Legisladores soliciatn avances del Acuerdo de seguridad

Propuesta de Punto de Acuerdo -de los Senadores Fernando Elizondo Barragán y Felipe González González (PAN) -la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, envíe un informe detallado por entidad federativa de los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Fue turnada a la Primera Comisión para su dictamen.

Sesión de la Permanente del l 15 de junio de 2001

Los que suscriben Fernando Elizondo Barragán y Felipe González González Senadores de la República del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, ponemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envíe un informe detallado por entidad federativa de los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada el 21 de agosto de 2008, los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008.
En dicho Acuerdo se establecen compromisos, acciones y plazos concretos para que los gobiernos federal, estatales y municipales, de los poderes Legislativo y Judicial, así como organizaciones sociales, eclesiásticas, medios de comunicación y ciudadanía, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, actúen a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.
Una de las premisas del Acuerdo establece que la sociedad deberá ser informada del cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los firmantes, mediante mecanismos tranparentes de rendición de cuentas tomando en consideración indicadores de seguimiento y evaluación.
El crimen organizado y la delincuencia son la principal amenaza para la seguridad de la sociedad mexicana, porque que lastiman y violan los derechos y libertades. Además, el problema de la delincuencia es tan complejo que exige cooperación y acción colectiva entre autoridades y la sociedad civil. Se debe consolidar un frente común con los diferentes actores de la sociedad mexicana contra de la violencia y criminalidad.
Los gobiernos estatales se comprometieron en el Acuerdo, entre otras cosas, a depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia; reasignar recursos y partidas a través de reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes, a fin de fortalecer los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, se obligaron a crear y fortalecer unidades especializadas en combate al secuestro; adecuar las organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad públicas estatales al marco nacional; se comprometieron a la incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
Finalmente, en el tema de rendición de cuentas se obligaron a establecer indicadores de evaluación y seguimiento, establecer un sistema de información pública sobre programas, acción, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
El único camino para la construcción de un México seguro, es con un Estado de Derecho que garantice los derechos y libertades de todos. En este sentido, la sociedad mexicana demanda y exige a las autoridades que se combata la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, mediante respuestas contundentes, coordinación y resultados concretos.
Por lo anterior es pertinente solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que envíe un informe detallado por entidad federativa de los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a casi tres años de la firma de dicho Acuerdo, que permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las acciones por parte de las entidades federativas a favor de la seguridad, justicia y legalidad.
En virtud de lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente, envía un respetuoso exhorto al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita un reporte detallado por entidad federativa, que informe a esta Soberanía, sobre los avances y resultados de los compromisos adquiridos por las entidades federativas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008.
SEGUNDO. Con base en los compromisos que asumieron los gobiernos de las entidades federativas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe por estado a esta Soberanía los avances por entidad federativa y en conjunto sobre:
1.   Depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
2.   Creación e instrumentación de centros de evaluación y control de confianza del personal de instituciones policiales, procuración de justicia y centros de readaptación social estatales.
3.   Modernización de los mecanismos de selección y capacitación del personal estatal en estas instituciones.
4.   Monto de recursos incrementados, asignados y reasignados en los presupuestos estatales específicamente para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia a fin de optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura en materia de seguridad pública.
5.   Diseño e implementación de reglas de operación o procedimiento eficaces y transparentes en los presupuestos estatales.
6.   Replica a nivel estatal del esquema del sistema nacional de desarrollo policial, y el referente a la certificación de confianza de ministerios públicos, que condiciona la permanencia en las instituciones de los elementos a la aprobación de evaluaciones.
7.   Unidades estatales especializadas en combate al secuestro creadas a partir de la firma del Acuerdo.
8.   Aplicación en cada estado de la Ley de Seguridad Pública Estatal.
9.   Incorporación al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, y actualización de bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y registro de armamento.
10. Puesta en práctica del Informe Policial Homologado y la generación de mapas geodelictivos.
11. Diseño y elaboración de indicadores de evaluación y seguimiento para evaluar el desempeño de las instituciones policiacas y de procuración de justicia estatales.
12. Creación e instrumentación de un sistema de información pública estatal sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de los recursos públicos en materia de seguridad y procuración de justicia, que incluya mecanismos de observación ciudadana.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de junio de 2011.

SUSCRIBEN:

SEN. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN

SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ