intentó influir para que la Corte Penal
Internacional no abra una investigación contra México, el director ejecutivo de
la CMDPDH considera que “son señales muy claras del pensamiento oficial del
gobierno de Peña Nieto sobre cómo percibe los derechos humanos y cómo trata de
controlarlos”.
Mario Patrón Sánchez,
director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro
Prodh), sostiene que los casos graves registrados en el último año pusieron al
gobierno de Peña Nieto en el centro de la mirada internacional y son, también,
el resultado de su “visión electorera”.
Parte de la defensa de los
familiares de las víctimas de Tlatlaya y Ayotzinapa, Patrón Sánchez sostiene
que la reacción de Peña Nieto en esos asuntos estuvo motivada precisamente por
una gran presión internacional y no por algún interés en esclarecerlos y
castigar a los culpables.
La presión internacional
A 11 meses de la
desaparición de los normalistas en Iguala, en víspera de que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rinda su sexto informe, Patrón
Sánchez reflexiona que “fue el momento político” que obligó a Peña Nieto a
tomar el caso.
“Era claro que al gobierno
federal no le importaba la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa porque
ocurrió en un estado gobernado en ese momento por el PRD; es decir, por la
oposición. Por eso es que dura más de ocho días en incorporarse al caso, y lo
hace porque se le empieza a revertir el costo político por la presión
internacional”, considera.
La desaparición forzada de
los 43 normalistas sólo se explica por “el contubernio y aquiescencia entre el
poder político y el crimen organizado”, sostiene Patrón.
Recuerda que entre octubre y
noviembre de 2014, cuando México firmó el convenio de colaboración con la CIDH,
“el gobierno de Peña Nieto estaba expuesto a un escrutinio internacional
durísimo y a una crítica porque se empieza a revelar su incapacidad para
investigar un caso como el de Ayotzinapa, y es en ese contexto de debilidad
política que dice sí a la asistencia técnica internacional, probablemente si se
hubiera solicitado en febrero o marzo, el gobierno de Peña Nieto se hubiera
negado”.
Con respecto a las 22
muertes de Tlatlaya a manos del Ejército, detrás de las cuales hubo la orden
de “abatir” delincuentes, como lo demostró el Centro Prodh al revelar las
indicaciones que llevaba el mando militar que encabezó el operativo el 30 de
junio del año pasado, Patrón resalta que el caso acaparó reflectores por la
influencia de Estados Unidos, lo que obligó a Peña Nieto a salir al paso de los
cuestionamientos:
“Todo fue por una presión
internacional muy vinculada con los Estados Unidos, porque fondos de la
Iniciativa Mérida se destinaron al 102 Batallón, al que pertenecen los soldados
que operaron en Tlatlaya.”
A la mitad del sexenio de
Peña Nieto y con tragedias humanitarias ocurridas en el último año, el panorama
se avizora desolador, sobre todo para los defensores de derechos humanos,
considera Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, en la que
confluyen 72 organizaciones sociales de 21 estados del país.
Responsable de la
publicación Ante la adversidad y la indignación: La construcción colectiva.
Agenda política 2015-2020, que será presentada el próximo 2 de septiembre, Ríos
Martínez asegura que si bien Peña Nieto no modificó la política de seguridad de
Felipe Calderón, concentrada en la actuación de las fuerzas armadas, el enfoque
es distinto, está dirigido a respaldar las reformas neoliberales como la
energética.
“Notamos un incremento de la
militarización en función del control de los megaproyectos –apunta–. No es raro
que ahora los gendarmes cuiden los proyectos turísticos, carreteros, mineros,
eólicos, y es una expresión de control social.”
Es sintomático, dice, que
pese a un supuesto decremento del número de homicidios –“de los 27 mil
asesinados en 2012, ahora resulta que en 2014 hay 19 mil”– se agravaron las
expresiones de crueldad y se focalizaron.
Aunque admite que la
difusión de casos graves como Ecuandureo, Apatzingán y Tlatlaya han hecho que
la comunidad internacional mire hacia México, Ríos Martínez apunta: “Creemos
que el crimen organizado en contubernio con el Estado se ha expandido de manera
significativa. Podemos decir que no es cuestión de regiones que estén
especialmente asoladas por el crimen organizado, sino que han tenido una
funcionalidad”.
Esa circunstancia, advierte,
coloca en una posición de mayor riesgo a “los defensores de derechos humanos
que somos vistos como enemigos públicos del progreso. Cada vez nos vemos más
amenazados al denunciar estas violaciones cotidianas y sistemáticas de los
derechos humanos”.
Y pone ejemplos: el reciente
informe del Comité Cerezo, organización afiliada a la Red TDT, del 1 de junio
de 2014 al 31 de mayo de 2015 contabilizó 860 agresiones a defensores de
derechos humanos, incluidas 47 ejecuciones extrajudiciales y 52 desapariciones
forzadas.
Ríos admite que ante el
proyecto privatizador de la actual administración, la situación no será fácil
para los defensores.
“Es claro que los defensores
comunitarios se encuentran en una mayor vulnerabilidad –dice–. Primero, porque
se encuentran bajo la lupa de grandes empresas nacionales y trasnacionales que
pretenden despojarlos, y porque utilizan un enorme poderío económico y político
en un país donde prevalece una gran impunidad”.
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