Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional. (primera intervención)
México, D. F., a 02 de junio de 2009 Discurso
Sesionamos hoy, por primera vez, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (fue publicada el 2 de enero de 2009)
Es primordial que veamos la magnitud de la renovación que este proceso implica en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Las adecuaciones que se han hecho al Sistema Nacional de Seguridad Pública son parte de los cambios que se han llevado a cabo para reconstruirlas, para volverlas más funcionales y más efectivas.
Integrar este sistema es el primer paso; que su operación nos sea útil como sociedad, es el gran reto.
La ley que hoy nos sirve de sustento jurídico ofrece la posibilidad de asignar obligaciones y responsabilidades de manera concreta y precisa. Todos los que nos hemos comprometido a hacer valer la ley como forma de vida, tenemos ahora lineamientos muy claros respecto a cómo actuar en concordancia con nuestro compromiso.
Tenemos que ser muy claros: esta lucha es de todos. De todos los niveles de gobierno; de las autoridades y de la sociedad.
Tenemos que reconocer que la cooperación entre los distintos niveles de gobierno es clave para nuestro éxito. Esta nueva ley nos rige individualmente, pero también norma nuestra cooperación. La delimitación clara de las competencias y responsabilidades es el fundamento que permitirá a los ciudadanos exigirnos a cada quien que rindamos cuentas.
Al implementar esta ley cumplimos con un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. También damos un paso firme en el proceso de renovación institucional que es fundamental para establecer de manera permanente el imperio del Estado de Derecho, donde la ley se cumpla sin excepciones y sin discrecionalidad.
Desde el inicio de esta Administración, el Gobierno Federal asumió el reto de desmantelar las redes de delincuencia organizada que avanzaban territorialmente sobre nuestro país.
Siempre supimos que se requería de la corresponsabilidad y la cooperación entre todas las autoridades, y confiamos en que la sociedad respaldaría nuestra lucha por su seguridad.
Por ello, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se incorporaron todas las fuerzas que pudieran sumarse a este esfuerzo y adquirimos compromisos claros para encaminarnos a ese objetivo.
En este contexto el Gobierno Federal asumió 36 compromisos, con plazos de vencimiento escalonados, de los cuales 22 debían estar cumplidos en febrero de este año. Al día de hoy, hemos cumplido todos excepto uno de estos compromisos. Al compromiso pendiente se le dará cumplimiento tan pronto el calendario legislativo lo permita.
Además, adelantamos y ampliamos otro de los compromisos adquiridos. Así, al día de hoy reportamos, entre otros, el cumplimiento de los siguientes acuerdos:
1. La creación de un Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual nos permite contar ya con estándares homogéneos para la evaluación de todos los agentes de la autoridad a nivel nacional.
2. La elaboración de una Estrategia Nacional e Integral Contra el Secuestro, que establece la formación de unidades especializadas de policía, de fiscales y agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente al combate del secuestro. En este contexto son ya 26 Estados en el país que cuentan con dichas unidades.
3. La formulación de una Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, que considera, entre otros aspectos, reformas legales que ayudarán a mejorar la coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Como una decisión soberana del Congreso, se aprobaron reformas en esta materia que incorporan a las autoridades locales en la lucha por la seguridad, al asignarles competencias expresas para perseguir y castigar a los narcomenudistas.
Así, la Ley de Narcomenudeo fortalece al Estado mexicano en la lucha contra el narcotráfico ya que articula efectivamente la corresponsabilidad de la Federación y los estados para investigar, perseguir y sancionar este flagelo, a la vez de atender el consumo de narcóticos como un problema de salud pública, ofreciendo a la ciudadanía alternativas de prevención y tratamiento.
Que nadie se confunda: ésta es una ley mucho más severa frente al fenómeno de la posesión de narcóticos, que es la punta de inicio del gran problema del narcotráfico.
En este sentido la corresponsabilidad y la cooperación claramente delimitada constituye la contribución más significativa de estas reformas.
4. La elaboración de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero que puede evaluarse con indicadores de desempeño.
5. Asimismo, un paquete de reformas del cual ya se ha hecho alusión, mediante el cual el Congreso ha cumplido con su responsabilidad.
El gobierno federal reconoce la responsabilidad y la voluntad que han mostrado las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, de generar consensos que se han traducido en nuevos instrumentos que fortalecen la capacidad del Estado para defender la seguridad de los ciudadanos.
Así, como ya se ha dicho, se han expedido la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de la Policía Federal, la Ley de Extinción de Dominio y se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
6. En otro contexto, se han fortalecido las redes de atención a víctimas del delito, circunscritas al Convenio Marco entre Dependencias Federales, que se adoptó el pasado 17 de febrero, y cuyo objetivo es promover la denuncia ciudadana, garantizando los derechos humanos de las víctimas. Queremos evitar la falta de denuncia por miedo al maltrato durante el proceso.
7. Hemos comenzado la integración de un Sistema de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que tiene como objetivo identificar a los usuarios, así como registrar altas y bajas en sus líneas.
Esto ayudará a evitar que las bandas delictivas en el país sigan utilizando los celulares para realizar llamadas de extorsión, fraude y amenaza, o como enlace para la negociación de secuestros.
8. Hemos logrado la cobertura total de un número telefónico único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089). Esto contribuye a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de la denuncia.
9. Conscientes de que la lucha contra el narcotráfico implica también disminuir el consumo y prevenir las adicciones, se ha cumplido con el compromiso de contar con más de 300 Centros de Atención Primaria Nueva Vida. con capacidad para brindar atención a adictos y ofrecer terapias de rehabilitación.
10. A través del Fondo de las Aportaciones para la Seguridad Pública, se han asignado recursos que se mantienen dentro de fideicomisos estatales a rubros como: construcción de centros penitenciarios, centros estatales de evaluación y control de confianza, conectividad a Plataforma México, y prestaciones para el personal de seguridad pública y equipamiento.
En este sentido, es pertinente mencionar que este fondo se ha incrementado en un 38.3% desde el inicio de esta Administración. Por su parte, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, destinado a 150 municipios con mayor población y mayores índices delincuenciales, se ha aumentado en un 15.3% en el último año.
11. Nos complace particularmente ratificar que se ha logrado con creces y antes de tiempo el compromiso de incorporar al Programa Escuela Segura a más de trece mil quinientas escuelas primarias y secundarias públicas. No sólo se cumplió antes de la fecha de vencimiento de nuestro plazo, sino que incorporamos más de dos mil escuelas adicionales.
Estos son algunos de los compromisos cumplidos en respuesta a las exigencias ciudadanas y a la convicción gubernamental de que la lucha por la seguridad había que librarla y había que hacerlo ahora.
Pero no debemos confundir este anuncio con una actitud triunfalista.
Estamos plenamente conscientes de que la tarea del Ejecutivo Federal continúa y no parará hasta que se cumplan cabalmente todos los compromisos. Seguimos en la elaboración de una iniciativa para regular las transacciones en efectivo. El Gobierno Federal trabaja para presentarla en el próximo periodo de sesiones del Congreso.
Sabemos también que el cumplimiento de los compromisos es únicamente un paso más en el proceso de reconstrucción institucional que requiere el país. La recuperación de la tranquilidad culminará cuando el imperio de la ley se haya incorporado a la dinámica social del día a día. El triunfo se verá reflejado en la vida de los ciudadanos.
El día en que ellos se sientan seguros en sus calles, confiados con sus autoridades, protegidos por sus cuerpos policiales, ése será el día en que se pueda hablar de una victoria.
Actualmente, muchos ciudadanos siguen percibiendo un inminente clima de inseguridad. El aumento en los índices delincuenciales en algunas categorías, presentados durante esta sesión es una señal de atención. En su interpretación efectivamente se debe considerar entre otros factores el tránsito de organizaciones criminales a otro tipo de actividades delictivas, producto de la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo también se debe de considerar que estos datos responden hoy a mejores sistemas y tecnologías para integrarlos, procesarlos e informarlos, así como al hecho de que la cultura de la denuncia se está incrementando entre los ciudadanos.
Hoy tenemos más precisión para integrar la base de datos que contabiliza las denuncias. El sistema es mucho más eficiente que hace algunos meses y, por lo tanto, incorpora más datos de los que antes podían incorporarse.
Hoy, a nivel federal, han evaluado a más de 10 mil elementos de los cuerpos policiales y se ha facilitado e incentivado la denuncia. Es de esperarse que reciban más denuncias y que contemos más delitos.
Tenemos compromisos pendientes, tenemos que implementar las estrategias, integrar las bases de datos criminalísticas, recobrar los espacios públicos, recuperar la confianza ciudadana. Necesitamos reconstruir nuestras instituciones, reformar nuestros cuerpos policiales, redefinir el futuro del país. La guerra que hoy libramos como nación, nos permite precisamente defender ese futuro.
Es importante que los aquí presentes nos integremos como un equipo comprometido, en el que cada quien desempeña un papel claramente delimitado, que lo obliga a participar y a cumplir.
Nuestra presencia en esta sala es la constatación de nuestro compromiso de reconstruir la estructura democrática nacional a través del diálogo y el debate.
La lucha contra el crimen organizado no puede ni debe plantearse en términos sectarios. Hacerlo, es minimizar la angustia ciudadana y el compromiso de las autoridades, de todos los partidos y de todos los niveles de gobierno. Hacerlo es minimizar el problema y justificar que sea ignorado.
Los temas que hoy discutimos no atienden a divisiones ideológicas, sino a responsabilidades legales y constitucionales. Es así como debemos plantearnos el reto de consolidar las instituciones que el país reclama.
La lucha por la seguridad es una lucha por la democracia y por sus instituciones, por eso trasciende a cualquier gobernante o partido político. Es una lucha del Estado mexicano.
Los ciudadanos nos reclaman acuerdos y capacidad de colaboración; el clima nacional nos lo exige. Respondamos a la tarea como servidores públicos. Integremos los esfuerzos con pleno respeto por quien así lo haga.
Muchas gracias.
México, D. F., a 02 de junio de 2009 Discurso
Sesionamos hoy, por primera vez, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (fue publicada el 2 de enero de 2009)
Es primordial que veamos la magnitud de la renovación que este proceso implica en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Las adecuaciones que se han hecho al Sistema Nacional de Seguridad Pública son parte de los cambios que se han llevado a cabo para reconstruirlas, para volverlas más funcionales y más efectivas.
Integrar este sistema es el primer paso; que su operación nos sea útil como sociedad, es el gran reto.
La ley que hoy nos sirve de sustento jurídico ofrece la posibilidad de asignar obligaciones y responsabilidades de manera concreta y precisa. Todos los que nos hemos comprometido a hacer valer la ley como forma de vida, tenemos ahora lineamientos muy claros respecto a cómo actuar en concordancia con nuestro compromiso.
Tenemos que ser muy claros: esta lucha es de todos. De todos los niveles de gobierno; de las autoridades y de la sociedad.
Tenemos que reconocer que la cooperación entre los distintos niveles de gobierno es clave para nuestro éxito. Esta nueva ley nos rige individualmente, pero también norma nuestra cooperación. La delimitación clara de las competencias y responsabilidades es el fundamento que permitirá a los ciudadanos exigirnos a cada quien que rindamos cuentas.
Al implementar esta ley cumplimos con un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. También damos un paso firme en el proceso de renovación institucional que es fundamental para establecer de manera permanente el imperio del Estado de Derecho, donde la ley se cumpla sin excepciones y sin discrecionalidad.
Desde el inicio de esta Administración, el Gobierno Federal asumió el reto de desmantelar las redes de delincuencia organizada que avanzaban territorialmente sobre nuestro país.
Siempre supimos que se requería de la corresponsabilidad y la cooperación entre todas las autoridades, y confiamos en que la sociedad respaldaría nuestra lucha por su seguridad.
Por ello, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se incorporaron todas las fuerzas que pudieran sumarse a este esfuerzo y adquirimos compromisos claros para encaminarnos a ese objetivo.
En este contexto el Gobierno Federal asumió 36 compromisos, con plazos de vencimiento escalonados, de los cuales 22 debían estar cumplidos en febrero de este año. Al día de hoy, hemos cumplido todos excepto uno de estos compromisos. Al compromiso pendiente se le dará cumplimiento tan pronto el calendario legislativo lo permita.
Además, adelantamos y ampliamos otro de los compromisos adquiridos. Así, al día de hoy reportamos, entre otros, el cumplimiento de los siguientes acuerdos:
1. La creación de un Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual nos permite contar ya con estándares homogéneos para la evaluación de todos los agentes de la autoridad a nivel nacional.
2. La elaboración de una Estrategia Nacional e Integral Contra el Secuestro, que establece la formación de unidades especializadas de policía, de fiscales y agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente al combate del secuestro. En este contexto son ya 26 Estados en el país que cuentan con dichas unidades.
3. La formulación de una Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, que considera, entre otros aspectos, reformas legales que ayudarán a mejorar la coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Como una decisión soberana del Congreso, se aprobaron reformas en esta materia que incorporan a las autoridades locales en la lucha por la seguridad, al asignarles competencias expresas para perseguir y castigar a los narcomenudistas.
Así, la Ley de Narcomenudeo fortalece al Estado mexicano en la lucha contra el narcotráfico ya que articula efectivamente la corresponsabilidad de la Federación y los estados para investigar, perseguir y sancionar este flagelo, a la vez de atender el consumo de narcóticos como un problema de salud pública, ofreciendo a la ciudadanía alternativas de prevención y tratamiento.
Que nadie se confunda: ésta es una ley mucho más severa frente al fenómeno de la posesión de narcóticos, que es la punta de inicio del gran problema del narcotráfico.
En este sentido la corresponsabilidad y la cooperación claramente delimitada constituye la contribución más significativa de estas reformas.
4. La elaboración de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero que puede evaluarse con indicadores de desempeño.
5. Asimismo, un paquete de reformas del cual ya se ha hecho alusión, mediante el cual el Congreso ha cumplido con su responsabilidad.
El gobierno federal reconoce la responsabilidad y la voluntad que han mostrado las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, de generar consensos que se han traducido en nuevos instrumentos que fortalecen la capacidad del Estado para defender la seguridad de los ciudadanos.
Así, como ya se ha dicho, se han expedido la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de la Policía Federal, la Ley de Extinción de Dominio y se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
6. En otro contexto, se han fortalecido las redes de atención a víctimas del delito, circunscritas al Convenio Marco entre Dependencias Federales, que se adoptó el pasado 17 de febrero, y cuyo objetivo es promover la denuncia ciudadana, garantizando los derechos humanos de las víctimas. Queremos evitar la falta de denuncia por miedo al maltrato durante el proceso.
7. Hemos comenzado la integración de un Sistema de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que tiene como objetivo identificar a los usuarios, así como registrar altas y bajas en sus líneas.
Esto ayudará a evitar que las bandas delictivas en el país sigan utilizando los celulares para realizar llamadas de extorsión, fraude y amenaza, o como enlace para la negociación de secuestros.
8. Hemos logrado la cobertura total de un número telefónico único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089). Esto contribuye a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de la denuncia.
9. Conscientes de que la lucha contra el narcotráfico implica también disminuir el consumo y prevenir las adicciones, se ha cumplido con el compromiso de contar con más de 300 Centros de Atención Primaria Nueva Vida. con capacidad para brindar atención a adictos y ofrecer terapias de rehabilitación.
10. A través del Fondo de las Aportaciones para la Seguridad Pública, se han asignado recursos que se mantienen dentro de fideicomisos estatales a rubros como: construcción de centros penitenciarios, centros estatales de evaluación y control de confianza, conectividad a Plataforma México, y prestaciones para el personal de seguridad pública y equipamiento.
En este sentido, es pertinente mencionar que este fondo se ha incrementado en un 38.3% desde el inicio de esta Administración. Por su parte, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, destinado a 150 municipios con mayor población y mayores índices delincuenciales, se ha aumentado en un 15.3% en el último año.
11. Nos complace particularmente ratificar que se ha logrado con creces y antes de tiempo el compromiso de incorporar al Programa Escuela Segura a más de trece mil quinientas escuelas primarias y secundarias públicas. No sólo se cumplió antes de la fecha de vencimiento de nuestro plazo, sino que incorporamos más de dos mil escuelas adicionales.
Estos son algunos de los compromisos cumplidos en respuesta a las exigencias ciudadanas y a la convicción gubernamental de que la lucha por la seguridad había que librarla y había que hacerlo ahora.
Pero no debemos confundir este anuncio con una actitud triunfalista.
Estamos plenamente conscientes de que la tarea del Ejecutivo Federal continúa y no parará hasta que se cumplan cabalmente todos los compromisos. Seguimos en la elaboración de una iniciativa para regular las transacciones en efectivo. El Gobierno Federal trabaja para presentarla en el próximo periodo de sesiones del Congreso.
Sabemos también que el cumplimiento de los compromisos es únicamente un paso más en el proceso de reconstrucción institucional que requiere el país. La recuperación de la tranquilidad culminará cuando el imperio de la ley se haya incorporado a la dinámica social del día a día. El triunfo se verá reflejado en la vida de los ciudadanos.
El día en que ellos se sientan seguros en sus calles, confiados con sus autoridades, protegidos por sus cuerpos policiales, ése será el día en que se pueda hablar de una victoria.
Actualmente, muchos ciudadanos siguen percibiendo un inminente clima de inseguridad. El aumento en los índices delincuenciales en algunas categorías, presentados durante esta sesión es una señal de atención. En su interpretación efectivamente se debe considerar entre otros factores el tránsito de organizaciones criminales a otro tipo de actividades delictivas, producto de la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo también se debe de considerar que estos datos responden hoy a mejores sistemas y tecnologías para integrarlos, procesarlos e informarlos, así como al hecho de que la cultura de la denuncia se está incrementando entre los ciudadanos.
Hoy tenemos más precisión para integrar la base de datos que contabiliza las denuncias. El sistema es mucho más eficiente que hace algunos meses y, por lo tanto, incorpora más datos de los que antes podían incorporarse.
Hoy, a nivel federal, han evaluado a más de 10 mil elementos de los cuerpos policiales y se ha facilitado e incentivado la denuncia. Es de esperarse que reciban más denuncias y que contemos más delitos.
Tenemos compromisos pendientes, tenemos que implementar las estrategias, integrar las bases de datos criminalísticas, recobrar los espacios públicos, recuperar la confianza ciudadana. Necesitamos reconstruir nuestras instituciones, reformar nuestros cuerpos policiales, redefinir el futuro del país. La guerra que hoy libramos como nación, nos permite precisamente defender ese futuro.
Es importante que los aquí presentes nos integremos como un equipo comprometido, en el que cada quien desempeña un papel claramente delimitado, que lo obliga a participar y a cumplir.
Nuestra presencia en esta sala es la constatación de nuestro compromiso de reconstruir la estructura democrática nacional a través del diálogo y el debate.
La lucha contra el crimen organizado no puede ni debe plantearse en términos sectarios. Hacerlo, es minimizar la angustia ciudadana y el compromiso de las autoridades, de todos los partidos y de todos los niveles de gobierno. Hacerlo es minimizar el problema y justificar que sea ignorado.
Los temas que hoy discutimos no atienden a divisiones ideológicas, sino a responsabilidades legales y constitucionales. Es así como debemos plantearnos el reto de consolidar las instituciones que el país reclama.
La lucha por la seguridad es una lucha por la democracia y por sus instituciones, por eso trasciende a cualquier gobernante o partido político. Es una lucha del Estado mexicano.
Los ciudadanos nos reclaman acuerdos y capacidad de colaboración; el clima nacional nos lo exige. Respondamos a la tarea como servidores públicos. Integremos los esfuerzos con pleno respeto por quien así lo haga.
Muchas gracias.
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Segunda intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en palacio nacional.
México, D. F., a 02 de junio de 2009 Discurso
Lic. Fernando Gómez Mont: Le agradezco, ingeniero.
Señor Presidente:
Señoras y señores Gobernadores:
Queda claro la vocación en esta mesa de los miembros de esta conferencia a asumir conjuntamente la lucha que nos demanda y nos exige la sociedad mexicana.
En primer lugar, el Gobierno Federal agradece, reconoce y responde frente al compromiso que han expresado los gobernadores de las entidades, cuyo origen partidista es diverso, tanto de Acción Nacional, como del Revolucionario Institucional, como el de la Revolución Democrática.
Esta es una lucha que nos vincula a todos por encima de nuestras naturales diferencias, en donde la discusión está dirigida a ser lo mejor, a ser más fuertes y a ser más claros.
En donde la comunicación discreta es constante entre los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer las capacidades institucionales para cumplir con el deber primario que nos corresponde como servidores públicos.
Ciertamente son procedimientos perfectibles, ciertamente el fortalecimiento institucional de México toma y tomará tiempo para tener la fuerza que exige la situación presente.
En ese proceso, el Gobierno Federal asume el compromiso de defender la institucionalidad y las leyes en beneficio de la sociedad, y lo ha dicho y lo reitera ahora, señores, el Gobierno Federal asume que cuenta en materia de la competencia que le está dada para luchar contra la delincuencia organizada, que cuenta con el respaldo de todos los gobernadores de las entidades.
Sobre este presupuesto, señor Presidente, el Gobierno Federal y el Gabinete de Seguridad que usted encabeza, trabaja y seguirá trabajando en el cumplimiento de sus deberes.
México, D. F., a 02 de junio de 2009 Discurso
Lic. Fernando Gómez Mont: Le agradezco, ingeniero.
Señor Presidente:
Señoras y señores Gobernadores:
Queda claro la vocación en esta mesa de los miembros de esta conferencia a asumir conjuntamente la lucha que nos demanda y nos exige la sociedad mexicana.
En primer lugar, el Gobierno Federal agradece, reconoce y responde frente al compromiso que han expresado los gobernadores de las entidades, cuyo origen partidista es diverso, tanto de Acción Nacional, como del Revolucionario Institucional, como el de la Revolución Democrática.
Esta es una lucha que nos vincula a todos por encima de nuestras naturales diferencias, en donde la discusión está dirigida a ser lo mejor, a ser más fuertes y a ser más claros.
En donde la comunicación discreta es constante entre los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer las capacidades institucionales para cumplir con el deber primario que nos corresponde como servidores públicos.
Ciertamente son procedimientos perfectibles, ciertamente el fortalecimiento institucional de México toma y tomará tiempo para tener la fuerza que exige la situación presente.
En ese proceso, el Gobierno Federal asume el compromiso de defender la institucionalidad y las leyes en beneficio de la sociedad, y lo ha dicho y lo reitera ahora, señores, el Gobierno Federal asume que cuenta en materia de la competencia que le está dada para luchar contra la delincuencia organizada, que cuenta con el respaldo de todos los gobernadores de las entidades.
Sobre este presupuesto, señor Presidente, el Gobierno Federal y el Gabinete de Seguridad que usted encabeza, trabaja y seguirá trabajando en el cumplimiento de sus deberes.
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