El pasado 12 de junio México y EE UU anunciaron el inicio de operaciones de una unidad especial encargada de identificar y combatir prácticas comerciales de lavado de dinero y contrabando.
La llamada Unidad de Transparencia Comercial (TTU, por sus siglas en inglés) "será la responsable de analizar cualquier operación de comercio exterior entre México y EE UU para detectar irregularidades", informaron funcionarios de aduanas de ambos países.
En ese entonces, Julie Myers, secretaria adjunta de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo que la unidad es una parte "esencial" de la estrategia de ambos gobiernos para combatir redes criminales. "A través de la TTU nos enfocamos hacia las empresas ilegales que facilitan el movimiento de compañías criminales a través de las fronteras internacionales y que ayudan y sostienen una amplia gama de actividades ilícitas como lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de personas y armas", señaló.
Las TTU fueron creadas por las aduanas estadounidenses en 2004 y un año después instaló la primera unidad en el extranjero en Colombia. Desde entonces se han establecido otras en Argentina, Brasil y Paraguay.
Bienevenida la cooperación, pero que ha nuestra Unidad de Inteligencia financiera?
¡Este martes La Jornada hace una fuerte crítica!
Por cierto, un boletín de la PGR fechado el sabado, 08 de Diciembre de 2007: 643/07, decía "Como resultado del liderazgo que México ha mostrado en temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada transnacional a nivel hemisférico, la PGR obtuvo por aclamación la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GECLA), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD)."
¿Cómo estarán los demás?
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Dinero sucio y descontrol financiero/Editorial
De acuerdo con el Reporte sobre la estrategia de control internacional de narcóticos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca de 22 mil millones de dólares pudieron haber sido “repatriados” a México a partir de 2003, como parte de las ganancias derivadas de la venta ilegal de estupefacientes en ese país. El documento identifica a México como uno de los “mayores países productores y de tránsito de drogas en el mundo”, así como uno de los “mayores desafíos” para aquella nación “en jurisdicción de lavado de dinero”, y atribuye tal circunstancia a la combinación de un “sector financiero sofisticado y controles regulatorios relativamente débiles (que) facilitan el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga”.
La información pone en evidencia el carácter endeble del sistema financiero mexicano, situación que lo hace propicio para la proliferación del blanqueo de recursos ilegales, revela la falta de mecanismos para prevenir y castigar ese ilícito, y genera suspicacias sobre posibles corruptelas de instituciones financieras y autoridades.
Este ilícito constituye un proceso culminante de la llamada industria delictiva: es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, al disfrazar el origen ilegal del dinero para poder utilizarlo. Además de alimentar la maquinaria del crimen organizado, el blanqueo de fondos representa una amenaza para las economías de los países donde se practica, que por lo regular son las naciones menos industrializadas, que cuentan con sistemas financieros desregulados y autoridades deficientes. Entre otros efectos nocivos, el lavado potencia la erosión del mercado financiero, al introducir en él flujos particularmente inestables, repentinos e inseguros, sobre los que no hay registros, como sí ocurre con los recursos lícitos; genera injustas ventajas competitivas para las llamadas “empresas fachadas” –que tienen acceso a grandes sumas de montos ilegales– frente a compañías que realizan actividades estrictamente legales; propicia la pérdida de control del Estado sobre la política económica, al insertar distorsiones en la economía que la hacen aún más fluctuante y difícil de predecir, y disminuye los ingresos tributarios gubernamentales, lo que tiende por lo regular a generar impuestos más elevados, en perjuicio de los contribuyentes honrados y los sectores productivos. Por tanto, el combate a dicho delito resulta imprescindible como forma de reducir el margen de acción de la delincuencia organizada y como medida para sanear la economía en su conjunto.
Sin embargo, su auge contrasta con la relajación de las autoridades mexicanas competentes. Tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y encargada de la “prevención del lavado de dinero”, cuyas cifras no sólo no reflejan el incremento en el flujo de recursos financieros ilegales en el país, sino que apuntan en sentido opuesto: en el primer semestre de 2008 el organismo no presentó un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones financieras ilícitas; en tanto, el número de reportes de inteligencia entregados a la Procuraduría General de la República asciende apenas a 11, frente a los 69 realizados en 2007, y los informes sobre “operaciones preocupantes” que el organismo afirma haber recibido suman apenas 33, a diferencia de los 250 formulados el año pasado.
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes son profundamente dependientes de sus ganancias económicas, pues les proporcionan, entre otras cosas, armamento complejo y capacidad de soborno e infiltración en las corporaciones policiales y los gobiernos. Sin embargo, los datos referidos muestran que, mientras en los últimos meses el combate al narco se ha basado en espectaculares despliegues militares por todo el territorio nacional, con el consabido incremento en la violencia y la inseguridad, poco se ha hecho para terminar con la invasión de dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Es de suponer que mecanismos de control más estrictos y eficientes, junto con estrategias policiacas efectivas para cerrar los caminos del lavado de recursos a los criminales, arrojarían resultados mucho mejores que los actuales.
Este ilícito constituye un proceso culminante de la llamada industria delictiva: es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, al disfrazar el origen ilegal del dinero para poder utilizarlo. Además de alimentar la maquinaria del crimen organizado, el blanqueo de fondos representa una amenaza para las economías de los países donde se practica, que por lo regular son las naciones menos industrializadas, que cuentan con sistemas financieros desregulados y autoridades deficientes. Entre otros efectos nocivos, el lavado potencia la erosión del mercado financiero, al introducir en él flujos particularmente inestables, repentinos e inseguros, sobre los que no hay registros, como sí ocurre con los recursos lícitos; genera injustas ventajas competitivas para las llamadas “empresas fachadas” –que tienen acceso a grandes sumas de montos ilegales– frente a compañías que realizan actividades estrictamente legales; propicia la pérdida de control del Estado sobre la política económica, al insertar distorsiones en la economía que la hacen aún más fluctuante y difícil de predecir, y disminuye los ingresos tributarios gubernamentales, lo que tiende por lo regular a generar impuestos más elevados, en perjuicio de los contribuyentes honrados y los sectores productivos. Por tanto, el combate a dicho delito resulta imprescindible como forma de reducir el margen de acción de la delincuencia organizada y como medida para sanear la economía en su conjunto.
Sin embargo, su auge contrasta con la relajación de las autoridades mexicanas competentes. Tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y encargada de la “prevención del lavado de dinero”, cuyas cifras no sólo no reflejan el incremento en el flujo de recursos financieros ilegales en el país, sino que apuntan en sentido opuesto: en el primer semestre de 2008 el organismo no presentó un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones financieras ilícitas; en tanto, el número de reportes de inteligencia entregados a la Procuraduría General de la República asciende apenas a 11, frente a los 69 realizados en 2007, y los informes sobre “operaciones preocupantes” que el organismo afirma haber recibido suman apenas 33, a diferencia de los 250 formulados el año pasado.
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes son profundamente dependientes de sus ganancias económicas, pues les proporcionan, entre otras cosas, armamento complejo y capacidad de soborno e infiltración en las corporaciones policiales y los gobiernos. Sin embargo, los datos referidos muestran que, mientras en los últimos meses el combate al narco se ha basado en espectaculares despliegues militares por todo el territorio nacional, con el consabido incremento en la violencia y la inseguridad, poco se ha hecho para terminar con la invasión de dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Es de suponer que mecanismos de control más estrictos y eficientes, junto con estrategias policiacas efectivas para cerrar los caminos del lavado de recursos a los criminales, arrojarían resultados mucho mejores que los actuales.
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