El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva expresó que el
nuevo Sistema de Justicia Penal en México no dará los resultados deseables y
contravendrá el espíritu de la Ley, si no se combate la “caja negra” que es la
corrupción de jueces, magistrados y todos aquellos que se presten a cualquier
arreglo o componenda fuera de la ley.
“Sólo
este combate a la corrupción nos llevará a disminuir los altos índices de
impunidad que, lamentablemente, preocupantemente, y para vergüenza de nuestro
país aparecemos, frente a los ojos del mundo, como ‘país distinguido’, así
entre comillas, o como se diría coloquialmente: Como ejemplo de mal ejemplo”,
afirmó.
Al
inaugurar el Programa de Difusión del Sistema Penal Acusatorio, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y organizado por la Cámara de Diputados en conjunto con la Academia de Justicia Constitucional A.C., Jesús Zambrano dijo que el objetivo de este nuevo instrumento en
nuestro país -que se habrá de implementar a nivel nacional a partir del próximo
18 de junio- es hacer procedimientos más rápidos y eficientes; utilizar más la
justicia alternativa, lo que implicaría que los asuntos no graves se resuelvan
por medios variados, y los casos complicados ante los jueces; obligar a que los
procesos sean públicos, y que la víctima y el imputado argumenten ante el juez
de forma oral.
Añadió
que se tienen grandes retos que habrán de solucionarse en lo inmediato. Por
ejemplo, la capacitación de más de 330 mil elementos policíacos en todo el
país, al ser ellos el primer contacto con la víctima, el imputado y con el
posible hecho delictivo.
También
habrá que considerar la formación de intérpretes y traductores para indígenas.
De no hacerlo, agregó, “dejaríamos en total indefensión a miles de mexicanos en
condiciones de vulnerabilidad y pobreza, por no hablar español en una cantidad
significativa, puesto que existen hoy solamente 650 traductores e intérpretes,
y 198 abogados bilingües a nivel nacional”.
El
diputado federal destacó que con este nuevo esquema de justicia, el reto de
nuestro país será avanzar de un sistema penal mixto -vigente en la actualidad-
con rasgos de inquisitorio y de procesos escritos, a uno acusatorio con métodos
orales en el que los jueces tendrán un rol más visible, privilegiando la
transparencia jurídica y la ampliación de derechos y garantías, tanto para el
acusado o imputado como para las víctimas u ofendidos.
“Estamos
convencidos de que es tiempo de proteger a la justicia contra todas esas
durezas a veces infranqueables que hemos tenido hasta hoy y que han impedido a
los ciudadanos tener un verdadero acceso a la justicia, que debe estar
garantizada por el Estado, a través del Ministerio Público no sólo como
servidor público, sino como salvaguarda de convivencia armónica y de desarrollo
social”, añadió.
Se
requiere dar a la ciudadanía, la posibilidad de que cualquier persona
-independientemente de su condición- pueda acudir a sistemas ágiles y justos
como lo establece la norma constitucional.
El
Sistema Penal Acusatorio, añadió, es una necesidad inminente ante la ola de
criminalidad que afecta a todo el territorio nacional. La Constitución Política
contempla ya un sistema con principios de respeto al ejercicio de los derechos
humanos, la presunción de inocencia, seguida del debido proceso y juicios
orales públicos con celeridad e inmediatez para que la justicia sea pronta y
expedita.
Agregó
que este ejercicio permite que los juzgadores puedan dar sus opiniones en casos
concretos y en situaciones específicas derivadas de la implementación de este
sistema. “Aquí se crean las leyes, pero la experiencia de quien juzga es
importante para revelar casos concretos, situaciones fácticas, en donde
combinamos la teoría con la praxis”, puntualizó.
Fernando
Córdova del Valle, director general de la Asociación Nacional de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.
(ANMJPJF), mencionó que el Sistema Penal Acusatorio tiene el objetivo de que en
el debido proceso no se violen los derechos humanos.
Explicó
que hoy en día hablar de derechos humanos ya no es una moda, sino una necesidad
y obligación de los juzgadores y de los que procuran justicia.
Agregó
que con las recientes reformas se logró establecer de manera explícita el
término de presunción de inocencia con lo que se logró atender la
malinterpretación, pues se revictimizaba a las víctimas y se daban mayores
privilegios a quienes habían cometido algún delito.
Aseguró
que la dignidad de la persona se volvió parte importante no sólo en la
Constitución, sino en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir,
sin importar sexo, creencias e ideologías, todos son tratados con respeto.
Afirmó
que las obligaciones del Estado son prevenir, investigar, sancionar y reparar
cualquier violación de los derechos humanos; sin embargo, estos conceptos en la
mayoría de las veces no son garantizados.
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