Caso Rosendo Radilla

Trinchera burocrática
GLORIA LETICIA DíAZ,
Revista Proceso # 1722, 1 de noviembre de 2009;

Pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregara los documentos sobre la desaparición del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco, la respuesta del gobierno de Felipe Calderón consistió en poner nuevos obstáculos para preservar la impunidad del Ejército.

La PGR, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, también se resiste a atender la solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde llegó el caso Radilla, ocurrido en el marco de la guerra sucia de hace tres decenios.

Ante ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), representante legal de Tita Radilla Martínez, hija del líder desaparecido a manos de militares en 1974, interpuso un juicio de amparo.

El 4 de marzo de 2009, el IFAI resolvió a favor de la defensa de Radilla, que desde octubre de 2008 solicitó copias certificadas de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, en la que se incluyen el caso del líder y 121 desapariciones más, ocurridas entre julio y octubre de 1974 en Atoyac, Guerrero.

Los comisionados del IFAI resolvieron que, en apego al artículo 14 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tratándose de violaciones graves a derechos humanos, el derecho de saber está por encima del argumento de la PGR, que es la secrecía de las investigaciones ministeriales.

La resolución del instituto se fundamenta en los convenios internacionales firmados por México, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones graves a los derechos fundamentales; la recomendación 26/2001 de la CNDH donde se incluye el caso Radilla entre los más de 500 expedientes de desaparecidos documentados por el organismo; los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el juicio contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana por el mismo asunto, así como en comunicados de la PGR sobre la indagatoria del caso.

El expediente 5110/2008 del IFAI señala que “en el caso de investigaciones de delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos fundamentales, reservar la información podría generar un daño mayor, comparado con el perjuicio que pudiera causarse con la difusión de la misma”.

En ese documento, elaborado por la comisionada Jacqueline Peschard –ahora presidenta del IFAI–, se resalta que el desempeño de la PGR “ha sido sometido al escrutinio de autoridades nacionales e internacionales en materia de derechos humanos (la CNDH y la CIDH), las cuales se han pronunciado públicamente respecto a la deficiencia con la que el gobierno mexicano ha atendido la investigación en cuestión”.

Se agrega que “dichos pronunciamientos potencian el interés público nacional e incluso internacional de trasparentar la gestión de la PGR en el desarrollo de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007.”

Por lo tanto, el resolutivo ordena a la PGR que entregue una versión pública de la indagatoria solicitada por la defensa de Radilla Pacheco “en un término no mayor de 10 días hábiles”, es decir, a más tardar el pasado 20 de marzo.

No obstante que los fallos del IFAI son ina¬tacables, la PGR inició un juicio de nulidad en un tribunal de materia contenciosa y administrativa el 17 de agosto siguiente, según comunicó el propio instituto a los abogados de Tita Radilla, además de informar que iniciaría una queja contra la procuraduría en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su incumplimiento de la resolución.

Violación de normas internacionales

El gobierno de Calderón emprendió el litigio 40 días después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la sede la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, el pasado 7 de julio, para defender con vehemencia al Ejército Mexicano en el juicio contra el Estado mexicano por el caso Radilla (Proceso 1706).

En esa misma sesión del máximo tribunal interamericano, la defensa de Tita Radilla informó a los jueces de la resistencia de la PGR para entregar la documentación, con lo que se pretende “confirmar, entre otras cosas, que la investigación no fue llevada a cabo de una manera diligente”, dice Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH.

Destaca que la propia Corte Internacional ha estado en contacto permanente con los abogados de Radilla, luego de que el Estado mexicano se negó a entregarle al tribunal el expediente, con el mismo pretexto de la secrecía,. Como única alternativa, el gobierno de Calderón ofreció que personal de la PGR se traslade a Costa Rica y que los ministros revisen el expediente en una sesión privada, opción que ya fue rechazada.

“Lo que está detrás es evitar que la Corte tenga acceso a esa documentación y la integre como material probatorio en el caso Radilla. El gobierno de Felipe Calderón sabe que si no se entregan las copias, la Corte va a fallar en contra de México y va a dar como hecho probado nuestra denuncia sobre las deficiencias en la investigación”, considera el abogado.

–¿Con qué intención Calderón preferiría perder un juicio internacional a entregar información del caso? –se le pregunta.

–Forma parte de la estrategia de defensa del Ejército y (de la intención de) sostener que la desaparición forzada de Rosendo Radilla fue un hecho aislado. La averiguación previa lo que tiene es información fundamental para desvirtuar esa versión: hay nombres de militares, partes militares que acreditan la cadena de mando, documentos que confirman que oficiales de alto rango del Ejército tenían conocimiento de las detenciones ilegales.

“La información que contiene la averiguación previa demuestra nuestro señalamiento de que la detención y desaparición de Rosendo Radilla no fue un hecho aislado, sino que fue parte de una política de Estado operada por el Ejército. Lo que el gobierno de Calderón quiere es anular un posible pronunciamiento de la Corte sobre la guerra sucia y que no se conozca con detalle cómo operó el Ejército en la comisión de estas violaciones de derechos humanos.”

Según el litigante, en las últimas actuaciones ministeriales sobre el caso Radilla se integró el expediente que abrió la Procuraduría de Justicia Militar contra el general Francisco Quirós Hermosillo –quien antes de morir en noviembre de 2006 fue exculpado por los tribunales castrenses de cometer crímenes en el pasado– y se le tomó declaración al general Mario Arturo Acosta Chaparro, identificado por familiares de víctimas como uno de los principales responsables de las desapariciones forzadas.

“Lo que sabemos es que Acosta Chaparro declaró ante el Ministerio Público federal que no estuvo en Atoyac cuando ocurrieron las desapariciones de Rosendo y 121 personas más (de julio a octubre de 1974) y que en esa época no formaba parte del Ejército. La PGR sólo cumplió con la formalidad de citarlo a declarar”, puntualiza Humberto Guerrero.

Ante la negativa de entregar la información y la apertura del juicio de nulidad por la PGR –de la que no ha sido notificada oficialmente la CMDPDH–, los abogados Luis Miguel Cano López y Graciela Rodríguez, especialistas en litigio por la defensa de derechos humanos, promovieron un amparo. Este recurso fue admitido el pasado 14 de octubre por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, que lo integró en el expediente 1285/2009.

Cano López espera que en tres meses se resuelva el amparo, y señala que con él pretenden “dejar un precedente de que es inconstitucional que una institución del Estado mexicano desacate una resolución del IFAI, porque con la negativa de la PGR se está violando el derecho al acceso a la información, reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales”.

Considera evidente que con el juicio de nulidad interpuesto por la PGR contra el fallo del IFAI, “lo que buscan es agotar la paciencia (de la contraparte), porque un juicio de esa naturaleza lleva por lo menos dos años en resolverse, y no hay que dejar de lado que con ello el Estado mexicano está incumpliendo con la petición del expediente que le hizo la Corte Interamericana para resolver el caso Rosendo Radilla”. l