El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal
JULIO M. LÁZARO - Madrid - El País, 17/03/2011
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar otro recurso del juez Baltasar Garzón en el caso de los curso impartidos en Nueva York , esta vez contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que ha considerado "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal.
Garzón propuso al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y ahora la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ha ratificado una vez más todas las decisiones del instructor.
La Sala Penal parte de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles". En realidad, desde la reapertura de la causa, hace ahora año y medio, Marchena ha considerado "imprescindible" tomar declaración a cuantos banqueros y empresarios han querido llamar la acusación popular, entre ellos Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Francisco González Carlos Pérez de Bricio, además de requerir numerosa documentación a la Universidad de Nueva York, a bancos y a empresas que han sufragado cursos en los que participaba el juez y haber investigado el patrimonio de Garzón y de su mujer.
Respecto a la pruebas solicitadas los soportes de las nóminas con los que el juez pretende demostrar todas sus percepciones en la Universidad de Nueva York (UNY) , la Sala reconoce lo rechaza porque "no hay datos que permitan suponer que aportará ahora algo sustancialmente distinto de lo ya aportado". Por tanto, "la diligencia solicitada no resulta imprescindible".
En cuanto a las pruebas testificales ante una comisión rogatoria internacional, que Garzón consideraba trascendentales para su defensa, la Sala los rechaza también. Garzón había propuesto que la comisión rogatoria tomase declaración en Estados Unidos a Karen Greenberg, directora de la Universidad de Nueva York (UNY); James Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de la UNY hasta 2007; Joe Labanyi, directora del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York desde 2007 y Nancy Kilson, directora del departamento de asuntos jurídicos de la UNY. Según la Sala de apelación, Garzón "no aporta ningún dato relativo a la posibilidad de que su declaración contenga elementos contarios o sustancialmente diferentes a lo que , ellos mismos u otras personas, han manifestado ya por escrito en nombre de la Universidad Juan Carlos I de Nueva York". Por tanto, los testigos propuestos "tampoco se revelan como diligencias necesarias a los efectos de la instrucción".
Garzón propuso al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y ahora la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ha ratificado una vez más todas las decisiones del instructor.
La Sala Penal parte de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles". En realidad, desde la reapertura de la causa, hace ahora año y medio, Marchena ha considerado "imprescindible" tomar declaración a cuantos banqueros y empresarios han querido llamar la acusación popular, entre ellos Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Francisco González Carlos Pérez de Bricio, además de requerir numerosa documentación a la Universidad de Nueva York, a bancos y a empresas que han sufragado cursos en los que participaba el juez y haber investigado el patrimonio de Garzón y de su mujer.
Respecto a la pruebas solicitadas los soportes de las nóminas con los que el juez pretende demostrar todas sus percepciones en la Universidad de Nueva York (UNY) , la Sala reconoce lo rechaza porque "no hay datos que permitan suponer que aportará ahora algo sustancialmente distinto de lo ya aportado". Por tanto, "la diligencia solicitada no resulta imprescindible".
En cuanto a las pruebas testificales ante una comisión rogatoria internacional, que Garzón consideraba trascendentales para su defensa, la Sala los rechaza también. Garzón había propuesto que la comisión rogatoria tomase declaración en Estados Unidos a Karen Greenberg, directora de la Universidad de Nueva York (UNY); James Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de la UNY hasta 2007; Joe Labanyi, directora del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York desde 2007 y Nancy Kilson, directora del departamento de asuntos jurídicos de la UNY. Según la Sala de apelación, Garzón "no aporta ningún dato relativo a la posibilidad de que su declaración contenga elementos contarios o sustancialmente diferentes a lo que , ellos mismos u otras personas, han manifestado ya por escrito en nombre de la Universidad Juan Carlos I de Nueva York". Por tanto, los testigos propuestos "tampoco se revelan como diligencias necesarias a los efectos de la instrucción".
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