Listas las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

La Cámara de Diputados aprobó este martes 14 de junio de 216, el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones para armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el sistema de justicia acusatoria adversarial.

El documento http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-III.pdf
fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Fue aprobado en lo general con 394 votos a favor y 33 en contra, establece directrices en las etapas procedimentales, en un marco de respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, al esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.

Contempla conductas que serán consideradas delincuencia organizada, como el uso de moneda falsificada, el robo de hidrocarburos, el agravio a los derechos de autor, el narcomenudeo y el contrabando, entre otros.

Faculta a la PGR para coordinar a la policía y ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas, autorizar la infiltración de agentes, a quienes se les proporcionará una nueva identidad y se garantizará su protección durante todo el procedimiento.

Puntualiza que la SHCP proporcionará al Ministerio Público la información y documentación que resulte conducente en los casos que existan indicios que hagan presumir que personas físicas o morales son miembros de la delincuencia organizada.

Detalla los procedimientos en caso de aprehensión, retención y arraigo, así como los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quién se le podrá reducir la sanción en función del aporte a la investigación.

Además, permite a la policía corroborar la veracidad de los datos de informaciones anónimas, mediante actos de investigación, y especifica que en los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva.

El dictamen argumenta que este tipo de organizaciones vulnera la economía del país, ya que en múltiples casos la corrupción y las extorsiones que llegan a emplear para cumplir sus fines, afectan a los ciudadanos, directa o indirectamente, en su economía, calidad de vida y en su medio ambiente.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, puntualizó que el objetivo es armonizar dicha norma con el nuevo sistema de justicia penal, así como con los parámetros de la Convención de Palermo, para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.

Con ello, afirmó, se logrará hacer más eficiente la investigación de los delitos, fortaleciendo las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados, entre otros, a fin de lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el respeto a los derechos humanos.

Subrayó que con los ordenamientos aprobados hoy, se complementa la miscelánea penal y se deja constancia que desde el ámbito legislativo se concuerda con los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan a todos los mexicanos acceder a una justicia pronta y expedita y, sobre todo, que responda al reclamo de la sociedad de una justicia clara, accesible y oportuna.

Debate:
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Y como ya la fundamentación se hizo en un solo acto al inicio de la discusión de los tres dictámenes por el presidente de la Comisión de Justicia, está a discusión en lo general. Y ya tenemos integrada una lista con diputadas y diputados para presentar sus posicionamientos de los respectivos grupos parlamentarios. Y por lo tanto tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Las intervenciones serán hasta por cinco minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Un país que sustenta las estructuras de procuración de justicia, de administración de la misma en la verdad para darle a cada quien lo que le pertenece, es un país que sin duda se va a desarrollar y va a velar por los ciudadanos como es el anhelo en México, hoy, del sector social, del sector productivo organizado, de los reclamos de este sector tan importante para la vida económica del país. En suma, es una nación que tendrá futuros, siempre, alentadores. Y el día de hoy precisamente para el Partido Encuentro Social, es un momento de apoyo total a esta iniciativa que hoy se toca, que hoy se discute, que en su caso se aprobará con el voto de las diputadas y los diputados, es un tema estratégico. Hablar de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es motivo para hacer reflexiones de diversa índole.
Sin embargo, hoy solamente para que tengamos una idea amigas diputadas y diputados, el lavado de dinero que realiza la delincuencia organizada en México y Estados Unidos alcanza los 29 mil millones de dólares al año, es decir, 551 mil millones de pesos que son aproximadamente, si hablamos de 4.7 millones de presupuesto federal, estamos hablando de aproximadamente el 11 por ciento de este presupuesto de gasto público federal. Una cantidad significante.
La falta de un marco jurídico acorde a los nuevos retos permitía que México no combatiera este flagelo con todo el peso de la ley, es una realidad, es irónico que la dispersión de leyes en la materia eran un aliado para la delincuencia organizada, es decir, el desorden jurídico en este país se convierte en un aliado para la delincuencia organizada, por hoy es un día especial.
Le estamos dando integralidad al ataque a este flagelo. Es un día tan importante para todos nosotros que por supuesto iremos a favor. Es un punto importante para la vida del país.
Este proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla diversos elementos, sólo menciono algunos de ellos que actualmente están dispersos en el marco jurídico, y que a partir de ahora con el voto de todos nosotros será una precisión jurídica y por tanto, una certeza.
Por ejemplo, la infiltración de agentes en investigaciones. Se les conserva, precisamente, la reserva de su identidad con un enfoque integral, con un enfoque que les permita a ellos tener la certeza de que están protegidos en su comisión.
Un nuevo catálogo es otro concepto, de técnicas de investigación que Hacienda audite a personas físicas y morales a petición del ministerio público e informe de inmediato los resultados de esta incautación de bienes, reserva de identidad para testigos, penas más severas para delitos vinculados a delincuencia organizada, narcomenudeo, contrabando y equiparables, contrabando de animales y en peligro de extinción, contrabando de hidrocarburos y falsificación de moneda, y por supuesto se armoniza el delito de tráfico de personas a como lo establece la Ley de Migración.
Son aspectos importantes de lo que hoy vamos a votar en esta iniciativa. Y que todo este marco jurídico, hay que reconocerlo, hay que decirlo, tomó como eje la Convención de Palermo, donde se acordaron medidas internacionales para investigar, perseguir y castigar los delitos derivados del crimen organizado, criterios internacionales. Homologar este marco en ese concepto es destacable y por supuesto también lo que dice su consejero, el doctor Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU en la materia.
Estas iniciativas sirven para acabar con políticas aisladas, desvinculadas unas de otras, si conexión, y que han permitido pocos o nulos medios de reacción contra la delincuencia organizada.
Es decir, compañeras y compañeros, se termina el tiempo, es de verdad para Encuentro Social un privilegio apoyar esta iniciativa y por supuesto que será ya en manos de los entes públicos y de la sociedad observarla cabalmente. Muchas gracias Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el respeto al Estado de derecho debe ser la base del sostenimiento de un país. Con ese principio rector en Nueva Alianza creemos que para alcanzar la plena seguridad jurídica es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad.
En ese sentido, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, que tiene por objeto armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con las modificaciones hechas a la Constitución, al pasar de un sistema penal mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral.
Sin duda, uno de los problemas más graves que afronta nuestro país es la crisis de seguridad y violencia causada por organizaciones criminales, las cuales mantienen en estado de zozobra a nuestra sociedad.
El narcotráfico, la extorsión, el robo y el secuestro son fenómenos cada vez más frecuentes y generan inestabilidad y miedo entre los ciudadanos. Hacer frente al problema y contener el delito requiere un sistema de justicia que cuente con más y mejores mecanismos para lograr la detención y encarcelamiento de los criminales.
El dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia busca dotar al marco jurídico vigente de los mecanismos necesarios para hacer frente a la delincuencia organizada, al ampliar el Catálogo Regulatorio de Delitos algunos de los cuales hasta la actualidad estaban siendo omitidos, además de aplicar sanciones más severas como en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, la trata de personas, el secuestro y al robo de hidrocarburos.
Incorpora también el delito de uso de monedas falsificadas, identificado como una nueva modalidad de las organizaciones criminales. Además tipifica como delincuencia organizada la conducta de quienes preparen con dos o más personas la comisión de un delito.
Combatir el delito y la impunidad es una labor que con frecuencia se ve limitada por falta de pruebas, lo que deja a las víctimas y a la sociedad en un estado de impotencia al ver que los delincuentes son puestos en libertad sin haber cumplido sus sentencias.
En ese sentido, el dictamen enriquece y amplía el Catálogo de Técnicas Especiales de Investigación que pueden utilizarse para acreditar la culpabilidad en la comisión de un delito, entre ellas el recabar información en lugares públicos mediante cualquier herramienta o instrumento para la generación de inteligencia.  De esta manera se permite utilizar cuentas simuladas, sean bancarias, financieras; vigilancia electrónica; seguimiento de personas, así como la colaboración de informantes.
Asimismo, establecen reglas específicas para la intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso y para la colaboración, investigación y persecución de estos delitos.
Si bien la figura de infiltración de agentes en las organizaciones delictivas ya se contempla en la ley, con las reformas se establecen mecanismos de protección que garanticen la protección a la vida y a la integridad de los agentes que participen en una operación encubierta. De igual manera, se consagra que ninguna persona podrá ser obligada a actuar como agente infiltrado.
En cuanto a las sanciones, se prevén castigos más severos para quien, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva, participe activamente de modo intencional en acciones ilícitas.
Compañeras y compañeros diputados, la lucha contra el crimen organizado plantea nuevos retos que debemos asumir para alcanzar el bienestar general de nuestra sociedad.
En Nueva Alianza apoyamos que se apliquen mejores mecanismos para combatir este flagelo que tanto daña el tejido social y la estabilidad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Al igual que ustedes, llevo aquí poco más de nueve meses, es mi primera vez y debo confesarles que es frustrante, me lo dice a cada rato el más severo de los jueces, que es la consciencia, es frustrante legislar y legislar y ver que las leyes no se cumplen, no se aplican, o se cumplen mal.
Es espeluznante ver el bajísimo nivel de cultura de legalidad que se tiene en este país, tanto en el promedio de la sociedad, como en las instituciones que de ella emanan, tanto las públicas como las privadas. Esta falta de cultura de legalidad toma una particular gravedad en el caso de la delincuencia organizada, este terrible flagelo que asuela a México desde hace muchos años y que ha cambiado radicalmente nuestras vidas, porque amigos, amigas, los mexicanos tenemos miedo.
Acuérdense que los colombianos dicen que seguridad es el derecho a vivir sin miedo. Pues en México no tenemos seguridad, porque hemos vivido con miedo desde hace mucho tiempo, merced al crimen organizado.
Hace rato, tratando de encontrar palabras de cómo explicar esto, me acordé de la mitología griega, de un monstruo de la Hidra de Lerna, un monstruo de siete cabezas o de nueve o de 100, según la versión de Hesíodo, que cada vez que se le cortaba una salían tres o más. Bueno, así es el crimen organizado, cada vez que se arresta un capo, pues se detiene una banda, se reproducen sin medida y aquí los tenemos encima de nosotros.
Vamos a votar a favor en Movimiento Ciudadano de esta ley, que mejora el marco legislativo. Es una ley que va en contra de la delincuencia organizada y que ahora se adapta al nuevo sistema de justicia, incluye conceptos como narcomenudeo, falsificación de moneda y demás, no voy a redundar.
Pero es importante, amigos, amigas, que al tiempo que legislamos en esta Cámara de Diputados, también veamos la realidad de la escasa cultura de la legalidad y del débil Estado de derecho que tenemos, que al tiempo que emitimos leyes y las aprobamos y las publicamos también invitemos, supliquemos, exhortemos, exijamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que las cumplan con cabalidad, porque es lo que México necesita en este momento en que está perdiendo su integridad, su soberanía, su libertad y su paz merced al crimen organizado.
Volviendo a la mitología, que finalmente es una hermosa e inteligente metáfora de la vida, Hércules encontró una manera de derrotar a la Hidra de Lerna, la estudió, vio sus puntos débiles y cuando finalmente se enfrentó a ella, se tapó la boca, se tapó la nariz, porque este monstruo emitía un aliento venenoso que destruía a sus víctimas, y así Hércules defendiéndose de su enemigo pudo cortar sus cabezas una a una y después quemar el muñón con una tela ardiente, así fue como venció el bien sobre el mal.
Pues bien, amigos, yo, al tiempo que anuncio el voto a favor, los invito a exhortar, a insistir, a presionar para que se cumpla a cabalidad esta ley y sirva de instrumento para evitar este flagelo que tanto nos agobia a los mexicanos.
Creo que es momento de decir también, que así como exhortamos al Poder Ejecutivo a que con ese instrumento legal y los demás que existen y están en vigor enfrente a los criminales, también enfrente a los dos grandes pilares que sostienen al crimen organizado y a los que la actual administración y las anteriores no han hecho nada, que son el pilar político, la protección institucional que se da desde los tres niveles del gobierno, desde los tres poderes y desde todos los partidos, y también ataque el pilar financiero, el pilar de esa gente que maneja la inconmensurable riqueza de estos criminales sin ningún problema, sin un obstáculo y con toda libertad. Es tanto, lo que tengo que decir, gracias. Buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para manifestar nuestra postura con respecto al dictamen de la Comisión de Justicia a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En primer lugar, quiero señalar que nuestro grupo parlamentario insistió en el seno de la comisión dictaminadora, en la necesidad de adecuar la definición de delincuencia organizada, contenida en el primer párrafo del artículo 2, a efecto de armonizarla con la establecida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos, suscrita en Palermo, y con ello cumplir las recomendaciones que le ha hecho al Estado mexicano el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Propusimos incorporar una definición precisa que incluyera que dichas conductas delictivas tienen el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, tal y como lo establece la condición de Palermo.
Esto con el objeto de contar con un instrumento que combata la delincuencia organizada en todas sus formas, para que la ley sea un instrumento eficaz contra el crimen muchas veces asociado al poder político, empresarial, policiaco y militar.
Pero con esta adecuación también buscamos una ley que no se utilice para aplastar protestas sociales, para reprimir y encarcelar a los disidentes como medio de contención social y forma de pacificación social.
Lamentablemente, la Comisión de Justicia desaprovechó la oportunidad de armonizar la ley con los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. No solo desaprovechó la oportunidad de corregir una definición inadecuada de la delincuencia organizada, también abona al establecimiento de un Estado policiaco, con posibilidades casi ilimitadas de inmiscuirse en el ámbito privado de las personas.
Con esta reforma la Procuraduría podrá solicitar la intervención de todo tipo de comunicaciones por cualquier medio, por teléfono, por WhatsApp, sin obligación de hacerlo con requisitos muy estrictos ni señalar los indicios que hagan presumir fundadamente la relación con los delitos que se investigan.
Por esta razón, nuestro grupo parlamentario no puede acompañar con su voto este dictamen. Claro que estamos a favor del combate a la delincuencia organizada. Claro que estamos en contra del crimen organizado, pero no vamos a darle instrumentos a un gobierno incapaz, soberbio y corrupto para encarcelar a sus opositores, a los que se atreven a inconformarse con el consenso de una casta política caduca representada en el Pacto contra México.
Morena, al igual que millones de mexicanos no confiamos en el gobierno de Peña Nieto ni en sus funcionarios responsables de investigar los delitos. Ha quedado demostrado su poco compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad. Fabrican pruebas, encubren y omiten sus obligaciones para encuadrar mentiras históricas, como el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón.
Plantan armas para proteger los negocios de OHL con Peña Nieto y sus funcionarios. Fabrican causas judiciales en contra de dirigentes sociales, exculpan a sus socios preferidos del corrupto Partido Verde. Y Arturo Escobar seguirá violando la ley, porque se sabe impune. El imperio de la corrupción de los Gamboa Patrón o los Yunes seguirán impunes, porque son parte de la familia política. Y ya mejor ni hablamos Higa, sus paraísos fiscales y la Casa Blanca.
Compañeras y compañeros, Morena no va a acompañar nunca a un gobierno poseído con el espíritu de Díaz Ordaz, cuya única respuesta a las protestas sociales es la fuerza pública y las cárceles. Parece que no aprendieron nada. México ya vivió las consecuencias de la cerrazón y el autoritarismo.
Por ello, nuestro voto es en contra de este proyecto, que mantiene una peligrosa ambigüedad para aplicarse como instrumento represivo en contra de aquellos que se inconforman y luchan en contra de las decisiones de esta clase política caduca, quien apuesta a pacificar y acabar las propuestas sociales aplicando esta ley a los dirigentes de los maestros muestra una ignorancia terrible, que solo agrava el conflicto social, político y económica generado por una mala reforma que casi nada tiene que ver con la educación.
Concluyo señalando que Morena reivindica la educación pública como herramienta de emancipación social, como espacio de libertad, de aprendizaje y de encuentro con el conocimiento científico, la diversidad, las artes y la cultura universal.
Su reforma está muy lejos de interesarse por la educación o por combatir la corrupción y los privilegios de una mafia sindical intocada, que hasta partido político tiene y es su ferviente socio electoral.
La educación es un tema que nos convoca a luchar y a mostrar nuestra solidaridad con los que luchan por defender la educación pública. Morena exige el cese de la represión y la liberación inmediata de los maestros presos que, quieran o no, son presos políticos de Enrique Peña Nieto. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Sonido ahí en la curul de la diputada Rocío Nahle, nada más. No sé con qué propósito, pero le recuerdo que estamos en la etapa de posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación del dictamen de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Entonces, sonido ahí en la curul de la diputada Nahle, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente, nada más es un exhorto sobre este dictamen. La descripción que dan de delincuencia organizada no se acata con la declaración que instruyó el Acuerdo de Palermo. Es un exhorto para que antes de que entremos a votación, los demás grupos parlamentarios tengan la voluntad de poder cambiar la descripción de delincuencia organizada, si no cualquier movimiento lo van a tomar como delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En la fase de las reservas, con todo respeto, pues sugiero que ahí se puedan incorporar, y en lo posible ojalá y se pueda dialogar y ver si se puede lograr un consenso en este sentido. Se registra desde luego lo que ha planteado la diputada Rocío Nahle.
Tiene ahora la palabra, la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Quiero decir que este proyecto de ningún modo es un proyecto ambiguo. Este proyecto es un proyecto que busca armonizar nuestra legislación con el nuevo sistema de justicia penal. Es un proyecto que busca también dar herramientas a las autoridades encargadas de investigar delitos en los que participa la delincuencia organizada, a fin de que las investigaciones sean más eficaces.
Es un proyecto, no solo que se ajusta a la definición establecida en la Convención de Palermo, contrario a lo que aquí se ha dicho, sino que además es un proyecto que se ajusta a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, además de ajustarse también a nuestra Constitución.
El modelo rector en todo el país para el sistema de justicia penal es acusatorio y oral y será aplicable en todo el país en su totalidad en los próximos días. Este sistema no es exclusivo para el procesamiento de delitos comunes, sino que se hace extensivo para los delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada. Al respecto, la reforma constitucional de 2008 estableció algunas previsiones especiales para las personas procesadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada.
Por lo tanto, la minuta que estamos aquí discutiendo, no solo tiene por objeto armonizar la persecución y sanción de delitos de alto impacto con el nuevo sistema de justicia penal, sino que además contempla la incorporación de nuevas conductas calificables como delincuencia organizada tales como el uso, a sabiendas, de moneda falsificada, del agravio a los derechos de autor y el contrabando.
Además, la minuta precisa las facultades y procedimientos especializados para poder desarticular al crimen organizado, así como la coordinación entre policías y con otras autoridades como la Secretaría de Hacienda, fundamental para poder avanzar en el tema de sancionar la delincuencia organizada no solo desde la parte penal, sino también en lo que se vincula a la cuestión financiera.
Como aspectos centrales de esa ley están los siguientes:
Primero. El procedimiento penal para el régimen de delincuencia organizada será acusatorio y oral, acorde con este nuevo régimen que estamos adoptando y cuyo plazo concluye esta misma semana.
Se garantiza a los imputados el derecho a un debido proceso el cual se regirá por los principios del procedimiento penal, fundamentalmente los relacionados con la concentración, la continuidad, la inmediación y la contradicción, y además dentro de un sistema de audiencias. Esto, acorde y en absoluto respeto a los derechos humanos.
Se establece la posibilidad también de restringir la publicidad de las audiencias ponderando la seguridad de las víctimas u ofendidos. Se dota al Ministerio Público de más y mejores técnicas de investigación –como ya lo mencionaba– a fin de garantizar el éxito de las mismas, esperando que con ello se logre avanzar en sancionar a personas que hubieran cometido delitos vinculados con la delincuencia organizada.
Se faculta al Ministerio Púbico de la Federación para emplear instrumentos extraordinarios para la obtención de información y en su caso medios de prueba, aunado a que se le faculte para apoyarse en el criterio de oportunidad, a fin de alcanzar el éxito de la investigación, con absoluto respeto a los principios establecidos en nuestra Constitución.
También se crean incentivos para las personas que colaboren eficazmente en alguna de estas investigaciones, por lo que se precisan los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quien se le podrá reducir la pena si aporta información útil para la investigación.
Los sentenciados, además, por delincuencia organizada no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas establecidos en la ley que aprobamos anteriormente. Se establecen mejores reglas de coordinación con autoridades del sistema financiero –como ya lo mencioné– para que se pueda obtener información y documentación que resulte conducente para determinar la responsabilidad penal.
En fin, estos son algunos de los elementos que hacen que esta legislación sea una legislación que permita a las autoridades actuar con mayor eficacia cuando de delincuencia organizada se trata, y en beneficio y para la protección de todos los ciudadanos de nuestro país.
Por eso el Partido Verde votará a favor de este dictamen, porque sin duda alguna es un dictamen que guarda un equilibrio entre las reglas del debido proceso y el procesamiento y el combate al régimen de delincuencia organizada. Y también hay que decirlo, porque busca la armonización que permita la efectiva implementación de nuestro Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. Le aplauden con mucho desgano al diputado Santana.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Porque ya están algunos cansados, diputado presidente. Ah, no; perfecto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Luego, luego, los valientes, mujeres y hombres, salieron a decir que ni maiz. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Santana Alfaro          : Claro que sí, diputado. Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, quizás la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sea el instrumento legal más importante en todo este entramado de leyes de la Miscelánea Penal que vamos a aprobar el día de hoy y los que aprobamos en el pasado periodo ordinario de sesiones.
Quiero aprovechar para agradecerle al presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra, por la sensibilidad con la que ha tomado estos trabajos de la Miscelánea Penal.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que con la entrada en vigencia de estas reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las autoridades correspondientes contarán con instrumentos legales más claros y precisos para poder combatir a los delincuentes que forman parte de esta denominada delincuencia organizada, que son infractores de las leyes de nuestro país, adecuándose con ello al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Es de destacar que en estas reformas se crea la figura de los agentes infiltrados con la finalidad de investigación dentro de los grupos del crimen organizado.
En el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidos que sólo conociendo el origen y quiénes integran el grupo organizado, se podrá desmantelar o extinguir los mismos, pero también haremos un cuidado minucioso de la implementación de esta figura, y en las mesas que estaremos implementando para ver el desarrollo de este entramado de leyes de la Miscelánea Penal, estaremos dándole especial vigilancia a esta figura para revisar y verificar su funcionamiento.
Sin embargo, valdría la pena también definir en el futuro quiénes serán los servidores públicos que podrán realizar estas actividades estando conscientes del peligro latente en el que estarán inmersos los mismos al estar infiltrados o en encubierto.
Por lo tanto se establece la posibilidad de que a los agentes encubiertos se les asigne una nueva identidad a fin de garantizar la protección a la vida y la integridad de las personas y sus familias
Asimismo se amplía el catálogo de delitos como el uso de monedas falsificadas a sabiendas, pues actualmente es una de las nuevas conductas que tienen como objetivo y fin las organizaciones criminales en el país.
De igual forma, se incluye al contrabando y su equiparable, dado que es una de las conductas que afectan en mayor medida la economía nacional y de la que han hecho uso las organizaciones delictivas de manera cotidiana.
Por otra parte, se tipifica la conducta de narcomenudeo que es la principal causa de violencia en México, provocando entre ocho a 10 mil muertes al año. Sabemos que es el último eslabón de la cadena del narcotráfico, y tendremos mucho cuidado en el tema, será otro de los temas en los que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estará pendiente para que no haya un abuso desmedido en la aplicación de esta figura delictiva como delincuencia organizada.
De igual forma se amplía el catálogo de técnicas especiales de investigación que puede utilizar el ministerio público en la indagatoria y persecución de la delincuencia organizada, entre ellas recabar información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta necesaria para la generación de inteligencia.
Asimismo se precisan reglas específicas para la intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso y para la colaboración e investigación y persecución de esos delitos.
Por otra parte se prevé que para reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, el imputado o sentenciado sea destinado a centros especiales, con la finalidad de contar con las medidas se seguridad e instalaciones necesarias para su protección integral y la disminución de riesgos de fuga.
En atención al principio constitucional de la asequibilidad en la imposición de las penas los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas y el secuestro se tratarán con una sanción más severa. Sabemos que hoy en día el fenómeno de trata de personas es uno de los delitos que más lastiman a los ciudadanos de este país.
Con el aumento de las penas avanzaremos sin duda en el combate en contra de aquellas personas que trasgreden el derecho fundamental a la libertad, consagrado en nuestra Carta Magna, de aquellas personas que son víctimas de este delito, que no es más que la esclavitud de la era moderna.
Asimismo, se contempla sancionar con pena de prisión de 4 a 8 años y de 2 mil a 3 mil unidades de medida, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta al servidor público que resulte responsable.
No podemos permitir que nuestras instituciones tengan dentro de sus filas a autoridades que se vendan a la delincuencia organizada, sino por el contrario. Necesitamos contar con funcionarios más preparados y dispuestos a trabajar por el bien de la ciudadanía y combatir todo aquello que la daña.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, porque estamos conscientes de la necesidad de dotar de los mecanismos necesarios para combatir desde el marco legal a la delincuencia organizada.
Cabe hacer un reconocimiento a todos aquellos que aportaron a lo largo de estos ocho años sus conocimientos y experiencias para la elaboración de este importante cuerpo de leyes, que indudablemente colocarán a nuestro país a la vanguardia con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
No quiero omitir, compañeras y compañeros, que toda ley es perfectible. No tenemos ley perfecta en este país; pero, como lo hemos establecido aquí, se crearan mesas de trabajo para revisar puntualmente cada uno de los ordenamientos que el día de hoy estamos aprobando y hacer las correcciones en específico que sean necesarias. Es cuanto, diputado presidente. Es cuanto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Tiene ahora la palabra el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Cuando el Constituyente reformó el texto de nuestra Ley Fundamental para establecer en México el sistema penal acusatorio, en junio de 2008, una de las determinaciones que tomó a efecto de generar un contexto normativo armónico en el desarrollo del nuevo esquema, fue el mandato para actualizar el régimen de prevención y combate al fenómeno conocido como delincuencia organizada.
Dicha decisión fue necesaria para garantizar que el nuevo contexto acusatorio y adversarial fuese compatible con el régimen especial, obligado tanto por el marco convencional como por la propia Constitución, en materia de combate al crimen organizado.
Recordemos que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de hace 20 años, y que ha sido un instrumento indispensable para buscar lo que hoy por hoy es uno de los principales desafíos del Estado mexicano; la seguridad pública y la tranquilidad de nuestras comunidades, y que como hemos visto se ha mermado en un importante número de ellas.
Hay que decirlo, las fallas y debilidades en esta materia se deben precisamente al conjunto de instituciones dispuestas por la ley, tanto por deficiencias técnicas como por un lamentable entorno de corrupción.
En 2003 México ratificó la Convención de Palermo para el Combate a la Delincuencia Organizada Trasnacional. Esta Convención ordena a los Estados firmantes a desarrollar legislación pertinente y las instituciones para poder conjugar el enorme peligro que significa para las naciones el crimen organizado.
En ese orden de ideas, tanto la Constitución mexicana, la legislación y la normativa secundaria se han desarrollado para acreditar el cumplimiento de las directrices de Palermo, y poder así combatir este fenómeno que nos roba la tranquilidad y ciega miles de vidas cada año.
Al conjugarse la creación de un nuevo sistema con las disposiciones de la antes citada Convención de Palermo, se ha hecho evidente la necesidad de una actualización normativa. Tanto el Poder Ejecutivo como la colegisladora han optado por el camino, no de emitir una nueva ley, sino de proponer reformas a esta creada en 1996.
A los legisladores del PAN nos parecen correctas y consecuentes las reformas propuestas, tanto en lo que debe contener la legislación en la materia sustantiva, es decir nuevos tipos penales, así como con la acreditación de los nuevos estándares procesales del sistema acusatorio, nuevas técnicas de investigación indispensables para la policía y el Ministerio Público, el cumplimiento y salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las partes y, desde luego, la creación de nuevas facultades en el plano orgánico.
Si dotamos a nuestras autoridades investigadoras de las herramientas que hoy se han de aprobar, debemos exigirle resultados en corto y mediano plazo. Estaremos esperando atestiguar a la brevedad posible investigaciones y procedimientos jurisdiccionales en la publicidad de las salas de oralidad, en las que se constate que es posible cumplir con los altos estándares del debido proceso y, a la vez, llevar ante la justicia las graves conductas antisociales que estamos obligados a desterrar.
Exigiremos y vigilaremos por una correcta aplicación de las nuevas técnicas de investigación conjuntamente con el respeto al principio de presunción de inocencia y, desde luego, el debido proceso.
Exigiremos y evaluaremos la política de recuperación de activos del crimen organizado, el combate al lavado de dinero, así como las investigaciones de todos aquellos servidores públicos de cualquier orden que en franca traición a la patria se coludan con el crimen organizado.
Exigiremos una mayor y mejor cooperación internacional en la materia, a sabiendas de que la delincuencia organizada, como se ha afirmado en la multicitada Convención de Palermo, es trasnacional por naturaleza.
Vigilaremos que estas nuevas técnicas no sean objeto de abuso o finalidades políticas y se apliquen para poner un alto a secuestradores, a tratantes, a extorsionadores, a traficantes de armas, a narcotraficantes, a traficantes de migrantes, a prestanombres y lavadores de dinero.
A los legisladores del Partido Acción Nacional nos interesa velar por la paz y la tranquilidad de toda la sociedad mexicana, hoy estamos dando un paso importante para conseguir este objetivo. Sin embargo, advertimos que la perfectibilidad del proyecto será ocasión para ulteriores trabajos.
En el PAN estamos a favor de mejorar los instrumentos que permitan un mejor combate a la delincuencia organizada y aquellos que pretendan desestabilizar al Estado. Por esta razón y a la par de impulsar la aprobación de esta minuta, queremos reiterar nuestra exigencia para que, también en los procesos de extradición, las autoridades mexicanas nos aporten la seguridad de que los procedimientos de aseguramiento y decomiso de los caudales financieros que se sigan en los Estados Unidos y en cualquier otro estado soberano, nuestro país no sólo será tomado en cuenta, sino que se tomarán las medidas de acuerdo a la normatividad correspondiente, para que la parte económica correspondiente al trabajo de inteligencia, detención y procesamiento hecha por México sea reembolsada vía recuperación de activos al erario mexicano. En Acción Nacional estamos a favor de los ciudadanos, estamos a favor de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Casillas. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, y con esta intervención también se vence el plazo para la presentación de reservas en lo particular en este dictamen.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de mi interés exponer a esta soberanía, algunas consideraciones sobre el presente dictamen, cuyo objetivo fundamental es continuar dando al Estado mexicano mejores instrumentos jurídicos para el combate eficaz al crimen organizado.
Con la aprobación de este dictamen se cumple debidamente la armonización del Régimen Especial de Delincuencia Organizada con el texto constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dan vida y forma al sistema de justicia penal acusatorio, muchas veces citado aquí, próximo a concretar su implementación.
Sin duda, después de largos tramos del trabajo de la colegisladora y los esfuerzos de los integrantes de la Comisión de Justicia de esta Cámara, encabezada por el diputado Álvaro Ibarra, se ha logrado un consenso que expresa la responsabilidad por realizar los trabajos a profundidad y avanzar en contenidos sólidos que den consistencia a este cuerpo normativo.
Reconocemos que las legislaciones no son estáticas, son textos que tienen que ser revisados en su implementación y que a partir de la evaluación que se haga sobre los procesos que enconen, se identifiquen oportunidades y necesidades de mejora, para lo cual, seguro estoy, los legisladores estaremos atentos, teniendo siempre el interés por fortalecer el marco de seguridad y justicia en nuestro país.
Con plena convicción de nuestra labor como legisladores de la República, es nuestra responsabilidad contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano, particularmente con estas reformas, para investigar, perseguir y castigar al crimen organizado que lacera el Estado de derecho y por ende a nuestra sociedad.
Para mencionar algunos puntos relevantes del dictamen, hemos de reconocer las experiencias de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado en nuestro país, que han ayudado a identificar cuáles son los nuevos tipos de conductas ilícitas que debieran ser puntualmente reconocidas para evitar su impunidad.
También se armoniza el concepto, por ejemplo, del tráfico de indocumentados por el de tráfico de personas, para quedar según lo dispuesto en la ley migratoria.
Se contempla la máxima pena a los delitos de lavado de dinero, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos cuando estos sean cometidos por delincuencia organizada.
Para garantizar la protección de vida e integridad de agentes que participan en operaciones encubiertas se han incluido reglas generales para dotarlos de una nueva identidad, debiendo otorgarles la documentación correspondiente.
Con estricto apego al debido proceso se incluyan técnicas de investigación adicionales a las ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son: la recabación de información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos que resulten necesarios para la generación de inteligencia. La utilización de cuentas simuladas sean bancarias, financieras o de naturaleza equivalente. La vigilancia electrónica y el seguimiento de personas y la colaboración de informantes como instrumento para la protección de aquellos policías y fiscales que intervienen en casos de delincuencia organizada. También se incluye una descripción típica para sancionar a quienes divulguen o revelen a terceras personas información derivada de las prácticas de algunas de las técnicas de investigación aplicables en la materia.
En armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales se actualiza que el juez de control ahora decrete el arraigo para los delitos de delincuencia organizada.
En otro ámbito y en virtud de la seguridad de los operadores del sistema y en ocasiones de los propios imputados, se establece la existencia de centros especiales para la prisión preventiva, resguardo domiciliario y ejecución de sentencias por el delito de delincuencia organizada.
En resumen, este dictamen cumple la finalidad de armonizar la normatividad en materia de delincuencia organizada con la ley procesal emanada de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2008, y el Grupo Parlamentario del PRI, por el liderazgo de nuestro coordinador, el doctor César Camacho, ha abanderado con compromiso y voluntad.
Exhorto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a pronunciarse a favor de este dictamen y con ello continuar brindando a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país los elementos jurídicos necesarios para lograr un México en paz, un México más seguro, un México en armonía. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Iriarte. Tiene ahora la palabra para hablar en pro el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. La delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno que requiere atención prioritaria de las instituciones de seguridad, tanto nacional como internacional. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado en los últimos años sobre la amenaza que representa el crimen organizado, tanto para la seguridad de las personas en lo individual, como para la estabilidad social, económica y política de la nación.
Esta preocupación originó la redacción de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en el año 2000, con la finalidad de cooperar en todos los ámbitos para atacar más eficazmente las diversas facetas de la delincuencia organizada.
El crimen organizado cuenta con múltiples manifestaciones, las cuales se transforman, desaparecen y reinventan con la evolución de los movimientos globales. En la última década nuestro país ha estado marcado por altos niveles de violencia, los cuales se atribuyen a la actividad del crimen organizado, dedicado principalmente, más no exclusivamente, al tráfico de drogas.
Lo anterior ha generado un contexto social altamente degradado e inseguro, especialmente en entidades ubicadas en regiones estratégicas para el cultivo, tránsito y consumo de sustancias prohibidas. A la par de lo anterior, se ha suscitado un fenómeno de atomización de los grandes carteles lo cual ha provocado la diversificación de las operaciones del crimen organizado en nuestro país.
Lo anterior, ha conducido a que los operadores del crimen organizado se involucren en delitos que laceran de forma directa el patrimonio de los ciudadanos, tales como el secuestro y las extorsiones. Sin lugar a duda, el Estado mexicano se ha visto obligado a pagar un alto costo económico para contener el fenómeno de la delincuencia organizada, sin embargo el costo más difícil de pagar ha sido el de la sociedad, a diario observamos como poblaciones enteras agredidas por la violencia, son forzadas a desplazarse a otras latitudes, las familias viven con miedo y temor, modificando sus costumbres y sufriendo daños emocionales irreversibles, ocasionados por la violencia que experimentan en carne propia.
Esta situación nos impulsa a aprobar el presente dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que de esta manera podremos enfrentarla con nuevas y mejores herramientas. Así, se propone modificar la denominación del delito de tráfico de indocumentados para quedar como tráfico de personas, con objeto de armonizar los términos con lo establecido en el tipo penal de la Ley de Migración.
Por otra parte, se reconoce la necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo delictivo, específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la comisión del delito de delincuencia organizada. Igualmente, se endurecen las medidas contra los delitos de trata de personas y los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, estableciendo que podrán ser atraídos por la autoridad federal y que ameritarán prisión preventiva de oficio.
En este mismo orden de ideas, se sugiere sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas cuando conozca que con su participación contribuya al logro de la finalidad delictiva, con ello se inhibirá la participación de personas que colaboran con criminales como halcones y de ahí ellos van ascendiendo a convertirse en sicarios y luego jefes de sectores criminales.
En suma, en el Partido Verde estamos ciertos que con los cambios propuestos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se dotará a nuestro sistema jurídico de nuevos organismos y mejores herramientas para combatir eficazmente las múltiples formas que adoptan organizaciones criminales cada vez más poderosas y sofisticadas y, que lamentablemente, afectan de modo sensible la tranquilidad de miles de mexicanos y mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. En el caso del dictamen que hoy nos ocupa debemos señalar que al igual que los demás que se abordan en este periodo extraordinario resultan de vital importancia para la administración de justicia en México, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio que hemos venido construyendo desde el 2008.
Desde aquí mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Justicia; al presidente Álvaro Ibarra y a todos que estamos aquí con esta autorización que permitirá que el nuevo sistema de justicia penal entre en operación dentro de unos días. Muchas gracias.
Aun y cuando al parecer de nuestro grupo parlamentario la existencia de un régimen procesal especial para los delitos relacionados con la delincuencia organizada podría considerarse extralimitado, y nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones en contra de figuras que violentan los derechos humanos como el arraigo, la gravedad de la situación que hoy vive nuestro país resulta de tal importancia que no debemos soslayar el impacto de todas y cada una de las medidas que puedan ser implementadas para su erradicación.
Específicamente para el caso que nos ocupa debemos señalar que las modificaciones que se prevén en el dictamen de la Comisión de Justicia que hoy estamos discutiendo, se encuentran armonizadas con lo establecido en diversas disposiciones nacionales e internacionales como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, trasnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo.
Es por lo anterior que el dictamen en comento realiza un ajuste general a este ordenamiento para alinear las disposiciones especiales que en materia de delincuencia organizada deben seguirse para garantizar de manera plena los derechos de las personas sujetas a investigaciones de este tipo de delitos.
Por ejemplo, se propone que las autoridades federales tendrán la facultad de atracción en los casos de delitos de trata de personas, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Se contempla sanción con penas de prisión que van de los cuatro a los ocho años a los servidores públicos que divulguen o revelen información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada. Se prevén además reglas específicas sobre la detención, aprehensión y retención de personas por estos delitos.
Los procedimientos para la determinación de la reserva de las actuaciones, los mecanismos por los cuales los jueces de control van a obsequiar órdenes de cateo e intervención de telecomunicación; las reglas especiales para la valoración de las pruebas y las técnicas especiales de investigación, entre los que se encuentran procedimientos especiales como la implementación de operativos encubiertos, los usuarios encubierto, entre otras, cuya finalidad esencial es el desmantelamiento de las redes de protección a la delincuencia organizada.
Es menester señalar que nuestro grupo parlamentario ha expresado en múltiples ocasiones su desacuerdo con figuras como el arraigo, debido a que resultan violatorias de los derechos humanos. No obstante consideramos que los mecanismos de equilibrio establecidos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, serán, sin duda, un contrapeso efectivo para el uso discrecional de estos instrumentos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular algunos de los artículos de este dictamen. Le pido a la Secretaría de cuenta de ello a la asamblea.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; artículo 2o, artículo 3o, 8o, 11, 11 Bis, 11 Bis Apartado 1; 12 Ter, 14, 16, 18, 21 y 24. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Por si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto, se encuentra abierto el sistema. El sistema electrónico se encuentra abierto. Si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto, lo puede hacer.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se aprecia movimiento de alguien que diga que falta. Uno, dos, tres. ¿Ya? Listo.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se metieron 394 votos a favor, 33 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 394 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 2o., 3o. y 11.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante ustedes la reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El crimen organizado amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado en sí, plantea el funcionamiento de instituciones gubernamentales que implican coerción en un sistema institucional, donde la libertad y los derechos individuales son cuestiones privilegiadas, y exige la cooperación entre diferentes órdenes de gobierno y dependencias en un régimen diseñado para dividir y limitar el ejercicio del poder. Esto implica una paradoja en las instituciones democráticas, al ejercer el monopolio legítimo de la violencia en contra de los tribunales a través de las instituciones políticas diseñadas para dividir el poder.
El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por alto ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. No debemos caer en la tentación de violentar los derechos humanos con tal de combatir la criminalidad organizada. La democracia no puede resolver los problemas públicos con medios no democráticos.
La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organizado ha contribuido a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia. El crimen organizado aumenta las percepciones de inseguridad personal y reduce la legitimidad de las instituciones democráticas; aminora la inversión directa y demanda el gasto de recursos para su combate y prevención.
La reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que presento, tiene la finalidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público federal para la persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Se trata de perseguir aquellos delincuentes especialmente peligrosos, que mediante acciones criminales organizadas pone en jaque las bases del propio Estado, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la pacífica convivencia social.
La Procuraduría General de la República ha señalado que en México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, cuyas ganancias anuales superarían los 39 mil millones de dólares, unos 740 mil millones de peso. Lo que se propone es que se investigue no sólo las formas de operación de estos grupos delictivos, sino que las investigaciones también puedan abarcar la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el financiamiento para su operación y que abarque a las personas que coadyuven con la comisión de dichos delitos.
Nuestra demanda como Grupo Parlamentario de Morena es que las leyes sirvan a las personas, en este caso que exista un Estado que pueda cumplir con la obligación de brindar seguridad a las personas. Por ello el Ministerio Público debe encontrar con los elementos suficientes para combatir los comportamientos de las mafias.
Como legisladores debemos ser capaces de tener en cuenta la peculiaridad del fenómeno criminal organizado y en especial la peligrosidad de este tipo de organizaciones capaces de condicionar no solo la vida económica y política de un país, sino también con mayor razón de influir en el devenir de una investigación o de un procedimiento penal, asegurándose así la impunidad por el delito cometido, como durante décadas ha sucedido en nuestro país.
Las investigaciones para combatir este tipo de criminalidad de manera exitosa son precisamente aquellas donde es posible lograr una inteligente combinación de intervenciones telefónicas y revelaciones de arrepentidos, infiltrados y de datos de inteligencia.
–Con calma, compañeros, que voy a exponer dos temas. Si están aburridos se pueden salir.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Tello, está presentado reservas a tres artículos; entonces, estamos siendo flexibles con el tiempo. Le pedimos al diputado también considere a la asamblea en su conjunto.
El diputado Jorge Tello López: Por ello les pido, diputadas y diputados, que voten a favor de la reserva que hoy presento. –Con calma, falta mucho, todavía falta mucho tiempo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe, diputado.
El diputado Jorge Tello López: La reserva al artículo 2 es de suma importancia, por lo cual solicito una profunda reflexión. Tiene que ver con la definición de delincuencia organizada, la cual continúa sin adecuarse a la definición establecida en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también conocida como Convención de Palermo, ratificada por nuestro país el 4 de marzo de 2003.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el examen periódico universal realizado a nuestro país en el año 2009, expresamente recomendó promulgar una definición de delincuencia organizada que sea compatible con la mencionada convención, toda vez que la definición que se encuentra prevista actualmente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es ambigua, dando lugar a los miembros de movimientos sociales o políticos, llegar a ser acusados de pertenecer al crimen organizado.
Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha tenido esta importante recomendación y en este momento, donde tendríamos la oportunidad de hacerlo y así dar muestra significativa de que en México efectivamente se protegen y garantizan los derechos humanos.
No podemos, bajo ninguna circunstancia legalizar la criminalización de la protesta social, que es una clara manifestación de autoritarismo de los gobiernos reaccionarios y neoliberales que ha tenido nuestro país.
De esta forma, se propone que el párrafo primero del artículo 2 quede redactado de la siguiente forma: Cuando tres o más personas se organicen de hecho, existiendo como grupo estructurado durante cierto tiempo, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin el resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, serán sancionadas por este solo hecho, como miembro de la delincuencia organizada. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, para presentar propuestas de modificación a los artículos 8o., 12, 16, 18, 21 y 24, seis artículos reservados por el diputado Clouthier.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Compañeros diputados, esta ley federal contra la delincuencia organizada establece y mantiene la figura del arraigo, y disintiendo con nuestra compañera del Partido Verde que plantea que esta ley está apegada a todos los tratados internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, pues el arraigo es una figura a todas luces violatoria de los derechos humanos.
Desgraciadamente se mantiene en nuestra Constitución esta figura y si hemos decidido mantenerla también en la ley, lo menos que deberíamos de haber hecho es acotarla. Si ya vamos a dejar esta violación al derecho, en donde solamente en México sucede que se detiene a alguien para investigarlo y no porque ya fue investigado se le detuvo, pues bueno, si ya lo estamos dejando, lo menos que deberíamos de hacer, insisto, es acotarlo.
La propuesta es simple, en el artículo 12 Ter, en relación al arraigo, menciona la ley que la petición de arraigo tendrá que ser resuelta por la autoridad de manera inmediata por cualquier medio.
Luego, más adelante nos dice, si la resolución se emite o se registra por medios diversos al escrito, la sugerencia, la propuesta es muy simple, toda resolución judicial ante la resolución de un arraigo tiene que ser por escrito.
Cómo va a autorizarse por medios diversos al escrito. Una figura, a todas luces, que de hecho, en mi opinión es violatoria de derechos humanos, vamos a permitir que sea por medios diversos. No, pues me mandó un WhatsApp, va a decir. No puede ser, señores, tiene que ser por escrito obligadamente, no puede quedar este campo, esta apertura, esta discrecionalidad a la autoridad para poder autorizar arraigo, incluso sucede lo mismo en el siguiente artículo, la siguiente reserva, que es en relación a las intervenciones telefónicas.
Mismo concepto, nos vuelven a decir que se puede dar por medios diversos al escrito. No, la autorización judicial tiene que ser por escrito. Ésa es la propuesta en esencia, señores diputados, y bueno, pues está en manos de ustedes la palabra. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Se informa a la asamblea que quienes, diputadas, diputados, habían hecho reservas a los artículos 1, 11Bis y 11 Bis 1, 12 Ter, 14, 16 y 18 han declinado presentar sus propuestas de modificación y, por lo tanto, se reservan estos artículos para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, habiéndose agotado ya la presentación de propuestas por legisladoras y legisladores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 2o., 3o., 8o., 11, 11 Bis, 11 Bis 1, 12 Ter, 14, 16, 18, 21 y 24, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos en mención, en los términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya no va a ser por mucho tiempo, porque ya es el último dictamen, ya estamos a punto de concluir. Mañana continuaremos con la misma enjundia con la que el día de hoy lo hicieron. Parece que ya no se ve más movimiento de alguien que entre intempestivamente hacia su curul. ¿Alguien más ahí? Ahí viene bajando.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya, uno, dos, tres. No se ve.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 365 votos a favor, 1 abstención y 6 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 365 votos. Y por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.