1 abr. 2017

Las columnas políticas, sábado 1 de abril de 2017.

En lo que va del mandato de Quirino Ordaz como Gobernador, suman 374 las personas que han sido asesinadas en Sinaloa; durante marzo se registró un repunte considerable en estos delitos de alto impacto; aun cuando desde el 6 de enero arribaron al estado elementos de la Policía Militar, y el pasado martes 28 de marzo arribaron 900 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en la entidad. Por qué?
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Emite Interpol ficha contra César Duarte: es presunto culpable...Cuidado!
Los medios ya lo están condenado, hoy es presunto culpable...; además el delito es menor, basta un amparo para detener la detención anunciada hoy en la web de Interpol..



¿Por qué se hace esto
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Las columnas políticas, sábado 1 de abril de 2017...
Frentes Políticos/Excelsior....

I.  Sin miedo. A pesar de la amenaza de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la solidez de la economía mexicana muestra su fortaleza. La Secretaría de Hacienda informó al Congreso de la Unión que en 2017, la economía mexicana crecerá entre 1.3 y 2.3% y que al cierre del ejercicio la inflación se ubicará en 4.9%, la tasa de referencia en 7% y el tipo de cambio en 19.50 pesos por dólar, en promedio, de acuerdo con estimaciones confiables. Existe un diálogo abierto entre la SHCP y los sectores productivos. Baste decir que a cinco meses desde el triunfo electoral de Trump, el peso se recuperó, cerrando ayer a 18.45 unidades por dólar, éste es el mejor nivel que ha registrado la moneda nacional frente a la divisa estadunidense. No hay duda, quienes manejan el sector financiero saben lo que hacen.
II. Lesiones. El último mes ha sido de pesadilla para el PRD. El jaloneo para la designación de un coordinador parlamentario, tras haber hecho a un lado a Luis Miguel Barbosa, se tornó cruento. Surgió entonces el escándalo del departamento en Miami de Alejandra Barrales, y la líder del partido se refugió entonces en el fuero y volvió al Senado. Con Dolores Padierna como su coordinadora parlamentaria, una docena de legisladores abandonaron el sol azteca. Y ahora, dos anuncios pondrán en cuclillas, aún más, las aspiraciones perredistas rumbo a los comicios. Leonel Godoy, Margarita Guillaumín y Rey Morales, entre otros militantes, buscan vías jurídicas para la destitución de la dirigente nacional. Y Barbosa se va para apoyar, desde el lunes, a Morena. Doloroso inicio de año.

III. Riesgos colaterales. El fiscal nayarita preso en EU, acusado de pertenecer a tres cárteles de la droga en México, Édgar Veytia, conoce información delicada de los tres niveles de gobierno de nuestro país, por lo que es necesario revisar el protocolo de intercambio de datos entre fiscales y procuradores de justicia del país, advirtió Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia. Consideró que existe el riesgo de que información de seguridad sea filtrada a la delincuencia. Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, aseguró que, antes de saber de la aprehensión, confiaba en él, porque había dado  resultados positivos en materia de seguridad y, sin embargo, dice, no cree en la inocencia de su fiscal. Mal: Nayarit, en el descrédito internacional.
IV. Histórico. Desde que en el siglo XVIII se pensó en el Camino Real México-Acapulco, y los recorridos duraban no menos de 20 horas entre la capital del país y el puerto, mucho ha cambiado. Por ello, a pesar del retraso de ocho meses y los pequeños inconvenientes de su puesta en marcha, la obra que se inaugura hoy en Morelos es un hecho que marcará la pauta. Desde hoy, usted podrá viajar de México a Acapulco en sólo tres horas. Esta madrugada fue abierto el Paso Exprés en sus 10 carriles. De acuerdo con el delegado de la SCT, José Luis Alarcón Ezeta, los paseantes no tendrán ningún inconveniente al transitar por esta vía de comunicación. El desarrollo simplemente vale la pena.
V. Beneficios tangibles. Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que durante 2016, la Profedet recuperó más de 515 mdp, relacionados con procesos para la designación de beneficiarios por muerte de un trabajador. Y agregó que en los últimos cuatro años se han recuperado mil 102 mdp, en beneficio de más de 24 mil familias, en juicios que tienen que ver con la devolución de los fondos de ahorro para el retiro y de vivienda de los trabajadores fallecidos. El pasado jueves, se realizó en Toluca el evento “Justicia Laboral al Servicio de los Trabajadores”, con la participación de Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, y de David Penchyna, director general del Infonavit. Los trabajadores hoy pueden estar tranquilos. Hay funcionarios trabajando para ellos.
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Templo Mayor/Reforma
TODAVÍA no comienzan las campañas en Coahuila, el Edomex y Nayarit, y en el PRI ya hay rumores poselectorales.
Y TODOS coinciden en que, tras la jornada electoral del 4 de junio, habrá que llevar mariachis a la sede nacional del tricolor para que le toquen "Las Golondrinas" al dirigente nacional Enrique Ochoa.
UNOS DICEN que su relevo será la secretaria general Claudia Ruiz Massieu y otros apuestan por el senador Emilio Gamboa. Incluso hay quienes afirman que si el gobernador mexiquense Eruviel Ávila saca adelante el triunfo de Alfredo del Mazo, su próxima oficina estará en Insurgentes Norte.
VAYA que la grilla está dura en el tricolor.
POR CIERTO, más de un priista mexiquense se está tirando de los cabellos a dos días de que comience formalmente la campaña para renovar la gubernatura.
CUENTAN que el operador... perdón, el gobernador Eruviel Ávila se está disputando el control de la campaña en la entidad con su dirigente Enrique Ochoa y que, en el cuarto de guerra de Alfredo del Mazo, están que trinan porque entre los operadores federales y los estatales no los dejan trabajar a gusto.
A VER si los tricolores del Estado de México no acaban como en el dicho que reza: "un médico, a lo mejor cura; dos, cabe la duda; tres... ¡muerte segura!".
SE TERMINÓ otra semana y el tema del nombramiento del Fiscal Anticorrupción avanza más lento que los megatanques de coque que compró Pemex para la refinería de Tula.
Y PARECE que a los senadores no les corre prisa con todo y que faltan sólo ocho días para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tenga su primera sesión de acuerdo con el plazo establecido por los propios legisladores.
LA DUDA es si la Cámara alta va a permitir que ese organismo se instale el 9 de abril dejando vacía la silla que probablemente sea más importante -al menos a nivel operativo- en el nuevo ente que supuestamente ahora sí, de verdad, de verdad, va a acabar con la corrupción. A lo mejor no saben que de omisión también se peca.
¡AH, QUÉ la presidenta municipal de Atizapán, Ana Balderas!
LA PANISTA dio el banderazo a un programa que se llama "Médico en tu casa", el mismito nombre que lleva el que tiene operando la CDMX y que ha sido adoptado en varios estados del país y ciudades extranjeras, siempre con asesoría capitalina.
EL ASUNTO es que Balderas se fue por la libre, no pidió apoyo para implementarlo y no avisó que usaría el mismo nombre. En la escuela, les decíamos "copiones".
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Retrovisor/
IVONNE MELGAR
Excélsior
Narcopolítica, otra vez
Walter White, el protagonista de la serie Breaking Bad, se vuelve un párvulo de risa loca frente al personaje que Estados Unidos nos ha notificado que es el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia.
En la historia de Sony Pictures Televisión, difundida a partir de 2008, un brillante profesor de química, en tratamiento por cáncer, se convierte en exitoso cocinero de metanfetaminas.
En nuestra realidad, nueve años después, la Corte de Nueva York acusa al ahora exprocurador nayarita de conspiración internacional, distribución y fabricación de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.
Así que, mientras el Walter de la serie le ve la cara a su universidad, a la familia, a la DEA, a los narcos y a sus lavadores de dinero, el fiscal Veytia de México logra burlarse del Estado en su conjunto. Y peor aún: ¡suplantarlo!
Sí, Veytia habría sorteado los controles de confianza que supuestamente deben aprobar los procuradores en el país. Ya antes estuvo a cargo de la seguridad de la capital de la entidad.
Y abusar de la confianza del gobernador Roberto Sandoval del PRI que, según su dicho, jamás sospechó del encargado de investigar las violaciones a la ley.  Por el contrario, en 2012 lo nombró “el funcionario del año”.
El fiscal, que este miércoles fue detenido en San Diego, también habría pasado por encima del gabinete de seguridad y cada uno de sus componentes: Secretaría de Gobernación, PGR, Función Pública, CISEN y Fuerzas Armadas.
Sí, Veytia era parte de eso que pomposamente se denomina Consejo Nacional de Seguridad y de la Conferencia Nacional de Procuradores, espacios donde secretarios federales, gobernadores y funcionarios encargados de la justicia se reúnen para repasar sus pendientes: depuración policial, mando único, combate al narco…
Así que el fiscal del gobierno priista de Nayarit accedía a las plataformas de inteligencia, operación policiaca y militar del Estado mexicano.
¿Era un infiltrado de la delincuencia en las esferas de máxima decisión?
¿O es la evidencia de cómo, en algunas regiones del país, eso que llamamos Estado se suplanta por las bandas criminales?  
Porque la historia del fiscal de Nayarit nos está mostrando a gritos que esos comandantes, jueces y custodios, presuntamente comprados por unos capos, sólo son posibles, gracias a la operación de la narcopolítica.
El tema nos estalló en 2014 con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, quienes habrían sido entregados por policías locales a sicarios del narco, por instrucciones del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, postulado por el PRD.  
De entonces a la fecha, la preocupación de desmontar la narcopolítica se diluyó cuando se impusieron otros reclamos, como el de abrir los cuarteles del Ejército para buscar a los muchachos.
Así que la consigna de “¡Fue el Estado!” se desvió a los militares de un batallón, exonerando por la vía de los hechos a los responsables originales y supuestos protagonistas de la narcopolítica.
Y así como dejamos de ocuparnos de José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, la banda de Guerreros Unidos y los policías involucrados en la desaparición, también se le olvidó al Congreso el paquete de iniciativas que buscaban inhibir y castigar casos como el de Veytia.
¿Alguien se acuerda de Gabriel Gómez Michel, diputado federal del PRI, asesinado ese septiembre de 2014 en Tlaquepaque, por el crimen organizado, según se dijo?
¿Tenemos novedades de hasta dónde llegaron los vínculos con Los Caballeros Templarios del gobernador de Michoacán, Jesús Reyna, detenido por delincuencia organizada también ese año?
El conveniente carpetazo de los expedientes de política y narcotráfico se suma a los usos y costumbres de los cotos de poder en los estados, donde el gobernador en turno y sus hombres de confianza actúan sin contrapesos ni límites.
En 2016, el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo denunció, en mítines en Tepic, cómo actuaba el nayarita ahora detenido y sin derecho a fianza en EU.
“El fiscal Édgar Veytia decide en los juzgados qué juicios se ganan y qué juicios se pierden. Cuando llegan a verlo, tiene la pistola en la mesa para amenazar. Y chantajea con quedarse con propiedades malbaratadas y luego comprarlas él. Y amenaza a los opositores. Sé que me están grabando y sé que Édgar Veytia piensa que todo mundo le tiene miedo”, expuso en junio del año pasado.
Era la descripción de un hombre autoritario que procedía con impunidad.
Y, sin embargo, entonces privó el silencio, el mismo que hasta ahora han mantenido el gobierno federal y las instancias del Estado burladas por el fiscal. 
Porque las indagaciones en torno a los presuntos nexos de Veytia con el Cártel Jalisco Nueva Generación nunca procedieron del Estado mexicano al que muy bien infiltró y suplantó.
Como sucedió con Walter White en Breaking Bad, cuya suerte termina en un enfrentamiento con otros productores de droga, en la vida real de México, la libertad del fiscal que saludaba con la pistola en mano se pierde en la misma corte de EU, donde es procesado Joaquín El Chapo Guzmán.
Porque cuando el narco manda, el Estado calla.

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Arsenal/
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
El “novio” de Josefina, las contradicciones de Barbosa y el maltrato a El Chapo
El senador poblano presentó su renuncia como un acto de congruencia. Lo hizo público ayer en declaraciones a los reporteros de la fuente del Senado. 
La renuncia de Miguel Barbosa al PRD era cuestión de tiempo. Está anunciada para la mañana del lunes. El otrora coordinador de la bancada del sol azteca lo hizo público ayer en declaraciones a los reporteros de la fuente del Senado.
Ese mismo día, por la tarde, se envolverá en la bandera de Morena y asistirá  al arranque de la campaña de la maestra Delfina Gómez, candidata del partido obradorista al gobierno del Estado de México.
El senador poblano presentó su renuncia como un acto de congruencia. “No podría yo ir a apoyar a la profesora Delfina, candidata de Morena, siendo perredista. No podía ir a un acto de campaña de un candidato distinto al del PRD”, declaró.
Barbosa, eso sí, pudo  sumarse a Andrés Manuel López Obrador, uno de los peores críticos del PRD, desde su escaño de coordinador de la bancada del sol azteca en la Cámara alta.
¿Acto de congruencia? ¡Mmm!
Ahí les va. Desde Puebla nos llegó información en el sentido de que Barbosa inició su vida política en el PRI. Algo que no se sabe. Llegó al PRD con el apoyo de Jorge Méndez Espínola, quien lo propuso y lo hizo dirigente estatal del sol azteca, según el periodista Arturo Luna Silva, autor de la columna Garganta Profunda, ubicada en el sitio pueblaonline.com. 
“Barbosa se encumbra. De la noche a la mañana deja de ser priista, aunque sus hábitos y costumbres sigan siendo priistas. Hábil para la intriga, de inmediato logra un control absoluto sobre dicho partido; impone su cultura patrimonial y caciquil sobre el sol azteca, abandona el grupo de Méndez Espínola y se va a los brazos de la corriente de los llamados Chuchos”, escribe Luna Silva.
Lo demás ya lo conocemos. Formó parte de la dirigencia nacional del PRD, diputado plurinominal en San Lázaro, coordinador nacional de Los Chuchos, senador de lista, coordinador del GPPRD en el Senado, presidente de ese órgano legislativo y presidente del Instituto Belisario Domínguez.
Deja el PRD luego de 23 años de militancia y se avienta en brazos de Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas sobre preferencias electorales rumbo al 18.
¿Oportunismo puro? Es pregunta.  
Josefina Vázquez Mota por fin sacó la casta. Le hacía falta más agresividad.  Subió un  video a las redes sociales en el que dice que “en la campaña del primo de Peña Nieto (Alfredo del Mazo) están desesperados”.
“Tienen tanto miedo que ya ni siquiera saben qué inventarme. Ya se metieron con mi familia, cosa que sólo hacen los mafiosos. Ahora van a decir que estoy enferma, me van a inventar novio, vayan ustedes a saber qué más me van a inventar. Les digo una cosa. No tengo miedo. Ustedes tampoco deben tenerlo”.
La candidata del PAN al gobierno del Estado de México dice tener conocimiento de que a los electores mexiquenses de bajos recursos los amenazan con quitarles los programas sociales. “Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. Vamos a ganar y vamos a echar a este grupo de familias que se han repartido todos los privilegios, haciéndole daño al Estado de México, alégrense, ya se van. Les juro que ya se van”.      
Josefina ha sido víctima de un uso faccioso de las investigaciones que la PGR hizo sobre el supuesto involucramiento de su padre y seis hermanos en lavado de dinero. En la propia Procuraduría admiten que pudo haber habido “porosidad” sobre el caso en la SEIDO o en algún juzgado, y que  no es casual que haya sido en épocas electorales.
“No paga ser austero”, nos dijo ayer el diputado federal Agustín Basave Benítez. El expresidente del PRD no sólo renunció al 20% de su salario y al llamado “fondo de moches”, sino que además rechazó el seguro de gastos médicos mayores. En un intento por poner el ejemplo, quería hacer presión sobre sus pares en San Lázaro, pero ni un solo diputado lo imitó. 
Basave acompañó su declaración con una copia del oficio que le envió a Mauricio Farah, secretario general de la Cámara baja, en la que le informa de su decisión de no recibir los pagos mensuales por concepto de Atención Ciudadana y Apoyo Terrestre, 28 mil 772 pesos; y otros tres mil 540 pesos que recibía por concepto de apoyos económicos.   
“Mi rechazo a esos ingresos responde a los problemas económicos del país y al esfuerzo de austeridad que, a mi juicio, debemos hacer los legisladores”, se lee en el oficio con fecha del 2 de febrero de 2017.
En la cárcel de máxima seguridad de Nueva York donde está recluido, El Chapo Guzmán  no recibe condiciones mínimas de trato establecidas  por las Naciones Unidas. Es el reo peor tratado. Sus defensores de oficio dicen que no ve la luz ni recibe visitas familiares.  Amnistía Internacional ya tomó cartas en el asunto. Pide que se le permita visitar al capo mexicano para verificar sus condiciones de encierro.
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 El país de las fosas/Jorge Ramos Ávalos
Reforma, 01 Abr. 2017
Le llaman "la alberca" porque los cadáveres que encontraron en esa fosa estaban acomodados muy cerca el uno del otro. Esa es solo una de las 120 fosas donde han hallado más de 253 cráneos y restos humanos en el estado mexicano de Veracruz. Es, quizás, el cementerio clandestino más grande de México. Pero el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno han actuado como si no fuera con ellos, como si todo hubiera ocurrido en otro país.
"Nos dijo una embajadora de un país europeo que con 50 muertos o menos ya estarían movilizándose totalmente las autoridades", me comentó en una entrevista Lucía de los Ángeles Díaz, la fundadora del Colectivo Solecito que descubrió las fosas clandestinas a finales del año pasado. "De hecho no hemos escuchado que se haya pronunciado el presidente Peña Nieto. Seguimos en el anonimato porque las autoridades encargadas de reconocer la severidad del problema, no lo han hecho".
En México no pasa nada y todos los días son día de muertos.
Lucía de los Ángeles tiene un segundo nombre exacto. Ella está al frente del grupo de unas 150 madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Lucía puso un sol en la foto de su perfil en las redes sociales, para infundir esperanza en las madres, y de ahí surgió el nombre del Colectivo Solecito.
El año pasado una persona, que no quiso ser identificada, les dio un mapa con muchas cruces. Siguiendo una corazonada y con mapa en mano, llegaron hasta la colina de Santa Fe en Veracruz. Ahí estaban las fosas.
La gran frustración es que no hay un presupuesto oficial para identificar a la mayoría de las víctimas en esas fosas. ¿Cómo se le pregunta a una madre si ella cree que su hijo está enterrado ahí?
Hace casi cuatro años que Lucía no ve a su hijo Luis Guillermo. Le llamaban cariñosamente el "DJ Patas". Lo invitaban a tocar en las mejores fiestas de Veracruz. Pero el 28 de junio del 2013, tras salir de madrugada de un evento, sujetos armados lo secuestraron. La esperanza es que fuera un secuestro exprés, con visita a varios cajeros automáticos y un buen susto para contar a sus amigos. No fue así.
Lucía, como muchas de las madres, se resiste a creer que Luis Guillermo está en una de esas fosas. Con precisión científica me recuerda varios casos históricos de desaparecidos que son encontrados años más tarde y la absoluta falta de pistas para dar con el paradero de su hijo.
Lucía no llora en la entrevista. Este no es el momento de llorar. "Nosotras no cuestionamos lo que hacemos", me dijo, "lo hacemos porque somos madres. Nosotras luchamos y seguimos buscando hasta encontrar".
La doble tragedia de las familias de los desaparecidos radica en perder a un familiar y en no contar con las autoridades para resolver el crimen. "Todo está sucediendo con la anuencia de la Federación", me dice Lucía, vestida impecablemente de blanco y con una foto de su hijo en la solapa. "Es muy desafortunado tener gobiernos que no te representen, tener gobiernos que no vean y que no rindan cuentas".
México ha perdido su capacidad de sorpresa. El otro día, mientras reportábamos en Estados Unidos sobre las fosas que encontraron en Veracruz, esperaba ver protestas masivas en las calles mexicanas, al menos una investigación independiente en el Congreso y una explicación del Presidente, en televisión nacional, enumerando sus planes para identificar los cuerpos y encontrar a los culpables. Pero me quedé esperando. No pasó nada.
México es el país de las fosas. El sexenio de Enrique Peña Nieto es ya uno de los más violentos de su historia moderna. Hasta el momento han sido asesinados 77,316 mexicanos, según cifras oficiales, y 5,591 han sido secuestrados.
Si hace dos años y medio desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa y todavía no saben dónde están, ¿qué podemos esperar, entonces, sobre el hijo de Lucía?
¿En qué país encuentran unas fosas clandestinas con 253 cadáveres y todo sigue igual? No es normal que en un país maten y secuestren a sus jóvenes. México se ha acostumbrado a eso pero no es normal.
Hace poco el presidente Peña Nieto dijo que "pareciera que viviéramos en el peor de los mundos cuando, realmente, no es así". ¿No es así? Pregúnteles a Lucía y a las otras madres del Colectivo Solecito. Pregúnteles, por favor.
@jorgeramosnews
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 El país de unos cuantos/Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma
Esta semana, el periódico El Universal publicó una nota en donde señala que la PGR investiga a la familia de Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero. La fuente de la información, según señala el periódico, fue la copia de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ante la PGR. Cabe destacar, por la información publicada, que la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México no figura en esa denuncia. Se trata de empresas de sus hermanos. Sin embargo, el golpe político está dado. Supongo que los priistas del Estado de México estarán satisfechos.
Más allá de lo que hayan o no hecho los hermanos de Vázquez Mota, la pregunta relevante es cómo llegó copia de la denuncia al periódico El Universal. Sólo hay una respuesta posible: la filtró el gobierno federal, sea a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la PGR. Si, como señala el periódico, el caso está en proceso de investigación, éstas son las dos únicas instituciones en poder de esa información. Se trata, una vez más, del involucramiento en las contiendas electorales de las instituciones encargadas de investigar y acusar a quienes delinquen. Una práctica a la que estamos acostumbrados y de la que han hecho uso todos los partidos políticos. Sin embargo, creo que no hemos evaluado a cabalidad lo que ello significa en términos de la seguridad pública de los ciudadanos.
Recuerdo, hace tiempo, cuando estaba haciendo trabajo de campo en la Fiscalía de Chile, que me explicaban que las carpetas de investigación tenían un código de barras y que existía un sistema informático para que quedase registrado quiénes dentro de la Fiscalía habían tenido acceso a cada carpeta de investigación. Ese sistema de control tenía como objetivo evitar que se filtrara a la prensa o a terceros ajenos a la institución la información de investigaciones abiertas. Cuando se tenía conocimiento de una filtración, el fiscal consultaba su sistema informático para saber quiénes podrían ser los responsables y activar los procesos internos de control, los cuales podían terminar con el despido del funcionario que filtró la información.
¿Por qué es tan importante para una Fiscalía controlar que sus funcionarios no filtren información de las investigaciones abiertas? Según me explicaron en Chile, ello es relevante por dos razones. En primer término, las filtraciones alertan a los sospechosos, lo que puede provocar que huyan, dificulten u obstruyan las investigaciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, la publicitación de la investigación de la PGR y su fuga. En segundo término, las filtraciones, según los chilenos, también vulneran el principio de presunción de inocencia de los imputados. Me parecía increíble, dado lo que sucede en México, que ello les pareciese muy grave a los fiscales chilenos. Todos los funcionarios que entrevisté insistían en que, en el sistema chileno, la culpabilidad o la inocencia de los imputados se discutía y definía a través del juicio, y no por filtraciones mediáticas. Ello era el basamento de legitimidad más poderoso de todas las instituciones involucradas: policía, Fiscalía y tribunales.
En México, en 2008, cambiamos la Constitución para aparentar querer ser como Chile, pero en realidad la clase política quiere seguir siendo México. Es decir, un país con instituciones de investigación y persecución criminal que tienen claros vasos comunicantes con los intereses políticos y económicos del gobierno en turno. Mientras que ello sea así, no podremos construir instituciones similares a las chilenas, en donde el profesionalismo, la ética y la mística institucionales se traducen en un conjunto de conductas específicas de todos los que laboran en ellas. Sólo así estas instituciones pueden hacer frente a los problemas de inseguridad que padece la gente. Aquí, por proteger los intereses políticos y económicos de unos cuantos, se sacrifica el interés colectivo y el futuro del país. ¿Hasta cuándo?

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