7 jul 2011

Don Juan Silva Meza se reunió con Navy Pillary

El Ministro Juan N. Silva Meza, se reunió esta mañana con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay.
En el encuentro, llevado a cabo en la sede de SCJN ,  el Ministro Presidente expuso que la protección de los derechos humanos es una prioridad para el Alto Tribunal y para el conjunto de jueces y magistrados que integran al Poder Judicial de la Federación (PJF).  Abundó que se ha puesto en marcha una estrategia de capacitación para jueces y magistrados de todo el país por medio del Instituto de la Judicatura Federal, a fin de que estén actualizados respecto de todos los tratados y criterios internacionales en la materia. Pero además, para generar un profundo conocimiento de las últimas reformas constitucionales relacionadas a los derechos humanos y el amparo.
Indicó que, inclusive, a partir de enero pasado se han tomado todas las decisiones para que las áreas administrativas del PJF  asuman un enfoque de derechos humanos en su trabajo cotidiano.
En el marco del encuentro, en el cual participó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el Presidente de la SCJN indicó que se trabaja en el cumplimiento de las recomendaciones hechas de manera reciente por parte de la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados.
Este es el primer posicionamiento del Poder Judicial al informe de la Relatora Especial. ¡Bien!
Una de las recomendaciones de la Relatora es el que la presidencia del CJF recaiga en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la SCJN, o sea, Don Juan tiene ambos cargos.
Respecto del fuero militar y la sentencia de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos relacionada al caso Rosendo Radilla, indicó que el Pleno de la Suprema Corte se encuentra justamente en su revisión.
Un día antes  el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora recibió a la  Alta Comisionada  e inauguraron juntos la exposición itinerante “México en el Orden Jurídico Internacional”, en la Biblioteca de México, José Vasconcelos. 
El secretario Blake  expuso a la Alta Comisionada la estrategia que el Gobierno Federal tiene para proteger, fomentar y garantizar los derechos humanos.
Entre los temas que se abordaron se encuentran:
El mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos; el mecanismo de protección a periodistas, el acceso a la justicia, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, la declaratoria de reforma constitucional en materia de trata, los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, la cédula de identidad personal para menores, los derechos de los migrantes, las reformas constitucionales de derechos humanos, justicia penal y amparo, el arraigo, la tortura, y la participación de las fuerzas armadas en la estrategia contra la delincuencia organizada.
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La Relatora Especial  Gabriela Carina Knaul de Alburquerque e Silva, recomendó a México, concretamente al Poder Judicial:
  •  Avanzar hacia la concentración, tanto funcional como organizativa y estructural, de toda la actividad judicial en México;
  • Considerar medidas especiales temporales para garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres en los poderes judiciales;
  • Establecer carrera judicial tanto a nivel Federal como estatal, con base en criterios objetivos de admisión, ascenso y remoción;
  • Que la presidencia del CJF recaiga en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la SCJN;
  • Considerando que las decisiones de los Consejos de la Judicatura son definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo —a nivel federal— contra las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, que pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia y —a nivel estatal— en caso de remoción, se recomienda que las decisiones disciplinarias y administrativas (tanto a nivel federal como estatal) que tengan un impacto sobre el estatus de las magistradas, magistrados, juezas y jueces, pueden ser objeto de revisión por otro órgano judicial independiente;
  • Establecer en la estructura judicial un Consejo Superior Nacional que coordine la labor de los Consejos de la Judicatura  (locales). (esta acción dee alguna manera la labor la hace la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados- Conatrib-)
  • Establecer mecanismos que aseguren la pronta y cabal ejecución y el cumplimiento de las decisiones judiciales;
  • Desafíos al sistema judicial.  Resulta urgente adoptar un sistema integral de prevención y protección para todos los operadores de justicia, magistradas, magistrados, juezas, jueces, procuradoras, procuradores, abogadas, abogados, defensoras y defensores públicos, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
  • La Relatora Especial considera también que deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del ministerio público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales);
  • Fortalecer la infraestructura de las defensorías de oficio a través, por ejemplo, de la asignación de adecuados recursos tanto humanos como financieros y de la dotación de una instancia propia de investigación y servicios periciales autónomos;
  • Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, en particular asegurando que la violencia en contra de las mujeres sea efectivamente investigada y sancionada, así como a incorporar una perspectiva de género en todas las actividades del sistema judicial;
  • Difundir entre los operadores de justicia y la población en general, el conocimiento y respeto de la forma de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas;
Hasta ahí las recomendaciones de la Sra. Relatora Especial al Poder Judicial.
 
“Es un compromiso serio el que hemos asumido en la SCJN para privilegiar los derechos humanos en la revisión de todos los casos en los que éstos se puedan ver afectados”, dijo.

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