¡SIEDO infiltrada?

Nota de Silvia Otero basada en el Boletín de PGR 667/08

Descubren nexos de los Beltrán Leyva con agentes de SIEDO

El Universal on line Martes 12 de agosto de 2008: 21:12 horas
Informa PGR que hasta el momento seis servidores públicos han sido detenidos para quedar sujetos a investigación por sus presuntos vínculos con el cártel

Los narcotraficantes integraron una célula de servidores públicos federales -un militar y dos funcionarios de alto nivel-, que desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a la que estaban asignados, presuntamente colaboraban con los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva.

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SE INVESTIGA FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SIEDOMartes, 12 de Agosto de 2008 Boletin 667/08
• El Juez Federal de Procedimientos Penales Federales obsequió la medida cautelar de arraigo solicitada por el Fiscal de SIEDO, en contra de seis servidores públicos

¡Es la impunidad la que nos ahoga!

El gran nudo/Federico Reyes Heroles

Publicado en Reforma (www.reforma.com) 12 de agosto de 2008;

8Presidentes entran y salen. Ahora de colores diferentes. Gobernadores los hay de todos los frentes, igual que presidentes municipales. Los procuradores y jefes de las diferentes corporaciones policiacas desfilan. Se anuncian planes que sustituyen a antiguos planes que de nada sirvieron. La criminalidad está instalada entre nosotros y nuestros gobernantes se miran como unos incapaces frente a este cáncer. No queremos aprender la lección: no es una cuestión de las personas, es de instituciones, es de estructuras.

¿Cuánto le cuesta a México esta incapacidad? El costo humano es invaluable. La tragedia personal, familiar, de las víctimas pertenece a otra dimensión. Pero incluso en los fríos números la criminalidad es responsable en buena medida de que el país no crezca al ritmo que podría hacerlo, de que los inversionistas tengan que introducir cálculos de sus riesgos por operar en México, de que los seguros sean más caros, de que seamos un territorio sombrío. Pero regresemos al nudo central.

Cada vez que una nueva tragedia sacude a la opinión pública aparecen los mismos argumentos. La rabia provoca una reacción que apunta a las penas. Se habla de la pena de muerte o de la cadena perpetua. Pero todo indica que ése no es el camino. Cuántas veces no lo repitió Rafael Ruiz Harrell. Las penas son un asunto secundario. Es la impunidad la que nos ahoga. Más del 99 por ciento de los actos delictivos quedan impunes. Hablar de la pena de muerte para criminales mayores lleva una enorme carga emocional. Pero la gran tragedia radica en que sólo 7 de cada mil delitos reciben una sanción. Es el 99.3 por ciento de impunidad el que nos asfixia. Utilizo la muy útil información del ICESI, instancia que debería recibir más apoyo tanto federal como privado. ¿Y por qué quedan impunes los actos delictivos? La respuesta está en ese perverso círculo que tiene en el centro al Ministerio Público con el monopolio de la investigación.

Son muy pocos los mexicanos que acuden a denunciar los delitos, el 88 por ciento no lo hace. Por qué desconfían, por una combinación de factores. Saben que las investigaciones no conducen a nada. El gran delito que se comete en contra de la ciudadanía todos los días es un delito de omisión: los investigadores no investigan. Por qué no investigan, porque en muchas ocasiones son cómplices de la delincuencia como lo estamos viendo una vez más en el caso de Fernando Martí Haik. Además el ciudadano no denuncia porque denunciar es riesgoso.

Si el MP no investiga, a quién puede acudir el ciudadano para denunciar al propio MP. La respuesta es a nadie. No hay cómo investigar a los supuestos investigadores. No hay cómo investigar por qué no investigan. Alrededor del MP hay un cerco institucional, de protección, de silencio que por desgracia la reciente reforma penal y de justicia no rompió. Allí está el nudo, allí nace la impunidad. También hay agentes de esas organizaciones capaces y honestos, pero de nuevo no es un asunto de personas sino de pesos y contrapesos institucionales. El monopolio de la investigación en manos del MP y la vinculación orgánica de éstos con los poderes ejecutivos locales o el federal son una auténtica aberración que no queremos enfrentar. Tanto el nuevo procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, como el nuevo titular de seguridad de la capital, el doctor Mondragón y Kalb, son personas conocidas por su capacidad y probidad. Cito el caso capitalino por estar hoy en el centro de la discusión, pero si no hay una cirugía mayor en el acuerdo institucional su voluntad se volverá a disolver en un pantano de corrupción e impunidad. ¿Quién dará el primer paso, el GDF?

¿Qué nos detiene frente a lo evidente? Por un lado una doctrina jurídica atada a tabúes y mitos, uno de ellos el monopolio de la investigación. Ello sucede a pesar de que, una y otra vez, los análisis de expertos y las desgarradoras cifras apuntan allí. Por otro lado la propia criminalidad con escritorio oficial. Qué más esperan que ocurra para encarar la degradación institucional. Como agravante está la no reelección de los legisladores tanto locales como federales. Cada tres años los mexicanos tenemos que pagar el alto costo de su aprendizaje. Necesitamos legisladores especializados en diferentes áreas y una de ellas es la seguridad.

La reciente reforma penal y de justicia tiene bondades y carencias y seguramente necesitará de ajustes consecutivos. Pero si los legisladores carecen de los conocimientos para seguir los efectos de la norma, caeremos de nuevo en el marasmo que sangra a la sociedad mexicana. Además la implementación de la ley requiere de un periodo de 8 años que resulta hoy indigerible para México. Cómo pedir a los mexicanos que esperen cuando las calles han sido convertidas en una selva. No hay tiempo que perder. La reforma debe ser revisada de inmediato para ver en qué aspectos se puede avanzar más rápido. E insisto, revisar también el tratamiento que se le da a la instancia de investigación. Si ese gran nudo no se resuelve de manera radical lo demás, incluidos los juicios orales, serán medidas incapaces de contener la impunidad.

El terrible caso Martí Haik debe servir para sacudir a todos los involucrados, de cualquier color partidario. La diputada Zavaleta y la CNDH han planteado un acuerdo nacional, bien hecho. Pero además debemos recordar que si bien el secuestro afecta a familias pudientes también cotidianamente toca a todo tipo de mexicanos. La impunidad es un gran generador de injusticia y desigualdad social. La afectación patrimonial a los pobres de México producto de la impunidad es una auténtica llaga en nuestra historia. Un México seguro sería también un México más justo.

Columna Archivos del poder

Columna Archivos del poder/Martín Moreno

Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 12/08/2008;

Noé, el chofer, Mendieta y los procuradores
Los acontecimientos de los últimos días: secuestros, asesinatos, renuncias sorprendentes en la PGR, negociadores profesionales y la pobreza de resultados en las procuradurías, tanto federal como capitalina, han estado rodeados de historias que deben ser consideradas como puntos clave de la tragedia que, acerca de la criminalidad, está viviendo México.
Un titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que renuncia sospechosamente, en medio de una serie de detenciones hasta hoy encubiertas. Un chofer que estaba drogado cuando el automóvil que conducía fue interceptado con la finalidad de secuestrar a su joven patrón. Un jefe de Gobierno del DF que recomienda a “negociadores” para intentar rescatar a secuestrados, en vez de confiar en sus cuerpos de seguridad.
Dos procuradores que muestran frivolidad e insensibilidad en sus actuaciones.
Noé Ramírez Mandujano. El hasta haca algunos días poderoso titular de la SIEDO fue obligado a renunciar en circunstancias misteriosas y, hasta ahora, ocultas a la opinión publica. Resulta que, el 30 de julio pasado, el mismo día en que Ramírez Mandujano presentó su dimisión, fueron detenidos, al mediodía, tanto Jorge Colorado, jefe del equipo especial conocido como Los Gafes, así como algunos de sus subordinados: Fernando Rivera, Roberto García y Milton García.
La orden de arraigarlos salió directamente de la oficina del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Tanto Colorado como sus colaboradores fueron, en primera instancia, interrogados en el tercer piso de la PGR y, posteriormente, conducidos hasta el Centro de Operaciones de la Policía Federal, en Iztapalapa, donde permanecen arraigados. ¿Por qué fueron detenidos y por qué no se ha informado de su arraigo? No se sabe. Pero lo cierto es que, horas después de su detención, Ramírez Mandujano fue obligado a presentar su renuncia.
¿Qué cuenta pendiente tiene Ramírez Mandujano? Basta recordar lo que escribimos en estos Archivos el 27 de septiembre del año pasado: “Al escritorio del despacho presidencial ha llegado un informe preocupante: varios millones de dólares fueron robados de la fortuna original incautada de la residencia, en Lomas de Chapultepec, de Zenli Ye Gon, justo en el momento en el que se realizaba el operativo. En el reporte aparece el nombre de un personaje clave que sabe qué ocurrió con ese dinero: Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de la SIEDO. “Se conoce que, de la cifra originalmente reportada —205 millones de dólares—, hacen falta entre diez y 15 millones de dólares. Y de ello ya está enterado el Presidente de la República”.
Hasta aquí la mención sobre Ramírez Mandujano. Y la pregunta, ahora: ¿por qué no se investigó absolutamente nada sobre este faltante de dinero? Esta versión no nos ha sido refutada por ninguna autoridad.
Jorge Palma Lemus. 4 de junio. El chofer de la familia Martí, según las investigaciones, tomó una ruta diferente de la que acostumbraba para llevar a Fernando Martí a la escuela. Acompañados del escolta Christian Salmones Flores fueron secuestrados.
Fernando y Palma Lemus aparecieron muertos. Christian sobrevivió. Pero en el cadáver del chofer se encontraron altas dosis de cocaína. Es decir: Palma Lemus iba drogado en el momento en el que a Martí lo secuestraron. En los círculos policiacos se comenta que se inhala cocaína para darse valor. ¿Por qué lo hizo entonces el chofer de Fernando Martí? Aún se ignora.
Ebrard y Mendieta. Angustiado por el secuestro de su ser querido, el padre de familia tocó varias puertas hasta llegar a la oficina del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Pidió ayuda. Ebrard se limitó a aconsejarle: “Busca a Ernesto Mendieta…” ¿Y quién es Mendieta? Es conocido en el medio policiaco como “negociador de secuestros” y quien fue, entre otros muchos casos, encargado de mediar con los secuestradores de Fernando Martí y recomendó a los padres del menor no dar aviso a las autoridades. Mendieta fue director del Instituto de la Policía Judicial Federal y asesor del equipo de transición del entonces presidente electo Fox. Es el “negociador de secuestros” más conocido en el medio policiaco. Y Ebrard, en vez de confiar en los cuerpos de seguridad pública a su cargo y ordenarles resolver cualquier secuestro, se limita a recomendar al “negociador”. Así estarán las cosas de mal en la policía capitalina, que ni el jefe de Gobierno confía en ella. ¿Qué tal?
Medina-Mora y Mancera. El titular de la PGR ya supo, por fin, cómo atacar a la delincuencia: con proclamas públicas, como la divulgada por Notimex el viernes pasado. “Yo me sumo como ciudadano al hartazgo de la sociedad”, dice Medina-Mora. Si es así y él mismo ya puso el parámetro, pues que también actúe como ciudadano, viajando sin escoltas, en transporte público, corriendo los mismos riesgos que cualquiera, y que deje la PGR a quien no se sienta tan “ciudadano” y sí, en cambio, garantice una policía federal honesta, valiente y eficaz. Y del otro lado no se cantan mal las rancheras. Al procurador capitalino, Miguel Mancera, el reportero Fernando del Collado, de El Universal, le preguntó si le encargaría la seguridad de sus hijos a judiciales del DF. “¡Están cuidando a mis hijos!”, respondió Mancera.
Vaya cinismo. Que diga que los judiciales cuidan realmente a los hijos de los capitalinos, es escupirle en la cara a todos aquellos que han sido secuestrados y asesinados por elementos de la PGJDF. No tiene nombre.

Incrementar un peso a las gasolinas

La propuesta de Leo Zuckermann

Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann

Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 12 de agoto de 2008;

Más allá de la protesta, buscar soluciones
Un día después de la marcha en contra de la inseguridad en 2004 escribí en El Universal: “Sé que la movilización de ayer corre el peligro de diluirse. De no dejar huella. De perderse. De no lograr el objetivo final de abatir los índices de criminalidad que nos agobian. De que haya sido impresionante, de miles de personas, de mucho silencio, pero de pocas nueces”. Cuatro años después creo que efectivamente hubo pocas, muy pocas, nueces. Las altas tasas de homicidios persisten. Los secuestros han regresado con fuerza.
El secuestro y el asesinato de Fernando Martí ha sido la gota que volvió a derramar el vaso. Una vez más, la sociedad se siente agraviada. Otra marcha de protesta ciudadana en contra de la inseguridad se convoca para el sábado 30 de agosto. En el Distrito Federal partirá del Auditorio Nacional a las 19:00 horas para llegar al Ángel de la Independencia donde los asistentes colocarán veladoras en señal de protesta.
Pero, más allá de demostrar indignación, habría que procurar soluciones al problema. Que el ruido esté acompañado de nueces. Que la marcha sirva para presentar propuestas de solución. En este sentido, creo que sería conveniente presentar la idea de que la Federación sea la única instancia gubernamental encargada del delito de secuestro. Actualmente, este crimen es del fuero común; le toca a las entidades federativas perseguirlo. La Federación puede entrar a las investigaciones en caso de que se compruebe que se trata de grupos de delincuencia organizada. El resultado es un intrincado régimen donde impera la descoordinación.
Es común que las autoridades de los distintos niveles se echen la bolita de quién es el responsable de solucionar este flagelo. A un ciudadano común y corriente, sobre todo al que tiene secuestrado a un familiar, le importa un bledo este enredo. Lo que quieren son soluciones. Y la solución pasa por que haya un responsable único de resolver los secuestros. Esa autoridad, por la necesidad de operar en todo el territorio nacional, sólo puede ser la Federación. De esta forma, si hubiera un secuestro se recurriría inmediatamente a la Policía Federal. Ahí ya existe una unidad especializada en este delito que debería ser reforzada al máximo. Dotarla de todos los recursos necesarios para actuar con eficacia.
Si México pudo resolver el fraude electoral creando instituciones, también puede solucionar el flagelo del secuestro construyendo una rama de la policía nacional dedicada a ello. Esta policía de la Federación podría combatir a las bandas que están integradas o protegidas por policías de los estados y municipales.
Pero la sociedad también debe poner su parte en la solución al secuestro. No podemos demandarle al gobierno que haga mucho si no tiene el dinero para financiar soluciones de fondo. En la construcción del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se invirtieron miles de millones de dólares de los contribuyentes. Lo mismo tendría que hacerse con una policía federal antisecuestros. Proveerle dinero para formar los mejores cuadros policiacos que tengan acceso a las mejores tecnologías operativas y de inteligencia. En este sentido, el gobierno podría incrementar en un peso el precio de cada litro de la gasolina que actualmente está subsidiada. Esto generaría alrededor de 60 mil millones de pesos anuales que podrían etiquetarse para la formación de una sólida policía nacional incluida su unidad antisecuestros. De esta manera serían las clases media y alta, actuales beneficiarios del subsidio gasolinero, y que son los más afectados por el secuestro, las que pagarían la solución propuesta.
En suma: que se federalice el delito de secuestro y se refuerce la unidad antisecuestros de la Policía Federal con los mejores recursos, financiada con un incremento de un peso al precio (hoy subsidiado) de la gasolina.

Más cambios

De la columna Razones de Jorge Fernández Menéndez

Publicada en Excelsior, 12/08/2008;

"Otros cambios fueron lo que se dieron en la PGR, donde dejó la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales José Luis Santiago Vasconcelos, un funcionario con una larga y muy eficiente trayectoria en la Procuraduría y quizá quien más y mejor trabajó en el ámbito de la lucha contra las drogas, durante años. La salida de José Luis se entiende precisamente por el tiempo que pasó en esa responsabilidad que, de alguna manera, se prolongaba, aun cuando fuera informalmente, en el que era su actual cargo. Se ha dicho que va a tener un nuevo puesto en el gobierno federal. Ojalá así sea, porque Santiago Vasconcelos es un hombre que conoce como pocos los ámbitos de procuración de justicia, el crimen organizado y la relación con las instituciones de seguridad de otros países, sobre todo Estados Unidos. Y debe ser protegido por ello.
Pero también es verdad que se deben revitalizar las distintas instancias en este ámbito. Y a partir de todo lo ocurrido durante los últimos días, parece existir la decisión presidencial de otorgarle, un mucho mayor protagonismo que el que tenía hasta ahora, al procurador Eduardo Medina-Mora, incluida la posibilidad de que reestructure su equipo. Si fuera así, sería una decisión correcta, primero porque Medina-Mora es uno de los hombres que sabe y hace política en el equipo gubernamental y, segundo, porque si bien muchas de las iniciativas presentadas al inicio del sexenio, para modificar los esquemas de seguridad, sobre todo policiales, son en términos generales acertadas, lo cierto es que incluso con las reformas que se aprobaron en meses pasados, no todo fue admitido y quedaron muchos vacíos: hoy debe quedar claro qué cosas son atribución de la Procuraduría y qué de la Secretaría de Seguridad Pública.
Hace ya tiempo decíamos que la política es la que debe regir la seguridad y, si el diseño político institucional tiene vacíos o fallas, incluso las mejores técnicas al respecto terminarán reflejando esas insuficiencias. Al Presidente y a muchos de sus funcionarios les gustan las metáforas futbolísticas. Y, hasta ahora, no se ha podido penetrar a la defensa rival jugando sólo por el centro. Con esta nueva posición en el campo de Medina-Mora, se busca abrir el juego por las bandas, mientras que Ruiz Mateos sería algo así como un lateral, que juega en la defensa, pero tiene muchas responsabilidades ofensivas. Claro, cuando se juega así, uno se arriesga a los contragolpes.

Fox agente del imperialismo: Murillo

Primera dama nicaragüense llama "político fracasado" a Fox
Por FILADELFO ALEMAN
The Associated Press

Publicado en el portal de El Nuevo Herald, 12/08/2008;

http://www.elnuevoherald.com/167/story/261057.html
MANAGUA -Rosario Murillo, esposa del presidente izquierdista Daniel Ortega, calificó el martes como un "político fracasado, agente del imperialismo" al ex presidente de México Vicente Fox, quien llegó a la capital nicaragüense para ofrecer una conferencia en la que lanzó veladas críticas al gobierno local.
Murillo, quien tiene a su cargo la oficina de comunicación y prensa de la Presidencia, sostuvo que Fox "destruyó la industria petrolera (mexicana), les dio el poder a los narcotraficante y multiplicó la corrupción. Dicen que sus familiares cercanos estaban involucrados en redes de corrupción".
"A mi me da hasta cierto punto risa este personaje criollo de la política criolla que siempre resulta absolutamente provinciana y hasta ridícula", agregó la primera dama en declaraciones al Canal 4 de la televisión sandinista.
En una conferencia sobre "El estado de la democracia en América Latina", el ex gobernante mexicano (2000-2006) aseguró ante políticos y empresarios reunidos en un exclusivo club de Managua que ""hoy estamos nuevamente volcando la mirada al pasado, repitiendo historias que no deben repetirse y tropezándonos con la misma piedra".
"Trasnochadas ideologías del pasado repiten la historia y vuelven a aventuras que no nos llevan a ningún lado. El ejercicio personalizado del poder es una trampa y engaño a los ciudadanos que creen en la democracia", dijo Fox, sin aludir a ningún país en particular, aunque en una alusión indirecta a los 1980 cuando en Nicaragua gobernó el entonces guerrillero Frente Sandinista para la Liberación Nacional que ahora nuevamente ostenta el poder bajo el liderazgo de Ortega.
Advirtió sobre los que "a través del voto y procesos democráticos llegan al poder y después nos cambian la jugada y nos dan la gran sorpresa... ahí es donde está el peligro para América Latina y donde el costo a pagar será muy elevado".
Luego refiriéndose a Venezuela, con cuyo presidente Hugo Chávez ha protagonizado altercados verbales, Fox expresó que "de nada vale el ingreso por petróleo mientras se siga dilapidando a diestra y siniestra y se siga utilizando para control político" y para "estar haciendo injerencias violatorias de soberanía en distintos países latinoamericanos".
En una entrevista concedida al Canal 2 de la televisión local, Fox criticó a Ortega por conceder asilo a la universitaria mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque del ejercito de Colombia a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador a principios de marzo.
Afirmó que Morett era de esos muchachos que van a los campamentos de las FARC "a entrenarse" y cuando son capturadas se les presenta como "santurronas".

¡La vida es sueño!

Soliloquio de Segismundo en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca (1601-1681)

"Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe, 5
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte? 10Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza, 15

Mucho dinero sucio

El pasado 12 de junio México y EE UU anunciaron el inicio de operaciones de una unidad especial encargada de identificar y combatir prácticas comerciales de lavado de dinero y contrabando.

La llamada Unidad de Transparencia Comercial (TTU, por sus siglas en inglés) "será la responsable de analizar cualquier operación de comercio exterior entre México y EE UU para detectar irregularidades", informaron funcionarios de aduanas de ambos países.

En ese entonces, Julie Myers, secretaria adjunta de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo que la unidad es una parte "esencial" de la estrategia de ambos gobiernos para combatir redes criminales. "A través de la TTU nos enfocamos hacia las empresas ilegales que facilitan el movimiento de compañías criminales a través de las fronteras internacionales y que ayudan y sostienen una amplia gama de actividades ilícitas como lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de personas y armas", señaló.

Las TTU fueron creadas por las aduanas estadounidenses en 2004 y un año después instaló la primera unidad en el extranjero en Colombia. Desde entonces se han establecido otras en Argentina, Brasil y Paraguay.

Bienevenida la cooperación, pero que ha nuestra Unidad de Inteligencia financiera?

¡Este martes La Jornada hace una fuerte crítica!

Por cierto, un boletín de la PGR fechado el sabado, 08 de Diciembre de 2007: 643/07, decía "Como resultado del liderazgo que México ha mostrado en temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada transnacional a nivel hemisférico, la PGR obtuvo por aclamación la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GECLA), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD)."

¿Cómo estarán los demás?
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Dinero sucio y descontrol financiero/Editorial

La Jornada (www.jornada.unam.mx), 12/08/2008;

De acuerdo con el Reporte sobre la estrategia de control internacional de narcóticos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca de 22 mil millones de dólares pudieron haber sido “repatriados” a México a partir de 2003, como parte de las ganancias derivadas de la venta ilegal de estupefacientes en ese país. El documento identifica a México como uno de los “mayores países productores y de tránsito de drogas en el mundo”, así como uno de los “mayores desafíos” para aquella nación “en jurisdicción de lavado de dinero”, y atribuye tal circunstancia a la combinación de un “sector financiero sofisticado y controles regulatorios relativamente débiles (que) facilitan el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga”.

La información pone en evidencia el carácter endeble del sistema financiero mexicano, situación que lo hace propicio para la proliferación del blanqueo de recursos ilegales, revela la falta de mecanismos para prevenir y castigar ese ilícito, y genera suspicacias sobre posibles corruptelas de instituciones financieras y autoridades.
Este ilícito constituye un proceso culminante de la llamada industria delictiva: es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, al disfrazar el origen ilegal del dinero para poder utilizarlo. Además de alimentar la maquinaria del crimen organizado, el blanqueo de fondos representa una amenaza para las economías de los países donde se practica, que por lo regular son las naciones menos industrializadas, que cuentan con sistemas financieros desregulados y autoridades deficientes. Entre otros efectos nocivos, el lavado potencia la erosión del mercado financiero, al introducir en él flujos particularmente inestables, repentinos e inseguros, sobre los que no hay registros, como sí ocurre con los recursos lícitos; genera injustas ventajas competitivas para las llamadas “empresas fachadas” –que tienen acceso a grandes sumas de montos ilegales– frente a compañías que realizan actividades estrictamente legales; propicia la pérdida de control del Estado sobre la política económica, al insertar distorsiones en la economía que la hacen aún más fluctuante y difícil de predecir, y disminuye los ingresos tributarios gubernamentales, lo que tiende por lo regular a generar impuestos más elevados, en perjuicio de los contribuyentes honrados y los sectores productivos. Por tanto, el combate a dicho delito resulta imprescindible como forma de reducir el margen de acción de la delincuencia organizada y como medida para sanear la economía en su conjunto.
Sin embargo, su auge contrasta con la relajación de las autoridades mexicanas competentes. Tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y encargada de la “prevención del lavado de dinero”, cuyas cifras no sólo no reflejan el incremento en el flujo de recursos financieros ilegales en el país, sino que apuntan en sentido opuesto: en el primer semestre de 2008 el organismo no presentó un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones financieras ilícitas; en tanto, el número de reportes de inteligencia entregados a la Procuraduría General de la República asciende apenas a 11, frente a los 69 realizados en 2007, y los informes sobre “operaciones preocupantes” que el organismo afirma haber recibido suman apenas 33, a diferencia de los 250 formulados el año pasado.
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes son profundamente dependientes de sus ganancias económicas, pues les proporcionan, entre otras cosas, armamento complejo y capacidad de soborno e infiltración en las corporaciones policiales y los gobiernos. Sin embargo, los datos referidos muestran que, mientras en los últimos meses el combate al narco se ha basado en espectaculares despliegues militares por todo el territorio nacional, con el consabido incremento en la violencia y la inseguridad, poco se ha hecho para terminar con la invasión de dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Es de suponer que mecanismos de control más estrictos y eficientes, junto con estrategias policiacas efectivas para cerrar los caminos del lavado de recursos a los criminales, arrojarían resultados mucho mejores que los actuales.

Nuevo Centro de Seguridad Fronteriza

La Universidad de Texas en El Paso (The University of Texas at El Paso: UTEP), pasó a ser oficialmente este martes 12 de agosto en sede del Centro Nacional para la Seguridad Fronteriza y la Inmigración.

Formará una alianza con al Universidad de Arizona.
El centro, será respaldado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) que dirige Michael Chertoff y estará dedicado a la investigación y formación de personal diplomado en seguridad fronteriza e inmigración.

El brigadier general retirado del ejército José Riojas, director general del centro en la UTEP, elogió el programa en el segundo día de la quinta reunión anual de la Conferencia sobre Seguridad Fronteriza."Se trata de encarrilar nuestro capital intelectual ... con las necesidades del DHS", dijo

En tanto, el teniente general William G. Webster, vicecomandante del Mando Norted señaló que el programa tiene un enorme valor debido a los cambios en cuestiones de seguridad: "son igualmente necesarios los intercambios de información de inteligencia", dijo.

El centro, formalizó un contrato de seis años con el gobierno federal; recibirá aproximadamente un millón anuales.

El día de ayer estuvo como conferencista en esa universidad el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Robert Muelle, quien sostuvo que el incremento en las actividades del crimen organizado “implica que el costo de protección en la frontera de Estados Unidos se incremente”. Expresó su preocupación sobre la intensa ola de ejecuciones en Ciudad Juárez, donde, dijo, de enero a la fecha se han perpetrado alrededor de 760 homicidios.
Tambien estuvo de ponente Michael Sullivan, director de la Agencia de Alcohol, Drogas y Armas, expresó su confianza a las autoridades mexicanas, que están haciendo su parte “para detener el flujo de droga hacia mi país”. Destacó también que el gobierno de México haya demandado al de Estados Unidos detener el flujo de armas.

Exaspera la impunidad

Exaspera la impunidad/Editorial

El Universal, 12 de agosto de 2008;

El desbordamiento del crimen organizado está acelerando un proceso de fermentación social que debe ser aceptado y atendido con urgencia por todos los niveles de gobierno, para no ser rebasados por la acción ciudadana.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a la construcción de un frente nacional contra el crimen organizado, preocupada porque 99% de los delitos queda en la impunidad, la desconfianza en las autoridades policiales se refleja en la denuncia de sólo 10% de los delitos, los procesos son deficientes y los sistemas penitenciarios están invadidos por la corrupción.
Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial y las asociaciones y cámaras de banqueros, seguros, hombres de negocios, comercio nacional y exterior, industriales, tiendas de autoservicio y departamentales, turismo y agropecuarios expresaron su disposición a sobrepasar el miedo y la indignación para resolver este problema, “frente a (quienes) con su inacción, apatía o pasividad provocan o consienten condiciones de seguridad insostenibles”.
El reclamo es de una energía inusitada y muestra el hartazgo por una situación que pone en riesgo permanente la seguridad física, jurídica y patrimonial de los habitantes de este país, sin importar su condición social. Otros perjuicios graves causa la inseguridad, como ahuyentar las inversiones y el turismo.
Lo peor es que en el crimen están involucrados jefes y agentes de los cuerpos responsables de la seguridad pública, y que algunos de los cabecillas de las bandas criminales las dirigen desde la cárcel por teléfonos celulares o con instrucciones transmitidas a través de sus defensores. La maraña se enreda cada día más.
La reacción que hoy vemos no es por el secuestro y brutal asesinato de un adolescente de la clase acomodada, sino por la creciente ola delictiva. Años atrás, el banquero Alfredo Harp Helú, la actriz Laura Zapata, el hijo del cantante Vicente Fernández, de igual nombre, y el empresario de medios Joaquín Vargas fueron igualmente víctimas del hampa, al mismo tiempo que miles más de menor renombre.
La autoridad está reaccionando instintivamente con cambios de cuerpos policiales completos —no sólo de mandos—, creación de grupos de vigilantes sin uniforme y consejeros ciudadanos vecinales, y hasta con recompensas de medio millón de pesos a quienes den datos que permitan la captura de plagiarios. El presidente Felipe Calderón añadió a su propuesta de cadena perpetua para los secuestradores su solicitud de compartir informaciones de seguridad y depurar los cuerpos policiacos.
Hay tanto por hacer, que hasta estas medidas obviamente desesperadas e inconexas pueden antojarse acertadas, pero en realidad es necesario establecer un marco general de acción coherente, con homogéneos sistemas de inteligencia compartible, capacitación de policías y formación ética de agentes del Ministerio Público —cuyas facultades convendría acotar— y de jueces, magistrados y ministros. Es decir, la escuela y la universidad tienen mucho que aportar en este proyecto.
No es necesario inventar el hilo negro, por supuesto. Podemos tomar el ejemplo de la Academia del FBI en Quantico, Virginia; las policías nacionales de España y Francia; Scotland Yard, de Inglaterra; la policía estatal de Holanda, así como de los cuerpos de seguridad de Israel y Japón. Eso hacen algunas empresas privadas de seguridad.
Falta, sí, voluntad política, en todos los niveles de la autoridad, para posponer las agrias rencillas circunstanciales y poder atender como es debido el problema que más nos importa ahora.
Es una magna tarea para los tres poderes y la sociedad, y todos los partidos, en las 32 entidades de la República.
Basta de querer beneficiarse con los tropezones de los otros. Esta guerra la vamos a ganar —o perder— todos los mexicanos juntos. Apostemos por ganarla, bien y pronto.

¡Reconocimiento irrestricto a la Comisión de Mediación!

Comunicado de la Comandancia General del EPR, 11/08/2008;

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Ante el lamentable y reprobable hecho del secuestro y asesinato del niño Fernando Martí, las declaraciones de los funcionarios públicos y de Felipe Calderón en el sentido de que la sociedad se conmovió con tan aberrante hecho, nosotros creemos que es justo este sentimiento.
Pero, queremos recordar que también una gran parte de la sociedad sigue conmovida por los aberrantes hechos de aprehensión, desaparición y asesinatos de luchadores sociales en el país; por lo que, si con el infamante asesinato del niño Fernando Martí, el Sr. Calderón retoma su iniciativa para que se aplique la pena de muerte o la cadena perpetua, esperamos que también así envíe su iniciativa de ley para que los responsables de los delitos de lesa humanidad que se cometen en contra de los luchadores sociales pagaran con la misma pena, ya que quienes los cometen tienen nombre y apellido empezando por los gobernadores: Ulises Ruiz de Oaxaca, Mario Marín de Puebla, Eduardo Bours de Sonora, Juan Manuel Oliva de Guanajuato, por poner algunos ejemplos
Desde 1960 por decir una fecha, jamás se ha castigado a los asesinos de los luchadores sociales que siempre han sido auspiciados y solapados por el gobierno y esto ha generado que continúen con sus aberrantes crímenes porque tienen el respaldo y gozan de toda impunidad.
Hoy, en el caso de nuestros compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, han puesto en libertad al subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado Pedro Hernández Hernández y a su chofer el agente Ángel Reyes Cruz "porque no se presentaron pruebas contra sus defendidos" como declarara su abogado. ¿Qué institución es responsable de presentar dichas pruebas?, desde luego, la Procuraduría General de la República, encabezada por Eduardo Medina-Mora, quien al igual que Ulises Ruiz Ortiz sabe perfectamente la responsabilidad de los anteriores arraigados y quiénes son del grupo paramilitar que comanda Jorge Franco, ligados estrechamente a la delincuencia organizada y en lugar de ponerlos a la disposición del Ministerio Público con un expediente bien elaborado y fundamentado, los premian con el manto de la impunidad y a algunos hasta con puestos políticos.
Por otra parte la actitud de la mayoría de legisladores ante estos hechos es pasiva y vergonzante, mientras con el aberrante secuestro y asesinato del niño Fernando Martí se escandalizan, no lo hacen con todas las personas que a diario son plagiadas y asesinadas en el país, tampoco con la detención, tortura, encarcelamiento, desaparición forzada de los luchadores sociales y menos con nuestros compañeros desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en cuyas personas también se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y ante los cuales se callan por conveniencia política.
Mientras… y ante estos acontecimientos, el Sr. Calderón y sus voceros dan rienda suelta a la propaganda negra al tratar de engañar al pueblo diciendo que nuestro partido ha recibido entrenamiento de parte de las FARC de Colombia, al considerar que somos tan mediocres (como ellos) que nos entrenamos y asesoramos (como ellos) en el extranjero. Es el gobierno del Sr. Calderón el que se asesora con supuestas "eminencias" norteamericanas, israelíes, francesas, colombianas, etc., preparadas para confundir a los pueblos. Como Vicente Fox que se asesoró con Aznar y Solá, españoles de derecha, éste último perito en mediatización y las áreas de propaganda blanca, gris o negra y guerra psicológica como se llaman dentro de la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad cuya aplicación se ha profundizado con el arribo del Sr. Calderón, con lo cual ha crecido la impunidad y la corrupción. Esta política que no sólo permite sino que ha invitado a mercenarios a incorporarse a los cuerpos represivos del Estado darán continuidad con los secuestros de los que tanto se queja la burguesía mexicana y seguirán asesinando y desapareciendo a los luchadores sociales en todo nuestro país.
Por nuestra parte, no hacemos más que llevar adelante los principios de nuestro lineamiento político al desarrollar nuestras actividades políticas y militares basados en nuestro propios esfuerzos, que no son pocos porque están respaldados por nuestro pueblo y a pesar de lo elitista que es la educación en nuestro país en nuestras filas militan todo tipo de profesionistas y técnicos empeñados en poner a la disposición de la lucha revolucionaria sus conocimientos. Si bien profesamos la solidaridad con las luchas de pueblos hermanos, sin presunción podemos decir abiertamente que no hemos necesitado asesoramiento extranjero hasta este momento. No estamos tan devaluados.
En nuestro país existe una gran parte de la sociedad que exige justicia por el cúmulo de delitos que comete el gobierno federal y sus representantes por medio de sus operativos policíaco-militares, y a esta parte de la sociedad ni la ven ni la oyen, como hace el Sr. Calderón y su gobierno con la Comisión de Mediación que propusimos y que con gran valor aceptaron los ciudadanos que la forman.
Por lo que aún estamos en espera del reconocimiento gubernamental de manera oficial de la Comisión de Mediación, así como también de la respuesta oficial y por escrito a los cuestionamientos de la misma
Del Sr. Calderón y de todos sus burócratas depende la paz porque ellos con su política son quienes generan la violencia. Del gobierno depende cumplir con nuestras demandas, de no ser así debieran plantearlo públicamente y no dar mensajes a sus mercenarios de la pluma para que nos digan lo que no se atreven a decirnos y recurren a instigarlos para que se ensañen con los luchadores sociales gozando con su sufrimiento al acusarlos sin pruebas -como si fuera una situación personal- para que los asesinen o los tengan en las prisiones de alta seguridad en donde tratan de despersonalizarlos. Por lo que insistimos en exigir su libertad inmediata e incondicional.
El gobierno panista no entiende ni comprende la situación que vive el pueblo mexicano y se aferra a secuestrar a millones de seres humanos, ciudadanos mexicanos que cada día sufren de hambruna y mueren de enfermedades curables cometiendo un verdadero genocidio. ¿Quién es responsable? Todos los priistas que en el pasado tuvieron el poder y hoy los panistas que lo ostentan, es decir, el Estado.
¡Qué bueno que el Sr. Ulises Ruiz coincida con Calderón! en la aprobación de la perpetuidad en la prisión de quienes son presuntos secuestradores, que a decir verdad a los únicos que les van a imponer esas cadenas es a los luchadores sociales y como ejemplo está la condena de 64 años que le impusieron a Ignacio del Valle y coacusados, porque de ser así los primeros que deberían de inaugurar su "justiciera" ley deberían ser el Sr. Calderón, Ulises Ruiz por cometer crímenes de lesa humanidad y su caterva de cómplices por tener secuestrados a millones de mexicanos con sus políticas neoliberales. También esas penas deberían dárselas a los delincuentes de cuello blanco, como a los defraudadores del FOBAPROA, los que vendieron las empresas paraestatales y que hoy quieren vender a PEMEX, a los Bribiesca, a los Mouriño, a Romero Deschamps…
Una vez más queremos dejar constancia que queremos la paz, por eso exigimos al Sr. Calderón y su gobierno que tomen en cuenta muy seriamente a la Comisión de Mediación y la entrega con vida de nuestros compañeros y nuestro pueblo se de cuenta hasta que grado de prudencia tenemos y que esto no se tome como un acto de debilidad o desorganización de nuestro partido, para que cuando haya una reacción ante el despotismo de estos tiranuelos no se sorprendan ni se asusten porque las condiciones objetivas están ya produciendo las subjetivas en las que el pueblo crea sus liderazgos y sus vanguardias para entrar en combate. El horno no está para bollos.
¡Reconocimiento irrestricto a la Comisión de Mediación!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República mexicana, a 11 de agosto de 2008.

Fuente: Cedema.org

Comisión de mediación

Mediación en riesgoGloria Leticia Díaz, reportera.

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;

Autor del libro La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor considera que no cabe esperar mucho ni de la guerra contra el narcotráfico ni de la velada contrainsurgencia como opciones para pacificar al país, ya que, afirma, persistirá la principal causa de los levantamientos: la “injusticia institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. Y en cuanto al papel de la Comisión de Mediación que busca contribuir a la presentación de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, el escritor dice a Proceso: Tan pobre es la visión del gobierno sobre las causas de los movimientos armados que esta instancia se halla en riesgo de desaparecer.

Sergio Aponte Polito

Suple General Sergio Magaña Mier al General Sergio Aponte Polito.
Las razones del cambio/Reportaje.

Semanaro Zeta No. 1793

Adela Navarro Bello y Rosario Mosso Castro, reporteras.

La salida del General Sergio Aponte Polito como Comandante de la II Región Militar en el País no se debe al incidente del disparo en el restaurante Pampas de Mexicali donde se vio involucrado.
Tampoco a la falta de resultados en el combate al crimen organizado, que de eso tiene mucho y estadísticas que lo avalen.
Aponte se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez.
Además por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta.
Entrando el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, al General le fue entregada una carta donde el propio mandatario le solicitó formal y oficialmente que le ayudara en el combate al crimen organizado. La misiva firmada por el Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, le abrió al militar la puerta para la investigación y el combate del narcotráfico y el crimen organizado en el Estado.
Lo que evidentemente no esperaban en la administración estatal, fue que las indagaciones del General tocaran las fibras más sensibles de la Procuraduría: Los principales colaboradores de Rommel Moreno Manjarrez. Entre ellos, tres en particular: Jesús Nelson Rodríguez, José Heredia González y Sonia Navarro.
En la primera carta pública del General la última semana de abril de 2008, de hecho escrita a petición expresa del Procurador Moreno quien exigió ante medios de comunicación que el militar presentara pruebas, señaló a los tres colaboradores de Rommel de corrupción.
Lo mismo hizo con agentes de la Policía Ministerial y funcionarios de diferentes agencias del Ministerio Público.
En aquel entonces, la misiva del General puso en un predicamento al Gobierno de Osuna Millán. El tratamiento de la información tuvo alcances nacionales, y una vez más la entidad resaltó por la inseguridad, en este caso entre sus propios funcionarios.
Luego de dar a conocer su denuncia a pregunta expresa del Procurador, el General Aponte Polito fue llamado desde el cuartel principal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Sin el aspaviento de su personalidad, el General acudió al llamado y regresó, días después, con un bajo perfil a Baja California.
En aquella reunión, al Comandante de la II Región Militar le llamaron la atención. Informantes de ZETA suponen que fue ante la queja del Procurador de Baja California, respaldado por el Gobernador, sobre las acusaciones públicas del General.
Finalmente en la misma fecha y en la Ciudad de México, en una reunión entre el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa; Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador; el General Sergio Aponte Polito y el Secretario de Gobierno, José Blake, habrían llegado a un acuerdo de coordinación para en un futuro obviar las acusaciones públicas.
A la llegada del General Aponte a Baja California su actitud fue otra. Dejó de ofrecer declaraciones a la prensa, de dar a conocer personalmente los golpes que el Ejército propinó al narcotráfico, especialmente en decomisos, e incluso no se le vio en reuniones oficiales. La verdad tras la ausencia de Aponte Polito fue que le prohibieron aparecer en público y cuanto más, hacer declaraciones a periodistas.
Pero el silencio del General no fue permanente. En junio reapareció para dar a conocer la detención de cerca de 60 personas en un bautizo; de entrada, todos fueron acusados de estar ligados al crimen organizado, cuando la realidad anotaba que en ese lugar y en ese día, se pretendía detener a dos peligrosos lugartenientes del cártel de los hermanos Arellano Félix: José Filiberto Parra Ramos “La Perra” y Raydel López “El Muletas”.
De ahí en adelante las apariciones del General fueron más frecuentes, hasta culminar con el caso del disparo de la discordia, hecho suscitado el domingo 20 de julio cuando trascendió que se había accionado un arma de fuego en la mesa donde el General degustaba alimentos con su esposa, su hija y, se supo días después, con el Mayor Justo Buenaventura Jaimes.
A pesar que las primeras declaraciones de testigos ubicaron al General como quien accionó el arma, el Mayor se auto inculpó tres días después, dejando al aire la veracidad de su dicho.
Luego vendría la segunda carta-acusación el 3 de agosto, justo tres días antes que formalmente le comunicaran a Aponte Polito su nueva comisión, el 6 de agosto, en otro lugar de la República Mexicana.
Los señalamientos del General en la segunda misiva fueron prácticamente los mismos que en la primera: La corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado y la falta de conclusión en las pesquisas que se supone inició el Procurador Moreno a partir de conocerse la primera carta.
Hubo acaso tres novedades en la misiva del 3 de agosto: Mal uso de los recursos en la Secretaría de Seguridad Pública, la corrupción en un secuestro, y la no investigación sobre 52 elementos de la Policía Ministerial del Estado denunciados en ZETA en la edición 1785 del 13 al 19 de julio.
Esta segunda revelación del General y la crítica hacia las condiciones ilícitas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a pesar del acuerdo y la orden que Aponte tenía para no hacer declaraciones públicas y sobre todo, no iniciar críticas al Gobierno de Osuna Millán, fueron el principal motivo para su retirada del Estado.
La razón del cambio de General es sencilla: Le fue incómodo al gobierno local y contradijo la orden superior de no hablar o denunciar públicamente. De hecho, así lo dejó sentir en su carta del 3 de agosto:
“Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Pero el relevo llegó.
Aún así, la respuesta que el Gobierno dio a la carta de Aponte es prácticamente la misma que otorgó en abril a la primera misiva: personal retirado, investigado, pero nadie en prisión.
Con la excusa de evitar la percepción de intromisiones, por orden del Gobernador del Estado, la Procuraduría remitió la mayoría de los asuntos mencionados a la Procuraduría General de la República por tratarse de asuntos presuntamente ligados al crimen organizado; institución, la federal, donde tampoco han hecho nada.
En los casos de los 55 millones supuestamente mal utilizados en seguridad, la participación de Sonia Navarro en un secuestro y la investigación de 52 policías ministeriales, se ordenaron investigación con fecha posterior al reclamo de Aponte.
Gobernador Osuna Millán: La fuerza está en las instituciones
En entrevista con ZETA, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, aclaró que no fue él quien pidió el cambio del General, pero también que no promovieron la estadía del militar. A su vez, que no cambiará al Procurador de Justicia del Estado, pero que sí se investigarán, por instituciones fuera del ámbito estatal, los hechos que denunció Aponte Polito en su segunda carta.
A continuación la entrevista textual:
—El General Sergio Aponte era su principal soporte en el tema de la seguridad. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones con el cambio?
-“Las mismas, el acuerdo que sostuve con el Presidente de la República fueron dos temas: El apoyo del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la incorporación de militares en los mandos de las corporaciones civiles y en las estructuras de las corporaciones civiles, eso va a continuar con la fuerza que ha caracterizado y el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
— ¿Van a seguir las mismas condiciones con el general Magaña?
-“Sí, seguirán las mismas condiciones con quien designen, yo estoy esperando la confirmación oficial de quién será el relevo, esperamos el nombramiento respectivo”.
—Dada la popularidad, que es evidente, del General Aponte entre los bajacalifornianos, ¿no afectará esta salida a su administración?
-“No creo que la popularidad de un personaje como el General Aponte, el cual reconocemos el esfuerzo que ha hecho al frente de las fuerzas de la II Región Militar, vaya a afectar la actividad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los temas de las corporaciones del Estado, ha hecho un buen trabajo y hay que reconocérselo”.
—Una de las principales críticas del General fue hacia la corrupción dentro de la Procuraduría del Estado. ¿La salida del General significa que todo permanecerá tal cual en la Procuraduría?
-“No, de ninguna manera, todos los señalamientos del General, incluso de la referencia de 52 elementos en su última carta, fueron separados de sus cargos, de los cuales aparece hoy que trece de ellos, un órgano jurisdiccional los reinstaló pero los vamos a volver a sacar, y de aquellos señalamientos que ha hecho del tema de los alimentos en la Secretaría de Seguridad, hemos pedido la intervención de una instancia distinta al Gobierno del Estado como es el órgano superior de fiscalización del congreso del estado y ya se está realizando esa auditoría, y en el tema de un secuestro que habla, he instruido al Procurador para que el caso se turne a la Procuraduría General de la República, que sea una entidad distinta y no exista ninguna sospecha de tolerancia por parte del Gobierno del Estado a los señalamientos que ha hecho el General Aponte”.
—Tenemos conocimiento de que están promoviendo en el Congreso del Estado que le regresen al Gobernador la facultad de nombrar al Procurador de Justicia. ¿Tiene intenciones de cambiar al titular antes del informe?
-“No, es una promoción de nosotros, es de distintos análisis, y creo que el responsable de la seguridad pública es el titular del poder ejecutivo, sin embargo es una reforma Constitucional que los diputados tendrán mucho que ver y analizar esta parte”.
— ¿Habrá un cambio de titular en la Procuraduría?
-“La Procuraduría es de desgaste, de relevo, pero creo que el actual Procurador ha hecho un buen trabajo con muchos de estos incidentes, por lo pronto Rommel sigue firme en la Procuraduría, no tengo ninguna intención de cambiarlo, por lo pronto tiene la función que se le encomendó, que es la reforma para iniciar con un nuevo modelo de procuración de justicia, la apuesta es por un sistema y no por las personas”.
— ¿Pidió que se quedara Aponte?
-No es una solicitud personal, lo que yo platiqué con el Presidente fue el apoyo de las fuerzas federales, el apoyo del Ejército Mexicano ya es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa nombrar libremente a sus representantes y yo solicité el apoyo de la institución”.
—En contraparte, ¿pidió que fuera retirado?
“No, de ninguna manera y le reconozco el esfuerzo y el liderazgo, que el General Aponte realizó durante su estancia, luego que él mismo ha informado el nuevo encargo que le han encomendado sus superiores”.
— ¿Qué le diría a quienes en Baja California consideran que usted solicitó el retiro de Aponte?
-“No, de ninguna manera. Yo le diría a todos los bajacalifornianos que éste es un asunto de instituciones, que la fortaleza del combate a la delincuencia está en sus instituciones y que de ninguna manera vamos a bajar la guardia sino al contrario vamos a fortalecer las instituciones y las acciones en contra de la violencia, y de estos avances que hemos tenido, que se debe a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales. Debo reconocer el gran esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del General Aponte en esta tarea que lideró en estos 19 meses que duró el General al frente de la II Región Militar, y creo que los resultados más contundentes se dieron en nuestra administración”.

***

La pregunta de Ciro:

Columna La Historia en Breve/Ciro Gomez Leyva

üblicado en Milenio Diario, 12/08/2008;

¿Qué pasó con Polito?
Apenas el domingo 3 de agosto, el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Región Militar (con sede en Mexicali), difundió una carta en que decía: “Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Se presentó. Aponte Polito fue relevado el viernes 8 y designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Su caso es insólito en el Ejército, pues en un breve lapso estuvo cuatro veces en el centro de la polémica: a finales de abril, cuando denunció a la procuraduría estatal y, específicamente, a tres funcionarios; el 21 de junio, al anunciar que había detenido a 58 personas en un bautizo en Tijuana (22 de ellos enfrentan acción penal); el 20 de julio, cuando habría disparado porque sí un tiro en el restaurante Pampas, de Mexicali; y el referido 3 de agosto, al acusar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a 52 elementos de la Policía Ministerial.
El semanario Zeta interpreta así la salida de Aponte Polito: “Se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría del estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez; además de por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta”.
¿Por qué entonces su promoción al Tribunal Militar?, preguntarán los escépticos.
gomezleyva@milenio.com

¿Nueva estrategia vs el secuestro?

Nueva estrategia de la PGR para combatir secuestros
Publicada en Milenio Diario (http://www.milenio.com/), 12-Agosto-08;

Nota de Ignacio Alzaga.

Liberar a más personas secuestradas y fomentar la denuncia, es parte de la estrategia que adoptará la Procuraduría General de la República para generar confianza en familiares de las víctimas y evitar que acudan con negociadores privados.
De acuerdo con un análisis elaborado por la dependencia, al que tuvo acceso MILENIO, en los rescates se buscará evitar cualquier riesgo para el plagiado, mediante un trabajo de inteligencia, basado en la averiguación previa.
Para lograrlo se replantearán los mecanismos que permitan que familiares de los afectados acudan ante el Ministerio Público de la Federación a presentar su denuncia.
Ante el repunte de 9.1 por ciento que registró este delito de alto impacto durante los primeros cinco meses de 2008, la PGR reforzará sus acciones no sólo para desarticular a las bandas de plagiarios, sino para salvaguardar lo más rápido posible a las víctimas.
Los principales objetivos son: devolver la libertad a más secuestrados; disminuir el número de días que permanecen cautivos; reducir los recursos financieros que ingresarían a las arcas de las organizaciones criminales y consolidar la confianza en los organismos de seguridad del Estado.
En el diagnóstico de la dependencia se establece que la decisión sobre la realización de rescates estará basada en niveles de información mínima requerida y en criterios que permitan determinar las probabilidades de éxito en cada intento.
“Si la información requerida no existe, se complementará con datos de investigación e inteligencia, para que dicha decisión pueda ser tomada, además de que se evaluará la necesidad de obtener la autorización de los familiares para rescatar a las personas secuestradas”, se refiere en el documento.

***

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Lunes, 11 de Agosto de 2008 Boletin 661/08
FORTALECEN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICO PENAL BAJO EL MANDO DEL MP: EMMI
La conformación de un código penal tipo que materialice las reformas constitucionales de Seguridad y Procuración de Justicia y homologue el tratamiento a tipos penales en delitos graves, constituirá un primer logro en el fortalecimiento del trabajo de investigación jurídico penal bajo la conducción de los Agentes del Ministerio Público en todo el país, afirmó el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
Al encabezar los trabajos de la Comisión de Apoyo a la Instrumentación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal acordados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de la PGR subrayó que dicho código generará sinergias en todo el país, ya que se potencializan las experiencias y logros en cada procuraduría; es decir se complementa y no se sustituye a ninguna institución.
Medina Mora detalló la importancia de que cada entidad federativa, en ejercicio de su autonomía, materialice la reforma constitucional en tiempo y forma, ya que ofrece nuevos instrumentos para combatir los delitos y replantea en gran medida el funcionamiento del sistema de justicia en México.
Entre las ventajas, dijo, se encuentra un mejor sistema de selección y control de los elementos encargados de la seguridad y procuración de justicia, además de una reducción importante en los casos que se resolverán vía los juicios orales.
Adicionalmente a la reforma, Medina Mora habló de la importancia de conocer las bondades de “Plataforma México” para aprovechar al máximo los sistemas y bases de datos que contiene para actuar con mayor efectividad en el combate a los ilícitos del orden federal y local que afectan a la sociedad.
La base de datos que contiene los registros de voz que se tienen en materia de secuestros, ejemplificó, constituye una de las muchas herramientas tecnológicas que pueden y deben ser consultadas por todas las corporaciones policíacas y procuradurías del país para atacar con efectividad y eficacia este ilícito.
Eduardo Medina Mora llamó a sus homólogos a hacer un diagnóstico claro de la forma en que se presenta el delito y a no confundirse en su expresión actual, ya que de ello depende también el éxito de su combate.
La involución criminal que han experimentado diversos grupos de narcotraficantes; el desmembramiento de organizaciones dedicadas al secuestro, pero de las cuales algunos de sus integrantes siguen en libertad y operando; así como la participación de algunos servidores públicos son tan solo tres de los aspectos a valorar en el diagnóstico.
Afirmó que el combate al delito de secuestro es una tarea de Estado en su conjunto, y la Federación está comprometida a no bajar la guardia, al tiempo que refrendó el compromiso del Gobierno Federal de acompañar en todos sus esfuerzos a las entidades federativas.
El reto es dar una respuesta articulada a este reclamo social, con la convicción de que un solo secuestro es mucho e intolerable, nos vulnera como sociedad, y nos roba la paz y tranquilidad, afirmó.
Más adelante, el procurador habló del proyecto Constanza que implica un redimensionamiento de los controles y procesos que toda averiguación previa deberá cumplir por parte de los Ministerios Públicos Federales.
Con ello, abundó, se diseñan las bases de datos y controles de acuerdo a las experiencias de los Ministerios Públicos, policías y peritos que estimen indispensables en cada caso, para que en línea queden asentadas las actuaciones de los AMPF, con lo que se reducirá la discrecionalidad, impericia, cargas de trabajo excesivas y modificaciones de los hechos.
Esta información quedará blindada y contará con diferentes niveles de acceso a cada averiguación previa. “Contanza es el rediseño del roll del trabajo ministerial”, agregó.
Entre los acuerdos suscritos por los asistentes se encuentra el continuar con el análisis y estudio de las medidas que se deben de tomar para materializar la reforma constitucional y la legislación secundaria; los alcances de la figura de extinción de dominio; los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal privada; la legislación penal tipo; los sistemas de información y certificación, entre otras.

De esta forma, la Comisión de Apoyo a la Instrumentación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal continuará trabajando en dichos temas, para presentar sus avances en la próxima Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores de Justicia de todo el país a celebrarse a finales de este mes en Chihuahua, Chihuahua.

Miedo en México

Columna Jaque Mate/Sergio Sarmiento

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 12 /08/2008;

Miedo en México
"Hay cuatro tipos de homicidio: criminal, excusable, justificable y elogiable". Ambrose Bierce

¿Tiene usted temor de salir a las calles en México? Algunos políticos dicen que no hay razón. Según ellos, el único problema es el que provocan los medios de comunicación y ciertos periodistas sensacionalistas, como yo, al prestarle demasiada atención a algunos casos sonados, como el secuestro y homicidio de Fernando Martí.

La poca información estadística disponible, sin embargo, sugiere que sí hay razones para sentir miedo. Si usted vive en México tiene 12 veces más probabilidades de morir por homicidio que si radica en España o 18 veces más que si habita en Singapur.Según la página de red Nationmaster.com, que ofrece información estadística comparada de distintas naciones sobre temas diversos, México registra un índice de 17.8 homicidios al año por cada 100 mil habitantes. España, en contraste, tiene 1.5 en la misma población.

Latinoamérica sufre en general altos niveles de criminalidad y de homicidios. En la lista de 32 países de Nationmaster, Colombia ocupa el segundo lugar con 114.5 homicidios por 100 mil personas, mientras que Guatemala está en tercero con 44. México queda en el sexto puesto.

Pero hay excepciones notables. Chile, por ejemplo, registra 1.7 homicidios por 100 mil personas, una cifra apenas superior a la de España, mientras que Uruguay tiene un índice de 7, abajo de Estados Unidos, que registra 9.1. Los países con menores índices de homicidios en la lista son España, con el ya citado 1.5 por 100 mil habitantes, Nueva Zelanda con 1.4 y Singapur con menos de uno.

El triste primer lugar en la tabla lo ocupa Sudáfrica, con una espeluznante cifra de 126 homicidios anuales por cada 100 mil personas. Después de Colombia y Guatemala, vienen Tailandia con 41.5 y Paraguay con 19.4. Estados Unidos, el país avanzado más violento del mundo, ocupa el 14o. lugar. Si bien la Unión Americana es violenta, las posibilidades de morir por homicidio en México son casi dos veces mayores que en nuestro vecino del norte.

Estas cifras reflejan, sin embargo, la situación que existía en estos países hace ya algunos años. Nationmaster señala que las cifras que ofrece son las últimas disponibles, pero en muchos casos se trata de datos de fines de los años noventa o principios de la década del 2000. Si bien todavía no hay estudios comparativos internacionales de los últimos años, todo parece indicar que en México los homicidios se han incrementado como consecuencia de las ejecuciones del crimen organizado. En Colombia, en contraste, ha habido una disminución importante, especialmente desde el momento en que Álvaro Uribe alcanzó la Presidencia e hizo de la seguridad uno de los objetivos más importantes de su gobierno.

Muchos factores inciden en los índices de homicidios, pero hay diferencias regionales tan marcadas que sugieren la existencia de factores culturales. En el World Report on Violence and Health de la Organización Mundial de la Salud, África registraba la tasa de homicidios más alta del mundo para el año 2000, con 22 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que en toda América la cifra era de 19. En Europa, en contraste, el índice se reducía a 8 y en el Asia sudoriental a sólo 6.El consumo de drogas en una sociedad no es, pese a lo que pudiera creerse, un factor decisivo en la violencia. En España, por ejemplo, es bastante común el uso de estas sustancias, que han sido virtualmente despenalizadas en algunos lugares; pero como ya hemos visto, el número de homicidios se cuenta entre los más bajos del mundo. Tampoco los Países Bajos (Holanda), con la política más liberal del planeta hacia el consumo de drogas, registran cifras altas de violencia.

México, en cambio, parece sufrir una cultura de la violencia. Estados Unidos también, ya que tiene índices muy superiores de crimen a los de su vecino Canadá. En la Unión Americana, sin embargo, los homicidios y otros delitos que cometen las poblaciones negra e hispánica -y también los que sufren como víctimas- son muy superiores a los de grupos de origen europeo o asiático, aun si se ponderan las cifras por grupo socioeconómico. Algunos buscan ocultar esta información porque la consideran racista; otros advierten que es una realidad que debe analizarse y entenderse.

En México, las ejecuciones de la delincuencia organizada se verán reflejadas gradualmente en los índices comparativos de homicidios. Pero los homicidios circunstanciales -en robos, por ejemplo- y pasionales han estado presentes en nuestro país durante décadas o siglos y siguen siendo muy numerosos.

Uno puede discutir ad infinitum las causas de la violencia, pero de lo que no hay duda es que es muy peligroso vivir en México. No es aceptable que un país que quiere progresar someta a sus habitantes a un riesgo 12 veces superior de morir por violencia que otras naciones. ¿Superpeso? Le llaman el superpeso, pero según el índice Big Mac de la revista británica The Economist -una manera informal de medir la paridad de poder de compra-, la divisa mexicana mantiene una subvaluación de 12 por ciento frente al dólar estadounidense. Las monedas europeas sí están sobrevaluadas, mientras que las asiáticas están más subvaluadas que el peso. México, por otra parte, obtuvo un superávit comercial de 277 millones de dólares en junio, mientras que las exportaciones no petroleras aumentaron 8 por ciento. No son cifras que sugieran una sobrevaluación del peso.

Trabajemos de forma coordinada: Calderón

El Presidente Calderón en el Anuncio de la Convocatoria para la Licitación del Proyecto del Sistema 2 del Tren Suburbano; Ecatepec de Morelos, Edo. de Mex. a 11 de agosto de 2008;

Parte del discurso:

"Y otro también es un problema que se vive, precisamente, en esta zona, yo diría en todo el país, que es el tema de la seguridad.
Hoy, precisamente, quiero sumarme, sumarme a un justo reclamo de miles y miles de ciudadanos, un justo reclamo de ciudadanos, que indignados ante la delincuencia y ante la impunidad, han dicho basta. Yo coincido con esa voz ciudadana que nos exige a todas las autoridades a que nos coordinemos para dar resultados y para generar justicia y seguridad elemental a los mexicanos.
Desde el primer momento de Gobierno, el Gobierno Federal ha mostrado un compromiso claro y prioritario con la seguridad y ha expresado, precisamente en ello, una voluntad de colaborar en esta tarea urgente con las autoridades del país.
Hoy quiero refrendar esa voluntad, reiterar el llamado que hice a los Poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno, a la sociedad entera el 5 de febrero, y con motivo de la celebración del Aniversario de la Constitución, para conformar un frente común por la legalidad y por la seguridad.
Yo agradezco mucho los puntos de coincidencia que he encontrado con muchas autoridades, entre otras, con el Gobernador Peña Nieto, y refrendo desde aquí mi invitación y la disposición y voluntad del Gobierno Federal para que reforcemos nuestro trabajo conjunto con todos los mandatarios locales, los señores gobernadores, los alcaldes, en la tarea de brindar seguridad física, jurídica y patrimonial a los ciudadanos.
La sociedad nos exige que cumplamos con nuestro deber, que terminemos con la corrupción de los cuerpos policiacos. Y por ello, por ejemplo, es fundamental que en el marco de ese frente por la seguridad y la legalidad, juntos depuremos, modernicemos y profesionalicemos todas las policías: las federales, las estatales y las municipales.
Que en ese frente por la seguridad y la legalidad podamos elevar la calidad de la información que genera inteligencia para combatir la estructura criminal y que podamos compartir, precisamente, información e inteligencia para ganar la batalla contra el crimen.
Así que esa convocatoria es también para que nos vayamos poniendo de acuerdo para depurar, modernizar y mejorar las policías de todo el país.
En la medida en que la Federación sea útil para que los mexicanos cuenten con mejores cuerpos policiacos y con más seguridad, ahí estará el Gobierno Federal apoyando a las autoridades estatales y municipales, y trabajando de forma coordinada (...)

Estoy seguro que si trabajamos de manera coordinada podremos responder a la exigencia ciudadana de más seguridad y enfrentar, superar y derrotar a la amenaza común, que es la delincuencia y la inseguridad en todo el país.
Sólo trabajando juntos, sólo así, podremos construir un México próspero, un México desarrollado, un México seguro y en paz donde podamos vivir mejor...."