DIANA ÁLVAREZ MAURY, SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ORGANIZACIONES CIVILES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todas y todos.
Vamos a presentar el reporte de avance de la atención brindada a las familias afectadas en Tlahuelilpan, Hidalgo, así como los programas integrales para el desarrollo que se enmarcaron dentro del operativo contra el robo de combustible.
Primero, quiero informar que después de la terrible tragedia, el señor presidente me envió a Tlahuelilpan a hablar familia por familia y a detectar también cuál era la situación de vulnerabilidad en que estas familias habían quedado para desarrollar un programa y una coordinación entre diferentes dependencias para dar un apoyo inmediato y, desde luego, también en muchos casos un apoyo que durará todo el sexenio.
Así que esta coordinación interinstitucional se creó con las diferentes dependencias: la Secretaría del Bienestar, la de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el DIF Nacional.
Las acciones que se implementaron fue, primero, la verificación de lista de hospitalizados, desaparecidos y fallecidos. Después, el contacto directo con los familiares, la creación de una base de datos, que ésta se fue complementando. Después, unas segundas visitas domiciliarias para elaborar un censo completo de acuerdo a los programas que ya existían o la posibilidad de desarrollo de nuevos Programas de Bienestar, y después pudieran ya otorgarse estos apoyos federales.
Lo primero que se determinó es otorgar un apoyo humanitario inmediato de 15 mil pesos para hacer frente a gastos derivados de la emergencia a cada una de las familias. Esto se entregó en dos etapas y fueron un total de 157 apoyos por un total de dos millones 355 mil pesos, ahí están los municipios implicados, ya que las diferentes familias y las diferentes víctimas formaban parte de esos municipios que se anuncian abajo.
Los criterios para asignar este apoyo fueron: cuando quedaron hijos o hijas en orfandad, cuando había una esposa embarazada, padre o madre de bajos recursos que se encargó de los gastos funerarios y/o de la búsqueda de los desaparecidos, las madres y padres que perdieron a sus hijas o hijos, matrimonios que perdieron algunos de sus cónyuges y que tenían hijos o hijas, la esposa o esposo del fallecido que se quedó a cargo del cuidado de los hijos, aun cuando no eran padres biológicos de ellos, y cónyuges que no tenían hijos, pero que estaban legalmente casados.
Después se establecieron los programas integrales para el desarrollo, que se determinó que en todas las áreas donde se lleva a cabo esta práctica del huachicoleo se generara todo un apoyo a través de la Secretaría del Bienestar para dar oportunidades a estas personas, ya que se ve que estas prácticas se llevaron a cabo por la gran exclusión social que se dio en estas zonas.
Así que dentro de estos programas se incluyó la Pensión para Adultos Mayores, uno de emergencia social y/o natural, la beca a víctimas por violaciones de derechos humanos, las familias pobres, la educación básica, ya sea para uno o más becarios, la beca de educación media superior y la Producción para el Bienestar.
También se estableció un recurso previsto para la orfandad, ya que después de esta tragedia quedaron muchos niños huérfanos y se determinó que tendría que haber un apoyo permanente para todos estos niños desde la edad de meses, hasta que terminen su edad escolar por los próximos años.
Asimismo, con la Secretaría de Cultura se generaron brigadas culturales, cuyo objetivo fue promover procesos resilientes en niñas, niños, adolescentes y también en sus familias. Asimismo, de manera paralela hubo un apoyo psicológico y emocional a estas familias.
En los municipios que aquí se mencionan hubo diferentes actividades culturales, como danza, música, teatro, artes plásticas, entre otras.
Se atendieron 30 escuelas públicas de educación básica y fueron cuatro jornadas en donde se hicieron 17 profesionales especializados y también hubo una capacitación para 132 docentes, justamente para otorgarles herramientas físicas y emocionales en situaciones de riesgo y procesos resilientes para sus alumnos, para que ellos posteriormente pudieran dar de manera más permanente el apoyo a la comunidad estudiantil.
Ahí tenemos el reporte fotográfico de algunas de las actividades que se llevaron a cabo.
Otra situación que se tuvo que atender de manera inmediata fue el tema de los panteones, ya que con todas estas víctimas no había espacio en los panteones de Tlahuelilpan, ni en Tlaxcoapan, así es que se gestionó la compra de terrenos y estas adquisiciones las hizo Pemex.
Se llevaron a cabo buenas negociaciones para esto y se ampliaron todos estos espacios para que se pudiera cumplir con todas estas cuestiones funerarias.
Los datos estadísticos de los hospitalizados. Tenemos del último mes, todavía del 10 de marzo al 10 de abril, había todavía cinco hospitalizados y habían sido dados de alta por mejora nueve, un total de 14. El total de fallecidos que tuvimos reportados, decesos en campo en el mismo lugar fueron 68 y deceso en hospital 67, un total de 135 víctimas.
Tenemos ahí al lado la relación de apoyos funerarios que pagó el DIF Nacional, ya que los demás gastos funerarios fueron sufragados por el DIF estatal. Está el monto de 148 mil 715 pesos.
Este es un tema también fundamental, ya que cuando hice las visitas personales a los familiares de las víctimas, ellos inmediatamente me comentaron que era muy importante que el canal donde estaban las cenizas de sus familiares fuera cerrado el canal de riego, ya que esto era un canal de riego, y en cuanto se abriera y pasara el agua se llevaría todas las cenizas y los restos de sus familiares. Así es que se llevaron a cabo acciones oportunas para hablar con los dueños de esos predios para que se canal se cerrara y se desviara.
Y aquí vemos ya cómo se construyó un nuevo canal de riego y fue posible preservar esa zona con estas cenizas y estos restos, que, platicado con los familiares, se busca destinar para que se construya un memorial y que los familiares, sobre todo aquellos que no han podido contacto o identificación con los restos de sus familiares puedan asistir a ese lugar y tener de alguna manera algún tipo de comunión con el recuerdo de sus parientes.
Así que el 19 de marzo hubo una reunión con un comité de familias afectadas, ellos se organizaron en un comité para poder tener una comunicación más fluida con las instancias del gobierno, y se está gestionando ya esta compra.
También solicitaron que se les apoye para generar más empleos, autoempleo y actividades productivas, que lo estamos también coordinando con el INEA y con la Secretaría del Trabajo; solicitaron continuar con los censos para los apoyos de orfandad y los demás apoyos federales para que se completen.
Que haya seguimiento y diagnóstico de atención médica, que los apoyemos también con las instancias pertinentes para que se avance en la identificación del ADN; y un contacto directo y permanente entre nosotros y este comité de familias.
También hay un reporte de las acciones en materia de protección civil, que elabora la Coordinación Nacional de Protección Civil, dato justamente que son zonas en riesgo donde se pueden llevar a cabo este tipo de situaciones riesgosas o accidentes.
Se firmó un convenio con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro para el tema de la protección civil. Aquí lo que se busca es que en 150 municipios que son aledaños o que tienen que ver con los temas de este robo de combustible, hayan inscrito tutores para que los chicos tengan oportunidad de este trabajo, de esta capacitación, de esta certificación. Y a partir del 18 de marzo se inició entonces el proceso de inscripción de los jóvenes a este programa.
Aquí vemos que hay 18 municipios de Hidalgo y nueve del Estado de México, un total de 27 municipios que tienen tutores y que en esos municipios hay actividad de huachicol.
En total son 140 municipios que están inscritos en estos programas.
También se generaron acciones de capacitación en temas de protección civil; por ejemplo, se capacitaron 16 titulares de Protección Civil con el tema: ‘Elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo basado en el estándar de competencia S0908’. Aquí se menciona cuáles fueron esos municipios.
Y también el curso: ‘Pautas mínimas de seguridad en situaciones de riesgo’, que se dirigió a los responsables de Protección Civil y también a los profesores de las escuelas primarias en Tlahuelilpan y Tetepango.
Asimismo, se establecieron los Consejos de Protección Civil, se instalaron y se les exhortó a que así lo hicieran y se les envió una guía para titulares de Protección Civil.
Tenemos actualmente 18 municipios que ya instalaron estos Consejos de Protección Civil y tienen su acta, 15 municipios que ya lo instalaron, pero todavía tienen su acta pendiente y 58 municipios que todavía están en proceso, todavía no tenemos la información completa, porque no nos la han enviado.
Se desarrollaron acciones de difusión en los municipios identificados con la práctica de huachicoleo para promover cultura de legalidad, desincentivar esta actividad y hacer énfasis en riesgos en caso de llevarlos a cabo.
Se llevó a cabo también un estudio que es la evaluación de impacto económico, la evaluación del impacto social y económico de la explosión e incendio en Tlahuelilpan. Este documento está disponible en la página de Cenapred, ahí está el link, ahí habla de cuál fue el impacto, de cuál fue el costo, todo esto.
Estos programas integrales para el desarrollo son los programas que justamente desarrolló la Secretaría de Bienestar y van dirigidos a nueve entidades, que son la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz y dentro de estas nueve entidades son 91 municipios también que están tomados en cuenta.
Esos municipios, esos 91 municipios son los que son aledaños o están dentro de estos ductos que nosotros tenemos, el de Tuxpan-Azcapotzalco, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-León, Salamanca-Morelia, Tula-Salamanca y Tula-Toluca, en donde se van a bajar estos programas.
Y ya habíamos mencionado cuáles son, son estos, pero uno en particular que quiero hacer énfasis es el de emergencia social o natural, que este se hizo justamente para mitigar los efectos negativos en la esfera de derechos sociales de las familias cuando hay un fenómeno social o natural que los perjudique.
Estos lineamientos se publicaron el 12 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y el enfoque es atender a los integrantes de las familias afectadas, priorizando a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y adultos mayores.
Como en el caso de todos los programas, este apoyo se da de manera directa y además se les incluye a los otros programas de bienestar.
Aquí por último podemos ver el cuadro donde se establece el nombre del programa, cuáles son los beneficiarios meta en cada uno de ellos, cuál es el monto que a la fecha ya se pagó, ya se bajó ese recurso de manera directa y cuál es la proyección anual, porque en algunos casos es pago único y en otros casos es bimestral; puede ser también cada mes, dependiendo de cada programa.
Así que esto trata de mostrar una película completa de las acciones de las diferentes dependencias, no solamente por la situación que se dio en Tlahuelilpan, sino como un programa integral que busca este Gobierno de México para el combate de esta práctica y sobre todo tomando en cuenta que lo que ha llevado a nuestros hermanos y hermanas a participar en estas actividades en gran parte tiene que ver con esa política de exclusión social tan fuerte.
Es todo. Gracias.
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