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La impunidad frena la atención a víctimas del delito, dice Rochín

Reprocha a gobiernos estatales no abordar los problemas en su ámbito de competencia
La impunidad frena la atención a víctimas del delito, dice Rochín
Sólo en 18 de las 32 entidades existe una comisión local, pero no cuentan con recursos ni oficinas.
José Antonio Román, reportero.
Periódico La Jornada, Lunes 5 de junio de 2017, p. 10
De no combatir con seriedad la impunidad, no habrá recursos económicos suficientes ni instituciones del Estado mexicano capaces de atender el creciente número de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en el país, alertó el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.

Reprochó a los gobiernos estatales no atender el problemas desde su propio ámbito, casi siempre por falta de voluntad política. Sólo 18 de las 32 entidades han creado una comisión estatal de atención a víctimas, pero varias no tienen recursos ni oficinas ni encargado. ‘‘Sólo existen en el papel’’, dice. Y sólo dos estados han iniciado el proceso de armonización con la reforma legal de inicios de este año.
En entrevista, Jaime Rochín reconoce que la CEAV ‘‘todavía está muy lejos’’ de ser la institución que necesita una sociedad tan lastimada y agraviada como la nuestra, pero –considera– ‘‘va en el camino correcto’’, con una restructuración que ha puesto a la víctima en el centro de su quehacer.

Señala que la comisión ‘‘ya no puede ser vista como una chequera abierta ni tampoco como una caja de indemnizaciones’’. Esta institución debe ser un verdadero apoyo para la justicia y la verdad, y no sólo acompañante económico para reparar el daño causado a las víctimas.
Además, sostiene que las víctimas quieren verdad y justicia, y en el caso de la desaparición de algún familiar poder encontrarlo. ‘‘No hay reparación económica que consuele la pérdida de un ser querido’’.
Designado en marzo nuevamente como titular de la CEAV –ya había sido comisionado y presidente de dicha institución entre abril de 2014 y octubre de 2016, en su etapa de órgano colegiado– Rochín defiende el plan de trabajo de sus primeros cien días, en el que se ha impuesto la tarea de ‘‘refundar’’ a la comisión.
En este objetivo, añade, es esencial aumentar el número de abogados que integran la asesoría jurídica federal en al menos unos 40 en este año, y a 50 más en 2018, deseo que es viable derivado de diversos ahorros que ya se generan en la operación cotidiana de la CEAV. Pero también depende de la autorización que debe dar la Secretaría de Hacienda para crear las plazas en la administración pública federal. Actualmente, los 60 abogados que forman este grupo de asesoría que acompaña a las víctimas es ‘‘notoriamente insuficiente’’ para los casi 9 mil casos que lleva la comisión.
Asimismo, Rochín rechaza las acusaciones de diversas organizaciones sociales de que la CEAV ha contratado abogados por medio de empresas outsourcing. Sin embargo, reconoce que con la reforma a la ley ‘‘ya se pueden contratar abogados por fuera’’ para que acompañen a las víctimas.
‘‘Ya se puede, pero no lo hemos hecho por los riesgos que puede representar para la transparencia y manejo de recursos. Pero queremos hacerlo hasta tener un mecanismo de certificación y un proceso definido.’’
Rochín destaca que hoy la ayuda y asistencia fluye de manera más eficiente y oportuna, y que tan sólo en los primeros dos meses de su gestión se han entregado 45 millones de pesos, de los cuales casi 30 millones han sido para reparación integral a 95 víctimas directas e indirectas, mientras que los 15 millones de pesos restantes han sido para la ayuda en alimentos y hospedaje. Es decir, un monto casi igual al entregado en todo el año pasado.

Hoy en día, el saldo del fondo de ayuda para víctimas al cierre del 31 de mayo es de mil 348 millones de pesos. En tanto que el número de personas inscritas en el registro nacional de víctimas al cierre del 15 de mayo es de 9 mil 717. De esta cifra, 2 mil 211 son por desaparición forzada y cometida por particulares, seguida por secuestro, privación ilegal de la libertad, trata de personas y delincuencia organizada.

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