El gobierno de Baja California rechazó que exista una campaña de desprestigio contra el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda Región Militar, como el militar señaló en una carta que entregó el domingo 3 de agosto a medios de comunicación, en la cual sostuvo que es objeto de “resentimiento, calumnia y difamación” por los resultados que las fuerzas castrenses han obtenido en la lucha contra el narcotráfico en la entidad.
El secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, ofreció una conferencia de prensa, en compañía de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, ofreció una conferencia de prensa, en compañía de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Blake Mora aseguró que las autoridades estatales no han solicitado la remoción del general Aponte Polito, y expresó su satisfacción por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas en las acciones contra el crimen organizado.
De su lado, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso local, el gobierno del Estado, así como los cinco ayuntamientos de Baja California, sostuvieron en un desplegado publicado en la prensa local que mandos militares se incorporaron al combate al crimen organizado en corporaciones policiales, al igual que en labores de información en los centros de mando y control (C4), además de que se emprendió una depuración policiaca y una coordinación con las fuerzas armadas para “detener, procesar y juzgar a cabecillas y miembros del crimen organizado”.
En el desplegado, firmado por los poderes públicos y los ayuntamientos, se plantea que son “las instituciones, no los individuos, los que tienen la responsabilidad histórica de brindar seguridad y confianza a todos los mexicanos”, y negó tener por costumbre “filtrar” información, pues la prudencia es fundamental durante investigaciones en proceso.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública calificó de “lamentables y tristes” los señalamientos del general Aponte Polito, a quien exigió presentar denuncias penales para que se investiguen los hechos de los cuales se quejó.
En su carta de 21 cuartillas titulada Todos contra el general, Sergio Aponte aseguró ser víctima de una campaña de filtraciones de información y acciones encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y el procurador, Rommel Moreño.
En el desplegado, firmado por los poderes públicos y los ayuntamientos, se plantea que son “las instituciones, no los individuos, los que tienen la responsabilidad histórica de brindar seguridad y confianza a todos los mexicanos”, y negó tener por costumbre “filtrar” información, pues la prudencia es fundamental durante investigaciones en proceso.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública calificó de “lamentables y tristes” los señalamientos del general Aponte Polito, a quien exigió presentar denuncias penales para que se investiguen los hechos de los cuales se quejó.
En su carta de 21 cuartillas titulada Todos contra el general, Sergio Aponte aseguró ser víctima de una campaña de filtraciones de información y acciones encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y el procurador, Rommel Moreño.
La polémica carta del General Aponte Pólito, dada a conocer el pasado 3 de agosto en varios medios en BC
Agradezco la gentileza para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador General de Justicia del Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.
En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II región militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de ‘crystal’; 467 vehículos y 595 armas de fuego; asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a ley federal de armas de fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de ‘crystal’; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.
Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el programa integral de seguridad pública del estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2 mil 682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con mil 860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los mil 120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el Estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.
A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y ‘levantones’ que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.
Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policíacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia, siendo estas sólo algunas:
A. El 2 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama número 546, fraccionamiento Villa Floresta, deleg. La Presa, Tijuana, B.C., se registró un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) “El Abuelo”; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos, 16 armas largas, 2 armas cortas, 75 cargadores, así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del a. MPF, donde se integró la indagatoria a.P./Pgr/B.C./Tij/03/08-m-iii, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B.C. Junto con los agentes ministeriales Marco Javier Lujan Rosales y Arturo Quetzalcoatl Vargas Zermeño pertenecientes al mismo grupo antisecuestros y el policía municipal de Tijuana Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente “El Abuelo” se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del grupo antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
¿Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?
B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit; fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Ines Lucas Rodríguez; José Luís Lugo Báez (detenido después por personal militar el 1 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luís Ballesteros Sánchez, Cesar Beltrán Saldívar, Eduardo Bustos Ramírez, Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas mas el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP, asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Junior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C., mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, ‘levantones’, homicidios, así como dar protección al ‘narcomenudeo’, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el Estado, siendo los siguientes:
- El 19 dic. del 2006 el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noe Ríos Ortega, agentes de la PEP.
- El 22 sep. del 2007 el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP Y de Micael Rodríguez Hernández.
- El 30 oct. del 2007 en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización “Arellano Félix” en el negocio “Mariscos Godoy” ubicado en Tijuana, B.C.
- El 04 dic. del 2007 el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, cmte. Pol. Mpal. Tecate.
- El 14 ene. 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.
¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?
C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm. marca browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.
¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?
D. El día 8 de enero del 2008 esta comandancia de región militar, mediante oficio no. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, B.C., le ofreció al cap. 1/O. de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, B.C., ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.
Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener “pláticas de acercamiento”, a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.
¿Que decepción?
E. El día 3 de mayo del 2007 en diversos medios de comunicación a nivel nacional se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de “la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad, A.C.”, se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex Subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, B.C. y actualmente su asesor para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las juntas de coordinación de seguridad pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.
¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?
F. El 6 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) “Locadio” (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la base de intercepción aérea de la PGR: (Conocidos como “El Conejo” y “Cristian”) y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia los EUA Y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) “El Fune”, oficial de la DSPM de Mexicali inmediato superior del cmte. “Locadio”, quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con su superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicido el ex subcomandante Leocadio Nuñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.
G. El 13 nov. 2007 durante la carrera “Baja-1000”, se desplomó un helicóptero Bell-206-a1 sobre la carretera fed. no. 3, tramo Ensenada-San Felipe, B.C., a inmediaciones del Valle de San Matias, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo Gonzalez y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón”, por cierto, Miguel Cortez Nuno, subinspector de la PFP División caminos asistía a las juntas de coordinación del grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.
¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?
H. El 19 abr. del presente año se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente:
Los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior.
Existen como pruebas las constancias no. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres, firmando también como inspector López Rivera José y la no. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos; Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.
¿Esto no es corrupción?
I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, B.C. A una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegacion de la PGR Pusieron la demanda correspondiente.
J. El día 5 de sep. del 2007 fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre del 2007 se presentó en este C.G una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los “Arellano Félix”.
K. El 04 ene. 2008 los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial “Las Palmas” en la Delegación de La Mesa, Tijuana, B.C., detuvieron a José Galvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana, B.C., el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.
¡Que desgracia para la sociedad de Baja California!
L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.
Señor procurador:
Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas por lo que mencionare entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:
-Algunos acuden quincenal y mensualmente a las ‘narcotienditas’ a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los ‘narcomenudistas’.
-Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (‘polleros’).
-Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
-Algunos elementos que protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
-Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
-Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
-Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, B.C., participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarase sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.
-Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada “el comando negro” que operaba en ensenada, B.C.
-Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.
-Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
-Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.
-Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.
Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del c. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
Señor Director:
Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II región militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional, para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal, con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. secretarios de gobierno y de seguridad pública de esta entidad federativa, para establecer las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.
Por las atenciones prestadas le hago presente mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.
El general de división D.E.M.
Sergio Aponte Polito.
Tomado de http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22042008/300044.aspx
Agradezco la gentileza para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador General de Justicia del Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.
En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II región militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de ‘crystal’; 467 vehículos y 595 armas de fuego; asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a ley federal de armas de fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de ‘crystal’; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.
Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el programa integral de seguridad pública del estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2 mil 682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con mil 860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los mil 120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el Estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.
A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y ‘levantones’ que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.
Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policíacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia, siendo estas sólo algunas:
A. El 2 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama número 546, fraccionamiento Villa Floresta, deleg. La Presa, Tijuana, B.C., se registró un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) “El Abuelo”; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos, 16 armas largas, 2 armas cortas, 75 cargadores, así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del a. MPF, donde se integró la indagatoria a.P./Pgr/B.C./Tij/03/08-m-iii, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B.C. Junto con los agentes ministeriales Marco Javier Lujan Rosales y Arturo Quetzalcoatl Vargas Zermeño pertenecientes al mismo grupo antisecuestros y el policía municipal de Tijuana Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente “El Abuelo” se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del grupo antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
¿Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?
B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit; fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Ines Lucas Rodríguez; José Luís Lugo Báez (detenido después por personal militar el 1 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luís Ballesteros Sánchez, Cesar Beltrán Saldívar, Eduardo Bustos Ramírez, Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas mas el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP, asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Junior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C., mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, ‘levantones’, homicidios, así como dar protección al ‘narcomenudeo’, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el Estado, siendo los siguientes:
- El 19 dic. del 2006 el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noe Ríos Ortega, agentes de la PEP.
- El 22 sep. del 2007 el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP Y de Micael Rodríguez Hernández.
- El 30 oct. del 2007 en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización “Arellano Félix” en el negocio “Mariscos Godoy” ubicado en Tijuana, B.C.
- El 04 dic. del 2007 el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, cmte. Pol. Mpal. Tecate.
- El 14 ene. 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.
¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?
C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm. marca browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.
¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?
D. El día 8 de enero del 2008 esta comandancia de región militar, mediante oficio no. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, B.C., le ofreció al cap. 1/O. de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, B.C., ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.
Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener “pláticas de acercamiento”, a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.
¿Que decepción?
E. El día 3 de mayo del 2007 en diversos medios de comunicación a nivel nacional se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de “la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad, A.C.”, se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex Subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, B.C. y actualmente su asesor para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las juntas de coordinación de seguridad pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.
¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?
F. El 6 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) “Locadio” (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la base de intercepción aérea de la PGR: (Conocidos como “El Conejo” y “Cristian”) y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia los EUA Y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) “El Fune”, oficial de la DSPM de Mexicali inmediato superior del cmte. “Locadio”, quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con su superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicido el ex subcomandante Leocadio Nuñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.
G. El 13 nov. 2007 durante la carrera “Baja-1000”, se desplomó un helicóptero Bell-206-a1 sobre la carretera fed. no. 3, tramo Ensenada-San Felipe, B.C., a inmediaciones del Valle de San Matias, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo Gonzalez y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón”, por cierto, Miguel Cortez Nuno, subinspector de la PFP División caminos asistía a las juntas de coordinación del grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.
¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?
H. El 19 abr. del presente año se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente:
Los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior.
Existen como pruebas las constancias no. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres, firmando también como inspector López Rivera José y la no. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos; Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.
¿Esto no es corrupción?
I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, B.C. A una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegacion de la PGR Pusieron la demanda correspondiente.
J. El día 5 de sep. del 2007 fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre del 2007 se presentó en este C.G una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los “Arellano Félix”.
K. El 04 ene. 2008 los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial “Las Palmas” en la Delegación de La Mesa, Tijuana, B.C., detuvieron a José Galvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana, B.C., el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.
¡Que desgracia para la sociedad de Baja California!
L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.
Señor procurador:
Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas por lo que mencionare entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:
-Algunos acuden quincenal y mensualmente a las ‘narcotienditas’ a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los ‘narcomenudistas’.
-Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (‘polleros’).
-Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
-Algunos elementos que protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
-Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
-Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
-Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, B.C., participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarase sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.
-Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada “el comando negro” que operaba en ensenada, B.C.
-Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.
-Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
-Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.
-Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.
Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del c. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
Señor Director:
Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II región militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional, para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal, con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. secretarios de gobierno y de seguridad pública de esta entidad federativa, para establecer las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.
Por las atenciones prestadas le hago presente mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.
El general de división D.E.M.
Sergio Aponte Polito.
Tomado de http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22042008/300044.aspx
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