La verdad bajo subasta

La verdad bajo subasta

Coincido plenamente con Carlos Pérez Ricart: el testigo cooperante no es un buscador de la verdad, sino un comerciante de su propia memoria.

La entrega en Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, excolaboradores del gobernador Rubén Rocha Moya, no es un acto de justicia, sino de supervivencia. Ante una fiscalía estadounidense blindada por el discurso punitivo de Donald Trump y Stephen Miller, estos personajes no declaran por moral, sino por inmunidad. El incentivo no es la certeza, sino el libreto que sea útil al fiscal de Manhattan.

La paradoja es brutal y exhibe nuestra incoherencia bipartidista: la 4T hoy padece el mismo mecanismo que aplaudió con García Luna, mientras la oposición que antes acusaba un "show", hoy exige hoguera inmediata.

México comete un error histórico al aceptar como verdad pública la memoria negociada ante un tribunal extranjero. Esa munición debilita al Estado mexicano. La verdad de Sinaloa no se escribirá en Nueva York; allá solo se administra el mercado de la delación. La nuestra sigue pendiente.

Testigos en venta/Carlos A. Pérez Ricart

REFORMA, 21 mayo 2026;

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todo indica que buscarán convertirse en testigos cooperantes contra el gobernador, acusado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El debate público mexicano suele tratar esa figura -la del cooperante- como una vía hacia la verdad.

Difiero: es, más bien, una forma sofisticada de mercancía.

Miremos de cerca.

Un testigo cooperante es, sin eufemismos, alguien que declara a cambio de algo. Su motivación no descansa en un impulso moral, sino en expectativas concretas: inmunidad o reducción de pena.

Ahí está el truco. Un testigo ordinario es creíble en la medida en que no tiene interés en el resultado. El cooperante representa exactamente lo contrario: su libertad, su pena, su vida y la de su familia dependen de que su declaración resulte útil a un fiscal extranjero. Tiene incentivos para dramatizar y ajustar su memoria a las necesidades del caso.

El asunto no se agota en la credibilidad del testigo. Lo verdaderamente delicado es que una memoria negociada termine convertida en historia pública por una fiscalía estadounidense con poder para ordenar, borrar, editar y administrar fragmentos de la política mexicana.

En otras palabras: un fiscal federal estadounidense -al que ningún ciudadano de este país elige ni puede pedirle cuentas, y cuyos incentivos se mueven dentro del endurecimiento punitivo de Washington bajo Donald Trump- decide qué políticos mexicanos adquieren valor procesal y qué versiones resultan funcionales al caso.

La paradoja es brutal: en el momento en que la justicia estadounidense aparece más expuesta a la presión política interna, sus decisiones pesan con mayor fuerza sobre la vida pública mexicana. Y una parte de la oposición mexicana lo celebra.

Es verdad: La 4T llega tarde a este argumento. Lo descubre cuando le duele. Durante el juicio contra García Luna convirtió a los cooperantes en portadores de una verdad histórica. Cada declaración parecía confirmar, desde una corte estadounidense, lo que el morenismo llevaba años denunciando en México. Hoy, cuando el mismo mecanismo apunta hacia su propio campo político, la crítica llega tarde y suena interesada.

La incoherencia -ya se sabe- es bipartidista.

Quienes ayer bailaban con la condena de García Luna descubren hoy el debido proceso. La oposición que entonces denunciaba un "show político" exige ahora extradición inmediata.

Como te ves, me vi; como me ves, te verás. La rueda gira rápido.

Esa oscilación debería bastar para advertir el punto ciego: México no puede convertir en verdad pública el testimonio de quien negocia su libertad ante una fiscalía extranjera.

Ni cuando apunta contra los nuestros, ni cuando apunta contra los otros.

El momento, además, importa. La acusación contra Rocha Moya y la entrega negociada de sus exfuncionarios no caen del cielo, como imagina la oposición. Ocurren dentro de la política hegemónica de Donald Trump frente a México, con Stephen Miller como uno de sus arquitectos más duros en la Casa Blanca. Son parte de una estrategia que ha convertido el debilitamiento del Estado mexicano y de su Presidenta en herramienta cotidiana de presión bilateral.

En esa lógica, los testimonios cooperantes son munición eficaz: baratos para Washington, demoledores para Palacio Nacional.

El hecho está ahí: Mérida y Díaz Vega entraron al sistema estadounidense con maletas pequeñas y memorias largas. Saldrán, si saben negociar, con sentencias breves y un nombre nuevo. Sus dichos podrán servir para armar un caso o alimentar una condena.

Otra cosa es creer que de ahí saldrá la verdad política de Sinaloa. Eso no.

La verdad sobre Sinaloa no se va a escribir en Manhattan. Allá se escribirá, en el mejor de los casos, otra cosa: alguna verdad sobre el fentanilo o la cocaína que llegó a Estados Unidos. Esa puede ser legítima, pero no es la nuestra.

La nuestra seguirá pendiente mientras creamos que alguien más va a escribirla por nosotros.

@perezricart