¿A quién le creemos? ¿A melón o a sandía?
Por Fred Alvarez Palafox
El episodio de esta mañana en la conferencia presidencial no es una simple anécdota de banqueta; es una radiografía nítida de las grietas en la narrativa oficial y de la alarmante falta de sincronía en el gabinete de seguridad. Una vez más, la mano izquierda parece ignorar lo que hace la derecha.
La escena, vista a la distancia, roza el absurdo. Por un lado, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch —el hombre que debiera poseer el mapa milimétrico del control del país— afirmó categóricamente que el polémico gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con resguardo federal. Minutos después, en el mismo templete, la Presidenta lo contradijo con un titubeante: "entiendo que sí la tiene".
Este cruce de cables no es menor. No hablamos de un trámite burocrático, sino de la custodia de un mandatario bajo cuya gestión Sinaloa se sumergió en una de sus peores noches de violencia, y cuyo nombre hoy resuena en las paredes de una corte en Nueva York. Cuando la cabeza del Ejecutivo y su principal estratega de seguridad no comparten las mismas coordenadas sobre un tema de tanto voltaje, el mensaje que llega a la calle no es de prudencia, sino de desorden. O se hicieron bolas en el gabinete, o alguien decidió ocultar la verdad.
Frente a la insistencia de la prensa, la respuesta presidencial viró hacia el refugio del protocolo: la vieja retórica de los manuales de la Sedena y las metodologías de evaluación de riesgo. Es la clásica salida institucional: cuando el dato duro falla, se saca a relucir el organigrama. Sin embargo, al desviar la atención hacia el procedimiento, se evade la pregunta de fondo.
La ciudadanía no busca una clase de administración pública; busca certeza. El decir "no tengo información pero pregunto" sobre la protección de figuras tan vigiladas por la opinión pública como Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza, alimenta la preocupante percepción de que el gobierno navega un avión en plena noche y con las luces de la cabina apagadas.
Hay, sin embargo, un contraste incómodo en esta historia. Seguramente en Estados Unidos sí saben con precisión dónde y cómo se mueve el sinaloense. Las agencias norteamericanas parecen operar en nuestro territorio con un GPS más preciso que el de las propias dependencias locales. Mientras aquí el debate naufraga en el "entiendo que", al otro lado de la frontera los expedientes se siguen armando con paciencia y coordenadas exactas.
La seguridad de una nación no puede gestionarse a base de suposiciones de micrófono. Cuando la narrativa oficial se fragmenta, el vacío lo llena de inmediato la especulación. Que las autoridades no sepan —o prefieran no decir— quién cuida a quién, es el síntoma de un sistema que sigue jugando al teléfono descompuesto frente a los ojos de un país que exige respuestas claras.
Para la historia inmediata.
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