Cisen se sobreexpuso/José Carreño
Publicado en El Universal Jueves 17 de julio de 2008;
El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, está ahora en el centro de una polémica política, pero al defenderse habría roto una regla de discreción común a las organizaciones mundiales de inteligencia.
Valdés es quizás el más conocido y seguramente polémico directivo de agencia de recolección de información de inteligencia (espionaje) que haya habido jamás en México, aunque tal vez con la disculpa que el Cisen, como tal, fue creado apenas en 1989.
Pero sus predecesores en la dirección de la institución y en las dos organizaciones predecesoras, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), siguieron moldes más tradicionales de discreción y secreto frente a los medios informativos.
De hecho, según una rápida investigación documental de EL UNIVERSAL, el ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora hizo sólo dos declaraciones en los cuatro años que encabezó el Cisen.
En contraste, tal vez por circunstancias distintas tanto de la situación política como de los profundos cambios en la relación entre prensa y gobierno, Valdés Castellanos lleva ya dos meses de aparecer continuamente en la prensa mexicana e internacional.
En contraste, por ejemplo, los directivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense ni siquiera reciben a la prensa extranjera, al grado que un corresponsal no estadounidense no puede entrar a la sede de la CIA en Langley (Virginia).
Al margen de cualesquier característica que Valdés aporte a su trabajo, su exposición pública no es ciertamente una ventaja para una actividad que por siglos ha favorecido y se ha desarrollado en la penumbra.
En Estados Unidos, sede de una “comunidad de inteligencia” formada por más de una docena de organizaciones y con un financiamiento superior a 30 mil millones de dólares anuales, los directivos de los principales servicios de inteligencia son conocidos, pero rara vez hacen declaraciones de prensa y sólo a veces comparecen en sesiones públicas del Congreso.
De hecho, como ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, por décadas cualquiera podía ver cerca de Washington DC, en Fort Meade (Maryland) un conjunto de antenas y edificios que “todo mundo” sabía eran la sede de la Agencia Nacional de Seguridad, cuyas siglas en inglés (NSA) permitían el juego de palabras “Not Such Agency”: no hay tal agencia.
Pero el estacionamiento de la NSA es tan público que se afirma que cualquiera podría ver las placas de los automóviles e indagar la identidad del dueño, seguramente un analista de inteligencia.
La sede de la CIA es aún más conocida, pero sólo personal autorizado puede pasar del pórtico, aunque teóricamente cualquiera podría sentarse al otro lado de la carretera para ver entrar y salir al personal del organismo.
Excepcionalmente hay choques entre los organismos de espionaje y el Poder Legislativo estadounidense. La última vez que se recuerde ocurrió en los ochentas, cuando William Casey, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ideó el intercambio de armas por rehenes estadounidenses en Irán que junto con el ilegal respaldo a los “contras” antisandinistas se transformó en el escándalo que sacudió al gobierno del presidente Ronald Reagan.
Casey, que no era tímido, no era tampoco amante de la luz pública y muchas de sus confrontaciones con la entonces mayoría demócrata en el Congreso estadounidense se refirieron a los privilegios del Poder Ejecutivo. Pero aún en medio de la tormenta, solía reunirse con los legisladores en sesiones a puertas cerradas.
Espiar: deber de Estado y actitud facciosa/Humberto Musacchio
Valdés es quizás el más conocido y seguramente polémico directivo de agencia de recolección de información de inteligencia (espionaje) que haya habido jamás en México, aunque tal vez con la disculpa que el Cisen, como tal, fue creado apenas en 1989.
Pero sus predecesores en la dirección de la institución y en las dos organizaciones predecesoras, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), siguieron moldes más tradicionales de discreción y secreto frente a los medios informativos.
De hecho, según una rápida investigación documental de EL UNIVERSAL, el ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora hizo sólo dos declaraciones en los cuatro años que encabezó el Cisen.
En contraste, tal vez por circunstancias distintas tanto de la situación política como de los profundos cambios en la relación entre prensa y gobierno, Valdés Castellanos lleva ya dos meses de aparecer continuamente en la prensa mexicana e internacional.
En contraste, por ejemplo, los directivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense ni siquiera reciben a la prensa extranjera, al grado que un corresponsal no estadounidense no puede entrar a la sede de la CIA en Langley (Virginia).
Al margen de cualesquier característica que Valdés aporte a su trabajo, su exposición pública no es ciertamente una ventaja para una actividad que por siglos ha favorecido y se ha desarrollado en la penumbra.
En Estados Unidos, sede de una “comunidad de inteligencia” formada por más de una docena de organizaciones y con un financiamiento superior a 30 mil millones de dólares anuales, los directivos de los principales servicios de inteligencia son conocidos, pero rara vez hacen declaraciones de prensa y sólo a veces comparecen en sesiones públicas del Congreso.
De hecho, como ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, por décadas cualquiera podía ver cerca de Washington DC, en Fort Meade (Maryland) un conjunto de antenas y edificios que “todo mundo” sabía eran la sede de la Agencia Nacional de Seguridad, cuyas siglas en inglés (NSA) permitían el juego de palabras “Not Such Agency”: no hay tal agencia.
Pero el estacionamiento de la NSA es tan público que se afirma que cualquiera podría ver las placas de los automóviles e indagar la identidad del dueño, seguramente un analista de inteligencia.
La sede de la CIA es aún más conocida, pero sólo personal autorizado puede pasar del pórtico, aunque teóricamente cualquiera podría sentarse al otro lado de la carretera para ver entrar y salir al personal del organismo.
Excepcionalmente hay choques entre los organismos de espionaje y el Poder Legislativo estadounidense. La última vez que se recuerde ocurrió en los ochentas, cuando William Casey, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ideó el intercambio de armas por rehenes estadounidenses en Irán que junto con el ilegal respaldo a los “contras” antisandinistas se transformó en el escándalo que sacudió al gobierno del presidente Ronald Reagan.
Casey, que no era tímido, no era tampoco amante de la luz pública y muchas de sus confrontaciones con la entonces mayoría demócrata en el Congreso estadounidense se refirieron a los privilegios del Poder Ejecutivo. Pero aún en medio de la tormenta, solía reunirse con los legisladores en sesiones a puertas cerradas.
Espiar: deber de Estado y actitud facciosa/Humberto Musacchio
Publicado en Excelsior, 17-Jul-2008;
Todo Estado debe espiar o, para decirlo con más suavidad, por todos los medios a su alcance debe recabar y evaluar datos públicos y privados, internos y externos. Es una obligación ineludible si ha de actuar responsablemente en la preservación de la soberanía nacional y del orden interior. A eso se le llama labor de inteligencia, pues se trata de hacer inteligible, comprensible, lo que se dice y lo que ocurre con el fin de estar en condiciones de prever los hechos y oportunamente tomar medidas para evitar daños a la nación, así como a sus instituciones, empresas y habitantes.
De acuerdo con el mamotreto académico, inteligencia significa “capacidad de entender o comprender”; “capacidad de resolver problemas”; “conocimiento, comprensión, acto de entender”; “habilidad, destreza y experiencia” y, por supuesto, “trato y correspondencia secreta de dos o más personas o nacionales entre sí”. Las tareas de inteligencia de un Estado son para conocer y comprender lo que se sabe, en beneficio de la seguridad nacional.
Es una actitud mojigata y antinacional condenar al Estado mexicano porque realiza tareas de espionaje, indispensables para contar con una aceptable inteligencia, esto es, con la capacidad de conocer y entender lo que pasa y sobre todo lo que puede suceder. Si al frente de la maquinaria estatal hubiera verdaderos patriotas, una buena política de inteligencia evitaría, por ejemplo, entregar al extranjero recursos estratégicos como el petróleo.
La adopción de las grandes decisiones nacionales —y también estatales, municipales y hasta industriales— necesita información oportuna, suficiente y verídica. Requiere también que la información vaya acompañada de un profundo análisis y de advertencias sobre los resultados de tomar una u otra previsión o dar diversas respuestas.
La responsabilidad de las decisiones es del jefe del Estado, pero la de ofrecerle la información corresponde al aparato o a los aparatos de inteligencia.
Carlos Salinas de Gortari, por citar un caso, debió recibir en su escritorio la información sobre el enriquecimiento de su hermano Raúl, pero él y sólo él tomó la decisión de permitirle continuar allegándose riquezas, sin reparar en los medios. Igualmente, Salinas debió estar informado de los líos de faldas del señor Joseph-Marie Cordová y de su relación con una mujer ligada al narcotráfico. Si el entonces Presidente no actuó, la responsabilidad es enteramente de él.
Es indispensable que el Estado realice tareas de inteligencia, pero, por definición, el ejercicio y los resultados de esa labor deben permanecer en el ámbito confidencial al que pertenecen y es inadmisible que por ineptitud se conviertan en hechos públicos, como sucede ahora con el espionaje a prominentes políticos de oposición. Lo estúpido es que se emplee o se pretenda emplear la información obtenida para presionar en favor de ciertas posiciones de gobierno —que no de Estado—, por ejemplo, la privatización de Pemex.
Hacer mal la tarea de inteligencia tiene altísimos costos para el país y una parte de esa labor es, precisamente, mantener en el mayor secreto lo que se hace. Las tonterías del señor Guillermo Valdés deben ser causa de un cese fulminante. No es un hombre calificado mínimamente para el cargo. Pescado con las manos en la masa, ha tratado de justificarse diciendo que Manlio Fabio Beltrones conoce “las instituciones dedicadas a la seguridad nacional”, pero eso es irrelevante, pues no fue a él, sino al propio Valdés, a quien descubrieron fisgoneando por el ojo de la cerradura.
Los resbalones del señor Valdés ya tienen un alto costo. Uno es delegar en empresas privadas tareas que deben corresponder única y exclusivamente al Estado. Si eso está permitido, el Congreso debe poner fin de inmediato a esa irregularidad. Otro es señalar la presencia de dinero del narcotráfico en las campañas electorales, lo que muchos sospechamos, pero si Valdés lo dice está obligado a probarlo y a pedir a las autoridades competentes que procedan en consecuencia. Acusar sin pruebas es atizar el caos y el desasosiego en que vive el país.
Las declaraciones del director del Cisen han tenido otra consecuencia, pues hicieron que el gobernador de Tamaulipas le recordara al gobierno de Felipe Calderón que le debe a los priistas el estar sentado en la silla presidencial, pues fue con la complicidad de los tricolores como pudo remontar el cochinero de 2006 y llegar a Los Pinos. Pero esos son pleitos de familia, o de pandilla, según se quiera ver.
Lo verdaderamente grave es que, mientras un aparato de inteligencia como el Cisen espía a políticos y lo descubren, en tanto que lanza acusaciones sin pruebas y promueve una mayor inestabilidad política, continúa en ascenso el crimen organizado, se le ha perdido el respeto al Ejército, el país contabiliza diez, 15 o 20 asesinatos por día y los cuerpos policiacos, que deberían estar sometidos a una rigurosa fiscalización, hacen lo que les viene en gana, todo en detrimento del orden interno. Y aún así Calderón se empeña en sostener a Mouriño y a Valdés.
hum_mus@hotmail.com
De acuerdo con el mamotreto académico, inteligencia significa “capacidad de entender o comprender”; “capacidad de resolver problemas”; “conocimiento, comprensión, acto de entender”; “habilidad, destreza y experiencia” y, por supuesto, “trato y correspondencia secreta de dos o más personas o nacionales entre sí”. Las tareas de inteligencia de un Estado son para conocer y comprender lo que se sabe, en beneficio de la seguridad nacional.
Es una actitud mojigata y antinacional condenar al Estado mexicano porque realiza tareas de espionaje, indispensables para contar con una aceptable inteligencia, esto es, con la capacidad de conocer y entender lo que pasa y sobre todo lo que puede suceder. Si al frente de la maquinaria estatal hubiera verdaderos patriotas, una buena política de inteligencia evitaría, por ejemplo, entregar al extranjero recursos estratégicos como el petróleo.
La adopción de las grandes decisiones nacionales —y también estatales, municipales y hasta industriales— necesita información oportuna, suficiente y verídica. Requiere también que la información vaya acompañada de un profundo análisis y de advertencias sobre los resultados de tomar una u otra previsión o dar diversas respuestas.
La responsabilidad de las decisiones es del jefe del Estado, pero la de ofrecerle la información corresponde al aparato o a los aparatos de inteligencia.
Carlos Salinas de Gortari, por citar un caso, debió recibir en su escritorio la información sobre el enriquecimiento de su hermano Raúl, pero él y sólo él tomó la decisión de permitirle continuar allegándose riquezas, sin reparar en los medios. Igualmente, Salinas debió estar informado de los líos de faldas del señor Joseph-Marie Cordová y de su relación con una mujer ligada al narcotráfico. Si el entonces Presidente no actuó, la responsabilidad es enteramente de él.
Es indispensable que el Estado realice tareas de inteligencia, pero, por definición, el ejercicio y los resultados de esa labor deben permanecer en el ámbito confidencial al que pertenecen y es inadmisible que por ineptitud se conviertan en hechos públicos, como sucede ahora con el espionaje a prominentes políticos de oposición. Lo estúpido es que se emplee o se pretenda emplear la información obtenida para presionar en favor de ciertas posiciones de gobierno —que no de Estado—, por ejemplo, la privatización de Pemex.
Hacer mal la tarea de inteligencia tiene altísimos costos para el país y una parte de esa labor es, precisamente, mantener en el mayor secreto lo que se hace. Las tonterías del señor Guillermo Valdés deben ser causa de un cese fulminante. No es un hombre calificado mínimamente para el cargo. Pescado con las manos en la masa, ha tratado de justificarse diciendo que Manlio Fabio Beltrones conoce “las instituciones dedicadas a la seguridad nacional”, pero eso es irrelevante, pues no fue a él, sino al propio Valdés, a quien descubrieron fisgoneando por el ojo de la cerradura.
Los resbalones del señor Valdés ya tienen un alto costo. Uno es delegar en empresas privadas tareas que deben corresponder única y exclusivamente al Estado. Si eso está permitido, el Congreso debe poner fin de inmediato a esa irregularidad. Otro es señalar la presencia de dinero del narcotráfico en las campañas electorales, lo que muchos sospechamos, pero si Valdés lo dice está obligado a probarlo y a pedir a las autoridades competentes que procedan en consecuencia. Acusar sin pruebas es atizar el caos y el desasosiego en que vive el país.
Las declaraciones del director del Cisen han tenido otra consecuencia, pues hicieron que el gobernador de Tamaulipas le recordara al gobierno de Felipe Calderón que le debe a los priistas el estar sentado en la silla presidencial, pues fue con la complicidad de los tricolores como pudo remontar el cochinero de 2006 y llegar a Los Pinos. Pero esos son pleitos de familia, o de pandilla, según se quiera ver.
Lo verdaderamente grave es que, mientras un aparato de inteligencia como el Cisen espía a políticos y lo descubren, en tanto que lanza acusaciones sin pruebas y promueve una mayor inestabilidad política, continúa en ascenso el crimen organizado, se le ha perdido el respeto al Ejército, el país contabiliza diez, 15 o 20 asesinatos por día y los cuerpos policiacos, que deberían estar sometidos a una rigurosa fiscalización, hacen lo que les viene en gana, todo en detrimento del orden interno. Y aún así Calderón se empeña en sostener a Mouriño y a Valdés.
hum_mus@hotmail.com
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El embrollo del Cisen/ Diodoro Carrasco
Milenio Diario, Jueves, 17 Julio, 2008;
Milenio Diario, Jueves, 17 Julio, 2008;
Todo empezó con una nota periodística acerca de que el Cisen espiaba al Congreso de la Unión. Los hechos mostraban algo bastante distinto: una empresa particular había sido contratada por este organismo para dar seguimiento a los acontecimientos del Congreso, lo que incluía el análisis de los posicionamientos de legisladores de los diversos partidos en torno a los temas de la agenda parlamentaria. Esto es, se trataba de recabar y ordenar datos públicos, y opiniones que ayudarán en la construcción de escenarios posibles. Sin embargo, las aclaraciones no fueron suficientes, pues había el interés de seguir explotando la nueva e inesperada veta política de que el Cisen (es decir, una dependencia del Ejecutivo federal) “espiaba” al Congreso de la Unión.
A esto vinieron a sumarse las denuncias del senador Manlio Fabio Beltrones de que era espiado, aunque las pruebas (los expedientes que alguien le hizo llegar) eran, según su propio decir, asuntos privados de él y de sus colaboradores más cercanos, claves de computadora, números telefónicos y mucha “basura”. El senador Beltrones ha llevado su denuncia de los hechos de supuesto espionaje ante la PGR, y al hacerlo ha seguido el camino correcto, el institucional. Otros legisladores y hasta gobernadores dijeron que se sentían espiados, aunque ninguno aportó pruebas ni llevó las cosas a sus consecuencias ministeriales o judiciales.
La oposición, coyunturalmente unificada por el tema, logró un punto de acuerdo en la Comisión Permanente exigiéndole al Ejecutivo la renuncia del director del Cisen pues, dijeron, le habían “perdido la confianza”. La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue contundente: las actividades realizadas por el Cisen en relación al Congreso se apegan en todo momento a la normatividad, la Segob reitera su pleno respeto al principio constitucional de división de poderes y, por lo mismo, “manifiesta que el nombramiento y la remoción del titular del Cisen es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal”.
Poco después aparecieron las declaraciones del director del Cisen (al diario Financial Times) en torno a la probable existencia de recursos del narco en las campañas electorales de legisladores, lo que algunos absurdamente tomaron como un nuevo agravio hacia el Congreso, aun y cuando tales declaraciones se hicieron en el contexto de mostrar la visión del Cisen sobre la agenda de riesgos para la seguridad nacional. Es decir, se trataba de una visión preventiva, no cumplida. Por cierto, en el contexto de una inoportuna entrevista más amplia sobre las tareas del Cisen.
Así las cosas, parece llegada la hora de calmar los ánimos y ver el asunto con perspectiva. Lo que está en juego no es la cabeza de un cercano colaborador del presidente que durante la campaña electoral del 2006 realizaba encuestas con datos insólitos, por favorables al actual titular del Ejecutivo, y porque demás acertó puntualmente en los resultados, ganándose por ello la animadversión de una parte de la oposición. Eso es lo anecdótico.
Lo que está en juego es la continuidad del trabajo de reconstrucción del principal instrumento con el que cuenta el Estado mexicano para ubicar los riesgos para la seguridad nacional y para contrarrestarlos. Para ubicar las dimensiones de la tarea, hay que recordar el diagnóstico de la actual administración (por muchos compartido) acerca de cómo encontró al país cuando tomó posesión, con territorios “tomados” por el narcotráfico, y con un órgano civil de inteligencia semidesmantelado, y de la verdadera guerra que había que librar para reimplantar la soberanía del Estado en todo el territorio nacional.
Algunos de los involucrados en estos escándalos saben –dada su propia trayectoria– de lo delicado que son los temas de seguridad nacional, de lo difícil que resulta construir las relaciones, el conocimiento, los mapas de riesgo, y ganar la confianza de los expertos y de los sectores sociales, mantener el espíritu de cuerpo y la lealtad intramuros, etcétera. Y de lo fácil que puede resultar en un momento mandar todo el trabajo de inteligencia al caño. Los políticos oportunistas pueden mostrarse indiferentes ante estas responsabilidades, pero los hombres de Estado no pueden darse esos lujos.
El hecho real, el que no podemos evadir, es que el Cisen es un órgano estratégico del Estado mexicano al que hay que cuidar, nutrir, desarrollar, pero también supervisar y vigilar, dadas las tendencias históricas de los órganos de inteligencia a la arbitrariedad y a la creación de sus propios intereses. Para eso está, precisamente, la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Hay que hacerla jugar su papel. Todo lo demás deriva en politiquería y búsqueda de la nota mediática o de la ganancia oportunista.
A esto vinieron a sumarse las denuncias del senador Manlio Fabio Beltrones de que era espiado, aunque las pruebas (los expedientes que alguien le hizo llegar) eran, según su propio decir, asuntos privados de él y de sus colaboradores más cercanos, claves de computadora, números telefónicos y mucha “basura”. El senador Beltrones ha llevado su denuncia de los hechos de supuesto espionaje ante la PGR, y al hacerlo ha seguido el camino correcto, el institucional. Otros legisladores y hasta gobernadores dijeron que se sentían espiados, aunque ninguno aportó pruebas ni llevó las cosas a sus consecuencias ministeriales o judiciales.
La oposición, coyunturalmente unificada por el tema, logró un punto de acuerdo en la Comisión Permanente exigiéndole al Ejecutivo la renuncia del director del Cisen pues, dijeron, le habían “perdido la confianza”. La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue contundente: las actividades realizadas por el Cisen en relación al Congreso se apegan en todo momento a la normatividad, la Segob reitera su pleno respeto al principio constitucional de división de poderes y, por lo mismo, “manifiesta que el nombramiento y la remoción del titular del Cisen es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal”.
Poco después aparecieron las declaraciones del director del Cisen (al diario Financial Times) en torno a la probable existencia de recursos del narco en las campañas electorales de legisladores, lo que algunos absurdamente tomaron como un nuevo agravio hacia el Congreso, aun y cuando tales declaraciones se hicieron en el contexto de mostrar la visión del Cisen sobre la agenda de riesgos para la seguridad nacional. Es decir, se trataba de una visión preventiva, no cumplida. Por cierto, en el contexto de una inoportuna entrevista más amplia sobre las tareas del Cisen.
Así las cosas, parece llegada la hora de calmar los ánimos y ver el asunto con perspectiva. Lo que está en juego no es la cabeza de un cercano colaborador del presidente que durante la campaña electoral del 2006 realizaba encuestas con datos insólitos, por favorables al actual titular del Ejecutivo, y porque demás acertó puntualmente en los resultados, ganándose por ello la animadversión de una parte de la oposición. Eso es lo anecdótico.
Lo que está en juego es la continuidad del trabajo de reconstrucción del principal instrumento con el que cuenta el Estado mexicano para ubicar los riesgos para la seguridad nacional y para contrarrestarlos. Para ubicar las dimensiones de la tarea, hay que recordar el diagnóstico de la actual administración (por muchos compartido) acerca de cómo encontró al país cuando tomó posesión, con territorios “tomados” por el narcotráfico, y con un órgano civil de inteligencia semidesmantelado, y de la verdadera guerra que había que librar para reimplantar la soberanía del Estado en todo el territorio nacional.
Algunos de los involucrados en estos escándalos saben –dada su propia trayectoria– de lo delicado que son los temas de seguridad nacional, de lo difícil que resulta construir las relaciones, el conocimiento, los mapas de riesgo, y ganar la confianza de los expertos y de los sectores sociales, mantener el espíritu de cuerpo y la lealtad intramuros, etcétera. Y de lo fácil que puede resultar en un momento mandar todo el trabajo de inteligencia al caño. Los políticos oportunistas pueden mostrarse indiferentes ante estas responsabilidades, pero los hombres de Estado no pueden darse esos lujos.
El hecho real, el que no podemos evadir, es que el Cisen es un órgano estratégico del Estado mexicano al que hay que cuidar, nutrir, desarrollar, pero también supervisar y vigilar, dadas las tendencias históricas de los órganos de inteligencia a la arbitrariedad y a la creación de sus propios intereses. Para eso está, precisamente, la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Hay que hacerla jugar su papel. Todo lo demás deriva en politiquería y búsqueda de la nota mediática o de la ganancia oportunista.
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