Durante los últimos 10 años, en que México ha estado gobernado por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ha habido un sostenido fracaso en materia de seguridad pública, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El severo análisis, que explica el problema por la falta de continuidad en los planes y programas, la improvisación, la corrupción y la impunidad, fue preparado para el examen periódico universal a que nuestro país será sometido en febrero del año próximo por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Otros informes, con el mismo fin, deberá presentar el gobierno mexicano al Alto Comisionado de la ONU.
Para quienes vivimos aquí, el informe de la CNDH refleja una realidad palmaria. Solamente hoy, en este mismo diario, damos cuenta de la aparición de más cadáveres en Tijuana, el decomiso de armas y vehículos y el robo de avionetas aseguradas por la Procuraduría General de la República en el aeropuerto de Culiacán.
Hoy mismo también incluimos la propuesta de reformas legales del presidente Calderón para articular las acciones de seguridad de las autoridades federales, estatales y municipales, crear el sistema nacional de evaluación y control de confianza, mecanismos de participación social y ciudadana y normas para que la fuerza policial respete los derechos humanos.
La propia CNDH no está exenta de censuras. Hace tres semanas, su primer presidente, el doctor Jorge Carpizo, la llamó “una de las instituciones más oscuras del país”.
En el IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional, efectuado en Toluca, Carpizo acusó a la comisión de emitir recomendaciones ligeras que sólo han generado más impunidad, de presionar a los ombudsman de los estados a través de los gobernadores y de limitarse a la emisión de “tibios y timoratos” desplegados sobre “la terrible inseguridad en que está sumido el país”.
La evaluación que prepara la ONU dentro de cuatro meses no debe ser sólo un juicio sobre México, evidentemente. Puesto que la inseguridad que nos agobia obedece a la acción del crimen organizado internacionalmente, en el mismo banquillo deben ser sentados países del sur y del norte implicados en el problema.
El severo análisis, que explica el problema por la falta de continuidad en los planes y programas, la improvisación, la corrupción y la impunidad, fue preparado para el examen periódico universal a que nuestro país será sometido en febrero del año próximo por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Otros informes, con el mismo fin, deberá presentar el gobierno mexicano al Alto Comisionado de la ONU.
Para quienes vivimos aquí, el informe de la CNDH refleja una realidad palmaria. Solamente hoy, en este mismo diario, damos cuenta de la aparición de más cadáveres en Tijuana, el decomiso de armas y vehículos y el robo de avionetas aseguradas por la Procuraduría General de la República en el aeropuerto de Culiacán.
Hoy mismo también incluimos la propuesta de reformas legales del presidente Calderón para articular las acciones de seguridad de las autoridades federales, estatales y municipales, crear el sistema nacional de evaluación y control de confianza, mecanismos de participación social y ciudadana y normas para que la fuerza policial respete los derechos humanos.
La propia CNDH no está exenta de censuras. Hace tres semanas, su primer presidente, el doctor Jorge Carpizo, la llamó “una de las instituciones más oscuras del país”.
En el IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional, efectuado en Toluca, Carpizo acusó a la comisión de emitir recomendaciones ligeras que sólo han generado más impunidad, de presionar a los ombudsman de los estados a través de los gobernadores y de limitarse a la emisión de “tibios y timoratos” desplegados sobre “la terrible inseguridad en que está sumido el país”.
La evaluación que prepara la ONU dentro de cuatro meses no debe ser sólo un juicio sobre México, evidentemente. Puesto que la inseguridad que nos agobia obedece a la acción del crimen organizado internacionalmente, en el mismo banquillo deben ser sentados países del sur y del norte implicados en el problema.
El documento de la CNDH:
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