El dilema del oficialismo bajo la sombra de Washington
Por Fred Alvarez
@fredalvarez
La escena del pasado lunes en la mañanera quedó grabada como el retrato de una tensión contenida. Ante la pregunta incómoda del reportero versado de El Financiero, Eduardo Ortega sobre si las confesiones de políticos sinaloenses en Estados Unidos podrían catalogar a Morena como una organización vinculada al narcoterrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refugió en un mantra defensivo: "Ningún riesgo, ninguno".
Lo decretó al micrófono, pero el lenguaje no verbal delataba la preocupación natural de quien sabe que las tormentas judiciales en Washington no se capotean con retórica soberanista. Porque en el fondo, que la palabra "narcoterrorismo" ya flote en el debate público no es un insulto menor; es un andamiaje legal de sanciones brutales. El pánico en las entrañas de la coalición oficialista es real.
El Factor Verde y el Instinto de Supervivencia
Las ondas de choque ya alcanzaron al Partido Verde. Salvador García Soto revela en El Universal que desde la Embajada estadounidense llegó una advertencia sutil pero fulminante: "Sean cuidadosos en sus alianzas rumbo al 2027". Con diez políticos de Sinaloa judicializados —incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya—, cualquier partido que los arrope se expone a las listas negras de Marco Rubio. Para los líderes del Verde, esto significa el riesgo de perder visas y congelar bienes.
Hoy, el pragmatismo del Tucán choca con su instinto de supervivencia. Ya debaten si el costo de mantener la alianza con Morena es más alto que el beneficio electoral. Washington busca fracturar el bloque; si el Verde se repliega para salvar el plumaje, la presidenta perdería la mayoría calificada en el Congreso. La soberanía se defiende en Palacio, pero las reglas del 2027 se rediseñan desde el norte.
La salida endeble: una Comisión de papel
Preocupados, en Palacio Nacional buscan salidas, pero resultan bastante endebles. La Presidenta enviará al Congreso una reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, operada con el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR y la UIF. Una respuesta obligada ante la crisis, agudizada por las detenciones de la Operación Enjambre en Morelos, que demostraron cómo el crimen compra votos a cambio de cuotas.
Sin embargo, cuando desmenuzamos la letra chiquita, la propuesta se desmorona en la simulación. El gran tropiezo de esta reforma es su carácter voluntario. La iniciativa deja en manos de los propios partidos la decisión de someter o no sus listas a revisión. Y peor aún: si la inteligencia del Estado encuentra nexos criminales, la decisión final de registrar o retirar al candidato sigue siendo derecho exclusivo del partido. El filtro es opcional y el veto también.
Mmm.
Seamos claros: la propuesta, así como está planteada, no sirve. Hace años se llegó a pedir que los candidatos pasaran por el polígrafo, como si éste fuera Dios; hoy nos ofrecen una ventanilla de sugerencias. Si las instituciones tienen información que vincula a un político con el crimen, el camino no es avisarle de buena fe a su dirigencia; el camino es consignarlo ante un juez.
Mientras no se transite de la buena voluntad a la obligación penal, esta comisión será solo un trámite de relaciones públicas para lavar conciencias en campaña. Además, seamos honestos: de cara a una crisis de esta magnitud, el INE de hoy no sirve para mucho, con todo respeto.
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