Revista
Proceso
# 2059, 16 de abril de 2016..
Sobornos
y torturas atrás de la “verdad histórica”/ Anabel Hernández.
La
atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR
ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino
para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo
Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de
algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno
federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del
Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en
Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en
Washington).
A
casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que
hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los
43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se
sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros
Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su
participación en los hechos.
La
violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue
abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de
Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios
procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa
organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias,
tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos
entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.
De
acuerdo con la información recabada por la reportera, las víctimas fueron ocho presuntos miembros
de Guererros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la
región; Gildardo López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes
Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber
y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y
Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos,
Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y
Magali Ortega Jiménez.
Casarrubias
denunció ante el juez segundo de Distrito en Materia de Procesos Federales en
el Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, la tortura y amenazas en su
detención, prácticas que Tomás Zerón, según el denunciante, avaló para
obligarlo a firmar una confesión prefabricada por la PGR.
Semanas
después –afirmó ante el juez en su ampliación de declaración en la causa penal
84/2014, rendida el 25 de febrero de 2015–, el entonces procurador Jesús
Murillo Karam le ofreció 66 millones de pesos para que le dijera dónde estaban
los estudiantes; de no hacerlo, lo amenazaba con que lo iba “a refundir por 80
años en una celda solo”. Para la ONU, el testimonio de tortura y agresiones
sufridas por Casarrubias es creíble, luego de hacerle entrevistas y
valoraciones psicológicas.
“Sin
implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos ni sobre el carácter
arbitrario o no de la detención, quisiéramos expresar nuestra seria
preocupación acerca de la detención, tortura, incluida sexual, y la restricción
al derecho de defensa sufrido por el señor Casarrubias Salgado”, se afirma en
la carta enviada el 25 de febrero de 2015 a Jorge Lomónaco, embajador y
representante de la misión permanente de México ante la ONU en Ginebra.
La
firman cuatro altos funcionarios de la ONU: Seong-Phil Hong, presidente-relator
del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky,
presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o
Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de
magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Infierno
en la SEIDO
Según
la declaración rendida ante el juez el 21 de octubre de 2014, Casarrubias fue
detenido por hombres armados el 15 de octubre, en el restaurante Fogón do
Brasil, en Lerma, Estado de México, junto con tres acompañantes, entre ellos
Teresa Rivera Díaz. Lo llevaron a la Ciudad de México, a un edificio que podría
ser de la PGR, pues ahí vio a Tomás Zerón.
“Llegamos
a un cuarto, o más bien lo llamaría la sala del infierno; me sientan por un
momento y llega una persona que se mira diferente a los demás, habla muy suave
y viste diferente (…) se acerca pausadamente y me habla al oído y me dice que
viene de parte del procurador, que con él puedo arreglar las cosas antes de que
sea demasiado tarde.”
“Esta
gente te va a hacer que manifiestes lo que se te ordene, porque el procurador
lo autorizó”, le dijo el presunto mensajero de Murillo Karam y comenzó la
tortura. Casarrubias identificó ante el juez al agente de la PGR Gabriel Valle
Campos como uno de sus torturadores. En esta investigación periodística se pudo
corroborar que en la PGR labora un agente con ese nombre.
Después
lo trasladaron a una oficina a la cual llegó Zerón: “Me dice que la muchacha
que me acompañaba la va a dejar ir y que él la va a mandar a su casa, pero es
mentira, porque después de un rato me dice: ‘Para que veas ahí está la muchacha
que te acompaña’, y me meten a una oficina y me dice que hable”, mientras el
titular de la Agencia de Investigación se queda presente. Casarrubias dijo al
juez que la joven no era Teresa Rivera.
Denunció
ante el juez que en presencia de Zerón agentes de la PGR lo amenazaron para que
no dijera nada de lo que le habían hecho: “Si no, ya sabes lo que te podemos
hacer a ti y a tu familia; recuerda a tus hijos, esposa y padres”, le
advirtieron.
Señaló
que tras varias horas una persona le dijo que lo iban a trasladar a la SEIDO,
pero que cuando rindiera su declaración él debía decir que lo habían detenido
el 16 de octubre y no el 15, como realmente ocurrió.
Afirma
que le dictaron lo que debía decir ante una cámara de video: “Sin errores léelo
una y otra vez hasta que ya estés listo”, y agregaron que eso sólo era
información para su archivo, que no iba a salir al público. Antes de llevarlo a
la SEIDO le dijeron: “Pórtate bien y sigue las instrucciones, ya viste que el
jefe nos apoya y él personalmente dio la orden”. Se referían a Zerón, explicó
al juez.
Agregó
que la madrugada del 17 de octubre, en la SEIDO, el agente del Ministerio
Público redactó su declaración, sacando cosas de su computadora. “Tú nomás la
vas a firmar y poner tu huella”, le dijo. Él le informó al MP que había sido
torturado, pero éste le advirtió que no lo dijera, pues “ahorita ya tienen a tu
familia”.
Su
abogado de oficio, quien llegó tarde, se quedó dormido y no le proporcionó
ninguna asesoría. Bajo amenaza de dañar de la misma forma a su esposa e hijos,
firmó la declaración ministerial sin que le permitieran leerla.
De
acuerdo con los documentos obtenidos, el agente del Ministerio Público que le
tomó declaración a Casarrubias fue Juan Francisco Quezada López, a las 03:00
horas del 17 de octubre ante el defensor público llamado Eduardo Martínez
Loera. La responsable de la integración de la averiguación previa era Lourdes
López Lucho.
“Pieza
clave” de la PGR
El
mismo día que la PGR, según el acusado, fabricó la declaración, Murillo Karam,
Zerón y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dieron
una conferencia de prensa donde anunciaron que la Agencia de Investigación
había logrado la captura de Sidronio Casarrubias, a quien acusaron de ser líder
máximo de Guerreros Unidos.
Murillo
Karam afirmó que su captura “ayudará a resolver el caso de la muerte de seis
personas en Iguala y la posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa”.
Casarrubias
no pudo denunciar ante el juez la tortura que sufrió sino hasta el 21 de
octubre; aseguró que todo lo dicho en sus dos declaraciones ministeriales era
falso. El 22 de octubre Murillo Karam dio una nueva conferencia de prensa para
informar sobre los “avances del caso”. Dijo que a partir de la detención de Casarrubias
“y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de
investigación”.
Afirmó:
“El grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de
complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad
municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde
autoridades municipales hasta la policía local.
“Este
líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora María de los
Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, como la principal
operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego
en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca, y el secretario de
Seguridad, Felipe Flores Velázquez.”
Aseguró
que por creer que los estudiantes eran miembros del grupo criminal Los Rojos:
“Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su
territorio de influencia en Iguala”.
A
diferencia de lo dicho en la conferencia de prensa, judicialmente la PGR sólo
acusó a Casarrubias de delincuencia organizada y portación de armas de uso
exclusivo del Ejército, no por la desaparición de los normalistas.
El
23 de octubre el juzgado dio vista a la PGR por los supuestos actos de tortura
en agravio de Casarrubias para que iniciara una investigación.
El
7 de noviembre Murillo convocó a conferencia de prensa para dar por resuelto el
caso. Anunció la detención de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y
Jonathan Osorio, cuyos casos de tortura también han sido retomados por la ONU.
Afirmó que confesaron haber recibido a los estudiantes, haberlos matado en el
basurero de Cocula y haberlos quemado; desde entonces, la versión oficial de la
PGR no ha cambiado, aunque las pruebas científicas de tres grupos de expertos
afirman que eso no sucedió.
En
una carta enviada a Peña Nieto el 25 de febrero de 2015, la ONU afirmó que la
defensa particular de Casarrubias pudo aportar al juzgado pruebas sobre las
agresiones que sufrió y que presenta múltiples síntomas de estrés postraumático
y daños físicos.
En
respuesta, la misión permanente de México en la ONU, en Ginebra, señaló que el
17 de diciembre de 2014 la PGR inició la averiguación previa 406/AP/DGDCSPI/14
por el delito de tortura contra quien o quienes resulten responsables. Pero el
gobierno de Peña Nieto reiteró que hay elementos que avalan la detención de
Casarrubias.
El
“Sapo Guapo”
La
PGR afirmó que tras el arresto de Mario Casarrubias –supuesto líder de
Guerreros Unidos– en abril de 2014, su hermano Sidronio habría ocupado su
lugar. Pero Mario fue exonerado el 13 de septiembre de 2015 de los delitos de
delincuencia organizada.
Se
tuvo acceso a la causa penal de Mario Casarrubias Salgado –la 88/2014 radicada
en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
México–: la PGR nunca pudo presentar pruebas creíbles para acusar al llamado
Sapo Guapo de ser el líder de Guerreros Unidos ni de pertenecer a ninguna
organización criminal, por lo cual determinó su libertad, aunque sigue preso en
el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ahora acusado
de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
En
el expediente integrado por la PGR en abril de 2014, en las decenas de
declaraciones ministeriales acumuladas sobre la forma en que supuestamente
operaba Guerreros Unidos, nunca se habló de Sidronio Casarrubias ni se
mencionaba a Gildardo López Astudillo, José Luis Abarca, María de los Ángeles
Pineda Villa ni a ninguno de los otros acusados por la desaparición de los
normalistas.
La
propuesta millonaria
En
una audiencia de pruebas llevada a cabo el 25 de febrero de 2015, Sidronio
Casarrubias explicó al juez que durante sus primeros 30 días de prisión en El
Altiplano, fue visitado tres veces por funcionarios de la PGR para presionarlo.
La
primera visita la hizo un funcionario de nombre “Abraham”, de quien no tiene
los apellidos; la segunda la hizo Tomás Zerón.
Refiere
que ese día dos custodios lo sacaron de su celda al área de aduanas del penal y
lo subieron a un vehículo; en otro viajaba Tomás Zerón. Los autos avanzaron
unos 30 metros, se detuvieron y desde el otro vehículo le habló Zerón. “Me dice
(…) que ahí está un hermano mío con ellos, y efectivamente está un hermano mío
que se llama Rafael Casarrubias”, dijo Sidronio. Su hermano es militar.
Una
llamada telefónica hizo que Zerón cambiara de planes: “El señor Tomás ordena
que me regresen inmediatamente; para esto se regresa la camioneta y me dice que
no me preocupe, que ya no va a hacer lo que está planeado, que mi familia está
bien y que mi hermano va a regresar con bien”.
La
tercera visita la hizo, según él, días más tarde Jesús Murillo Karam.
Casarrubias afirma que dos oficiales lo sacaron de su celda y lo trasladaron a
una oficina donde lo esperaban tres personas. “Me dice el señor que pase (…) me
pregunta que si sé quién es él; yo le contesto que no, que nunca lo he visto en
mi vida ni sé quién sea; me dice: ‘Soy el procurador de la República, Murillo
Karam’.
“Me
dice que él desea hablar conmigo y yo le digo que si está mi abogado presente
puede hablar conmigo”, dijo Casarrubias al juez. “Por lo visto no estás
entendiendo quién soy; tengo el poder suficiente para refundirte por el resto
de tu vida en una celda”, le contestó Murillo, de acuerdo a la versión de
Casarrubias.
“Sé
que fuiste torturado”, le dijo, “y quiero que me digas si puedes reconocer por
medio de la voz a las personas que te torturaron, porque esos que te hicieron
eso también son unos criminales”.
“En
ese momento (…) me ofrece 66 millones de pesos, que yo le diga dónde están los
estudiantes; yo le digo que no sé, como ya hice mención antes al señor Zerón y
al señor Abraham.”
Casarrubias
afirmó ante el juez que le reclamó a Murillo Karam que mientras lo torturaron,
el comandante que dio la orden dijo que fue de parte suya, pero el procurador
no hizo ningún comentario.
Dos
días después de la denuncia del intento de soborno ante el juez, Peña Nieto
removió a Murillo Karam de su cargo.
Compra
de culpables
Felipe
Rodríguez Salgado, a quien la PGR acusa de haber dirigido al grupo que supuestamente
mató y quemó a los normalistas, redactó una carta en la cual afirma que en
enero de 2015, a unos días de haber sido detenido, Zerón fue al penal federal
de Nayarit, donde está preso.
“Quería
que yo me echara la culpa de lo de los estudiantes y le firmara unos documentos
y que señalara a gente que ni conozco, que dijera que ellos eran mis patrones y
quienes eran los que me pagaban, un tal Sidronio y al expresidente de Iguala; a
cambio le iba a dar dinero a mi familia y les iba a comprar una casa… que a mí
me darían ocho años de cárcel.”
Afirma
que el 18 de febrero de 2015 el funcionario lo volvió a buscar para insistir en
su oferta. Volvió a negarse. Ese funcionario le advirtió: “Dejas ir una gran
oportunidad, a (sic) cuidadito y le cuentes a nadie de esta conversación porque
te puede ir muy mal y a tu familia”. Responsabiliza de lo que les pueda pasar a
él y a su familia a Zerón.
El
27 de septiembre de 2015 Gildardo López Astudillo, a quien la PGR llama El Gil,
ante el juez tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de
México, Raúl Valerio Ramírez, denunció la tortura a la que fue sometido.
Afirmó
que nunca ha pertenecido a Guerreros Unidos. Narró que, sin orden judicial, el
16 de septiembre entró a su domicilio un grupo de policías encabezados por un
hombre alto, con marcas de acné, vestido con traje gris. Ante su esposa y sus
hijos lo esposaron y torturaron con una bolsa de plástico en la cabeza mientras
le preguntaban dónde estaban los estudiantes. Lo amenazaron con abusar
sexualmente de su esposa, a quien se llevaron arrestada junto con él.
En
un escrito enviado al juez denunció que la persona que encabezó la incursión
fue Gustavo Salas Chávez, titular de la SEIDO.
Afirmó
que lo fueron a ver a El Altiplano dos presuntos agentes del Ministerio
Público, quienes le llevaron papeles para que los firmara, le ofrecieron dinero
y una condena de 10 años. Se negó. El 30 de diciembre su cuñado, Reynaldo Román
Nájera, fue asesinado en Cocula.
Magali
Ortega Jiménez, acusada de delincuencia organizada, fue asesora jurídica de la
policía de Iguala y tenía sólo dos meses trabajando en la de Cocula. Fue
detenida el 13 de octubre de 2014 y afirma que la obligaron a firmar una
declaración incriminando a algunos de sus compañeros, tras lo cual la dejaron
libre.
Días
después su abogado, Isabel Aguario Álvarez, quien había sido ministerio público
en la PGR, la citó en un restaurante a donde según ella llegaron dos hombres
que dijeron venir de la procuraduría y le ofrecieron 10 millones de pesos para
que declarara contra otras personas, a cambio de no detenerla. Se negó y el 15
de enero de 2015 fue nuevamente arrestada.
La
reportera solicitó entrevistas con los titulares de la Agencia de Investigación
Criminal y la SEIDO, para recabar su versión de los hechos. Hasta el cierre de
edición no habían aceptado concederla. Respecto a Murillo Karam, quien ya no es
servidor público, se trató de obtener algún número telefónico suyo en la
oficina de la actual titular de la PGR, pero ahí afirmaron que no tienen
contacto con el exprocurador. l
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