Perdón y olvido sí, pero antes justicia /

Perdón y olvido sí, pero antes justicia / Fred Alvarez
Retrospectiva

Viernes, 16 de Julio de 2004

Este sábado 24 de julio la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado consignará ante el Poder Judicial las averiguaciones previas sobre la matanza del jueves de corpus de 1971; el delito que se imputa a los acusados – entre ellos militares, civiles y hasta un expresidente de la República - es considerado muy grave: genocidio y delitos de lesa humanidad.

El genocidio literalmente significa la destrucción intencional de grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos, y por su naturaleza legal, moral y humanitaria, es  considerado un crimen internacional. Muchos de esos crímenes son penados y punible a través de la cooperación internacional. El caso más ilustrativo es el del argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, que fue extraditado a España desde México por los crímenes de terrorismo y genocidio, aunque no por torturas, por considerar que ese delito habría prescrito según la legislación mexicana.

El presidente Echeverría – uno de los posibles acusados por la fiscalía especial- ha dicho que en el jueves de corpus “nunca hubo un genocidio” “los lesionados y los muertos fueron por un enfrentamiento”, todo lo que sucedió en aquella época está prescrito”.
 Su defensa asegura que no hay elementos por los cuales se pueda consignar. Y En efecto, si hay anulación de los delitos no hay nada que hacer en el plano penal. Pero eso lo decidirán los jueces.

Como podemos ver la situación no es nada fácil para el gobierno del presidente Fox. 
El asunto tal y como se presenta tiene en este momento un tinte político, además del penal. Desde la creación de la fiscalía hace más de dos años, se sabía que cualquiera que fuera el resultado de las investigaciones inevitablemente provocaría divisiones sociales o rupturas de no muy fácil solución.

En este momento hay voces de muchos actores políticos y concretamente la del General Secretario de la Defensa Nacional que piden se cierre él capitulo de la historia de la guerra sucia y que lleguemos a la reconciliación a través de una especie de perdón y olvido. Por supuesto que no es adecuado y no puede ser – por ningún motivo- que un partido político como el PRI determine la condición del diálogo y la negociación con el gobierno actual por el sólo hecho de tener abierta las investigaciones.

Pero por otro lado, son más las voces que señalan se apliquen el ejercicio de la acción penal, rescato únicamente la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, subrayando que “el derecho siempre será el camino que deberá seguirse, aún en las posiciones más radicales”.

Cristina Eguizábal y Rut Diamint (Foreign Affairs En Español, Primavera 2002), nos recuerdan que “en la mayoría de los países latinoamericanos, donde las fuerzas armadas estuvieron implicadas en graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, el hecho de que las nuevas autoridades indicaran sin ambages su compromiso con la justicia y su intención de terminar con la impunidad constituyó un hito fundamental en el proceso de construcción democrática.”

El Juez español Baltasar Garzón recomienda que en estos casos hay que seguir adelante, ya que el pretexto de garantizar la estabilidad política de un país lo que consigue únicamente es garantizar la impunidad como solución política adecuada. Señala que “es curioso que exista una urgente necesidad en acabar las investigaciones sobre tales execrables hechos y que no se ponga igual énfasis en sancionar las causas que las generaron y castigar a los que las cometieron, confundiendo la seguridad del Estado democrático que impondría esta medida con la seguridad personal de aquellos que violaron las normas básicas de convivencia y que buscan la impunidad.”

En una conferencia magistral pronunciada en diciembre del 2001 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, precisa que “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente...,¡El olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran. Y el fantasma del pasado, para el responsable, vuelve en forma recurrente y demuestra la falsedad de planteamiento que no logra cerrar la puerta del gran misterio del mal. Se impone pues la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”!

No hay que desdeñar la recomendación del juez Garzón la experiencia Argentina puede ser ilustrativa; Hace unos meses el gobierno argentino tuvo que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían procesar a más de 2000 mil miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció ese país entre 1976 y 1983. Y no sólo es el caso argentino. Como bien dice el profesor Reyes Mate (EL País, 27-09-2003), la memoria sigue ganando batallas en la lucha contra el olvido “el gobierno chileno quiere revisar el punto muerto que se encuentra la valoración del pasado adoptando medidas tales como indemnizar a los torturados por la dictadura de Pinochet o revisar la responsabilidad penal de los militares que planificaron, dirigieron o ejecutaron los crímenes en aquellos tiempos oscuros, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE  se plantea exigir ...,una ley que reconozca que los tribunales de la dictadura franquista eran ilegales”.

España, Sudáfrica, Salvador y Guatemala, son algunos de los países en donde se ha aplicado la amnistía bajo distintas modalidades, en el caso nuestro hay condiciones para que se pueda emplear. Pero como dicen los exguerrilleros Jesús Zambrano, Gonzalo Yáñez, Gustavo Hirales y Humberto Zazueta, si se debe perdonar pero antes se deben esclarecer los hechos y consignar a los culpables. Ahora bien una amnistía jurídica no equivale a la amnesia histórica o política.

Pero también como dice Paloma Aguilar (EL PAÍS -15-de junio del 2003) ”aunque los gobernantes decidan conceder una amnistía general- como puede ser el caso mexicano- , la reflexión en torno al pasado es ahora insoslayable y ninguna medida de gracia podrá garantizar ni su irrevocabilidad futura ni el silencio de las organizaciones forjadas en torno a las víctimas.” Quitarnos el fantasma del olvido va llevar tiempo.

Casi todos los informes de las Comisiones de la Verdad que se han creado en el mundo contienen recomendaciones acerca de la necesaria reparación del daño. Obviamente el éxito de estas medidas, sobre todo de las de carácter económico, depende de la voluntad de las autoridades, de lo saneadas que estén las arcas del Estado y del número de víctimas a que se deba indemnizar.

Independientemente de lo que arroje el resultado de los jueces, debemos empezar  como sociedad por aplicar aunque sea medidas de reparación simbólica, quizá acciones conmemorativos como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos, etcétera.

La reconciliación nacional el perdón y olvido que píde el General Secretario de la Defensa Nacional Clemente Vega García vendrá con el tiempo  Y es que recuperar el pasado sin perder el futuro ni descuidar el presente, no es cosa sencilla.