17 abr 2016

Sobornos y torturas atrás de la “verdad histórica”/ Anabel Hernández.

Revista Proceso # 2059, 16 de abril de 2016..
Sobornos y torturas atrás de la “verdad histórica”/ Anabel Hernández.
La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).

 Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
 Esto se revela en expedientes judiciales –de los cuales se tiene copia– y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

 En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.

A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.

La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la información recabada por la reportera,  las víctimas fueron ocho presuntos miembros de Guererros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la región; Gildardo López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.

Casarrubias denunció ante el juez segundo de Distrito en Materia de Procesos Federales en el Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, la tortura y amenazas en su detención, prácticas que Tomás Zerón, según el denunciante, avaló para obligarlo a firmar una confesión prefabricada por la PGR.

Semanas después –afirmó ante el juez en su ampliación de declaración en la causa penal 84/2014, rendida el 25 de febrero de 2015–, el entonces procurador Jesús Murillo Karam le ofreció 66 millones de pesos para que le dijera dónde estaban los estudiantes; de no hacerlo, lo amenazaba con que lo iba “a refundir por 80 años en una celda solo”. Para la ONU, el testimonio de tortura y agresiones sufridas por Casarrubias es creíble, luego de hacerle entrevistas y valoraciones psicológicas.

“Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos ni sobre el carácter arbitrario o no de la detención, quisiéramos expresar nuestra seria preocupación acerca de la detención, tortura, incluida sexual, y la restricción al derecho de defensa sufrido por el señor Casarrubias Salgado”, se afirma en la carta enviada el 25 de febrero de 2015 a Jorge Lomónaco, embajador y representante de la misión permanente de México ante la ONU en Ginebra.

La firman cuatro altos funcionarios de la ONU: Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky, presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Infierno en la SEIDO

Según la declaración rendida ante el juez el 21 de octubre de 2014, Casarrubias fue detenido por hombres armados el 15 de octubre, en el restaurante Fogón do Brasil, en Lerma, Estado de México, junto con tres acompañantes, entre ellos Teresa Rivera Díaz. Lo llevaron a la Ciudad de México, a un edificio que podría ser de la PGR, pues ahí vio a Tomás Zerón.

“Llegamos a un cuarto, o más bien lo llamaría la sala del infierno; me sientan por un momento y llega una persona que se mira diferente a los demás, habla muy suave y viste diferente (…) se acerca pausadamente y me habla al oído y me dice que viene de parte del procurador, que con él puedo arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde.”

“Esta gente te va a hacer que manifiestes lo que se te ordene, porque el procurador lo autorizó”, le dijo el presunto mensajero de Murillo Karam y comenzó la tortura. Casarrubias identificó ante el juez al agente de la PGR Gabriel Valle Campos como uno de sus torturadores. En esta investigación periodística se pudo corroborar que en la PGR labora un agente con ese nombre.

Después lo trasladaron a una oficina a la cual llegó Zerón: “Me dice que la muchacha que me acompañaba la va a dejar ir y que él la va a mandar a su casa, pero es mentira, porque después de un rato me dice: ‘Para que veas ahí está la muchacha que te acompaña’, y me meten a una oficina y me dice que hable”, mientras el titular de la Agencia de Investigación se queda presente. Casarrubias dijo al juez que la joven no era Teresa Rivera.

Denunció ante el juez que en presencia de Zerón agentes de la PGR lo amenazaron para que no dijera nada de lo que le habían hecho: “Si no, ya sabes lo que te podemos hacer a ti y a tu familia; recuerda a tus hijos, esposa y padres”, le advirtieron.

Señaló que tras varias horas una persona le dijo que lo iban a trasladar a la SEIDO, pero que cuando rindiera su declaración él debía decir que lo habían detenido el 16 de octubre y no el 15, como realmente ocurrió.

Afirma que le dictaron lo que debía decir ante una cámara de video: “Sin errores léelo una y otra vez hasta que ya estés listo”, y agregaron que eso sólo era información para su archivo, que no iba a salir al público. Antes de llevarlo a la SEIDO le dijeron: “Pórtate bien y sigue las instrucciones, ya viste que el jefe nos apoya y él personalmente dio la orden”. Se referían a Zerón, explicó al juez.

Agregó que la madrugada del 17 de octubre, en la SEIDO, el agente del Ministerio Público redactó su declaración, sacando cosas de su computadora. “Tú nomás la vas a firmar y poner tu huella”, le dijo. Él le informó al MP que había sido torturado, pero éste le advirtió que no lo dijera, pues “ahorita ya tienen a tu familia”.

Su abogado de oficio, quien llegó tarde, se quedó dormido y no le proporcionó ninguna asesoría. Bajo amenaza de dañar de la misma forma a su esposa e hijos, firmó la declaración ministerial sin que le permitieran leerla.

De acuerdo con los documentos obtenidos, el agente del Ministerio Público que le tomó declaración a Casarrubias fue Juan Francisco Quezada López, a las 03:00 horas del 17 de octubre ante el defensor público llamado Eduardo Martínez Loera. La responsable de la integración de la averiguación previa era Lourdes López Lucho.

“Pieza clave” de la PGR

El mismo día que la PGR, según el acusado, fabricó la declaración, Murillo Karam, Zerón y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dieron una conferencia de prensa donde anunciaron que la Agencia de Investigación había logrado la captura de Sidronio Casarrubias, a quien acusaron de ser líder máximo de Guerreros Unidos.

Murillo Karam afirmó que su captura “ayudará a resolver el caso de la muerte de seis personas en Iguala y la posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.

Casarrubias no pudo denunciar ante el juez la tortura que sufrió sino hasta el 21 de octubre; aseguró que todo lo dicho en sus dos declaraciones ministeriales era falso. El 22 de octubre Murillo Karam dio una nueva conferencia de prensa para informar sobre los “avances del caso”. Dijo que a partir de la detención de Casarrubias “y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de investigación”.

Afirmó: “El grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local.

“Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.”

Aseguró que por creer que los estudiantes eran miembros del grupo criminal Los Rojos: “Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala”.

A diferencia de lo dicho en la conferencia de prensa, judicialmente la PGR sólo acusó a Casarrubias de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, no por la desaparición de los normalistas.

El 23 de octubre el juzgado dio vista a la PGR por los supuestos actos de tortura en agravio de Casarrubias para que iniciara una investigación.

El 7 de noviembre Murillo convocó a conferencia de prensa para dar por resuelto el caso. Anunció la detención de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, cuyos casos de tortura también han sido retomados por la ONU. Afirmó que confesaron haber recibido a los estudiantes, haberlos matado en el basurero de Cocula y haberlos quemado; desde entonces, la versión oficial de la PGR no ha cambiado, aunque las pruebas científicas de tres grupos de expertos afirman que eso no sucedió.

En una carta enviada a Peña Nieto el 25 de febrero de 2015, la ONU afirmó que la defensa particular de Casarrubias pudo aportar al juzgado pruebas sobre las agresiones que sufrió y que presenta múltiples síntomas de estrés postraumático y daños físicos.

En respuesta, la misión permanente de México en la ONU, en Ginebra, señaló que el 17 de diciembre de 2014 la PGR inició la averiguación previa 406/AP/DGDCSPI/14 por el delito de tortura contra quien o quienes resulten responsables. Pero el gobierno de Peña Nieto reiteró que hay elementos que avalan la detención de Casarrubias.

El “Sapo Guapo”

La PGR afirmó que tras el arresto de Mario Casarrubias –supuesto líder de Guerreros Unidos– en abril de 2014, su hermano Sidronio habría ocupado su lugar. Pero Mario fue exonerado el 13 de septiembre de 2015 de los delitos de delincuencia organizada.

Se tuvo acceso a la causa penal de Mario Casarrubias Salgado –la 88/2014 radicada en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México–: la PGR nunca pudo presentar pruebas creíbles para acusar al llamado Sapo Guapo de ser el líder de Guerreros Unidos ni de pertenecer a ninguna organización criminal, por lo cual determinó su libertad, aunque sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ahora acusado de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

En el expediente integrado por la PGR en abril de 2014, en las decenas de declaraciones ministeriales acumuladas sobre la forma en que supuestamente operaba Guerreros Unidos, nunca se habló de Sidronio Casarrubias ni se mencionaba a Gildardo López Astudillo, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa ni a ninguno de los otros acusados por la desaparición de los normalistas.

La propuesta millonaria

En una audiencia de pruebas llevada a cabo el 25 de febrero de 2015, Sidronio Casarrubias explicó al juez que durante sus primeros 30 días de prisión en El Altiplano, fue visitado tres veces por funcionarios de la PGR para presionarlo.

La primera visita la hizo un funcionario de nombre “Abraham”, de quien no tiene los apellidos; la segunda la hizo Tomás Zerón.

Refiere que ese día dos custodios lo sacaron de su celda al área de aduanas del penal y lo subieron a un vehículo; en otro viajaba Tomás Zerón. Los autos avanzaron unos 30 metros, se detuvieron y desde el otro vehículo le habló Zerón. “Me dice (…) que ahí está un hermano mío con ellos, y efectivamente está un hermano mío que se llama Rafael Casarrubias”, dijo Sidronio. Su hermano es militar.

Una llamada telefónica hizo que Zerón cambiara de planes: “El señor Tomás ordena que me regresen inmediatamente; para esto se regresa la camioneta y me dice que no me preocupe, que ya no va a hacer lo que está planeado, que mi familia está bien y que mi hermano va a regresar con bien”.

La tercera visita la hizo, según él, días más tarde Jesús Murillo Karam. Casarrubias afirma que dos oficiales lo sacaron de su celda y lo trasladaron a una oficina donde lo esperaban tres personas. “Me dice el señor que pase (…) me pregunta que si sé quién es él; yo le contesto que no, que nunca lo he visto en mi vida ni sé quién sea; me dice: ‘Soy el procurador de la República, Murillo Karam’.

“Me dice que él desea hablar conmigo y yo le digo que si está mi abogado presente puede hablar conmigo”, dijo Casarrubias al juez. “Por lo visto no estás entendiendo quién soy; tengo el poder suficiente para refundirte por el resto de tu vida en una celda”, le contestó Murillo, de acuerdo a la versión de Casarrubias.

“Sé que fuiste torturado”, le dijo, “y quiero que me digas si puedes reconocer por medio de la voz a las personas que te torturaron, porque esos que te hicieron eso también son unos criminales”.

“En ese momento (…) me ofrece 66 millones de pesos, que yo le diga dónde están los estudiantes; yo le digo que no sé, como ya hice mención antes al señor Zerón y al señor Abraham.”

Casarrubias afirmó ante el juez que le reclamó a Murillo Karam que mientras lo torturaron, el comandante que dio la orden dijo que fue de parte suya, pero el procurador no hizo ningún comentario.

Dos días después de la denuncia del intento de soborno ante el juez, Peña Nieto removió a Murillo Karam de su cargo.

Compra de culpables

Felipe Rodríguez Salgado, a quien la PGR acusa de haber dirigido al grupo que supuestamente mató y quemó a los normalistas, redactó una carta en la cual afirma que en enero de 2015, a unos días de haber sido detenido, Zerón fue al penal federal de Nayarit, donde está preso.

“Quería que yo me echara la culpa de lo de los estudiantes y le firmara unos documentos y que señalara a gente que ni conozco, que dijera que ellos eran mis patrones y quienes eran los que me pagaban, un tal Sidronio y al expresidente de Iguala; a cambio le iba a dar dinero a mi familia y les iba a comprar una casa… que a mí me darían ocho años de cárcel.”

Afirma que el 18 de febrero de 2015 el funcionario lo volvió a buscar para insistir en su oferta. Volvió a negarse. Ese funcionario le advirtió: “Dejas ir una gran oportunidad, a (sic) cuidadito y le cuentes a nadie de esta conversación porque te puede ir muy mal y a tu familia”. Responsabiliza de lo que les pueda pasar a él y a su familia a Zerón.

El 27 de septiembre de 2015 Gildardo López Astudillo, a quien la PGR llama El Gil, ante el juez tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, denunció la tortura a la que fue sometido.

Afirmó que nunca ha pertenecido a Guerreros Unidos. Narró que, sin orden judicial, el 16 de septiembre entró a su domicilio un grupo de policías encabezados por un hombre alto, con marcas de acné, vestido con traje gris. Ante su esposa y sus hijos lo esposaron y torturaron con una bolsa de plástico en la cabeza mientras le preguntaban dónde estaban los estudiantes. Lo amenazaron con abusar sexualmente de su esposa, a quien se llevaron arrestada junto con él.

En un escrito enviado al juez denunció que la persona que encabezó la incursión fue Gustavo Salas Chávez, titular de la SEIDO.

Afirmó que lo fueron a ver a El Altiplano dos presuntos agentes del Ministerio Público, quienes le llevaron papeles para que los firmara, le ofrecieron dinero y una condena de 10 años. Se negó. El 30 de diciembre su cuñado, Reynaldo Román Nájera, fue asesinado en Cocula.

Magali Ortega Jiménez, acusada de delincuencia organizada, fue asesora jurídica de la policía de Iguala y tenía sólo dos meses trabajando en la de Cocula. Fue detenida el 13 de octubre de 2014 y afirma que la obligaron a firmar una declaración incriminando a algunos de sus compañeros, tras lo cual la dejaron libre.

Días después su abogado, Isabel Aguario Álvarez, quien había sido ministerio público en la PGR, la citó en un restaurante a donde según ella llegaron dos hombres que dijeron venir de la procuraduría y le ofrecieron 10 millones de pesos para que declarara contra otras personas, a cambio de no detenerla. Se negó y el 15 de enero de 2015 fue nuevamente arrestada.


La reportera solicitó entrevistas con los titulares de la Agencia de Investigación Criminal y la SEIDO, para recabar su versión de los hechos. Hasta el cierre de edición no habían aceptado concederla. Respecto a Murillo Karam, quien ya no es servidor público, se trató de obtener algún número telefónico suyo en la oficina de la actual titular de la PGR, pero ahí afirmaron que no tienen contacto con el exprocurador.  l

No hay comentarios.:

Cosas que ocurren en Culiacán/ Fred Alvarez

Cosas que ocurren en Culiacán, y en otras partes también/  Fred Álvarez Palafox ¡En Sinaloa manda el crimen! ellos sí están organizados; hoy...