Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016..
Denuncian
“la mayor defraudación filantrópica en la historia”/
ÁLVARO
DELGADO
Una
serie de artimañas legales desfondaron a una de las mayores organizaciones
benéficas de Puebla y del país. Integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins
echaron a quien la presidía, crearon una nueva firma en Barbados y le
transfirieron los 720 millones de dólares que administraba la agrupación en
México. La influencia del gobernador Rafael Moreno Valle planea sobre todo el
caso, igual que el fantasma de la defraudación fiscal…
La
Fundación Mary Street Jenkins, la institución de beneficencia que durante
décadas fue la más rica de México, ha sido saqueada: su patrimonio de casi 13
mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de Colima para este año,
quedó en manos de un grupo de abogados que se llevaron todo ese dinero al país
caribeño de Barbados.
La
consumación de este “auténtico saqueo” de la organización, que financia a la
Universidad de las Américas de Puebla y a otros proyectos de asistencia social,
se produjo con la presunta complicidad del gobernador poblano, Rafael Moreno
Valle (PAN), y los beneficiarios verdaderos son algunos de los miembros de la
familia Jenkins, quienes, usando a los abogados como prestanombres,
supuestamente se quedaron con toda la fortuna.
Esta
“clara confabulación” entre los Jenkins, Moreno Valle, funcionarios, notarios y
abogados está descrita a detalle en la denuncia que el 16 de marzo presentó
Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia supuestamente
beneficiaria, que pide investigar “la más grande defraudación cometida en
perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.
En
la denuncia presentada ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de
Asistencia Privada del Estado de Puebla se documenta que la Fundación Jenkins
donó hace dos años, el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720
millones de dólares– a la Fundación Bienestar de la Filantropía, que de
inmediato se llevó el dinero a Barbados.
“Si
la cantidad donada no fuera exorbitante en sí misma, es interesante hacer
hincapié en que este saqueo se llevó a un extremo tal que, como consecuencia de
esta donación, la Fundación Mary Street Jenkins literalmente se quedó en la
calle, al no conservar siquiera un inmueble donde poder establecer su domicilio
y su oficina.”
Y
así, afirma el denunciante, “en realidad se materializa una liquidación de
facto de la Fundación Mary Street Jenkins, consumándose con ella la más grande
defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de
este país, la cual, en caso de que esta Junta decida nuevamente no actuar, se
habrá materializado a ciencia y paciencia de la entidad pública que siempre ha
estado encargado de su cuidado”.
Y
es que el denunciante infructuosamente ha recurrido en varias ocasiones a la
Junta, un organismo desconcentrado del gobierno de Moreno Valle, para que
sancione las acciones “ilegales” de su propia familia, cometidas tras su
expulsión como patrono de la Fundación Jenkins, en junio de 2013, justo cuando
comenzó la “cadena de ocultamientos y de engaños” con el “único objeto de
desviar y de expatriar ilegalmente del país dicho patrimonio”.
Con
base en abundante documentación, que anexa a su denuncia, Jenkins de Landa
exige a la Junta declarar la ilegalidad del “contrato marco de donación
condicional”, mediante el cual la Fundación Jenkins donó a la Fundación
Bienestar para la Filantropía los 720 millones de dólares, porque se trata de
dos fundaciones controladas por la familia Jenkins.
“La
supuesta donación que en este caso se denuncia no es más que una operación
simulada en la que, detrás del velo de la personalidad moral creado por la
Fundación Bienestar para la Filantropía, en realidad se oculta que dicha
fundación es controlada por las mismas personas físicas que controlan la
fundación Mary Street Jenkins.”
Se
refiere a Elodia Sofía de Landa Irízar y Guillermo Jenkins Anstead, sus padres,
quienes –asegura– “siempre han buscado burlar la voluntad testamentaria” de
William Jenkins, el creador de la fundación, para quedarse con su fortuna, una
visión que “ha sido alimentada por la ambición desmedida” de su hermano
Roberto.
Roberto
Jenkins de Landa es allegado a Moreno Valle y asiste a los principales actos
del gobernador, como la inauguración del Museo Barroco o el Quinto Informe de
Gobierno, en enero, cuando negó toda irregularidad en el manejo de la
Fundación: “Aquí estamos, nada cambia, y aquí vamos a seguir felices de la
vida”.
En
la denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta investigar “el saqueo” y
solicita que, si los responsables se niegan a restituir de forma voluntaria los
recursos indebidamente desviados, se ejerzan acciones civiles y penales contra
ellos.
Herencia
a fuerza
“Éste
ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advirtió Jenkins de
Landa, en entrevista con este reportero, en junio de 2014, cuando detalló que
el origen del conflicto fue su “ilegal” remoción como patrono propietario y
secretario de la fundación, por oponerse a reformar los estatutos para que sus
hermanos fueran incluidos como “herencia” en el patronato.
Actualmente
la fundación la preside Guillermo Jenkins Anstead y la vicepresidenta es su
esposa, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, mientras que los miembros de su
patronato son Manuel Mestre Martínez, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto
Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y
Juan Carlos Jenkins de Landa.
Guillermo
Jenkins de Landa, el primogénito, fue parte del equipo que, en 2000, venció en
tribunales al exbanquero poblano Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía
dejar a sus hijas en el patronato de la fundación que creó su amigo. “Con mi
padre resultó peor”, afirmó.
Jenkins
de Landa fue destituido como patrono gracias a las maniobras de los abogados
Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados a razón de 2
millones de dólares por el representante jurídico de la Fundación, Alejandro
González Muñoz.
Jenkins
de Landa denunció desde 2003, también ante la Junta, esta remoción de su cargo,
pero ni los anteriores ni los actuales miembros del patronato de esta
instancia, todos subordinados de Moreno Valle, actuaron para hacer justicia,
como lo reitera en la actual demanda:
“Esta
ilegal remoción del suscrito Guillermo Jenkins de Landa como patrono
propietario de la Fundación Mary Street Jenkins debe ser considerada como la
primera pieza del engranaje de maquinaciones para que se pusiera en marcha el
saqueo que en este acto se denuncia, tal como se lo he manifestado a esta Junta
en todas las denuncias que, simple y sencillamente, hasta la fecha ha decidido
ignorar.”
La
denuncia de Jenkins de Landa alude a la ley, los estatutos y el testamente de
su abuelo, William o Guillermo Jenkins, quien en 1954 creó la fundación, para
afirmar que el donativo del patrimonio de ésta a Bienestar para la Filantropía
debe ser sancionada.
En
los Estatutos queda claro que el patrimonio de la Fundación Jenkins es
intocable e irrevocable, y que se deben utilizar en el cumplimiento de su
objeto social sólo los productos del capital, como también lo ordena la Ley de
Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla.
Pero,
además, William Jenkins prohibió expresamente que el patrimonio de la fundación
que él creó en 1954 y que encabezó hasta su muerte, en 1963, fuera considerado
una herencia para sus descendientes, como lo dictó en su testamento:
“Siempre
ha tenido la firme convicción que, en bien de sus hijos, los padres no deben
dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a
trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesitan, teniendo la creencia el
propio señor testador que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar
dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo.”
Y
añadió que, “siguiendo este principio, manifiesta que no es su voluntad dejar a
sus hijos riqueza ni fortunas, sino más bien ayudarlos a trabajar para que
puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es su expresa
voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna, sino sólo proporcionarles la
ayuda en la forma en que ha mencionado y espera, Dios mediante, poder hacer
esto durante su vida”.
Por
eso, describe la denuncia, el patrimonio de la Fundación Jenkins no podía
haberse donado a Bienestar para la Filantropía, porque además ésta es también
controlada por los miembros del patronato de la primera.
Abogados
de paja
En
efecto, la Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en
Aguascalientes, en septiembre de 2009, a solicitud de Antonio Obregón Barrera y
Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, ambos allegados a Jenkins Anstead,
según la propia denuncia.
Y
en la operación para transferir los 720 millones de dólares de la Jenkins a la
Bienestar para la Filantropía –que equivalen a 12 mil 696 millones de pesos, al
tipo de cambio de 18 pesos por dólar–, intervinieron otras tres personas
allegadas a los Jenkins: Los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román
Hernández, a quienes Alejandro González Muñoz, jurídico de la Fundación
Jenkins, contrató para remover como patrono propietario al primogénito de la
familia.
Y
fueron justamente González Muñoz y Rincón Salas quienes firmaron como
apoderados de la Fundación Jenkins, el 30 de abril de 2014, el contrato
mediante el cual ésta donó los 720 millones de dólares a Bienestar para la
Filantropía, representada por Román Hernández.
Más
aún: siete meses después de efectuada esta operación, el 12 de noviembre de
2014, se formalizaron los nombramientos de González Muñoz como presidente del
patronato de la Fundación Bienestar para la Filantropía, Rincón Salas como
vicepresidente y Román Hernández como vocal.
Y,
según la denuncia de Jenkins de Landa, un mes después se produjo otra decisión:
El 16 de diciembre de 2014, Bienestar para le Filantropía cambió su domicilio
de Aguascalientes a la ciudad de Bridgetown, Barbados.
Consta
también en la denuncia de Jenkins de Landa que además se sumaron al patronato
cuatro personas: Dustin David Philla Delany, Yoshodra Rampersaud, Erica
Rechelle Marshall-Forde y Michelle Shaiba Davidson.
La
incorporación de estas cuatro personas, que en realidad son miembros de un
despacho, fue para poder domiciliar la fundación en Barbados, pero lo que es
verdaderamente grave es que ni siquiera se informó la verdad al Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
“Si
toda esta lista de ocultamiento y de engaños no fuera suficiente, llama la
atención el hecho de que la Fundación Bienestar para la Filantropía, en la
declaración rendida ante el SAT como ‘donataria autorizada’ por el ejercicio de
2014 haya declarado que recibió donativos por la ridícula cantidad de 1 millón
800 mil pesos, cuando existen pruebas de que, en realidad, recibió bienes
valuados en 720 millones de dólares.”
Una
irregularidad más, según la denuncia de Jenkins de Landa, es que tampoco existe
constancia de que los involucrados en todas las operaciones descritas hayan
dado el aviso a la autoridad, como lo ordena la Ley para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Jenkins
de Landa concluye:
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