La Suprema Corte es la última garantía

El país está en riesgo de sumirse en la anarquía jurídica

 La Suprema Corte es la última garantía/Juan Bustillos

Impacto Diario, 20 de junio de 2011;

Dos casos ilustran una guerra entre poderes, relegando a veces las elementales normas legales de la Constitución: Hank Rhon y Onésimo Cepeda

En el más enrarecido de los climas imaginables a causa de la sucesión presidencial del 2012 (enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por las reformas política, laboral y de seguridad; desencuentro entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación por la violación de los derechos fundamentales por parte del Ejército de Jorge Hank Rhon y otras 10 personas; y la previsible investigación de la PGR al ministro Sergio Valls por tráfico de influencia en el caso del obispo Onésimo Cepeda que validó el pagaré por el presunto préstamo de 130 millones de dólares en efectivo a Olga Azcárraga), el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, con su prestigio como única arma, se presenta como la última garantía que el país tiene de no sumirse en la anarquía jurídica.

Quizá no tenga vocación de Tomás Becket (defender a la Iglesia, inclusive del rey que lo designó arzobispo y luego ordenó su muerte al no plegarse a sus órdenes), pero Silva Meza no está dispuesto a poner al Poder Judicial de la Federación al servicio del Ejecutivo o de quienes con el pretexto de combatir al crimen organizado pasan sobre la Constitución. Ni siquiera tratándose del Ejército Mexicano que conforme a una resolución judicial de primera instancia fue pillado violando en flagrancia el Artículo 16 Constitucional en agravio de 11 mexicanos.

Tampoco a permitir que el máximo tribunal de la nación quede en medio de la lucha electoral del 2012.

PRUEBAS AGOBIANTES

En las últimas dos semanas las presiones por el caso Hank Rhon han sido mayúsculas; otro quizá no las habría resistido. Sin discursos, sin declaraciones sensacionalistas, sin aspavientos, sin siquiera mediar una palabra, el ministro Silva Meza ha dejado claro al Poder Ejecutivo que la Suprema Corte de la Nación no cederá a las tentaciones autoritarias.

En el segundo caso, el del obispo que atesoró 130 millones de dólares y luego los prestó a una anciana cuyo fin se acercaba, pero que antes de morir y guardar el cerro de billetes verdes bajo del colchón no tuvo empacho en firmarle un pagaré que le permitirá quedarse con su herencia, las presiones serán aún mayores, pues un ministro de la Corte, Sergio Valls, y dos magistrados serán investigados por la PGR por tráfico de influencia.

Pero el caso de Valls está por venir, no así el de Hank Rhon que ha puesto en evidencia, si no el autoritarismo gubernamental, la torpeza del Ejército para actuar espontáneamente o cumplir consignas.

BAJO PRESIÓN

Silva Meza resistió toda suerte de presiones que lo exhortaban a convencer a la juez Blanca Evelia Parra Meza a resolver de manera contraria a como lo hizo en el caso Hank Rhon, en el que el Ejército Mexicano habría violado hasta en dos ocasiones el Artículo 16 Constitucional con pretexto de haberlo sorprendido en flagrancia, con sus cómplices o guardaespaldas, en posesión de un arsenal de 88 armas y casi 9 mil cartuchos útiles.

Prueba de fuego, sin embargo, será la resolución a la apelación interpuesta por la PGR, en la que ya no estará involucrada la juez novena de Distrito con sede en Tijuana, y el Ministerio Público de la Federación habrá tenido oportunidad de ver, sin editar, los videos ofrecidos por la defensa del ex alcalde de Tijuana y ex candidato del PRI a gobernador de Baja California que, conforme a la defensa, prueban que la captura ocurrió de manera diferente a como consta en el parte militar de la puesta a disposición del MP de los detenidos y el arsenal.

SE ESTRELLA FRANCISCO BLAKE

Pero mientras ocurren los tiempos de la apelación, vale la penar colocar el caso en contexto.

El Poder Judicial tiene plena confianza en la juez Parra Meza. No es una desconocida. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la observó, con el recientemente fallecido ministro Jesús Gudiño Peláez, ascender paso a paso, casi desde el inicio de su carrera en el Poder Judicial de la Federación, hasta convertirse en juez de Distrito.

En las 144 horas que la juez tuvo para determinar la situación jurídica de los detenidos, recibió a su vez presiones de toda índole; hasta amenazas. Sin embargo, le bastó poner en conocimiento superior lo que le ocurría para escuchar las palabras sacrosantas que de tan usadas han sufrido deslave, pero que para ella fueron el apoyo que necesitaba para firmar la resolución sin temblores de pulso: “conforme a derecho”.

Quizá en este conocimiento de la juez y de la convicción de la teoría constitucional de la separación de Poderes es que los esfuerzos del secretario de Gobernación, Francisco Blake, por convencer al Poder Judicial de ayudar al gobierno federal en el caso Hank aduciendo el bien del país, no tuvieron resultados. Blake es, por cierto, aspirante a gobernar Baja California.

MINISTROS MENSAJEROS

Por lo menos dos ministros aceptaron el deshonroso honor de convertirse en cabilderos del Poder Ejecutivo, pero sus esfuerzos se estrellaron ante la férrea voluntad del presidente de la Corte.

En este contexto debe inscribirse la insólita difusión por parte del Consejo de la Judicatura de la resolución de la juez Parra Meza de liberar a Jorge Hank Rhon y 10 personas más por considerar que los hechos no ocurrieron como lo reportaron los soldados que después de aprehenderlos en supuesta flagrancia los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La juez resolvió “que los eventos suscitados el día cuatro de junio de dos mil once, en el interior del inmueble antes mencionado (el domicilio de Hank), acontecieron de manera diversa en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército Mexicano en su denuncia de hechos”.

Parra Meza dijo que los aprehendidos “lograron acreditar su versión exculpatoria”.

Pero, ¿cuál fue ésta?: “el argumento exculpatorio toral de la defensa de los inculpados, radicó en que la intromisión de los elementos del Ejército Mexicano, a los domicilios ubicados en habitación 201 del Hotel Suites Royal y Avenida fue ilegal, pues no contaban con orden de cateo o motivo alguno que justificaran la flagrancia delictiva...”.

SOLDADOS VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN

En otras palabras, los efectivos del Ejército violaron hasta en dos ocasiones la disposición del Artículo 16 Constitucional: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Conforme a la resolución de la juez los militares mintieron al Ministerio Público de la Federación en el parte que acompañó a la “puesta en disposición” de los presuntos delincuentes y el armamento en cantidad escandalosa.

Según la juez “quedaron evidenciadas diversas inconsistencias en relación a las circunstancias de horarios, distancias y lugares que los elementos militares refieren como aquellos en los que se efectuó la detención de los indiciados, mismas que resultaron claras, suficientes y contundentes para desvirtuar la denuncia de hechos que suscriben los elementos del Ejército Mexicano y en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación sustenta el ejercicio de la acción penal”.

La publicación oficial de la resolución de la juez por parte del Consejo de la Judicatura no es cosa nimia porque el organismo es encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la práctica, es manejada por el ex procurador general de la República, ex subsecretario de Gobernación y ex director Jurídico del Presidente Calderón, Daniel Cabeza de Vaca.

El fragmento de la resolución publicado por la juez se refiere en exclusiva a “el argumento exculpatorio toral de la defensa de los inculpados”, es decir, la ausencia de orden de cateo a la hora de aprehenderlos; a unos en la habitación 201 de un hotel y, a los otros, en el domicilio de Hank Rhon.

PRUEBAS NULAS

La subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, se pregunta con muchos analistas ¿qué pasa entonces con el arsenal?, pero nadie repara que el Artículo 20 Constitucional establece que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.

La juez Parra Meza considera que al detener el Ejército Mexicano a Hank Rhon y a las otras 10 personas sin mediar órdenes de cateo violó sus derechos fundamentales y, en consecuencia, las pruebas obtenidas por los violadores de la Constitución son nulas, de la misma manera que la aprehensión también lo es.

Es probable que en efecto, Hank Rhon y coacusados sean cómplices en el acopio del arsenal, pero cómo se les puede procesar por ello si a la hora de aprehenderlos el Ejército Mexicano no tuvo la precaución de comportarse conforme dice el libro: acudir al Ministerio Público para que solicitara al juez especializado las respectivas órdenes de cateo. De conducirse así, en menos de media hora habría obtenido el documento que le abrirían legalmente las puertas del cuarto 201 del hotel y las de la casa del ex alcalde de Tijuana.

Y así nadie estaría preguntándose qué hacer ahora con las armas.

EL PARTE MILITAR MENTIROSO

El problema es que todo indica que nada ocurrió como dicen los soldados en el parte entregado al Ministerio Público de la Federación. No hubo llamada anónima y los aprehendidos no declararon ser empleados o conocer a Hank Rhon; tampoco saber de la existencia de un arsenal en su domicilio. De igual manera, los guardias del ex candidato a gobernador de Baja California no portaban rifles ni corrieron a esconderse en el inmueble al percatarse de la presencia de militares.

Vaya, la inspección ocular de la juez desmintió los supuestos movimientos realizados por militares y detenidos. Por ejemplo, no se llega del hotel a casa de Hank Rhon en 55 minutos, sino en 5, cuando mucho.

¿Cómo podría la juez calificar el acopio si de entrada la aprehensión fue ilegal?

El día 8, cuatro días después del operativo, la PGR difundió un boletín argumentando que la juez había considerado legal la detención de las 11 personas. En efecto, sólo había recibido del Ministerio Público a los aprehendidos y el arsenal, así como el escrito de la puesta a disposición que incluía el parte. ¿Cómo podía dudar tratándose del Ejército y de tal cantidad de armas y municiones?

Sin embargo, una vez aportados testimonios y videos por la defensa, hizo su propia inspección ocular y determinó la violación flagrante de los derechos fundamentales de ese grupo de mexicanos que quizá sea culpable de muchos y peores delitos, pero en ese caso concreto sus derechos fundamentales fueron violados por sus captores.

¿PATENTE DE CORSO AL EJÉRCITO?

Éste es el tema en el que la Suprema Corte de Justicia ha resistido las presiones del Ejecutivo federal. Cerrar los ojos a la flagrante violación de los derechos fundamentales de Hank Rhon y coacusados equivale a otorgar patente de corso al Ejército y al resto de corporaciones, como la Armada, la Policía Federal y las múltiples policías que existen en el país, para detener a quien sea sin cumplir con las exigencias mínimas que establece la Constitución.

¿Cómo podría Juan Silva Meza permitirlo cuando no hace mucho el Poder Legislativo negó al Ejecutivo la pretensión de desaparecer las órdenes de cateo?

Todavía más: cuando aún para ejecutar una orden de aprehensión debidamente obsequiada por el juez contra un individuo que se sustrae a la policía, Ejército o Marina ocultándose en algún inmueble, resulta indispensable la orden de cateo.

Por el argumento de que la tardanza en el otorgamiento de las órdenes de cateo impedía a policías, marinos y soldados ejecutar las órdenes de aprehensión, fue que el Congreso creó los jueces especializados que en cuestión de minutos las extienden condicionando a la autoridad a cumplir ciertos requisitos. En el de Hank Rhon, la existencia del arsenal.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Resulta incomprensible la serie de errores cometidos en este operativo, hasta hoy ilegal. ¿Por qué no proteger al Ejército con las órdenes de cateo? ¿Por qué no usar al juez especializado para obtenerlas? ¿Nadie previó el daño? ¿La Inteligencia Militar ignoraba la existencia de cámaras de vigilancia en la propiedad de Hank Rhon? ¿No hubo quién lo imaginara? ¿Por qué ocultar la operación a la procuradora Marisela Morales y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? ¿Por qué exigir a la PGR suplir las deficiencias de un supuesto grupo de elite militar entrenado para estos casos de capital importancia? ¿Por qué presionar al Poder Judicial Federal para legalizar lo ilegal? ¿Quién supuso que el ministro Juan Silva Meza se prestaría a hacer el juego al Ejecutivo estando de por medio la Constitución?