No debemos celebrar!: Gómez Mont

Palabras del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, durante la XXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. México, D.F., a 28 de noviembre de 2008

Licenciado Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores;
Diputado César Horacio Duarte Jáquez,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
Ingeniero Eduardo Bours Castelo,
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores;
Distinguidos Gobernadores de las Entidades Federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Ingeniero Juan Sánchez Aldana,
Presidente Municipal de Zapopan y Representante de la Asociación de Municipios de México;
Estimados integrantes del Gabinete del Presidente Felipe Calderón,
Representantes de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil;
Licenciado Rubido García,
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Señoras y Señores:
Buenos días a todos.
El país afronta un momento crítico que, a su vez, ofrece una oportunidad histórica.
Es crítico porque la situación obliga a tomar decisiones impostergables para hacerle frente al crimen organizado; y es oportunidad porque para combatir con éxito a la criminalidad debemos actualizar el arreglo institucional del país.
Nuestra máxima responsabilidad es asumir juntos las decisiones que haya que tomar.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el pasado 21 de agosto es una apuesta institucional para, juntos, hacernos responsables de poner un alto al crimen organizado a través de una eficaz coordinación entre autoridades, homologando el proceso de profesionalización de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia; y sumando a los medios y a la sociedad civil en el arraigo de la cultura de la legalidad.
Tener como signatarios a los tres Poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, con el ingrediente adicional de que serán los propios ciudadanos los que juzguen el cumplimiento de cada uno de los 74 objetivos, refleja que sí tenemos capacidad y voluntad de materializar con hechos la corresponsabilidad.
Corresponsabilidad que se expresa en dos vertientes:
La primera implica que cada suscriptor debe ejercer sus atribuciones con eficacia para cumplir sus propios compromisos; la otra vertiente radica en que cada suscriptor debe colaborar para que los demás suscriptores cumplan con su tarea.
Las fronteras, más que fijar una división, son el espacio de encuentro entre vecinos.
De la misma forma, los puntos en donde se tocan los ámbitos de la Federación con las Entidades Federativas y éstas últimas con la vida municipal, deben ser los espacios donde se gesta la vocación y colaboración federalista.
A mayor coordinación mayor fortaleza del Estado Mexicano y menores huecos de impunidad para el crimen organizado.
Por todo ello el Gobierno del Presidente Felipe Calderón está concentrado en realizar la parte que le corresponde.
Cumplir cada uno de los 36 compromisos que se derivan de los 28 objetivos que asumió el Gobierno Federal en la suscripción del Acuerdo, ha implicado la elaboración de una amplia planeación estratégica, evaluación del impacto presupuestal, autorización de recursos, determinación de tramos de actuación, elaboración de proyectos y puesta en marcha de acciones específicas.
Cada dependencia del Poder Ejecutivo involucrada en el Acuerdo ha determinado, conforme a sus atribuciones, los pasos a seguir para cumplir sus propios compromisos.
Estas etapas se han calendarizado de tal manera que es factible el puntual seguimiento y evaluación de cada uno de ellos.
Para facilitar el seguimiento de cada objetivo, la Secretaría de Gobernación desarrolló un Sistema Único de Seguimiento, el cual nos permite evaluar el estado en que se encuentra cada compromiso, supervisar el desempeño de las dependencias federales en el cumplimiento de cada uno, estandarizar la información y los reportes de seguimiento y establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias concurrentes.
El Sistema fue diseñado conforme a los siguientes criterios:
Define una ruta crítica para cada compromiso.
Establece el margen de acción de cada dependencia, según sus propias atribuciones.
Define un liderazgo institucional responsable de coordinar los esfuerzos que cada compromiso incluye en aquellos casos en los que participan dos o más dependencias.
Obliga la depuración de cada dato que se suba al sistema, con el propósito de que cada acción reportada sea verazmente realizada.
Permite uniformar la información que, por disposición legal, debe hacerse pública para que la sociedad y la opinión pública pueda disponer de ella.
Con base en estos elementos me permito informar a este distinguido Consejo que en estos primeros 100 Días el Gobierno Federal ha cubierto en 100 por ciento de los siete compromisos programados para se resueltos durante este período.
Primero: Se gestionó ante los diputados y las diputadas federales una reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 para dar cumplimiento al Acuerdo.
Gracias a la decisión de los legisladores, se incrementó el presupuesto en los rubros de Orden y Seguridad en un 33 por ciento.
Segundo: Se ha fortalecido el Sistema de Denuncias Contra la Corrupción y la mala actuación de los servidores públicos, incorporando como el elemento clave la participación ciudadana a través de los portales de internet de las dependencias de la Administración Pública Federal y de la distribución de formas de denuncia impresas, carteles y anuncios informativos.
Tercero: Se presentó ante el Congreso de la Unión la Iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que propone un nuevo modelo ministerial, policial y pericial que establece también instancias de coordinación y sistemas de información.
Cuarto: Se autorizó a las 32 Entidades Federativas, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al CISEN a adquirir armamento que permita incrementar sus capacidades.
Quinto: Se presentó ante el Congreso de la Unión un paquete de reformas para fortalecer al Gobierno Federal en las complejas tareas de seguridad pública y procuración de justicia.
Sexto: Se han instrumentado campañas masivas para promover la denuncia y prevención del delito y la cultura de la legalidad, tanto en los medios impresos, como en radio y televisión. Y
Séptimo: Se presenta una propuesta de modelo de Observatorio Ciudadano que permitirá vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En el futuro inmediato se tienen contemplados 15 Compromisos más con fechas de vencimiento que van de cuatro a seis meses. Entre ellos destacan, por su importancia y el nivel de avance con el que se cuenta, los siguientes:
Se cuenta con los Proyectos del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza y del Protocolo de Evaluación, mismos que ya han sido enviados al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para ponerlos a consideración de este Consejo.
En septiembre pasado, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aprobó la Estrategia Nacional Integral contra el Secuestro.
El pasado 30 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal en materia de narcomenudeo.
Se encuentra en sus etapas finales el diseño de la Estrategia para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Como parte de los compromisos suscritos en materia de prevención del delito, atención a personas con adicciones, apoyo a organizaciones que promueven la rehabilitación y el Programa Escuela Segura, se han iniciado diversas acciones en estos 100 Días, mismas que mis compañeros de Gabinete detallarán en unos momentos.
El conjunto de los objetivos, compromisos y avances, se estarán reportando oportunamente a este Consejo y a la propia sociedad civil, con quienes se ha entablado una comunicación permanente.
Incluso es preciso señalar que el Gobierno Federal ha enriquecido muchas de las acciones que realiza para cumplir los compromisos del Acuerdo, gracias a las opiniones y puntos de vista que organismos ciudadanos le han manifestado.
Un elemento que hace sustancialmente distinto este Acuerdo con otros esfuerzos realizados en el pasado fue la decisión que tomó este Consejo de poner en manos de los propios ciudadanos la evaluación sobre cada uno de los compromisos.
De tal forma y precisamente como una consecuencia de la estrecha colaboración que se tiene con los organismos, se propone la creación de una instancia que pondría a disposición de las autoridades presentes una ventanilla integradora para el acopio de la información estadística y establecería los criterios para la homologación y clasificación de la información.
La instancia se integraría de un Consejo Rector en el que participarían el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, institución que cuenta con el mandato de Ley como la dependencia articuladora de toda la estadística en materia de seguridad y justicia a nivel nacional, estatal y municipal.
El INEGI supervisaría los indicadores de medición para contar con información estadística confiable y objetiva y ya viene trabajando en el desarrollo de herramientas de captación y procesamiento de datos en todo el territorio nacional.
El Instituto Federal de Acceso a la Información se responsabiliza de establecer los criterios para el acceso a la información de seguridad pública y justicia penal en el nivel federal, así como organizaciones ciudadanas, instituciones académicas y expertos en materia de seguridad y justicia.
Esta propuesta pretende ofrecer un mecanismo de información que sea útil y, a su vez, se nutra de todos los esfuerzos de observación que realice la sociedad en plena autonomía.
Hago entrega al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de que esta propuesta sea analizada y se determine su viabilidad jurídica y presupuestal.
Señoras y señores integrantes del Consejo Nacional:
No podemos celebrar ningún avance cuando la gran mayoría de los mexicanos reclaman tranquilidad y seguridad en sus hogares, en las calles, en sus centros de trabajo, en el transporte público o privado que usan para desplazarse o cuando salen del mercado, del banco o del centro comercial.
No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, capacitados y equipados.
No permitamos sentimientos de satisfacción hasta que el marco jurídico en materia de seguridad y justicia empiece a dar resultados concretos, visibles y medibles para la sociedad.
Los avances en torno al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad están sujetos al más riguroso escrutinio público y a la rendición de cuentas.
Ello es una buena noticia pues genera un clima que favorece la corresponsabilidad donde cada suscriptor también debe procurar que el otro sea exitoso en esta lucha.
Decía Octavio Paz: "más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad".
Hasta hoy hemos dado pasos firmes en una batalla de largo alcance que nos exige combatir sin descansar.
México es mucho más grande que sus problemas y en esta grandeza confiamos para hacer frente a un problema al que hemos decidido enfrentar hoy y no dejar esta batalla a otros gobiernos, cuando quizás ya sea muy tarde para salir triunfantes.
La hora crítica que vive la República nos ha hecho confluir aquí, en torno a un objetivo trascendente: garantizar que cada familia mexicana se sienta protegida por sus autoridades y por un Estado de Derecho garante de un país libre, democrático y con oportunidades para todos.

Fuente: CS de la Segob.