EEUU y Francia abren investigaciones tras la filtración

EEUU y Francia abren investigaciones tras la filtración

PABLO PARDO Corresponsal Washington@pablopardo1

El País, 05/04/2016 

El Tesoro de Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar si alguno de los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca podría ser procesado en EEUU. De acuerdo con la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés), en los documentos hay al menos 33 personas físicas y jurídicas a las que EEUU ha prohibido ciertas actividades, en particular en relación con el suministro de combustible a las Fuerzas Armadas de Siria, y material para la producción de armas atómicas a Corea del Norte e Irán. Por su parte, el Gobierno francés también ha anunciado que va a indagar en el escándalo, dado que en algunas operaciones de Mossack Fonseca participa el gigante de la banca francesa Société Générale. Pero las informaciones del ICIJ en este terreno son sumamente incompletas. Por un lado, Mossack Fonseca trabajó con al menos 33 clientes señalados por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés, que es el Departamento del Tesoro de EEUU que impone y aplica sanciones extraterritoriales).

 En la mayor parte de los casos, esas relaciones comerciales empezaron antes de que las empresas fueran colocadas en las 'listas negras' de EEUU, y no fueron interrumpidas cuando Washington las sancionó. Mossack Fonseca, por ejemplo, ayudó a las subsidiarias de empresas sirias en los Emiratos Árabes Unidos a crear empresas instrumentales en el paraíso fiscal de Seychelles, en el Océano 'Indico, para comprar combustible para los aviones de combate de la Fuerza Aérea Siria. 

El bufete también trabajó hasta 2009 con John Bredenkamp, un empresario de Zimbabue especializado en instrumentos jurídicos para burlar sanciones internacionales. El alcance de los 11 millones de documentos de Mossack Fonseca a los que ha tenido acceso el ICIJ (varias veces más que toda la filtración de Wikileaks) tardará en saberse, en parte por la complejidad de las transacciones y en parte por el volumen de la información. Además, no va a ser necesariamente fácil para EEUU emprender acciones legales contra esas entidades. En primer lugar, Washington deberá demostrar tres cosas: que realizaron transacciones con bancos estadounidenses, que la información a la que ha accedido el ICIJ no fue obtenida ilegalmente, y que con su actuación el Gobierno de EEUU no está violando la relación entre cliente y abogado.