Actas de la comisión de Justicia
CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA
REUNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2011En el salón de usos múltiples número 3 del edifico I, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:15 horas del día 9 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima séptima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca (sentido positivo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de espionaje (positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quáter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de armas de fuego (sentido positivo).
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido positivo).
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido positivo).
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces.(sentido positivo)
11. Asuntos generales.
12. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día cuatro de noviembre de 2011.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, Presidente de la Comisión de Justicia
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 19 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martin Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ma. Antonieta Pérez Reyes, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
Tomaron la palabra las y los siguientes diputados:
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: He solicitado por escrito la
incorporación de dos dictaminaciones una es la minuta con proyecto de decreto
para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
iniciativa por la que se expide la ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo
21 constitucional, que es una propuesta que estamos acompañando con respecto a
la reglamentación de la Corte Penal
Internacional. Y había solicitado de manera verbal la dictaminación de la
reforma al artículo 44 del Código Penal que el diputado Arturo Zamora está
impulsando.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Analizando el orden del día, yo quiero hacer una petición muy
amable, a ver si nos puede conceder que el día de hoy en esta sesión no se
analice ni se discuta, y menos se apruebe el dictamen de la minuta de proyecto
de dictamen sobre la Ley de Lavado de Dinero.
Hay varios argumentos al respecto que
están sustentando mi petición, una de ellas es que si bien va a ser un
proyecto, y va a ser una votación en comisiones unidas, yo creo que es muy
importante que en esta comisión se debata, y se desahoguen todos los puntos de
diferencia que traemos con respecto al proyecto que se pretende votar.
A mí me gustaría que lo bajáramos del
orden del día, y que pudiéramos agendar hoy mismo, una fecha nueva para una
sesión de esta comisión, en la que solamente nos ocupáramos de analizar este
proyecto, artículo por artículo.
Es un tema de mucha relevancia hay
bastantes diferencias, o por lo menos, bastantes temas que pudiéramos discutir,
en relación al proyecto que se está presentando por parte de la Comisión de
Justicia. Considerando por ejemplo, que la Comisión de Hacienda tardó creo que
cuatro sesiones completas en sacar su dictamen, yo no veo por qué nosotros no
cuidemos de dedicarle el tiempo correspondiente, así cuando lleguemos a
comisiones unidas, los temas de nuestra comisión se habrán desahogado en
particular en nuestra comisión, y yo estoy segura que el tránsito de la
votación en comisiones unidas fuera más fácil.
Es una petición muy concreta, pero
además, me acaba de llegar una carta que nos envía el presidente de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, en donde hace referencia a un documento que nos
hicieron llegar a los diputados del PAN, por parte de la fundación, en donde la
fundación comenta que el dictamen está atendiendo todas las observaciones y los
puntos tomados en cuenta, y votados en la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
La Comisión de Hacienda y Crédito
Público está desconociendo ese documento de la fundación que nos envió a los
diputados del PAN, entonces, en función de esta diversidad, perdón, de esta
diferencia de opinión, que en el fondo es importante, sí le quiero hacer la
petición de que fuera retirada de esta sesión, pero que también podamos
convocar ahorita mismo, a una fecha en la que se pueda revisar solamente este
tema.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Solamente como responsable de coordinar los trabajos en la
subcomisión que se integró para elaborar el dictamen que vamos a poner a
consideración de esta comisión solamente es para referir, que el presidente nos
ha instruido distribuirlo entre ustedes, para que puedan tener oportunidad de
revisarlo, de opinarlo.
Ya está validado por los miembros de la
subcomisión que somos de los distintos grupos parlamentarios, por el PAN, por
el PRD, por el Verde, y obviamente, por el PRI, y quisiéramos que ustedes
tuviesen tiempo de revisarlo, para que en la siguiente sesión se pudiese
agendar, y tuviéramos con oportunidad sus comentarios, para fortalecer el predictamen
que seguramente, con el apoyo de ustedes podrá ser un dictamen.
Y sólo en ese sentido, platicarles,
comentarles, que el 25 es el Día de la No Violencia Contra la Mujer, entonces,
que ojalá ese día pudiésemos conmemorar con aprobar en el pleno esta reforma,
que ha sido planteada desde su origen, por todos los grupos parlamentarios, y
que ha sido procesada también, de la misma manera. Sólo quiero dejar esto en la
agenda, señor presidente, y también en el interés de mis compañeros y
compañeras, para que abran su correo, y puedan revisar el predictamen.
El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza comentó: Sólo en el mismo sentido en relación al punto siete que
tenemos en primer turno en la Comisión de Defensa, ojalá, sé pudiera también
dejarlo pendiente, a efecto de que en aras de la economía procesal legislativa
no tengamos contraposición.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: En primer lugar, yo no creo que ningún oficio de otra comisión
se deba tomar en cuenta en esta comisión, pues somos independientes, si no,
nunca vamos a dictaminar nada, menos si se refiere a la cortesía, porque la
Comisión de Hacienda nunca nos dijo qué dictamen iban a hacer, lo dictaminaron
y luego nos lo mandaron.
Si eso se refiere a la cortesía, yo
recuerdo que hace dos semanas, más de dos semanas circulamos el anteproyecto
que el diputado Zamora y yo, gente de la subcomisión hicimos y dimos un término
perentorio para que enviaran observaciones, o sea, que no las envió, me parece
que en este momento votar un proyecto, no un dictamen —hay que diferenciarlo—
el proyecto es para que tengamos una base de discusión con comisiones unidas.
Claro que también es perfectible, eso lo quiero dejar también muy asentado,
pero el día de hoy, lo que se pone a consideración es un proyecto de dictamen;
si aprobamos ese proyecto de dictamen, entonces, tenemos una base para después
citar a la Comisión de Hacienda, y en comisiones unidas discutir artículo por
artículo, para lo que vayamos nosotros discutiendo, se vaya aprobando,
mejorando, adicionando o devolviendo a comisión. Yo estaría en condiciones el
día de hoy, en votar el proyecto, porque creo que es un trabajo que se ha
venido aplazando más de un mes.
Me parece indiscreto que el presidente,
que es de mi partido, pero me parece una cuestión indiscreta y de muy mala
gana, que le circulemos el predictamen nosotros, de buena fe, y que lo
desconozca ahorita.
Entonces, hay que circulárselo
formalmente, para que diga que ya tiene el dictamen, porque si no, la siguiente
sesión nos va a decir que “ese proyecto que dicen que teníamos, que no le
gusta”, pues hay que enseñarle entonces, el proyecto si lo aprobamos, de manera
oficial y hay que entregárselo para que tenga una base de discusión, porque
repito, me parece de muy mal gusto este oficio firmado por ausencia y entregado
ahorita a la Comisión de Justicia.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: En relación al planteamiento de la diputada Carolina, nos
acabamos de comprometer a hacerle llegar alguna opinión para fortalecer, o para
considerar o consensuar con ella la propuesta.
Estamos de acuerdo en que ese dictamen
en una siguiente reunión se pudiera abordar.
A mí me parece que el tema de este
anteproyecto de dictamen, en relación a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones, con Recursos de Procedencia Ilícita ha tenido un
procesamiento por esta comisión.
Creo que hemos sido muy pulcros en
permitir que todo mundo se exprese. Sí creo yo que la mayor parte de las
consideraciones nuestras están consideradas en el dictamen. Tenemos dos cosas
que, si no se pudiera hoy, porque así lo decida la comisión, en las comisiones
unidas presentaríamos son propuestas de redacción; precisiones que nosotros
quisiéramos.
Caso concreto por ejemplo, lo de la
solicitud de información que se hiciera a los organismos autónomos, que en este
caso, los descentralizados no vemos ningún problema, pero en el caso del IFE,
de otros organismos autónomos habría que precisar en una redacción más concisa,
la exigencia y la obligación de que proporcionen información.
Y además estarían obligados a hacerlo,
y otro detalle que queda también un poco impreciso es que tiene que haber una
denuncia de la secretaría, para que se pueda activar el procedimiento en este
caso, de integrar una averiguación por el Ministerio Público. Ahí también
tenemos unas consideraciones.
Pienso que también requiere de más
tiempo, ahorita tenemos ocho dictámenes, me parece que la discusión de este
dictamen si requiere de un tiempo mayor, a pesar de que ha habido, insisto,
bastantes aportaciones y tiempo para discutir.
Yo quisiera que se considerara nada más
la posibilidad de una sesión especial para este tema, nada más.
La diputada Nancy González Ulloa comentó: Comparto la inquietud y la preocupación de mi compañera
Antonieta, creo que un tema tan importante como una ley nueva de lavado de
dinero atendiendo a parte la carta de presidente de la Comisión de Hacienda, te
digo, no me allano a lo que él está diciendo.
Sin embargo, sí creo que debe de ser
atendible a cuáles son sus preocupaciones. Está bien, se dice que es un
proyecto que se puede ahorita votar, pero creo que es una ley que tiene 64
artículos y que están haciendo modificaciones alrededor de 40, me parece
preocupante que lleguemos a votaciones a comisiones unidas y no saber cuál es la
postura real de cada grupo parlamentario, yace una postura de la diputada
Antonieta, es una postura mía, es una postura de la diputada Sonia que no está
presente, de la diputada Leticia, somos del grupo parlamentario de Acción
Nacional y con todo respeto de nuestro compañero Óscar Arce, que estuvo dentro
de las negociaciones de este dictamen, creo que está es una postura de Grupo
Parlamentario, no solamente de un compañero.
Entonces, sugiero también presidente,
que es un tema que si necesita de un verdadero análisis, no de allanamiento a
la Comisión de Hacienda, pero si de un análisis de cuáles son sus
preocupaciones y qué como grupo parlamentario queremos y nos preocupa que se
pueda ver plasmada en esta iniciativa.
Entonces, comparto la opinión y también
solicito de la misma manera que no se pueda votar hoy, hasta que no haya un
verdadero consenso dentro del grupo parlamentario, igual dentro de todo el
pleno de esta comisión.
La diputada María Antonieta Reyes
comentó: En relación con el documento que nos envía el presidente de la
Comisión de Hacienda, quiero precisar que no va dirigida a la Comisión de
Justicia, creo que el presidente de la Comisión de Hacienda mejor que nada
conoce la cuestión de diplomacia parlamentaria y de reglamentación. Es un documento
que va dirigido a los diputados del PAN como Grupo Parlamentario.
Como dice Nancy también, creo que
también tenemos la responsabilidad de atenderla, como grupo parlamentario y
entiendo que finalmente llegaremos a una sesión de comisiones unidas en donde
se van a analizar los puntos de diferencia.
Sin embargo, como bien se ha comentado
aquí, ya serían tres posturas diferentes, las de la Comisión de Hacienda, las
de la Comisión de Justicia y la que está presente dentro de la misma bancada
del PAN.
Entonces, creo que la secuencia lógica
de atender estas diferencias de opiniones que primero en nuestra comisión se
resuelvan los temas como bancadas y una vez que salga un documento consensado
por las bancadas, discutiendo todos y cada uno de los puntos que esta ley
establece, entonces sí vayamos a comisiones unidas donde ya habría, espero que
no sea muy relevante, las diferencias entre la Comisión de Hacienda y la
Comisión de Justicia. El tema principal es que la bancada del PAN dentro de
esta comisión tenemos diferencias de opinión respecto al dictamen que se está
presentando.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez
comentó: Por un lado coincido con la inquietud de la diputada María Antonieta y
la diputada Nancy, creo que es importante y atendible lo que ella señala. Pero,
creo que tenemos una responsabilidad, pero creo que también tenemos una
responsabilidad, hace 15 días que se circulo un proyecto de dictamen y que a la
luz y al amparo del documento creo que no quisiera que ahorita pareciera que
nos estamos sorprendiendo que se nos está circulando este documento.
La responsabilidad de atender un
proyecto que ha sido circulado previamente y se ha puesto a consideración de
esta comisión, pero que es la responsabilidad de todos los presentes de atender
su análisis para llegar a este momento a su disposición y desde luego
eventualmente continuar con su procedimiento parlamentario.
Creo, y no me queda la menor duda, que
el documento y el tema que nos aborda el día de hoy es el tema de lavado de
dinero es por demás fundamental. Detener hoy el dictamen creo que sería un
error parlamentario y creo que sería una falta de respeto al trabajo de esta
propia comisión.
La Comisión de Hacienda hizo su labor,
su análisis y ellos en la autonomía de su decisión decidieron aprobarlo.
Esta comisión ha llevado a cabo sus
trámites, su análisis frente a una subcomisión de análisis sobre este tema en
particular y creo que ya se ha puesto en consideración. Creo que una postura
que pudiese conciliar de la inquietud de lo que aquí se ha expresado, es en
efecto aprobar el proyecto como hoy se está poniendo a consideración y abrir
una mesa de trabajo de las dos comisiones en donde antes de que se citen a
comisiones unidas de Hacienda y de Justicia, hay una mesa de trabajo de ambas
comisiones, que permita llegar a la sesión de comisiones unidas con un
dictamen, digamos, acordado por ambos.
¿A qué nos va a obligar? En primer lugar, a ya
no detener el procedimiento de análisis y discusión de este dictamen. En
segundo lugar nos va a obligar que nos metamos a un tema que no nos puede
llevar más tiempo y que nos va a obligar de manera invariable a que de manera
conjunta tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Justicia nos
sentemos en una mesa de trabajo y las inquietudes que ahorita con justa razón
hacen valer tanto la diputada Nancy, como María Antonieta, vuelvo a reiterar,
el diputado Pedro y quienes aquí se ha expresado nos van a obligar que de
manera formal a entrar a un análisis más serio, pero ya sobre la base de un
documento. Perfectible, sin duda alguna, pero eso es parte de la discusión.
Lo que creo que ya no podemos hacer es
detenerlo cuando ya se puso a consideración un proyecto hace más de 15 días a
esta comisión.
Luego la propuesta en concreto
presidente es abordar el dictamen, aprobarlo el día de hoy y que se cree una
comisión que junto con la Comisión de Hacienda puedan establecer una mesa de
trabajo entre diputados de ambas comisiones para que previo a que sesionen las
comisiones unidas, se hayan abordado las inquietudes que aquí se puedan
inclusive externar.
Traigo observaciones, se me han hecho
llevar observaciones, tengo observaciones sobre este dictamen, pero creo que lo
que menos podemos es seguirlo deteniendo y deteniendo, porque nunca vamos a
tener formalmente un documento sobre el cual nos tengamos que sentar con la
Comisión de Hacienda.
Por lo tanto me sumo y quisiera
proponer abordar el temas y como acuerdo de esta comisión que se cree una
comisión de trabajo con la Comisión de Hacienda para que previo se sesionen las
comisiones unidas, en esa mesa de trabajo se puedan intercambiar, se pueda
visualizar todas y cada una de las inquietudes los diputados aquí traen.
No hacerlo sería volverlo a detener en
algo que ha sido nuestra responsabilidad haberlo analizado, pero tampoco podemos
pasar por encima de inquietudes aquí muy validas y observaciones muy validas
que seguramente traerán y que desde luego tendremos que encontrar un mecanismo
de diálogo y de consenso entre las comisiones unidas para que
institucionalmente lo podamos sacar.
Creo que es una propuesta que puede
abordar ambas posturas, que nos permite conciliar a ambas, y creo que podría
eso habilitar un campo de consenso con las comisiones, sobre todo con las aquí
presentes.
La diputada María Antonieta Reyes
comentó: Insisto en mi petición por varios temas, el votar ahorita el proyecto
sin que lo conozcamos a fondo no va hacer el mismo efecto para que luego se
hagan convocatorias para mesas de trabajo.
Se propone que se vote el día de hoy,
entonces yo solicitaría que antes de la votación revisáramos punto por punto,
artículo por artículo y que se vaya revisando cada uno. Son 60 artículos, si
nos va a llevar cinco, siete horas, nada más estar en ese acuerdo en que
estaremos aquí las siete horas que nos requiera revisar artículo por artículo.
La otra, finalmente... sí, así es, en
consideración de que el diputado Rétiz acaba de comentar que él también trae
observaciones, yo traigo casi las mismas reservas que artículos del proyecto de
dictamen de justicia.
Si va a ser de esa manera, vamos a
someter a revisión ahorita mismo artículo por artículo, vamos votando uno por
uno y entonces a lo mejor sería conveniente, posteriormente, las mesas de
trabajo con la comisión de Hacienda, antes de la votación en comisiones unidas.
Pero lo que yo no quiero y no me
gustaría y no quisiera ser responsable de esa autorización es de que aquí en
esta comisión se votara un dictamen tan importante sin que se revise punto por
punto y se analicen las diferencias de opinión que pueden traer cada uno de los
compañeros de las diferentes bancadas.
El diputado Arturo Zamora Jiménez
comentó: Estamos en este momento en la fase del procedimiento de esta sesión de
comisión vigésima séptima, si mal no recuerdo, votando lo que sería el orden
del día.
En el orden del día se incorpora
precisamente este tema que ha sido motivo de diferentes intervenciones, todas
muy respetables y muy respetuosas. Yo rescato algún par de cosas de algunas de
las intervenciones.
La diputada Enoé Uranga dice con toda
precisión que las observaciones sobre el dictamen, el PRD las atendió y fueron
atendidas también, o sea, el PRD realizó sus observaciones y se encuentran
reflejadas en el dictamen.
El Partido del Trabajo, a través del
diputado Pedro Vázquez, nuestro compañero y amigo también, presentó algunas
observaciones, algunas fueron atendidas y otras no. Y como ustedes recordarán,
no es la primera sesión para dictaminar este asunto.
Ésta, prácticamente, sería la tercera
sesión para dictaminar el asunto. A mí lo que me preocupa mucho o me preocupa
sobre manera es que la iniciativa que se presenta por parte del Ejecutivo
federal tiende a frenar un problema muy importante en el país que son las
operaciones con recursos de procedencia ilícita y, según escuché desde el
primer día que se presentó la iniciativa, era muy importante dictaminar esto
porque las organizaciones criminales estaban precisamente financiándose de
manera indebida y con todo esto se había generado un esquema de una lucha un
tanto cuanto desigual por parte del gobierno federal contra la delincuencia
organizada.
Me llama poderosamente la atención que
hoy algunas compañeras diputadas de Acción Nacional pretenden ponerle a un
dictamen, que es importante para el país, el freno.
Pretenden que no se dictamine un
trabajo que a todas luces en él hemos venido participando diputados de todos
los partidos políticos, hemos venido revisando, actualizando, comparando,
recibiendo opiniones por escrito, opiniones verbales, de entidades privadas, de
entidades públicas, de compañeros diputados, de asesores de toda índole.
No es un trabajo que forme parte de un
capricho o de una ocurrencia. Es un trabajo metódico que además se consensuó,
si ustedes bien recuerdan, se consensuó que se nombrase una comisión redactora,
se votó a favor, la ocasión anterior todavía presentamos el documento, se
dieron a conocer algunas de las líneas generales, se votó también por
unanimidad, ahora, sí me llama poderosamente la atención.
Yo no creo que ésa sea la intención de
Acción Nacional, frenar una herramienta muy importante que el Estado mexicano
necesita tener para combatir de manera más eficaz a los delincuentes en el
país, porque entonces entraríamos en una contradicción.
Yo he escuchado que se dice: la Cámara
de Diputados tiene frenado y no nos da esta... Hoy que la queremos trabajar,
hoy que queremos votarla, ya llevamos prácticamente 45 minutos discutiendo si
la discutimos o no y, por supuesto, por lo menos desde mi perspectiva, no hay
ningún temor de que se hagan todas y cada una de las observaciones, al contrario,
habría mucho interés de escuchar cada una de las observaciones en cada uno de
los artículos, que hagamos la discusión, porque finalmente a través de este
trabajo, que es precisamente el trabajo en comisiones, es cómo de alguna manera
podemos facilitar la tarea de las dos comisiones.
Es cierto que podemos dictaminar, pero
tampoco podemos frenar un trabajo que ha costado bastante inversión de tiempo,
de conocimiento, de experiencia, porque hoy día se ponen de acuerdo, como ya lo
hemos escuchado en otras ocasiones las cúpulas y se avisan y dicen: pues PAN y
PRD vamos a decirles que saquen de la agenda este asunto.
Estamos incurriendo en una terrible
contradicción. Yo espero que en este planteamiento no haya una intención de
prorrogar algo, que se ha dicho, es muy importante para el país. Yo estoy a
favor de que se discuta, estoy a favor de que se analice, estaré a favor de
invertir el tiempo que sea necesario, de analizar cada uno de los artículos, de
eso no hay temor por supuesto, y por supuesto me parece muy importante pedirle
aquí a las diputadas y diputados si el asunto lo consideran suficientemente
discutido, pues que lo votemos, si entramos a su análisis o finalmente lo
bajamos, porque argumentos pueden ir a favor o en contra, pero me parece que
también el tiempo, incluso, para la dictaminación de este asunto puede ir en
contra de los objetivos que el Estado mexicano está necesitando para poder
dictaminar una minuta muy importante que forma parte del trabajo que ya realizó
el Senado.
Y que, finalmente, también al diputado
Ezequiel Rétiz, finalmente no estamos nosotros trabajando en el vacío.
Empezamos a hacer este trabajo en función del trabajo preliminar que realizó la
Comisión de Hacienda, con quienes mantenemos una magnífica relación, de tal
manera que yo creo que detener el dictamen —lo digo textualmente, como lo
planteaba el diputado Rétiz de manera muy certera— sería un error.
Me parece que no podemos seguir
frenando el análisis legislativo en temas tan importantes que tienen que ver
con el combate al crimen organizado, que tienen que ver con que el Estado
mexicano necesita tener mejores herramientas y para eso estamos aquí, si hay
que mejorar el dictamen vamos trabajando en mejorar el dictamen y no en
retrasar la dictaminación de esta nueva herramienta. Por lo tanto yo pido, si
son tan amables, que pudiésemos mejor someter a votación si se retira o se
trabaja de una vez en él.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes
comentó: Gracias, discúlpenme, que sea tan insistente, pero por lo menos si
quiero que quede asentado en el acta del día de hoy mi postura con respecto a
este tema.
Quiero hacer unas precisiones. Diputado
Zamora, nadie está pretendiendo detener una ley tan importante y no confundamos
a la escasa ciudadanía que nos debe de estar escuchando, no la confundamos,
haciéndole creer porque queremos que sea una ley más adecuada al uso de la
justicia estamos pidiéndola detener, no hay que confundirnos.
En el punto número dos del orden del
día este fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres,
se sometió a votación la aprobación del acta de la vigésima sexta reunión y fue
aprobada por unanimidad.
El punto número cuatro es análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de
decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).
Acuerdo: Que se establezca el grupo de
trabajo, se reúne el día miércoles 16 de noviembre y el 23 de noviembre se
citaría a reunión de comisiones unidas para discutir la minuta con proyecto de
decreto que expide la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita.
Se sometió a votación y fue aprobado
por mayoría con quince votos a favor y tres en contra.
El punto número cinco fue análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto
mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de
pesca (sentido positivo)
El presidente diputado Víctor Humberto
Benítez Treviño comentó: En el punto número cinco, es una visión al artículo
420 del Código Penal Federal, que actualmente dice que se impondrá pena de uno
a nueve años de prisión y por equivalente de 300 a 3 mil días multa a quien
ilícitamente dice el 420 segundo bis de manera dolosa, capture, trasforme,
acopie, transporte, destruya, o comercia con las especies acuáticas denominadas
abulón, langosta, dentro y fuera de periodos de veda sin contar con la
autorización que corresponde en cantidad que ceda 10 kilogramos y cuando las
conductas a las que se refiere la presente fracción se comentan por una
asociación delictuosa, en los términos del artículo 164, de este código se
estará en el artículo 194 del Código Federal de procedimientos penales.
Aclaro, eso es lo que dice actualmente.
El diputado proponente estaba sugiriendo que se adicionen otras especies.
Entonces, quedaría abulón y langosta,
como está en este momento, él está sugiriendo que se incluya camarón, erizo, y
pepino de mar. Es para la protección de la fauna acuática. Entonces, la
comisión ha considerado que es importante y que es procedente.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Pues nosotros seguimos planteando que no estamos de acuerdo que
se incrementen las penas y mucho menos que el catálogo de delitos graves se
aumente. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos, sé que no habrá de
respuesta inmediata, pero con la pesca que está haciendo, está cumpliendo con
su labor de supervisión de vigilancia, pero con la pesca qué está haciendo,
está realmente vigilando a los grandes empresarios que son los que realmente
están utilizando toda la técnica y toda la herramienta para la explotación de
estas especies marinas.
Como ya lo hemos señalado, no
consideramos conveniente el aumento de la penas, y este caso no puede ser la
excepción. Porque no hemos nosotros en ninguno de los temas que hemos tocado a
estas autoridades administrativas que no cumplen con su obligación y su
responsabilidad, no les aplicamos ninguna sanción. Autoridades administrativas
que tienen tareas y responsabilidades muy concretas, muchas de ellas no se
realizan a cabo su trabajo, son omisas y nosotros nunca hemos visto porque
nunca las sancionamos, porque no ampliamos.
El diputado Óscar Arce Paniagua
comentó: Si quisiera hacer una observación en torno a este tema, no soy experto
en tema de pesca, pero de las observaciones que me hizo la parte técnica, hay
una gran diferencia en lo que está vedado, en lo que no se puede, con lo que se
puede con permiso.
En este caso, si incluimos las dos
especies, caerías dentro de un delito, porque ya ningún permiso te puede
salvar. Es decir, ya está tipificado como delito, que es el artículo si no
difiero, 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, como delito grave.
Entonces, si quisiera esa precisión que
no fuéramos a caer en un tema en donde les estuviéramos prohibiendo a los
pescadores, en definitiva, el poder por supuesto el ir por el camarón, que es
el tema fundamental. Más que el tema de las penalidades.
Quisiera que se precisará muy
claramente, si incluye, ya no se puede, porque las especies que están en este
caso restringidas, en esta caso vedadas de manera permanente tienen un
tratamiento diferente a las que están vedadas de manera temporal, como el caso
actual del camarón que es cuando esta la temporada, te dan un permiso para que
tú lo puedas ir a pescar.
Quisiera nada más eso, presidente, que
se precisará muy bien, porque sino a lo mejor queriéndolo proteger le vamos a
hacer un perjuicio mayor a los pescadores y ahora no van a poder ir por ese,
que es algo que da sustento a muchísimas familias, principalmente toda la gente
que viven en el golfo, la gente de Sinaloa, Etcétera.
El diputado Leonardo Arturo Guillen
Medina comentó: Específicamente, el camarón es un producto que se da en esta
zona, y seguramente en la mayor parte del país, y de eso viven la mayoría de
las poblaciones, es decir, no nada más la utilizan para venderlo, con eso se alimentan,
es decir, subsiste el pescador, tanto en el consumo del producto, como en la
venta el producto.
Y actualmente, ya está regulado, tanto
por la normatividad que se quiere adicionar, que es el Código Penal, y también,
por las distintas normas administrativas que regulan el funcionamiento de la
Semarnat y la Profepa.
Hoy se lo digo en serio, actualmente
tenemos un problema verdaderamente delicado en el actuar de algunas autoridades
que sí se tienen que cuidar mucho dos cosas. Una, efectivamente que el poblador,
que la persona no cometa estos delitos en violación o afectación al medio
ambiente, pero tampoco podemos llegar al extremo de dejar desprotegidos al
primer ser que debemos proteger del medio ambiente, que es el ser humano.
Entonces, aquí diputado presidente, me
parece que podemos, en un ánimo por ser más exhaustivos en la normatividad
penal, podríamos, sin ser ése el propósito, afectar a comunidades con situación
de marginación mayor y colocarlos en una situación en donde los pongamos como
delincuentes, cuando no es el propósito.
Hay en esos lugares, estoy consciente
de la máxima que reza que “el desconocimiento del derecho no exime en su
cumplimiento”. Pero seamos conscientes de que hay lugares que definitivamente
hoy, se les está complicando respetar normas administrativas, y que ya están
las autoridades judiciales en materia federal, con personas ahí internadas, con
la normatividad que ya se tiene. Me parece delicado aumentar este tipo de
riesgos o sanciones.
El presidente diputado Víctor Humberto
Benítez Treviño comentó: Me preocupan dos cosas, la primera es ¿cuál es la
razón de ser de las vedas? Es una prohibición para pescar, con el objeto de
preservar las especies marinas, ésa es su razón de ser, independientemente de
que el principal depredador es el hombre, estamos protegiendo, por eso surge el
tipo penal.
Porque el hombre es el único que
desquebraja la armonía de la naturaleza. Es el primer ecocida , del
universo. Y desgraciadamente así es, eso lo dejo; yo entiendo la razón de ser
de la iniciativa, me gusta en ese sentido, la otra, que no vayamos a
excedernos.
Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por
unanimidad.
El punto número seis fue el análisis,
discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona el artículo 127 Bis al Código Penal Federal y reforma
el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de
Espionaje, en sentido positivo.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Consideramos que el delito de Espionaje halconeo, o halconeo,
ya se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal Federal, éste se
encuentra en el Libro II Título I, que se refiere a los delitos contra la
Seguridad de la Nación, en el Capítulo I de los Delitos de Traición a la
Patria, y está ya señalada una penalidad.
Se prevé una sanción de 5 a 40 años de
prisión.
Ahora bien, aunque no son los únicos,
la mayor parte de quienes realizan labores de espionaje, o de halconeo es
realizado en mayor medida, por servidores públicos o ex servidores públicos de
instituciones policíacas del país.
Creo que ahí es donde deberíamos de
insistir, y para erradicar este problema. Ha sido demostrado que es el mayor
número de personas las involucradas en estas actividades ilícitas. Y una vez
más, nos dejan a esta Cámara de Diputados aumentar las penas, y no lo hacemos
otra vez, depurando a malos servidores públicos, y la pregunta es, ¿y los
exámenes de Confianza? ¿Y la certificación que por ley están obligados a
realizar todos los cuerpos de seguridad en el país? Voy a dar un ejemplo, pero
lamentablemente el estado de Nuevo León, en el mes de agosto de este año había
más de 200 elementos de diversas instituciones policíacas acusados por el
delito de halconeo.
¿A qué se debe? A los altos niveles de
corrupción, pero también a los bajos salarios si nos pusiéramos a revisar
cuántos elementos del Ejército, cuántos elementos de la Policía Federal, y de
otras instituciones policíacas sirven a la delincuencia organizada, yo creo que
nos asustaríamos.
Entonces, la verdad es que el mismo
artículo 127 Bis, y es una pregunta que yo les hago a mis compañeros, todos
aquí, destacados abogados, gente con una vasta experiencia, qué delito estamos
creando esta comisión al establecer este artículo 127 Bis.
El diputado Arturo Zamora Jiménez
comentó: Cuando revisé el dictamen e hice el análisis, el título de espionaje
, pues tenemos dos tipos de espionaje, prácticamente, en el Código Penal
Federal; el que tutela el 127, como efectivamente lo preguntaba el diputado Pedro
Vázquez, en el 127 se establece la figura de aquel agente nacional o
extranjero, que en tiempo de paz o de guerra se dedican a la obtención de
información para proveerla a un adversario o a un enemigo potencial de nuestro
país, para que esto en un momento dado, nos exponga ante una situación
determinada.
Ése es el espionaje encontramos también
en otro capítulo del propio Código Penal Federal otra forma de espionaje, y es
el que tiene que ver con aquella persona que, de alguna manera obtiene
conocimientos o fórmulas importantes en el ámbito industrial, y estos los
utiliza para proveerlos a otra empresa, o sea, espionaje industrial, espionaje
comercial o espionaje de esta naturaleza.
Revisando el capítulo, en el 127
realmente, lo que se trata de proteger en el artículo 127, como bien jurídico,
como bien jurídicamente tutelado es la seguridad nacional es la seguridad
interior de nuestro país, en lo que se trata de proteger a través de la figura
del espionaje, como está previsto en el Código Penal Federal, repito, es un
objetivo muy claro, un objetivo determinado, la protección del Estado nacional
frente a la posible invasión o en un estado de guerra frente a la situación de
desventaja que nos puede colocar con otros países, ante una situación de
guerra.
Entonces, cuando veo el documento, la
justificación, en principio me parece muy bien que se castigue a las personas
que están por ahí en una esquina, y que están observando a la autoridad, y que
avisan que va a llegar la autoridad, y que esto por supuesto pone a la
autoridad en condiciones de desventaja.
Eso me parece completa y absolutamente
necesario. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, que el artículo 13 del
Código Penal Federal establece claramente las formas de autoridad y
participación en los delitos.
Me llama poderosamente la atención el
pretender crear un nuevo modelo delictivo llamado espionaje , que no lo
es, por supuesto, para castigar a aquellas personas que se colocan en una
situación para informar a sus cómplices o informar a sus copartícipes sobre la
presencia de autoridades o sobre el futuro, la realización de operativos.
Sin embargo, yo quisiera compartir a
ustedes, que el 13 del Código Penal Federal establece que son autores o
partícipes de los delitos —dice claramente— la Fracción I, los que acuerden o
preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que los realicen
conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que determinen
dolosamente a otro a cometerlo —que es la inducción—, los que dolosamente
presten ayuda o auxilien a otro para su comisión.
Ahí está ya prevista, precisamente ya
una forma de participación en un delito, los delitos tienen formas de autoridad
directas, y de autorías de coparticipación, y tienen también formas de
colaboración, que están previstas en el artículo 13, precisamente, en todas
estas figuras.
Lo decimos coloquialmente “tanto peca
—como dice Enoé— el que mata a la vaca, como el que detiene la pata”: Aquí
claramente quiero decir lo siguiente, cuál es el riesgo, cuando llego al tema
del dictamen de la propuesta de iniciativa del compañero observo que se
establece primero, una pena de 2 a 15 años de prisión.
Lo que estaríamos haciendo con este
tipo de incorporación en un modelo delictivo con esta pena sería promover la
impunidad. Y sería promover la impunidad desde un acto legislativo, por lo
siguiente, porque si estas personas están colaborando para la comisión de
delitos de secuestro, para la comisión de delitos de homicidio, para la
comisión de delitos graves, de cualquier naturaleza; tráfico de armas, tráfico
de drogas, lo que estaríamos haciendo, si llegamos a votar este dictamen en
estos términos es crear una figura en la que les vamos a poner una pena mucho
menor.
¿Cuál es la solución que se tiene en el
Código Penal? Por eso la parte general del Código Penal establece claramente
formas de autoría, y formas de participación del delito, y en el artículo 13
del Código Penal se establece con toda precisión, dice: “Los autores o
partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno, en la
medida de su propia culpabilidad y por supuesto que tienen la misma sanción del
delito”.
Entonces, yo he escuchado incluso
versiones en el sentido de que hace falta armonizar tipos penales, modelos
delictivos, y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, precisamente por la
interpretación restrictiva del Derecho Penal, a que estamos obligados, por
disposición del Principio de Legalidad, que ya les lea el presidente de la
comisión, el doctor Humberto Benítez, en el artículo 14.
Luego entonces, si nosotros, en el
ánimo de pretender castigar como una figura delictiva ésa, de las personas que
se apostan en ciertos lugares, que informan, para evitar que sus cómplices sean
detenidos, ésa es una forma de participar en un hecho de otro, y ellos, de alguna
manera ya son corresponsables, desde el punto de vista de la parte general del
Derecho Penal, de los delitos que cometan sus cómplices, o sea, estamos
hablando de formas en las que la imputación, la imputación de resultados, el
reproche del Estado va exactamente para unos, como para otros.
Por esa razón —y ésta es una discusión
muy antigua, y por esa razón, la doctrina en el Derecho Penal ante la necesidad
de resolver estos casos prácticos, en términos generales, tuvo que establecer
formas de autoridad y participación en el delito, y establece claramente al
autor directo, y establece quién es el coautor.
En la coautoría se determina claramente
la distribución de cargas de trabajo, en donde a uno le toca —lo voy a decir en
términos muy coloquiales— “echar aguas”, y a otro le toca cometer el delito, y
a otro le toca llevarse el producto del delito.
Todos los que participan en este
concierto delictivo serán responsables del delito de secuestro. No vayamos a
decir entonces a decir, este joven, porque era el que estaba avisando, y estaba
“echando aguas”, lo dejamos fuera del delito de secuestro.
Y le vamos a tipificar un delito que se
vea casi, casi como el delito de “echar aguas”, y la producción de un pequeño
doctor Frankenstein aquí, tipificando algo como delito de espionaje, razón por
lo cual me parece, señor presidente, y compañeros diputados y diputadas, que
debemos desechar esta propuesta.
Que si lo que queremos es establecer un
modelo delictivo para este tipo de comportamientos, ya está previsto en la ley,
en la parte general. Y en todo caso, el Ministerio Público cuando tenga que
detener personas, y que lo hace, que acuda precisamente a esta fórmula del
artículo 13 del Código Penal Federal, para que el autor directo, al autor
mediato o al coautor, al inductor, y a todas las formas de participar en el
delito, por supuesto tengan la posibilidad de imputarle el reproche del Estado
por este tipo de comportamientos.
La diputada María de Jesús Aguirre
Maldonado comentó: Definitivamente, el diputado Guillermo Cueva Sada es mi
amigo, de Nuevo León, sin embargo, difiero mucho de él, en su propuesta.
Es un hecho frecuente, y común dentro
de la logística de la delincuencia organizada este tipo de conductas, sin
embargo, definitivamente, en el Título donde él pretende, en ese libro del
Código Penal, en donde él pretende que vaya este delito son delitos contra la
nación, ya de entrada, no pudiera estar en ese título en delitos contra la
nación, porque es una situación, es una conducta completamente distinta.
Yo considero que él ha de estar
preocupado por la situación del halconeo, que es muy común, sin embargo, me
sumo a los comentarios que hizo el diputado que me antecedió en el uso de la
palabra, el diputado Zamora.
Yo agregaría, que también este tipo de
conducta pudiera estar sancionada como delincuencia organizada, ya que él está
dentro de ese círculo de delincuencia organizada. Aquí, la tarea es de los
ministerios públicos, de poder llevar a cabo una buena averiguación previa, y
de poder consignar ante el juez competente por el delito que está cometiendo la
persona.
Pero sí, creo que si nosotros lo
aprobamos en este momento, este tipo de delitos que pretende el diputado creo
que pudiéramos estar en una impunidad de otros tipos de delitos más graves,
como bien lo señaló el diputado Zamora.
Entonces, en todo caso debiera de
estudiarse, aún y cuando esta conducta es una conducta ya sancionada por el
Derecho Penal, pero si dice quisiera manejar como un tipo penal diferente,
tendríamos que ver otro capítulo.
Definitivamente en este capítulo no va,
no es el bien jurídico que protege el Estado, y en este momento mi voto sería
en contra.
El diputado José Cirino Valdés Huezo
comentó: Yo creo que sí tiene razón el diputado proponente de esta iniciativa,
en cuanto al fondo de lo que está proponiendo, porque el halconeo no es una
conducta que esté regulada de manera específica en los códigos penales.
Y sí es una nueva conducta ilícita que
ya es muy común, y que nada tiene que ver con el espionaje es otra cosa muy
diferente.
Pero en el fondo sí tiene razón el
compañero que hace esta propuesta, porque a veces, la persona que avisa de los
operativos, o la persona que tienen los delincuentes afuera de las
procuradurías o afuera de las instalaciones de policía, en muchos de los casos,
su participación, en algún delito en particular es mínima.
Simplemente su función en la cadena
delictiva es alertar que sale un operativo, que salen las patrullas; los tienen
en lugares estratégicos de las ciudades. Entonces, yo creo que sí es correcta
la propuesta, está mal ubicada en el código, porque no son delitos contra
seguridad de la nación.
En todo caso debiera estar en el
Capítulo de Delitos contra la Seguridad Pública, entonces, aquí sí difiero de
mis compañeros, porque yo considero que sí es un nuevo fenómenos delictivo, que
sí deberíamos de trabajar en esta comisión para crear un tipo específico.
Es una nueva conducta que es muy
recurrente que se está dando, y pienso que no se daría lo que comenta nuestro
compañero y amigo, el diputado Zamora, de que se le disminuyera la penalidad,
porque existe el concurso de delitos, entonces, yo digo que si debe de ser un
delito autónomo.
Pero está mal planteado, mal ubicado en
delitos contra la seguridad de la nación, y yo propondría sí, desechar la
iniciativa tal como está, pero sí crear una iniciativa, porque sí es un nuevo
fenómeno que se está presentando, y el Derecho Penal específicamente no lo
contempla. Entonces, ésa sería mi propuesta.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes
comentó: Una propuesta. Veo que este proyecto, esta iniciativa, la secretaría
técnica la está votando en sentido positivo, y veo que hay opiniones
encontradas de algunos compañeros, que además saben del tema, como es el
diputado Zamora.
A mí no me gustaría que lo votáramos en
contra hoy, sin escuchar antes al proponente.
Creo que en el tema de procedimientos
penales, de combate a la delincuencia, cualquiera que sea su alcance tenemos la
responsabilidad de escuchar a los proponentes de iniciativas y no desecharlas
solamente así, dado que hay diferencia de opinión me gustaría, primero, si se
le avisó al proponente que hoy se analizaba y se votaba su iniciativa.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Yo, en este caso en particular no compartiría el que
dependamos de que cada uno de los proponentes de las iniciativas esté presente
en las sesiones, creo que sí es una cortesía correcta que acompañamos, el
informarles que se votará, pero no considero su presencia indispensable para
analizar ninguno de los temas, y salvo que me equivoque, el reglamento no lo
considera así.
Creo que, además por el contenido, por
la forma y el fondo de cómo se está planteando el asunto, el tema no tiene
salvación, no es un tema que podamos bajar y recomponer, replanteándolo de
alguna forma.
Todos coincidimos en que tiene un
problema de ubicación, pero además varios creemos que sí tiene un problema de
definición. Para mí no hay novedad en el delito, como bien se decía, es el
delito de “echar aguas”, y ése ha existido en todas las formas y desde todos
los tiempos; que ahora se aplique a una modalidad del delito sería la novedad,
pero el delito de “echar aguas” está contenido en la ley desde hace tiempo, y
en consecuencia sí creo que hay el riesgo de que esta figura, con una pena
menor pueda entrar en contradicción o conflicto con lo que ya está protegiendo
la ley.
Entonces, sí me importa señalar que es
importante votarlo, que creo que hay que desecharlo, y disentir, con quienes
opinan que es un delito nuevo, no le veo la novedad.
Se sometió a votación y fue desechado por mayoría.
El punto número siete fue análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
materia de armas de fuego (sentido positivo).
Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por
unanimidad.
El punto número ocho fue análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal
de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido
positivo).
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Éste es un tema que ya se encuentra el día de hoy, actualmente
se encuentra tipificado dentro del Código Penal. La Apología del Delito se
refiere a incitar a una persona a cometer un delito; cuando se incitaba, en la
legislación actual, sin modificación tenía nada más una penalidad, no tenía penalidad
tenía una multa, y ahora le estamos poniendo una penalidad de 1 a 3 años.
Ésta es una materia preventiva, que yo
le había platicado, ¿te acuerdas Pedro, que lo platicamos? Ha habido algo de
polémica con el tema, porque la consecuencia de la apología del delito es que,
por ejemplo, cuando tú vas a comprar un videojuego para un niño menor de edad,
y el videojuego tiene escenas donde sacan un rifle, y matan a mucha gente tiene
que decir la etiqueta, que lo que van a ver contiene escenas que están, como lo
tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Japón, como lo tienen en Europa,
como lo tienen en todas partes.
Inclusive, las clasificaciones de las
películas que no están contempladas aquí, dentro de un código, sino que es una
reglamentación de la Secretaría de Gobernación están en los países avanzados,
también como una penalidad, si no adviertes que la película que van a ver es
una película que contiene, que es apta exclusivamente para mayores, obviamente
cometes tú un delito si la estás divulgando a un público que no es un público
que puede tomar una decisión, en este caso, los mayores de edad.
Esta iniciativa lo que viene a regular
es eso, que la apología del delito ya sea contemplada con una penalidad de 1 a
3 años, que estaba contemplada con multa, y si se comete el delito tenga una
penalidad hasta la mitad del término, que sería 1.5 más.
Con esto vamos a regular los
materiales, vamos a hacer una prevención a la ciudadanía en torno a los menores
de edad, que no estén comprando cuestiones que no estén reguladas
exclusivamente por la Secretaría de Gobernación. Ése es el objetivo fundamental
de esta iniciativa.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz
comentó: Primero señalar que, en términos generales, y conceptuales,
acompañamos la propuesta, no sólo su servidora, les quisiera decir que las
demás compañeras del grupo parlamentario simpatizamos con la idea.
En lo personal, además, para el mundo
en el que yo me muevo, éste es una mejora que viene a servir como una
herramienta muy, muy importante en contra de la discriminación.
Realmente le veo esos alcances, y por
ello simpatizo con ella, y en consecuencia, le puse toda la voluntad del mundo.
Sin embargo, en específico, la
propuesta del artículo 208, el último párrafo de la modificación me resultó
incomprensible, yo primero, como todos ustedes saben, asumo mi defecto de ser
socióloga y no abogada, para los fines de esta mesa en la que participamos.
Sin embargo, creo que no se aterriza
concretamente a lo que se está buscando, y no alcanzo a entender, y lo que sí
sé es que el derecho es de exacta aplicación, y en consecuencia, si a mí no me
queda claro, a los ciudadanos de a pie, me queda la inquietud de que les genere
las mismas dudas.
Es lectura de comprensión, tal cual. De
verdad, el último párrafo de la propuesta no es algo que a mí me quede claro.
El párrafo que dice “no se procederá
cuando se exponga a las consecuencias legales adversas derivadas de dicho
delito, o cuando el servidor público que, en ejercicio de sus funciones y con
autorización fundada y motivada de la autoridad competente simule conductas
delictivas con el fin de aportar elementos de prueba en una averiguación
previa”.
El diputado Pedro Vázquez González
comentó: No coincidimos con la propuesta, definitivamente argumentaremos.
En una primera parte queremos expresar
que si bien es cierto en el texto vigente, del artículo 208 del Código Penal
Federal, ya se encuentra previsto el tipo penal de apología del delito.
Como bien se señaló, no tiene prevista
pena privativa de libertad, sino trabajo a favor de la comunidad, en caso de
que con la apología del delito no se realice ninguna conducta antijurídica.
En los términos de cómo se contiene la
reforma al artículo 208, se establece una pena privativa de la libertad entre
uno a tres años y hasta 50 días de multa, si el delito no se ejecutare.
En el segundo párrafo se establece a la
letra, la provocación pública de un delito o apología de algún vicio, si no se
ejecutare, se agravará, si se ejecutare, perdón, se agravará en una mitad
tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia
Organizada.
Aquí nada más hay que agregar,
modificar, porque el título correcto es Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada... muy importante.
Ahora bien, según esto, ¿cómo se da la
apología del delito o de algún vicio? En el caso de los delitos contra la
salud, se da mediante los famosos narcocorridos. En el caso de trata de
personas, mediante imágenes o anuncios publicitarios que se publican en medios
de comunicación, sean gráficos o subliminalmente en medios electrónicos.
Aquí la pregunta es, lo que nos
preguntamos, ¿se aplicará la sanción prevista a los músicos que interpretan los
narcocorridos? ¿O a los redactores? ¿O propietarios de los medios de
comunicación donde se transmiten anuncios de contenido sexual? ¿O a los
concesionarios de los medios electrónicos que difunden estas imágenes y estos
mensajes? Por ejemplo, vamos a ver el caso del anuncio el anuncio de bebidas
embriagantes o el consumo de cigarrillos.
Considerando que éstos son, el consumo
de estos productos se constituyen un vicio, así lo señalan las propias
inscripciones en los cigarros.
Aquí la preocupación es porque tenemos
que encontrar un justo medio entre lo que es la libertad de expresión y lo que
se pudiera llegar a considerar apología de un delito.
Es más, para ser más enfático, que la
apología del delito no se da por parte de una persona individualmente
considerada, que se ponga, por ejemplo, a hablar bien de la delincuencia
organizada o a promover el que se consuma bebidas alcohólicas y cigarros, sino
más bien se da por la amplia capacidad de difusión de un mensaje en los medios
de comunicación masiva.
Ahora, tenemos que reconocer que la
violencia que vive... la violencia generalizada que se vive en nuestro país,
está permanentemente es transmitida por los medios de comunicación, son
noticia.
Ojala que reflexionáramos sobre esa
realidad. El conocer en los medios de comunicación, la primer media hora de
nota roja, vemos a los ejecutados, vemos a... el caso concreto de Veracruz,
¿hay alguien de Veracruz aquí? Cuando la reciente reunión de gobernador... el
río, aparecieron docenas de cadáveres.
La realidad es que esos muertos estaban
ahí, eso fue noticia, la nota no fue que estaban los gobernadores, ni los
acuerdos importantes en que llegaron, la nota fue que había decenas de muertos
tirados en la calle.
Eso empañó una reunión fundamental de
la Conago, verdad. La pregunta entonces es, establecer una pena privativa de la
libertad en la supuesta apología del delito, nos llevará a coartar la libertad
de expresión, porque además va a resultar difícil de mostrar el nexo casual
entre comentarios que pudieran constituir la apología del delito, respecto a la
conducta materializada por un tercero, si se actualiza la conducta típica.
Está medio complicado establecer ese
nexo, y desde luego que no estamos de acuerdo en que la pena se dé a un a tres
años, como lo prevé la reforma, y menos que el 194 lo considere delito grave.
Éstas son consideraciones por las que
votaremos. Miren, además acuérdense que la Secretaría de Gobernación tiene la
obligación y la facultad además conforme a las disposiciones de la Ley Federal
de Radio y Televisión para supervisar los contenidos de los mensajes en los
medios electrónicos, esta autoridad tenemos que exigirle que cumpla con su
obligación, con su responsabilidad.
Está claramente definida su competencia
y está obligada a supervisar el contenido de los mensajes. Pues que ponga a
chambear. Por eso votaremos en contra de este dictamen.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Revisando por supuesto este dictamen que también es producto del
trabajo del compañero Arce Paniagua, yo veo tres cosas muy importantes, una de
ellas es que mantiene el tipo penal del 208, lo único que hace es plantearse
una pena que es alternativa a una pena que es privativa de libertad.
Como está actualmente, bien se puede
imponer una sanción económica y como lo propone, es una sanción de pena
privativa de libertad de tres años de prisión y una sanción económica.
Creo que esa parte puede transitar sin
ningún problema porque estamos tratando de adecuar en este sentido el rema
relativo a la aplicación de las leyes con sanciones, que pueden haber aumentado
la misión de prevención, uno de los objetivos de la pena, indudablemente es el
de la prevención, pero se cumple con la prevención cuando se aplica la pena, se
aplica el tiempo y se lanza el mensaje de prevención a la población.
Hay una cuestión en donde también
aparece un párrafo que habla de la provocación pública de un delito que cuando
éste no se llega a cometer, de todas maneras se aumente la pena. Estaríamos
ante una figura muy novedosa que yo tipificaría como la tentativa, punible,
agravada.
De hecho estaríamos aquí adornándonos
con una tentativa punible agravada.
Eso sería realmente como lo tipificaríamos,
si nos vamos a las reglas generales de la tentativa, en las reglas generales de
la tentativa que contempla el Código Penal Federal, en la parte general,
establece claramente cuáles son las formas de la tentativa y no vemos en
ninguna una posibilidad de una tentativa punible agravada.
Primer comentario con relación a este
párrafo, en técnica legislativa estaríamos entonces legislando un asunto de
agravar una tentativa a nivel del tipo penal y no en la parte general del
Código Penal, donde se regula la tentativa.
Eso lo dejo a los miembros de la
comisión como una consideración y mi opinión es que no satisface en técnica
legislativa como está planteado. Que no satisface en técnica legislativa como
viene planteada forma de la agravante.
El tercer punto, es el que más me
preocupa, porque el tercer punto se refiere precisamente la posibilidad que
haya agentes de la autoridad, que estén simulando la comisión de un delito ante
lo cual estamos, ante una causa... de responsabilidad.
Las causas eximentes de responsabilidad
también están contenidas en el artículo 15 del Código Penal Federal, porque si
no entonces esta figura la tendríamos que trasladar a todos y cada uno de los
delitos donde pudiese surgir la figura del agente infiltrado, que muchas veces se
convierte en el agente provocador de un delito, será motivo de un debate en el
momento en que construyamos el Código Federal de Procedimientos Penales y que
es un tema que también tenemos reservados nosotros y que también viene algo de
esto acá.
Yo por eso no comparto estos dos
párrafos, porque uno de ellos prácticamente está en el capítulo de tentativa, y
el otro que es un eximente de responsabilidad que tiene que ver con la
obediencia jerárquica y que tiene que ver con el cumplimiento de un deber, pues
es evidente que cualquier agente de autoridad que está actuando bajo esas
condiciones, ya está protegido por la norma de manera excepcional.
Yo quisiera comentar en el contenido
del dictamen, me llama mucho la atención algo que creo que definitivamente lo debemos
suprimir, en caso que el dictamen. Dice, en este sentido, señala que resulta
necesario que no solamente sea punible la apología de un delito, sino que
resulte una agravante el hecho de que a través de los medios masivos de
comunicación provoquen públicamente la realización de un delito protegiendo el
bien jurídico tutelado.
Dos comentarios al respecto. Primero. A
nivel constitucional tenemos y además lo hemos votado en la propia Comisión de
Puntos Constitucionales y de Justicia, hace unos días, hemos votado una reforma
al 73, tenemos el artículo séptimo constitucional que establece claramente los
derechos fundamentales de los ciudadanos de mantenernos informados.
No podemos pensar que cuando un medio
de comunicación publica una fotografía, publica una imagen, publica una nota,
publica una conversación o da a conocer la comisión de delitos con esto se esté
haciendo apología, no podemos plantearnos esto por lo siguiente, porque
estamos... estaríamos entrando a un... a plantearnos un conflicto de derechos,
un conflicto de normas.
Por un lado existen el derecho a la
información y el derecho a estar informado, el derecho de opinión, la libertad
de expresión y finalmente este párrafo me parece que sí es muy importante
porque además que no corresponde con la parte final del dictamen no le veo
ninguna relación a la parte final del dictamen, ninguno de los tres párrafos de
la propuesta final, correlaciona esta afirmación.
Aquí estaríamos afirmando nosotros que
tal vez, si lo que se dice a través de un medio, eso provoca un delito, pues
estaríamos entonces el día de mañana haciendo responsable a un medios de
comunicación de la apología de un delito, entonces estaríamos desnaturalizando
la esencia principal y fundamental de lo que es apología del delito, en términos
de lo que establece la doctrina, y una sola tesis aislada de la quinta época,
hoy ya estamos en la décima época de la Suprema Corte, pero tan es así que no
se han aplicado la sanción al delito, de apología del delito, que estamos
hablando que hace aproximadamente 40 años no ha habido una sanción para la
apología del delito.
Luego entonces para mí es muy
importante y lo hemos dicho en otras ocasiones, producir normas que se
conviertan en ornamentales de nuestro Código Penal, en nada le ayuda al sistema
de justicia penal, tenemos que generar normas certeras, claras, precisas,
objetivas.
En este sentido por supuesto me queda
muy claro, hay tres cuestiones que no las comparto, una, el párrafo relativo a
los medios de comunicación. Y dos. En la parte propositiva del dictamen, hay
una cuestión que es meramente procesal y hay otra eximente de responsabilidad
que también ya están contenidas cada una de ellas en la parte que corresponde.
Si lo que se pretende es castigar de
manera más intensa, el tema de la tentativa, como digo, como buenos
doctrinistas y buenos legisladores, realmente lo que estaríamos creando es una
figura de tentativa punible agravada y estableceríamos esa sanción en el caso
de que así lo determinaran los señores compañeros diputados.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: Estoy de acuerdo en términos generales con varios puntos del
dictamen. Estoy a favor que se aumente la penalidad del delito de apología, que
yo difiero, no se trata de una tentativa, yo creo que es un delito autónomo. La
apología significa, para mí, enaltecer el... establecer virtudes de conductas
delictivas, de conductas nocivas, esa es la apología.
Si la apología genera que se cometa el
delito que se está enalteciendo, pues ya estamos en otra cuestión. Son dos
delitos diferentes, la apología y el delito que lleva de la apología. Yo no
creo que sea tentativa.
Yo estoy de acuerdo en que sí se
aumente la pena, que no sólo sean jornadas a favor de la comunidad, sino que sí
se aumente. No estaría de acuerdo, yo, que fuera delito grave, eso sí yo no
estaría de acuerdo, sino que sí se aumente una pena privativa... porque ha
habido, creo yo, mucha tolerancia también en cuestión de los contenidos que a
veces se tienen, que muchos son ofensivos y se enaltecen hazañas de delincuentes
y vicios.
Sí estoy muy de acuerdo con el diputado
Óscar, que se aumente un poquito la pena, en el sentido que él lo propone, pero
sí que no se establezca como un delito grave, sino sí que tenga pena privativa
de libertad.
Está bien, creo que se salva el derecho
a la información con algunos de las cláusulas que él pone aquí al decir que si
se establece que se exponen escenas que pueden ser de apologías del delito, si
se establece en el medio de comunicación, si se advierte de las escenas que se
van a transmitir, por efecto artístico, por efecto informativo, pero yo estoy a
favor que se cierre el paso a esa laxitud que ha habido en medios, que cada vez
vamos en aumento, cada vez tenemos peores ejemplos que en los mismos medios de
comunicación se dan impresos, televisivos, radiofónicos.
El secretario diputado Óscar Martín
Arce Paniagua comentó: Yo propondría algo para zanjar el tema.
Yo veo dos posibilidades, la de Josué y
la de Zamora, en la misma fracción, que es la agravante, estaría de acuerdo en
eliminar la agravante para que no se confundiera con la Ley Federal de
Delincuencia Organizada en ese tema, no se refiere a la Ley Federal de
Delincuencia Organizada, se dice: cuando se cometa, por ejemplo, si incitamos a
los jóvenes a formar parte del sicariato y asesinar a un diputado, lo asesinan,
para que sea claro... para que sea claro el tema, Pedro, que sea muy claro.
Eso si lo hace en conjunto, sería una
agravante independientemente, cuando se hace... o se tipifica la Ley Federal de
Delincuencia Organizada, pero si es un tema que estamos ahorita viendo, se va a
poner a discusión la tentativa, junto con lo que dice el diputado, estoy de
acuerdo, en retirar esta parte del dictamen porque ya está la apología.
Con eso zanjamos el tema. Lo otro es,
explicar dentro de los considerandos que esto, por supuesto que no va dirigido
a los medios de comunicación, que quedara muy claro, como así venía el sentido,
así está... actualmente, vuelvo a insistir, ya está dentro del Código Penal, no
es algo que vayamos a hacer en contra de los medios de comunicación.
Simple y sencillamente lo que se les va
a, ahora sí, exigir, es a que pongan esto, no se refiere a los delitos que se
cometen, es un delito independiente, si tú incitas algo, pero no se logra el
objetivo, es un delito esto, ya está actualmente en el Código Penal, autónomo,
si se secuestra, si hay una trata, si se organiza un grupo de jóvenes para la
delincuencia organizada, si se vende algún estupefaciente.
Yo creo que la parte del vicio, que tú
decías, la parte que dice Zamora y la parte que dice el diputado Valdés,
eliminaríamos esta última parte del 208, la penúltima parte del 208, donde dice
la provocación de un delito o la apología, la existencia de algún vicio, que es
lo que tú decías Pedro, que la hace un poco de ruido al diputado Zamora y que
también Josué se refiere al mismo párrafo, lo eliminamos en los considerando,
aunque ya viene, que se especifique muy bien, cuando se le transmite una
noticia, por supuesto que no se está incitando, si no está cumpliendo con la
labor de información.
Eso actualmente ya se contiene porque
ya está dentro del Código Penal, con eso yo creo que podemos zanjar el tema y
darle para adelante.
Acuerdo: Se revisaría el dictamen por
los diputados Óscar Arce Paniagua, Arturo Zamora Jiménez, Enoé Margarita Uranga
Muñoz. Pedro Vázquez González y Josué Cirino Valdés Huezo para las
modificaciones.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las
modificaciones realizadas.
El punto nueve fue análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo
225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido
positivo).
El diputado Eduardo Yáñez Montaño
comentó: El principal objetivo de este proyecto va encaminado a que pudiera
protegerse a quienes en algunas ocasiones no se les aplica la justicia de
manera correcta.
Hacemos referencia, pues, desde que se
inicia la averiguación previa, hacemos referencia en la exposición de motivos
de lo que afortunadamente y excepcionalmente ocurre en la práctica.
Cuando así lo señalo, a través de un
ejemplo alguna persona es presentada como posible responsable de la comisión de
algún delito, cuando en indagatoria el propio ministerio público, ajustándose
al texto constitucional, tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de
esta persona presentada.
Y ocurre, pues, en la práctica,
reitero, afortunadamente en pocas ocasiones, que quienes van a resolver sobre
la situación jurídica de una persona, no necesariamente es quien trabaja la averiguación
previa, requieren en ocasiones la opinión de un superior jerárquico, se les
están venciendo el término de las 48 horas e instruyen que esta averiguación
sea remitida ante un juzgado a través de la consignación correspondiente para
que ellos resuelvan sobre la situación jurídica.
Lo mismo nos puede ocurrir desde el
momento de que llega a los juzgados, quienes también tienen 72 horas, si no es
que pudiera duplicarse a solicitud de alguna de las partes para resolver el
término constitucional.
Y luego no, lo preocupante es que no
entran a un análisis a fondo del contenido de la averiguación y se lo reservan
para analizar de manera profunda en una sentencia, sin ponerse a pensar que con
ello están destruyendo la vida de una persona y luego hasta la de su familia.
Cuando ya se dicta una sentencia, en el
caso que le señalo, absolutorio, y luego con el clásico disculpe usted.
Y ya señalaba el compañero y diputado
presidente, en el sentido de que, bueno, pues esto está soportado por los
tratados internacionales. Quienes nos señalan que alguna persona se le deberá
de considerar inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Yo en la propia exposición de motivos
señalaba el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes
fueron detenidas en marzo de 2006, y permanecieron recluidas en el penal
femenil de San José Alto, acusadas de delito de secuestro y posesión de
cocaína, fue hasta el 28 de abril de 2010, cuando la primera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo de oficio la facultad de atracción
para conocer del recurso de apelación interpuesto, decidieron por unanimidad de
votos ordenar la libertad después de 3 años 8 mes de prisión.
En su opinión, también, los ministros
de la Suprema Corte de Justicia ya han creado y han opinado sobre este
particular y en los mismos términos se ha estado dando.
Ojalá que pudiera coincidir con lo que
yo estoy proponiendo. La propuesta esencial va encaminada no exclusivamente a
una sanción, sino el objetivo es que quienes tienen esa obligación desde la
procuración de justicia y en la impartición de justicia, tengan más cuidado y
que atiendan, pues, el contenido de averiguación previa.
Que hagan un estudio profundo y que no
lo hagan a la ligera. Si nosotros, si coincido con la opinión de ustedes,
seguramente se van a cometer muchas injusticias que luego resultan irreparables
totalmente porque ya destruyeron la vida de una persona aunque la sentencia sea
absolutoria, de todas formas se le considera como ex presidiarios y les cuesta
mucho trabajo poderse insertar en la propia sociedad y hasta para conseguir
—valga la redundancia— un empleo, un trabajo.
El diputado Leonardo Arturo Guillén
Medina comentó: Creo que aquí es muy difícil establecer una categoría o una
forma de medir quién es el servidor público bueno y el malo.
¿Y a qué me refiero? Hay servidores
públicos buenos y malos en las procuradurías de justicia tanto federal como las
locales, pero también en el Poder Judicial Federal y en los Poderes Judiciales
locales, así como hay servidores públicos que son muchos, que realizan estas
labores, tanto la de procuración de justicia como la impartición de justicia,
de una manera excelente.
Entonces, me parece, la verdad
diputado, muy arriesgado a que midiéramos o que tomáramos una medida que luego
provocaría que las autoridades que investigan la comisión de delitos digan:
pues mejor yo no le entro porque luego resulta que si yo investigo y hago las
cosas como las tengo que hacer, contra tales delincuentes, y si un juez estima
que no fue correcto y decide, emite una resolución que decida lo contrario a lo
que resolvió la autoridad administrativa en este caso, en este caso la
autoridad procuradora de justicia que es el ministerio público, colocaríamos el
riesgo de que mejor se echen para atrás, y eso creo que no nos ayudaría a
fortalecer nuestro sistema de justicia mexicano.
Me parece, por lo contrario, una
obligación de nosotros y una obligación del resto de los servidores públicos,
ayudar a que se fortalezca el profesionalismo de ministerios públicos federales
tanto como locales y los jueces, también, tanto de la Federación como de los
poderes judiciales de los estados.
Creo que esa es la verdadera tarea de
nosotros, fortalecer los sistemas de procuración y administración de justicia.
También quiero comentar que afortunadamente el día de hoy ya está regulado por
el mismo artículo 225 del Código Penal Federal, y leo textualmente cómo indica
la tipificación actual.
En el Capítulo Primero del Título
Décimo Primero, que es delitos cometidos contra la administración de justicia,
actualmente el texto vigente dice lo siguiente: Artículo 225, delitos cometidos
por los servidores públicos.
Son delitos contra la administración de justicia cometidos por
servidores públicos los siguientes: Fracción XXX, indica: Retener al detenido
sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes
respectivas.
Si se comete ése supuesto, pues simple
y sencillamente ése punto se anota actualmente en la propuesta.
Por eso lo indico. Si se estuviera en
ese supuesto, hoy en día se tienen las herramientas para sancionar a quien
realice esas funciones contraviniendo lo que dice la misma Constitución en
principio, y segundo, la ley ordinaria que es el Código Penal que regula estos
supuestos.
A mí la preocupación principal —y
concluyo con eso, diputado presidente— es que en el ánimo de darle al ciudadano
una mayor garantía en su seguridad jurídica, provoquemos todo lo contrario, que
provoquemos, como sucede en el Poder Judicial y hay que decirlo claro, en
aquellas normas donde actualmente la Corte tiene en el texto constitucional, la
posibilidad, incluso en la Ley de Amparo, la posibilidad de consignar a un Juez
de Distrito en las distintas interpretaciones que hay, ya sea la palabra
consignación o el tema de remitir, lo que hace tanto la autoridad
administrativa del Ministerio Público Federal y los jueces federales. Es decir,
si me lo dice la Suprema Corte me hago para atrás, me allano y delante con lo
que se dice.
Entonces, en realidad ya no se juzga,
simple y sencillamente se hace caso a lo que dicta en este caso el mayor
tribunal del Poder Judicial de la Federación. Aquí, me parece, que
provocaríamos que los agentes del Ministerio Público se allanaran a su
responsabilidad de realizar estas investigaciones por el temor a caer en un
exceso.
Y si nombráramos una y otra cantidad de
casos en los que se ponen entre dicho a una y otra autoridad me parece,
insisto, como lo inicié, que no tenemos la vara para medir quién en cada uno de
los casos es el que realiza la actividad de manera correcta.
Hoy en día tenemos procedimientos
ordinarios, tenemos procedimientos de revisión y también procedimientos cuando
se llega a cuestionar la constitucionalidad, el respeto a la constitucionalidad
de algunos preceptos que se encuentran en la Carta Magna. Pues hoy ya se cuenta
con esos procedimientos, entonces me parece, diputado presidente, que sería un
exceso votar a favor de lo que se propone.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Mis inquietudes están primero en estos temores que apuntaba el
diputado Guillén, si los riesgos de que una reforma de esas características
lleve a la inmovilidad al Ministerio Público, que por no hacerse sujetos a un
delito simplemente el asunto de la omisión empiece a ser, más la norma de lo
que puede ser actualmente, que no intervengan por miedo.
Pienso en concreto en el caso de Hank
Rhon y el asunto de entrar a su casa, encontrarle armas, que todos las veamos y
que finalmente un juez lo saque; o en el escenario de un error involuntario,
por ejemplo, en el procedimiento administrativo.
Me acuerdo de este detenido a quien en
lugar de Raúl se confunde por Saúl y lo detienen por un asunto de nombre que
claramente era involuntario. Y me preocupa que este tipo de fenómenos puedan
resultar en la inmovilidad del Ministerio Público.
En la Comisión de Puntos
Constitucionales se discute una reforma al artículo 113, de la Constitución, en
la que se está planteando que esto sea visto desde la perspectiva de la
indemnización a las víctimas, más que desde esa perspectiva. Y ésta sería mi inquietud, diputado, ante
el nuevo sistema penal acusatorio, que se supone que ya tendría que estar
subsanando los procesos y la creación —que esta sería mi inquietud
principal—, que sería el asunto del juez de control, que ya se creó, que se
supone que su función justamente es vigilar las diligencias, me pregunto si
este tema no estaría por esa vía ya atendido, dado que estamos ante un nuevo
procedimiento.
Y por ello mi inquietud es si este tema
no tendríamos que estarlo revisando en el marco del nuevo Código de
Procedimientos Penales, porque estamos en la revisión del sistema penal
acusatorio, porque estamos ante la creación de este juez de control. Y
coincidiendo con que hay que darle salida veo el problema, veo la situación y
la comparto 100 por ciento, me preocupa que no le estemos dando al clavo en
esto.
Y luego un asunto de observación
específica. En la propuesta se dice que todo servidor público del sistema de
procuración e implementación de justicia que por culpa o negligencia ejecute
actos, etcétera. Y luego abajo se considera una actitud dolosa. Otra vez digo,
no soy abogada, pero si es por culpa entiendo que no debiera ser doloso, sino
culposo.
No me parece que quede tan resuelto. Si
lo observan con cuidado en esa parte creo que hay un problema técnico, que si
estamos hablando que es culpa tendríamos que cuidar ahí el asunto jurídico.
Solamente eso como acotación, digamos.
La diputada María de Jesús Aguirre
Maldonado comentó: En cuanto a la pregunta que hacías, Enoé, de la culpa o el
dolo, la culpa es la acción por negligencia, por impericia, por falta... o de
cuidado, imprevisión, en fin; y el dolo es cuando se quiere el resultado,
¿verdad?, se quiere cometer el hecho. Entonces, por eso son dos tipos de
sanciones: la sanción culposa, que es menor; y la dolosa, que mayor.
Y, bueno, considero que tanto la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, como todos lo sabemos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y también la Declaración Universal de los
Derechos Humanos consideran precisamente el principio de presunción de
inocencia.
También el Pacto de San José en su
artículo 8 menciona que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad. Y
creo que la iniciativa es muy pertinente, ha habido muchos casos —tú
mencionaste incluso, Enoé, algunos casos importantes y creo que es realmente
una gran injusticia, es un crimen más que injusticia, es un crimen que se
mantenga a una persona privada de su libertad sin ser responsable del delito.
Entonces, estaría de acuerdo, y sobre
todo que este delito lo considera el diputado como un delito que se persigue
por querella, por querella necesaria. No es un delito de oficio, entonces eso
también salva muchas cosas, que sea un delito de querella necesaria.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Comparto buena parte de lo que expones, eh. Sí creo que es un tema muy
polémico, porque también comparto lo que dice Leo, estamos en un tema que está
en el filo de la navaja, por decirlo así.
Si fuera una actitud dolosa no tendría
ningún problema por pasarlo, eh, porque la especialización en el tema se lo va
a dar con muchos años. Hay una responsabilidad civil que es actualmente
procedente sin ningún problema, usted puede demandar civilmente a una persona.
Creo que el tema aquí sería el dolo,
porque —fíjate— hay muchísimos asuntos, ¡vaya!, puedo poner por ejemplo alguno
que pasó aquí, de un diputado que fue desaforado y que hubo un nuevo pronunciamiento
de un juez de distrito, en donde de alguna manera con un precedente que no
estaba escrito dice que un testigo protegido que no vaya acompañado de un
abogado no tiene credibilidad su dicho, cosa que no existía hasta que ese juez
de distrito de Michoacán se le ocurrió decir que eso era una postura, y de
alguna manera fue ratificado por un colegiado a pesar de que teníamos una serie
de pruebas, grabación, más argumentos, declaraciones, no fueron suficientes.
La parte de la negligencia me parece bien,
pero creo que tenía que haber un ánimo doloso, porque tú ejercer la acción
penal con lo que te aportan.
Es decir, imagínate al MP, viene la
policía judicial... elementos que tienes, tú crees que son suficientes, pero si
un juez lo califica de una manera diversa ya cae dentro de una cuestión que
sería un delito.
Ése es un tema que creo que esta en el
filo, a lo mejor si lo calificáramos, porque también estoy de acuerdo que a
veces —inclusive aunque hay una dudas tremendas— por rutina, porque es una costumbre
del Ministerio Público ejerce la acción penal, y encontramos casos que
verdaderamente no hacen que el Ministerio Público tenga el cuidado que debería
tener para cualquier ciudadano y que no se le atropellen sus derechos.
O sea, en ese sentido, te digo, estoy
entre dos opiniones que habría que a lo mejor adicionarle esta parte, Eduardo,
para que quedara muy específicamente que es una negligencia inexcusable o un
dolo.
Ahí sí, porque estoy diciendo y aquí
están las pruebas. “Esta persona no se llama Juan Pérez”. “No, pero me dijeron
que se llama Juan Pérez”. Él no ahonda en la identificación de la persona, ahí
cometes una... no excusa, te lo hicieron valer y tú no adoptaste las medidas
necesarias... exactamente.
Si pusiéramos esto, que fuera
dolosamente o negligencia inexcusable, ahí ya le componíamos, ahí estamos
sancionando el exceso de un funcionario público que ha sabiendas que eso no va
a prosperar, ejerce... ciudadano. Ahí contemplaríamos las dos visiones.
Acuerdo: Se revisaría el dictamen por
los diputados Eduardo Yáñez Montaño y Óscar Arce Paniagua.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las
modificaciones realizadas.
El punto número diez fue análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un
segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo
74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una
fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo
primero, de la Ley de Amparo,
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces. (sentido positivo)
El diputado Pedro Vázquez González
comentó: Algunas de las leyes fundamentales que existen en nuestro país y son
materia precisamente de menores incapacitados, está la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de Población
y la Ley Federal del Trabajo, entre otras.
Las normas protectoras antes señaladas,
son de orden público y como consecuencia de estricto cumplimiento. En el tema
de los menores e incapaces no se vea reflejado en los juicios de amparo que se
tramitan en los diferentes tribunales federales del país.
En nuestra opinión, el incumplimiento
de las leyes al desconocimiento de los representantes legales de los menores
incapaces y de nuestro punto de vista, a la falta de normas más claras y
precisas en la Ley de Amparo.
En este sentido, el objetivo de esta
iniciativa es atender el interés superior del menor e incapaz, además de
proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el
juicio constitucional.
Pretendemos también ampliar la
legitimación para que cualquier persona con capacidad legal, pueda promover el
juicio de garantías a favor de los menores o incapaces. Además planteamos
eliminar el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal, que se
establezca expresamente que los jueces recaben las pruebas de oficio, así como
la suplencia en las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante
todo el trámite del juicio constitucional, tanto en los recursos, como los
incidentes y se le exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito
indispensable para que se le admita trámite a la demanda de garantías.
Asimismo en la propuesta planteamos que
la suspensión proceda de oficio cuando se trate de actos que pongan en peligro,
la vida, la libertad, la salud y la educación del menor de edad e incapaz. Se
acaba de constituir aquí en México, una red de legisladores y ex legisladores
de protección a la primera infancia, hay un número importante de legisladores
que se constituyeron hace mes y medio más o menos, recientemente en Puebla una
organización latinoamericana de legisladores y ex legisladores que protegen la
primera infancia.
Por ahí va nuestra intención de esta
iniciativa y por estas razones les solicito atentamente a todos mis compañeros
y compañeras la posibilidad de que nos den el voto a favor.
El diputado Leonardo Arturo Guillen
Medina comentó: Algunas observaciones, en principio sí me parece muy noble el
propósito de la iniciativa del compañero Pedro Vázquez, la verdad es de los
diputados que se ha distinguido por su participación activa en la Comisión de
Justicia.
Entonces me parece que la atención a su
propuesta y el estudio debe ser mayor, pero no escapa que hagamos unas
observaciones técnicas y algunas de fondo.
Primero, como todos estamos enterados,
hay una reforma, bueno, dos reformas constitucionales, una en materia de
derechos humanos y otra en amparo, que las dos ya son norma vigente, las dos.
En el caso de la inactividad procesal
por la caducidad de la instancia, son figuras que ya fueron superadas en esta
reforma constitucional, es decir, hoy... son figuras que no operan, antes por
interpretación se acudía... determinaba la Suprema Corte, hoy, por el texto
constitucional estas figuras ya no existen.
Tratando de ayudar al menor, que es el
propósito y en el que estamos de acuerdo, el artículo 6 vigente de la ley de
amparo que también va a ser sujeta a modificación, establece la posibilidad de
que los menores de edad, como bien lo sabemos todos, acudan directamente al
amparo.
Hoy yo no detecto, espero estar
equivocado, pero no detecto en el texto la propuesta que se le permita al menor
hacerlo, porque en la redacción dice, cualquier persona con capacidad legal
podrá solicitar el amparo a favor del menor de edad, no él, el incapaz y su
legítimo representante por acción u omisión no lo hace, si nadie interviene a
favor del menor o incapaz.
El juez... perjuicio de dictar las
providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que
intervenga en el juicio. Actualmente se le da la oportunidad, al menor, de
acudir de mutuo propio, es decir, me parece que lo estamos limitando en lugar
de darle más beneficios.
Eso por lo que atañe al artículo 6.
Si continuamos con la revisión en el...
¿Cómo? ... en el 14, así es, también hay que tomar en cuenta que un menor de
edad no solamente va a intervenir en juicio de amparo o tiene esa posibilidad
de intervenir en el juicio de amparo, solamente como quejoso, es decir, puede
tener derechos, una herencia, una representación, donde vamos a suponer que
tenga la posibilidad de que sea demandado como patrón, en una situación así,
donde llegue a celebrar algún convenio con un trabajador, en el que se fijó un
tema a final de cuentas un convenio, ya no se puede desistir.
Aquí, en la parte final, la propuesta
del artículo 14 dice: el representante legítimo o cualquier persona que
solicite el amparo a favor del menor o incapaz, no podrá desistirse de la
tramitación del juicio de amparo.
Y como ya se establecía que el menor no
puede acudir solo, sino con representante, me parece también que le estamos
poniendo un doble candado. Eso en lo que va el artículo 6, el 14 y el 74, ya
comentaba yo respecto a la Ley de Amparo, que la actual constitución, el texto...
de la Constitución ya eliminó la figura de la inactividad procesal y de la
caducidad de la instancia.
Contrario a estos temas, me parece que
las propuestas del artículo 120 de la Ley de Amparo, está bien, es decir,
solamente hay que señalar el tema del impacto presupuestal, es decir, se
refiere a las copias que el menor no está obligado a pagar, pero hay que
fijar... están a cargo del Poder Judicial, es decir, hacer una adición para
saber quién va a cubrir este gasto, sabemos que se tiene que anotar.
También me parece que es bueno, el
señalamiento que se hace, la adición en la fracción tercera, el 123, lo que no
nos parece que sea necesario es la adición que se propone en el artículo 28,
porque ya estos de técnica legislativa es repetitivo, es en el tema de la
valoración y ofrecimiento de pruebas, si alguien ya tiene esa facultad de
ofrecerse, tiene legitimación para ello, no creemos que sea conveniente hacer
esa adición que actualmente... en el 78.
Son las observaciones que hago, una es
de técnica, una es de fondo. Las de fondo son las que me parecen más
importantes respecto a... tanto el artículo 6, como el 14, en lugar de estarle
dando esa ventaja al menor, lo podríamos estar acotando por el texto actual que
sí da esa oportunidad al menor de edad y acudir directamente al amparo.
El diputado Pedro Vázquez González
comentó: Yo entiendo que las preocupaciones puede ser motivo de debate, de
discusión, yo solamente quiero plantear un caso muy concreto. Yo les puedo
asegurar que un estudiante derecho, no sé, estamos viendo el juicio de amparo,
ley de amparo en quinto, sexto semestre, aproximadamente, para él... este
derecho, es una dificultad real presentar una demanda de amparo, ¿lo podrá
hacer un menor? Digo, hay jóvenes estudiantes de la facultad que son brillantes,
pero puedo decirles que la mayor parte no tendría la posibilidad, si no es
mediante asesoría y ayuda hacer una demanda de amparo, presentar un juicio de
garantía, es exactamente el caso del menor, el menor necesitará de un apoyo, de
un auxilio, de alguien que pueda orientarlo adecuadamente, en este caso,
presentar la demanda de amparo o el juicio de garantías.
También quiero decirles que hace un
año, que se presentó esta iniciativa, todavía no se aprobaba la Ley de Amparo,
esta fue posterior, la reforma, tal vez por eso algunas de las cosas que yo
estoy planteando pudieran aparecer desfasadas, pero en su momento no lo fueron.
Yo no tendría ningún inconveniente en
que se hicieran precisiones y ajustes, pero creo que la esencia del contenido
de la iniciativa sigue protegiendo y tutelando el interés del menor y del
incapaz.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las
modificaciones realizadas.
El punto número once fue asuntos
generales.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz
comentó: Ustedes tienen ya en sus correos, todos y el secretario técnico, el
proyecto de dictamen que la subcomisión de manera consensada hemos elaborado
respecto a la armonización legislativa para mujeres y víctimas de delito.
Y la solicitud es que pudiera revisarse
en el tiempo que ustedes consideren pertinente, pero previo al 25 de noviembre
el interés de las diputadas que integramos la subcomisión sería que pudieran
ustedes revisarlo.
Nosotras en este caso ya les hicimos
llegar firmado de acuerdo tanto del PAN, PRI, PRD y Verde, que somos quienes
integramos la comisión, este primer proyecto. Entonces la solicitud es que
pudiéramos reunirnos, presidente, para formalizar el dictamen antes y que
pudiera pasarse el tiempo para su dictaminación.
Acuerdo: Ir trabajando el dictamen y
paralelamente recabamos las firmas.
El Presidente agradeció a todos su
participación y dio por clausurada la vigésima séptima reunión ordinaria siendo
las 20:10 del día miércoles nueve de noviembre del año 2011.
La Junta Directiva de
la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato
García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce
Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica),
Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios.
**
En el patio sur, situado en el edificio
B del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 13:00 horas del miércoles 30 de
noviembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima octava reunión de la Comisión de
Justicia, convocada con el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis de la minuta con proyecto
de decreto que expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y Orgánica de la Procuraduría General de la
República.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de
Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo (sentido positivo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en
materia de robo de identidad (sentido positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de
Armas y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
materia de posesión ilícita de cartuchos (sentido positivo).
8. Asuntos generales.
9. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se emite la presente en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2011
Diputado Víctor Humberto Benítez
Treviño
Presidente
Se declaró la existencia del quórum
legal.
Se inició la reunión con 19
firmas, de los diputados Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato
García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo
Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado,
Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Mercedes del Carmen Guillén
Vicente, Gregorio Hurtado Lieja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares
Jerónimo, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Enoé
Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano
Austria y J. Eduardo Yáñez Montaño.
Acuerdo: Sesión permanente para el análisis de la minuta con proyecto de decreto
que expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona
diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Orgánica de la
Administración Pública Federal, Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Se dio como primer plazo el martes 6 de
diciembre y así continuar los trabajos. Se contó con la participación de los
especialistas licenciado Hugo Alberto
Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano de Amparo; del doctor Bernardino
Esparza Martínez, investigador del Inacipe; y de los doctores Gustavo de Silva
Gutiérrez y Baldemar Martínez Garza.
El punto número cinco fue la iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de
Procedimientos Penales, de las Leyes Orgánica de la Procuraduría General de la
República, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.
El presidente, Víctor Humberto Benítez
Treviño, comentó: Esta iniciativa fue presentada por su servidor y tiene como
propósito reglamentar el arraigo.
El artículo 16 constitucional establece
que el Ministerio Público podrá decretar el arraigo de acuerdo con las
modalidades, el tiempo y las circunstancias que la ley fije. Pero la
preocupación que motivó esta iniciativa es evitar detenciones
anticonstitucionales que, disfrazadas de arraigo, pueden convertirse en
vulneración de los derechos consagrados en la Constitución.
Se trata de regular, insisto, esta
figura, que si no acotamos, si no acotamos esta facultad de la Procuraduría
General de la República, puede convertirse en una facultad que vulnere
garantías constitucionales; ésa es la razón. Porque además dice en el 16
constitucional que puede duplicarse el arraigo a juicio del Ministerio Público,
cuando sea necesaria para el éxito de la investigación.
En concepto de que es necesaria y de
quién es necesaria, se convierte en una facultad discrecional y, en
consecuencia, arbitraria. Y todavía más: puede duplicarse. Por eso me permití
elaborar esta iniciativa, que ya es dictamen ahora, que forma parte del sistema
de administración y procuración de justicia del 18 de junio de 2008 que, como
ustedes recuerdan, fueron reformados 10 artículos constitucionales y a nosotros
nos está tocando reglamentar el alcance de esta importante reforma
constitucional.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua
comentó: Estoy de acuerdo con el dictamen en el sentido de que una figura que
ha sido muy controvertida, de hecho nos han pedido algunos diputados que
conforme a algunos tratados internacionales esta figura desaparezca, no estoy
de acuerdo en que desaparezca, pero creo que podemos evitar los abusos
precisamente reglamentando lo que está proponiendo ahorita el presidente en su
iniciativa.
El abuso que se ha hecho de esta medida
que ya no fuera el mismo, porque ahora lo tendrán que fundar y motivar y caer
en un supuesto para que pudiese echarse a andar esta figura.
De hecho, en algunos asuntos de extrema
cuestión pública los propios impartidores de justicia han dicho que han optado
por no arraigar a la persona para que no se crea que hay un abuso de la
autoridad. Es decir, han dado la pauta para que este abuso pueda ir demeritando
la figura del arraigo.
Creo que con esto daríamos la vuelta
ahí para que ahora tuviera una justificación mayor el tema del arraigo.
La diputada María Dolores de los
Ángeles Nazares Jerónimo comentó: En el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) no estamos de acuerdo con la figura del arraigo.
De hecho, es parte de nuestra agenda
legislativa. También hemos presentado iniciativas en el sentido de que debe
desaparecer.
Esta iniciativa, que fue presentada por
el PRD, fue elaborada por el ex ministro Juventino Castro y Castro, y ahí
argumenta por qué desaparecer. Esta figura del arraigo es un mecanismo para la
investigación de los delitos, particularmente de delincuencia organizada, pero
que lleva en sí a varias situaciones que vulneran los derechos humanos de quien
es arraigado. Primero se le priva de su libertad hasta por 80 días, se le
limitan las garantías del debido proceso penal y de la presunción de inocencia.
Se les ubica en un subsistema donde no son indiciados ni inculpados; no sabemos
qué son, arraigados sí, pero no son indiciados ni inculpados. Permite la
detención para investigar, cuando lo apropiado y correcto es investigar rápida
y eficazmente para poder detener.
Es resultado del mal funcionamiento del
sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos
en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la
autoridad.
También propicia, como lo señalaba,
violaciones graves de los derechos humanos, además de que es contraria a la
reforma del artículo 1o. precisamente en materia de derechos humanos del 10 de
junio de 2011, donde se señala que el Estado mexicano ha dado reconocimiento
constitucional a los derechos humanos y a lo contenido en los tratados
internacionales, por lo que estas normas se interpretarán favoreciendo en todo
tiempo a las personas a protección más amplia, por lo que todas las autoridades
en el ámbito de sus competencias están obligadas a respetar, proteger y
garantizar estos derechos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El Estado debe prevenir, investigar,
sancionar y reparar esas violaciones; así lo señala el artículo 1o. de la
Constitución. Por esas razones estamos contra de esta figura del arraigo, pues
creo que lo central es precisamente lo que señalaba: que se tiene que
investigar para detener y no se tiene que detener para investigar.
Generalmente –y lo hemos visto– a
quienes han sido sujetos de arraigo se violaron los derechos y finalmente
quedaron en libertad porque ese tiempo no fue utilizado de manera eficaz
siquiera para integrar de manera sólida una averiguación previa, además de que
se les limitan sus garantías del debido proceso penal y de la presunción de
inocencia establecidas en la Constitución
Por estas razones, en el Grupo
Parlamentario del PRD no estamos de acuerdo no con la propuesta del diputado
presidente, sino en sí con la figura del arraigo que está establecida en la
Constitución.
El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Quiero precisar dos cosas. El arraigo, insisto, forma parte del nuevo
sistema penal acusatorio, aprobado el 18 de junio de 2008. Ya es norma suprema
en términos del artículo 133 constitucional, ya nos obliga. Estamos
reglamentando porque eso establece el artículo 16 constitucional. Sería muy
grave pasar por alto la reglamentación de una figura que se ha prestado a
vulneración y a arbitrariedades; lo hemos sostenido.
Ese concepto de los 40 días primarios
que tiene el Ministerio Público queda sujeto a su discreción institucional.
Pero lo más grave es que se puede duplicar, y qué sucede después de 80 días
cuando no se ejercita la acción penal, ni un “usted disculpe”, pues ya se
vulneraron garantías constitucionales.
Con esto hacemos lo que hicimos con la
ley general para los testigos protegidos: reglamentar para diferenciar entre
ofendido y víctima, entre víctima y testigo incidental, entre testigo
incidental y testigo colaborador. Es lo que estamos haciendo con este dictamen.
Si mañana viene una reforma constitucional y lo desaparecemos, bienvenida. Pero
lo que hice fue reglamentar algo que hoy nos obliga, y hoy nos obliga el
artículo 16 constitucional. Simplemente lo quiero compartir.
Independientemente de cuestiones
partidistas, que agradezco, Dolores, de si está de acuerdo o no con la figura,
lo que me motivó a presentar la iniciativa y a someterla a votación de ustedes
es que está vigente el artículo 16 constitucional; nos obliga, y mi
preocupación es que para evitar vulneración de garantías constitucionales hay
que reglamentar la figura del arraigo.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Creo que ha sido bastante claro el presidente, Humberto
Benítez, en su exposición. Definitivamente, el artículo 16 constitucional nos
obliga a ello. Qué bueno, lo felicito, pues estamos reglamentando esta figura
tan importante, el arraigo.
En México sabemos cómo se encuentra en
este momento el problema de la delincuencia organizada, y creo muy prudente que
aprobemos esta iniciativa de nuestro diputado presidente en materia de arraigo
votaremos a favor.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Comparto la posición del grupo parlamentario a que pertenezco, al
lado de la diputada Ángeles Nazares, y comparto con ella la obligación que
tenemos en cuanto a la resolución del llamado que nos hace la ONU a desaparecer
esta figura de arraigo. Pero reconocer al presidente de la comisión lo que es
del todo preciso. Él cumple una disposición, hay un mandato constitucional, y
–en consecuencia– tengo que reconocer que –lo voy a decir coloquialmente– tener
un reglamento es menos malo que la situación en que nos encontramos. Sería
realmente injusto no reconocerlo y no reconocer el esfuerzo que ha hecho el
presidente por ofrecernos una propuesta que pone protección, que da cobijo a quienes
padecen el arraigo en ausencia de una reglamentación. Todo mi reconocimiento,
presidente. Compartiendo la inquietud de que no debería haber tal figura, es en
todo caso un ejercicio de autocrítica, en concreto de llamado a la Comisión de
Puntos Constitucionales a que ya hubiera desahogado el tema.
Estamos ante la obligación de cumplir
el 216 constitucional porque la Comisión de Puntos Constitucionales no ha
desahogado la iniciativa. Oponernos aquí a un asunto que, autocríticamente hay
que reconocer, no hemos desahogado como tarea doméstica, resulta del todo
absurdo.
Por ello señalo la encrucijada en que
me encuentro: por un lado, creo que debe desaparecer la figura, creo que hay
que atender a este mandato constitucional; pero, por el otro, reconozco que sin
duda la propuesta que el presidente nos ofrece sitúa en una situación menos
lamentable esta figura de arraigo.
Por ello y en la encrucijada en que me
pongo, presidente, anoto mi abstención. Me encuentro en jaque.
Se sometió a votación y fue aprobado
por mayoría y una abstención.
El presidente agradeció a todos su
participación y dio por clausurada la vigésima octava reunión ordinaria a las
15:00 del miércoles 30 de noviembre de 2011.
La Junta Directiva de
la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato
García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce
Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica),
Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
En el patio sur del edifico B, a las
11:15 horas del miércoles siete de diciembre de 2011, se llevó a cabo la
vigésima novena reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la
siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en
materia de robo de identidad (sentido positivo).
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quáter de la Ley Federal de
Armas y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
materia de posesión ilícita de cartuchos (sentido positivo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas con
proyecto de decreto por las que se adicionan las fracciones XII al artículo 82
de la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 21 Bis de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el artículo
368 Quintus al Código Penal Federal, el inciso 37) a la fracción I y la
fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
materia de arte sacro (sentido positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal
Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en materia de extorción telefónica (sentido positivo).
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
al Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos (sentido positivo).
9. Asuntos generales.
10. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se declaró la existencia del quórum
legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo
con 18 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio
Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Camilo Ramírez Puente, Juanita
Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Luis
Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Mercedes del Carmen Guillén
Vicente, Gregorio Hurtado Lieja, Israel Madrigal Ceja, Dolores de los Ángeles
Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Enoé Margarita Uranga Muñoz,
Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
El punto número dos del orden del día
fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres,
se sometió a votación la aprobación de las actas de la vigésima séptima y
vigésima octava reuniones y fueron aprobadas por unanimidad.
El punto número cuatro fue análisis,
discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de robo de
identidad.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Compartir con ustedes que ésta es la primera iniciativa que
presenté como diputado en esta legislatura, y es un tema que tiene que ver con
una conducta que ha sido reiterada en el territorio nacional, a través de la
cual, las personas sustraen la identidad de otros, con la finalidad de
utilizarla, y con esto causar daños patrimoniales a terceras personas. La
conducta típica, de acuerdo a los reportes que se tienen en el ámbito
internacional y en el ámbito nacional es que suceden aproximadamente, 400 mil
casos al año, en donde las personas que utilizan indebidamente su identidad
llevan a cabo actos de arrendamiento de las propiedades o de los bienes
inmuebles de los que son propietarios. Incluso, en algunas otras ocasiones
llevan a cabo solicitudes de crédito, que después son cobradas a las personas
que son titulares de la identidad, y llevan a cabo una serie de procesos en los
que, aún cuando nosotros planteamos que es la sustracción, pero no es solamente
la sustracción de una identidad para generar un daño patrimonial. Y el daño
patrimonial se consuma cuando existe precisamente, una conducta posterior,
entonces, estamos tratando proteger de las personas, patrimonio. Estamos
tratando de proteger con esto, de las personas, el derecho a la propia imagen,
porque una persona que no tiene deudas, y el día de mañana puede aparecer en el
buró de crédito, sin conocerlo, y después estas personas tardan hasta un año
para dar un seguimiento y saber realmente qué ocurrió, por qué y quién utilizó
en un momento dado, su identidad llevando a cabo conductas que están dentro del
capítulo de fraude. Por esa razón se pretende adicionar una fracción más al
Código Penal Federal, en el Capítulo de Fraude, en el sentido siguiente. Se
castigaría como delito de fraude al que para cometer este delito utilice
indebidamente cualquier tipo de identificación o clave de identificación
personal, bancaria o cualesquier otro documento identificatorio que pertenezca
a otro. Ésta es una adición al 387 en su fracción XXII. De esta manera, estamos
tratando –decíamos– de tutelar este tipo de conductas que son con fines
meramente defraudatorias, y que contienen el elemento engaño por un lado, y el
elemento ánimo de lucro, que son los que finalmente mueven o motivan a este
tipo de personas que están realizando en estos últimos años y meses este
comportamiento que no estaba tipificado en la legislación penal. Compartir con
ustedes que de acuerdo a lo establecido precisamente en el propio Código Penal
Federal, la obtención ilícita de información sí está tipificada. La obtención,
la sola obtención ilícita de información en los bancos de información. Esto se
encuentra tipificado en el 211 Bis-5 del propio Código Penal Federal. Pero la
utilización no está tipificada. Lo que sí necesitamos nosotros para cubrir
precisamente el fenómeno de robo de identidad es cerrar este vacío de la ley
con este nuevo modelo delictivo. Con esto estaríamos complementando por un lado
lo establecido en el 211, en el 211 Bis-5 y estaríamos dando una cobertura para
no solamente castigar, como ya se castiga en este momento la obtención ilícita
de información, sino la utilización indebida de la información con fines de
daño patrimonial.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Únicamente para comentar que el título noveno del Código Penal
Federal habla de la sustracción ilegal de datos también, pero no hace
referencia a su utilización para obtener un lucro indebido. Creo yo que es
pertinente esta reforma que está planteando el diputado Arturo Zamora, porque
se tipifica un delito que no está dentro de la ley, como él ya bien lo comentó,
en este tipo de identificación o clave de identificación personal. Aun y cuando
ya está en el título noveno del Código Penal Federal la sustracción ilegal de
datos, creo que es muy importante el complementarla de la utilización para
obtener el lucro indebido.
El presidente de la comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: A mayor abundamiento, el diputado Zamora nos da un
dato preocupante. México es el octavo lugar a nivel mundial en la práctica de
este delito que hasta hoy estamos tipificando. Más alarmante es que el año
pasado se recibieron 300 mil denuncias de robo de identidad con intenciones
fraudulentas. Es un problema grave al que esta iniciativa, en caso de que
ustedes la aprueben, viene a responder con eficacia para cerrar el círculo. No
solamente existe el delito de sustracción de documentos, sino la utilización
con fines fraudulentos.
El diputado Arturo Zamora Jiménez
comentó: El 386 del Código Penal Federal y en todo el país en el ámbito del
fuero común, se tipifica el delito de fraude de manera muy precisa y dice:
comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en
que éste se encuentra alcanza un lucro indebido. Ésa es la parte genérica del
delito de fraude. Después hubo necesidad de crear los tipos penales
específicos. Hay legislaciones que tienen 10, 12, 15, 17 o ésta que tiene más
de 20 precisiones de lo que nosotros podemos denominar fraude específico. En
todos los fraudes el espíritu es por supuesto el afán de lucro. Es la
representación distinta de la realidad o es el aprovechamiento del error que se
tiene por parte del pasivo del delito. Luego, a partir de esta parte genérica,
surgen todos los específicos. Esto significa entonces que siempre tendrá que
acreditarse por supuesto la fase de la representación distinta a la realidad,
que es el engaño, de acuerdo a lo que establece la propia doctrina mexicana. En
este sentido por supuesto siempre estaremos tomando como base el fraude
genérico que está tipificado en el 386 y hoy estamos adicionándole, si ustedes
así lo consideran con su voto, una cuestión específica para cubrir ese vacío de
ley.
Se sometió a votación y fue aprobado
por unanimidad.
El quinto punto en el orden del día fue
análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas y
Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de
posesión ilícita de cartuchos.
El diputado Sergio Gama Dufour comentó: Quisiera
comentarles a los integrantes de esta Comisión de Justicia, que nosotros
hicimos esta presentación el 22 de febrero de 2011, su servidor también integra
la Comisión de la Defensa Nacional. Y bueno, a partir de ahí, de la
presentación, la hemos venido analizando y ha habido algunos comentarios. Yo
quiero comentarles que fue turnada aquí a Justicia y también a la Defensa
Nacional. Con las facultades que tienen y con el objetivo de ir más allá que
esta propuesta vaya a fondo y de la cual yo he manifestado mi acuerdo y
considero necesario diferencial la posesión de los cartuchos en cantidades
mayores a las permitidas por parte de las personas que han dado cumplimiento a
los requisitos dispuestos en la ley. Respecto de la posesión y manejo de
cartuchos en cantidades menores o mayores a las permitidas por parte de las
personas que no cuenten con la autorización o incluso, como hecho mención, de
la delincuencia organizada. A manera ilustrativa, yo les comentó o en la
exposición de motivos, el grave incremento de decomiso por parte del Ejército y
de la Armada de México. Se ha incrementado desde 2006, de alrededor de 250 mil
cartuchos, hasta un reporte que emite la Defensa Nacional la semana pasada y
que ya sobrepasó por finalizar el año, los 3 millones de cartuchos decomisados.
Entonces en ese sentido, yo creo que resulta necesario aportar, desde mi punto
de vista y de integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que han venido
aportando una serie de elementos, darle los instrumentos jurídicos al juzgador
para que al poder aplicar las sanciones que correspondan, tomando en cuenta los
tipos penales. Yo creo que seguramente les llegó con anterioridad y pudieron
haber leído, se establecerán sanciones diferentes a las personas que las
comenta, tomando en cuenta la intención de los sujetos activos del delito, así
como el peligro que pudiera generarse a bienes jurídicos tutelados con las
cantidades de los cartuchos. Aquí consideramos conveniente crear un nuevo tipo
penal, a partir de este nuevo tipo penal del juzgador se podrán aplicar las
sanciones que corresponda a personas o grupos de la delincuencia organizada,
que encuadren a su conducta al tipo penal que estamos describiendo. Por eso es
que en esa iniciativa se adicionan los artículos 83 Quintus y 83 Sextus, donde
se propone sancionar de manera muy diferenciada y proporcionar conductas
típicas similares, pero con formas de participación y fines distintos. Pero la
posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas por parte de
personas que, incluso cuentan con la autorización para poseer y portar armas,
guardar características y fines diferentes. Respecto a las personas.
Diferenciarlas respecto a las personas que sin la autorización realicen actividades
de posesión, de almacenamiento, de transporte dentro del territorio nacional y
también la comercialización. Esto se da ante la falta de la actualización de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar el añejo ilícito de
cartuchos y que puede beneficiar a personas o grupos de la delincuencia
organizada, que a través de esta acción pretendan facilitar o incluso tener las
capacidades de actuación y defensa de quienes han aceptado para la realización
de conductas ilícitas. En lo que respecta también al tema de esta comisión,
incorporar como delito grave el artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales. La posesión de cartuchos descritas en el artículo 83
Sextus y fracción III, esto con el objetivo y como consecuencia, no se les otorgue
la libertad bajo fianza y que su proceso lo puedan llevar privados de la
libertad, porque existen casos que este tipo de delincuentes obtienen la
libertad bajo fianza y posteriormente se sustraen de la justicia y siguen
cometiendo de manera repetitiva este tipo de delitos que hacen tanto daño a
nuestra sociedad. Yo quisiera comentarles, con mucho respeto a todos los
integrantes de esta comisión, que durante el trayecto de esta iniciativa ha
sufrido la aportación de varios compañeros, entre ellos el compañero Camilo
Ramírez, se han ido adicionando alguna serie de observaciones y que finalmente
se presentan ante las comisiones respectivas. Entonces yo quisiera, nada más
por último, presidente, que se han valorado, se han tomado en cuenta algunas
cuestiones y se han ido incrementado y que el día de hoy podemos presentar esta
iniciativa de manera mucho más completa y que seguramente sería de beneficio
para los mexicanos. También comentar que el día de ayer estaba agendada esta
misma iniciativa en la Comisión de la Defensa Nacional. Por los trabajos que
ustedes ya saben, se pospuso, parece ser el día de mañana, y que bueno también
está dictaminada en sentido positivo en caso de su aprobación.
El diputado Camilo Ramírez Puente comentó: Efectivamente, este tema ya ha sido tocado en el fondo por la
Comisión de Defensa Nacional y verdaderamente ayer, ayer justamente teníamos
también como trabajos llevar a cabo la resolución definitiva del mismo. Por
razones ya conocidas no hubo esa posibilidad. Sin embargo, yo creo que este
tema, lo que nosotros tenemos son más que todo aspectos de forma que podremos
avanzar si hay esa voluntad por parte de esta comisión. Yo quisiera nada más
ponerles en antecedentes de ello y al último terminando, hacerles una súplica
como de costumbre. Dice: nosotros consideramos que esta iniciativa es viable
con algunas modificaciones. Nosotros establecemos: es importante señalar que la
iniciativa presentada por el diputado Gama Dufour se estima técnicamente viable
en sus términos, no obstante el dictamen presentado por la comisión modifica el
contenido de la iniciativa. En este sentido el dictamen de la comisión propone
reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos que
consisten en lo siguiente: reforma al artículo 77, para imponer una multa de 10
a 100 días a quienes contando con el permiso correspondiente posean cartuchos
en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50, Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos y hasta el doble de éstas; modifica el artículo 83
quater a efecto de sancionar con una pena corporal de 6 meses a un año y multa
de 100 a 200 días para quienes contando con el permiso correspondiente posean
cartuchos en cantidad superior al doble de la establecida; crea el artículo 83
Quintus para contemplar sanciones corporales y multas proporcionales,
dependiendo el tipo y calibre del arma a la cual están destinados los cartuchos
para quienes, sin contar con el permiso correspondiente posean hasta la cuarta
parte de los cartuchos establecidos. Asimismo se contempla un incremento de las
sanciones, hasta en una mitad, cuando la cantidad de cartuchos sea superior a
la cuarta parte ya estando establecida. Incorpora un artículo 86 sextus, para
establecer castigos a quienes porten cantidad de cartuchos superiores y hasta
el doble de las permitidas sin contar con el permiso correspondiente con
sanciones más severas, mismas que se incrementan dependiendo el tipo y calibre
del arma a la cual se habían destinados los cartuchos. Otra, las sanciones
dispuestas en los supuestos escritos en artículo, se aumentarán hasta en una
mitad cuando la cantidad de cartucho sea superior al doble de la permitida.
Nosotros creemos que bajo algunas atenciones sobre puntos específicos esta
reforma pueda pasar, presidente, y sí le pediría, como en lo costumbre es que
aprobáramos esta reforma en los términos de fondo como están y que una
subcomisión de esta Comisión de Justicia procediera hacerse esa incorporación.
Es que ese es el problema, el de proponer algo que le encargan al que le tocó,
al que lo propuso. Con todo gusto, presidente, asumimos a esa subcomisión y
estaríamos en las posibilidades de presentarles un dictamen definitivo para la
próxima sesión que tengamos programada y en todo caso ése sería el compromiso
de su servidor para integrar esa comisión.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño
comentó: Quiero aprovechar la presencia del diputado proponente de esta
iniciativa, sobre todo analizando las propias cantidades que establece el
artículo 50, que pudiéramos hacer referencia sobre ello, que pudiera a hacer
referencia qué grado de peligrosidad pudiera representar que alguien tenga más
de 500 cartuchos calibre 22 y que quienes los pudieran llevar a alguna
ranchería que se surten, pero que no representa gran peligrosidad, sin embargo,
la sanción sí pudiera ser tan elevada como para sancionar a un verdadero
delincuente cuando pudieran ser utilizadas para alguna caza pequeña o en cuento
de propio de la costumbre de cacería con la autorización correspondiente, pero
sí resulta grave la sanción que se pretende señalar, que nos abundará un
poquito más en relación a ello
El presidente comentó: A ver, si estamos de acuerdo en el
fondo, lo que sugeriría es... ¿se acuerdan lo que nos pasó con el rubro de
hidrocarburos?, ¿que tuvimos que después hacer la excepción de los 300 litros,
para quienes se dedican a actividades agropecuarias o piscícolas?, ¿se
acuerdan? Algo así podríamos nosotros diferenciar. Pero, si estamos de acuerdo
en el planteamiento del diputado. Respetuosamente sugeriría que lo votáramos y
que el dictamen definitivo lo formulara el diputado Camilo Ramírez, con el
diputado Eduardo Yáñez y si alguno de ustedes quiere integrarlo para ya sacar
el dictamen correspondiente. Les parece bien. Sigo escuchándolo a usted
diputado, pero usted no es miembro de la comisión.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Nosotros desde luego conocedores de la iniciativa y saludamos,
también la presencia también del proponente. Pero, sí quiero dejar claro una
vez más la postura que hemos asumido, en relación que parece que es una moda
que ahora todo lo queremos llevar a los delitos graves y –caray- si elevar las
penas y los delitos considerarlos como graves a efecto que no alcance fianza y
puedan ser juzgados en prisión y eso inhibiera la comisión de los delitos, creo
que estaríamos dando pasos muy firmes. Pero desafortunadamente no es así. Las
estadísticas señalan totalmente lo contrario, el aumentar la pena, el
considerarlo delito grave no inhibe la comisión de esos delitos. Ahí es el
único aspecto del dictamen en el que nosotros no, porque sea una postura
ampliamente conocida de esta comisión, sino porque pensamos que hay
justificaciones para plantear esta postura de que no sea una moda, que no sea
una situación en que todo mundo estamos planteando elevar las penas y llevarlo
al catálogo de delitos graves. Creo que vamos a necesitar un código, más que un
articulado o determinado capítulo del código, vamos a tener que hacer un
compendio de delitos graves en la medida en que todo estamos encaminándolo para
allá.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella comentó: También agradezco la presencia de quien propone esta
iniciativa y coincido, en el fondo estamos de acuerdo, creo que nada más hay la
forma, hay que matizar un poco alguno de los contenidos que usted mismo propone
coincido, en el fondo estamos de acuerdo. Dándole en cierta forma la razón al
diputado que me antecede en la palabra, no podemos estar catalogando cuanta
cosa sea común que veamos como grave. En el caso del calibre 22, yo vengo de
allá del norte y somos de la parte rural y sí, sí se acostumbra mucho en las
rancherías –como bien dice– para cacería, incluso para protección –por qué no
decirlo– también contar con calibres que no están prohibidos pero que ahora
queremos prohibir la bala que le vamos a meter. Si te agarran con la 22 no
tienes problema; pero si te agarran con las balas de la 22, dependiendo de la
cantidad, sí los vas a tener, entonces se me hace que el agravar por agravar
también le estamos abriendo la puerta a la corrupción porque te van a decir: en
vez de poner que llevabas mil 1 balas, pues ponte guapo y te pongo que eran
800, entonces ya no es delito grave, pero sí es delito. ¿Me explico? Eso a mí
me preocupa. Yo coincido con el diputado aquí de integrar, y si usted gusta y me
acepta, yo con gusto también participo para poder rescatar el fondo de esta
iniciativa que me parece muy loable y nada más aclarar esos puntos que, lejos
de sancionar a quienes están en estos momentos en el crimen organizado, vamos a
terminar sancionando a quienes están sacando los permisos, a quienes están
queriendo ir por la vía correcta, administrativamente, pero que por una falla
que pudieran tener o alguna cosa que les pudiera ocurrir ya los estuviéramos
encuadrando en un delito grave. Eso sí me preocupa y eso sí, para mí sería
grave.
Fue aprobado por unanimidad en lo
general y se creó una subcomisión presidida por el diputado Camilo Ramírez
Puente para integrar las observaciones.
El siguiente punto es la iniciativa que
adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, el
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Juan Pablo Jiménez Concha
comentó: Agradezco la oportunidad que me dan para poder hacer este comentario
de manera muy breve. El 7 de julio del 2010 hicimos esta propuesta para poder
lograr en el pleno hacer una adición a la fracción XIX, del artículo 194 del
Código Federal de Procedimientos Penales, y posteriormente el diputado Armando
Báez Pinal, el 30 de noviembre del 2010 hizo lo mismo, y de la misma forma
hemos estado de acuerdo trabajando conjuntamente en poder llevar a cabo que
esta propuesta llegue a buen fin. Yo le quiero comentar a las compañeras diputadas
y compañeros diputados de la Comisión de Justicia que en este estricto sentido
lo que estamos pidiendo, como está en la propuesta, es que en esta adición al
194, ya que el incremento de este ilícito en los últimos 10 años ha sido de más
de 600 por ciento, lo que ha venido significando un negocio muy importante para
la delincuencia organizada. En este estricto sentido, México, según la
Interpol, somos el primer país de Iberoamérica con esta problemática. Sin
embargo, las denuncias ante las autoridades nacionales son muy escasas, debido
a que, y lo quiero manifestar de manera personal, fui alcalde hace algunos años
en un municipio poblano, en Santiago Cholula, donde tenemos ese grave problema
y en muchas de las ocasiones logramos detener a los que sustraían este tipo de
piezas tanto arqueológicas como históricas, no solamente habla del arte sacro
de las iglesias, sino también de los monumentos arqueológicos de las zonas y al
no tener tipificado este delito, salían inmediatamente y esto no solamente se convierte
en un delito que no es castigado, sino que a la vez lastima el tema cultural de
nuestro país. Escuchaba hace ratito al diputado presidente en el estricto
sentido de que por qué no poder abrir espacios culturales en algunas regiones,
y en el caso que estamos trayendo a la mesa, es algo que viene lastimando
también la formación cultural de nuestros jóvenes porque nos encontramos que
sustraen este tipo de piezas que son verdaderamente históricas para la gente y
para nuestro país y el crimen organizado ha venido en verdad, lo digo, ha
venido haciendo de este negocio un brazo muy importante para poder obtener
recursos de manera muy sencilla porque son piezas que sustraen ya sea de alguna
iglesia católica de alguna zona arqueológica y luego las encontramos en el
exterior, en otro país, en subastas que realmente se vende de manera muy cara y
nosotros por eso hemos venido haciendo un esfuerzo conjunto. Quiero agradecer a
la comisión, de verdad, quiero ser muy puntual en las observaciones que han
venido haciendo una vez que hemos estado enviando las propuestas tanto el
diputado Armando Báez como un servidor, para que se pudiese ir aterrizando en
cuanto s los términos legales que ustedes conocen perfectamente. Entonces sí es
muy importante, sobre todo comentar que en el caso de que de acuerdo al INAH se
calcula que en México hay más de 19 mil espacios, ,solamente religiosos,
hablando en el tema específico del robo de arte sacro o que son bienes
culturales y están realmente abiertos a que la delincuencia organizada pueda
seguir sustrayendo estas piezas que cada vez se están convirtiendo en un
negocio muy enriquecedor para la delincuencia organizada que no tiene ningún
tipo de castigo porque comentaba yo que cuando fui alcalde detuvimos a más de
10 personas como se dice vulgarmente con las manos en la masa in fraganti y al
otro día ya estaban saliendo porque no había ningún castigo y las piezas ya ni
siquiera estaban en sus manos. Entonces pongo esto sobre la mesa y les pido muy
respetuosamente su voto a favor, sobre todo para que defendamos la cultura de
nuestro país y en el estricto sentido los bienes nacionales que son un orgullo
para los mexicanos.
El diputado Pedro Vázquez González
comentó: Con relación a este dictamen que nos... ¿en qué año fue alcalde?,
perdón, porque la última reforma al Código, bueno, en este caso a la Ley sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos fue del 13 de enero
de 1986 y ya está considerado el artículo 50 en esta ley, donde si bien es
cierto hoy se plantea la modificación para que sea llevado al 194 del Código
Penal Federal, las sanciones eran de prisión de uno a seis años, de prisión y
multa, en aquel entonces sí baja de 100 a 50 mil pesos. Con relación al
dictamen que se nos presenta, se están adicionando diversas disposiciones de la
ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, así
como ya lo mencioné, a las modificaciones al Código Federal de Procedimientos
Penales. Nosotros estamos de acuerdo con las modificaciones en lo general, bajo
la premisa de que aquí lo amplía el proponente de la iniciativa, que es
proteger y salvaguardar nuestro pasado histórico. Ahí hay plena y total
coincidencia. A lo largo y a lo ancho del país y bueno, creo que Puebla y el
municipio suyo es uno de los claros ejemplos de cómo hay innumerables templos
construidos en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, que por sí mismos son
verdaderas obras de arte. Las catedrales de la ciudad de México, d Puebla, de
Morelia, entre otros y los museos nacionales del Virreinato, el tempo de Santo
Domingo y de Guzmán, en Oaxaca, constituyen éstos un patrimonio no sólo de los
mexicanos, sino ya es un patrimonio cultural de la humanidad por todo ese valor
que poseen, por ser en sí mismos patrimonio de la humanidad. Aunado a lo
anterior, en estos templos, como bien se señala en la iniciativa, sí existe ya
la obligación del Estado mexicano de proteger precisamente ese patrimonio y
vemos que las medidas hoy son reactivas, estamos ante la comisión de los
delitos y el aumento de los mismos, estamos reaccionando, elevando las penas o
elevándolas a delitos, en este caso al catálogo de delitos graves, pero estamos
tapando el pozo porque el niño se cayó. ¿No sería más conveniente la
preservación y la implementación de medidas preventivas? Hay lugares históricos
que no tienen la más mínima protección, no tienen alarmas, no hay cámaras de
video, no hay seguridad con personal ahí a la vista, y eso fomenta y permite
que haya este tipo de ilícitos. Creo que las medidas preventivas que le
corresponden en este caso a la autoridad administrativa y a quienes resguardan
y bajo quienes están bajo resguardo estos monumentos históricos y estos también
bienes muebles históricos, tienen que ponerse a cambiar y protegerlos, porque
aquí estamos actuando reactivamente. Estamos de acuerdo en establecer la
inscripción de estos bienes muebles históricos, que se hallan en estos sitios,
en un registro nacional que sí debe de llevar el Instituto Nacional de
Antropología e Historia. También con la obligación, según la propuesta, de
sancionar a quienes no realicen este registro conforme a las disposiciones que
para el efecto se establezcan. En lo que no coincidimos es en la reforma al
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se
establezca, como delito grave, las conductas previstas en el artículo 50
actual, vigente, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, en virtud de que vuelvo a reiterar ha sido de manera
recurrente y para eso nos hemos ya pronunciado en innumerables ocasiones que
estamos en contra de llevar ya prácticamente todos los delitos al catálogo de
delitos graves. Para terminar, una propuesta de modificación al artículo
segundo transitorio, porque aquí según la propuesta del dictamen, se faculta al
Instituto Nacional de antropología e Historia, a realizar las adecuaciones al
reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, cuando de
conformidad con el artículo 89, en su fracción I, de la Constitución General de
la República, la facultad es del presidente de la República. Proponemos que sea
en este caso que la carga de la modificación al reglamento, no sea por el INAH,
sino que tiene que ser por la autoridad que legalmente está facultada y en este
caso es el Poder Ejecutivo, facultad reglamentaria de acuerdo al 89, fracción
I.
Se sometió a votación y fue aprobado
por unanimidad con las modificaciones planteadas por el diputado Pedro Vázquez
González.
El punto número siete es el dictamen
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la ley Federal
de Telecomunicaciones, de la Ley que
establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El presidente comentó: Propone
establecer nuevas herramientas que permitan al Estado mexicano la posibilidad
de investigar con mayor eficacia delitos en materia de delincuencia organizada,
secuestro, extorsión o amenazas. Se trata de un proyecto que busca inhibir
además el robo de celulares y su uso para fines delictivos, particularmente el
que se lleva a cabo desde el interior de los centros penitenciarios. Aquí la
invitación que les haría, distinguidas diputadas y compañeros diputados, es que
la aprobemos en sus términos para ya no entorpecer el combate a este problema.
Si ustedes me lo permiten les comentaría que en el estado de México, cuando fui
secretaría general de Gobierno, dejamos siete antenas inhibidoras de llamadas
celulares, pero teníamos 19 centros de readaptación social. Entonces no
alcanza, son muy costosas, porque aquí estamos frente a una laguna de la
realidad y por eso, que conozco este problema de la extorciones telefónicas
desde el interior de los reclusorios, les pediría que aprobáramos la minuta en
sus términos. Porque tendríamos que colocar una antena inhibidora en cada
centro penitenciario y no hay los recursos para hacerlo, pero es un asunto muy
grave, muy delicado, que hay gente que se dedica a extorsionar desde el
interior de los reclusorios porque no tienen otra cosa que hacer, que seguir
delinquiendo.
El diputado Pedro Vázquez González
comentó: Nosotros compartimos lo que motiva esta reforma. Lo que nos
preocupa es lo referente al nuevo registro de usuarios de telefonía celular.
Creo que este tema, por lo que acaba de suceder con el registro anterior, todo
lo que se generó, la polémica, finalmente las inconsistencias que se
presentaron, las insuficiencias que se demostraron, tenemos que en este tema.
No se tarra de que la minuta se atrase ni mucho menos, pero sí creo que falta
más debate y más claridad sobre los alcances de este nuevo planteamiento de
registro de usuarios de telefonía celular, porque necesitamos mayor
información. El tema no solamente es la comercialización y uso de las líneas,
sino que –vamos a decir– muchas empresas han hecho comercializaciones
indebidas, no hay un control exacto sobre qué líneas telefónicas tiene cada
quien, porque esto finalmente representa también pagar impuestos al Estado.
Entonces, no sé, en lo general estoy de acuerdo con la minuta en como la están
planteando. Pero sigo manifestando muchas dudas sobre el tema de un nuevo
registro, porque en la minuta viene planteado un nuevo registro de telefonía
móvil. Y un poquito analizando y reflexionando sobre lo que pasó no se cumplió
el objetivo, tuvo que extenderse el plazo, finalmente no se ha concretado, el
registro no sabemos dónde quedó, en manos de quién, qué uso le han dado. Y en
relación al fondo pues sí, porque yo mismo he recibido llamadas de los
reclusorios a la casa y a mi teléfono celular. Entonces, con la campaña se han
detenido, pero no ha sido suficiente.
Se sometió a votación y fue aprobado
por unanimidad.
El punto número ocho fue análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal
Federal, en materia de delitos informáticos.
Su discusión fue pospuesta para la
próxima reunión.
El punto número nueve que fueron
asuntos generales no se discutió nada.
El presidente agradeció a todos su
participación y dio por clausurada la vigésima novena reunión ordinaria a las
13:00 horas del miércoles siete de diciembre del año 2011.
La Junta Directiva de
la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato
García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce
Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica),
Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios;
*
De la
Comisión de Justicia, relativa a la trigésima reunión, celebrada el miércoles
15 de febrero de 2012
En el mezzanine del edifico A, ubicado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a las 11:30 horas del miércoles 15 de febrero de 2012, se llevó a cabo
la trigésima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada
bajo el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum
legal.
2. Lectura y aprobación del orden del
día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación
del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y en su caso
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del
Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código
Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal,
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad. (Sentido positivo)
5. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los
artículos 3o., 36, fracción I, 37, fracción I, 39, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
6. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de las Leyes Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Sentido
positivo)
7. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los
artículos 390 Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y reforma el artículo
194, fracción I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales.
(Sentido negativo)
8. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390
del Código Penal Federal. (Sentido positivo)
9. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se
reforman los artículos 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 194
del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de ataques a las vías
generales de comunicación. (Sentido positivo)
10. Análisis, discusión y en su caso
aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos
informáticos. (Sentido positivo)
11. Asuntos generales.
12. Clausura y cita para la próxima
reunión.
Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de
febrero de 2012.
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente.
Se declaró la existencia del quórum legal. Se dio inicio a la reunión de
trabajo con 15 firmas de los siguientes diputados: Víctor Humberto Benítez
Treviño, Óscar Martin Arce Paniagua, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Olga Luz
Espinoza Morales, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas,
Nancy González Ulloa, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Dolores de los
Ángeles Nazares Jerónimo, Ma. Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso
González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Josué Cirino Valdez Huezo, Pedro
Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño.
En el punto número dos del orden del día este fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la
aprobación del acta de la vigésima novena reunión y fue aprobada por
unanimidad.
El punto número cuatro fue análisis, discusión y en su caso aprobación
de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados;
abroga la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos
Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad. (Sentido positivo)
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: En primer lugar, creo que
esta LXI Legislatura va a dar uno de los instrumentos que más requiere la
sociedad mexicana hoy por hoy. El delito de la trata de personas es uno de los
graves problemas que hay no solamente en México y que se ha agravado, sino que
también representa un peligro a nivel mundial. La trata afecta cada año a unas
3.5 millones de personas, especialmente a mujeres, 90 por ciento de ellas
adolescentes y niñas. Llega al inicio de la segunda década del siglo XXI siendo
el segundo ilícito en el mundo en aportación de recursos al crimen organizado.
Más de 42 mil millones de dólares anuales por debajo sólo del narcotráfico.
Igualmente que en el entorno mediático y cultural en el que vivimos incentiva
que las víctimas tiendan a ser personas de edades cada vez más tempranas y por
ello cada vez más vulnerables. El dictamen que ponemos a consideración de esta
comisión revela que la trata de personas implica una cadena de conductas que
inicia con el enganche de las víctimas, su traslado, la privación parcial o
total de su libertad y su explotación, cada una de las cuales puede adoptar
múltiples formas, violentas o sutiles que constituyen cadenas de delitos que se
van acumulando al delito central para las autoridades y para la sociedad.
Quisiera brevemente señalar, presidente, que el dictamen también aborda algunos
datos relevantes que los integrantes de esta comisión al análisis debemos
destacar. Hoy por hoy somos el segundo país que más víctimas de trata provee a
Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de
trata con cualquier fin; más de 30 mil menores, hay cifras que se sitúan
inclusive arriba de 70 mil, son víctimas de trata con fines de explotación
sexual, 80 por ciento de ellos entre 10 y 14 años de edad. En el aspecto
laboral hay 3.6 millones de personas entre 15 y 17 años, 31 por ciento menores
de 14 que en diversos sectores son explotados y obligados a realizar trabajos peligrosos
para su seguridad, su salud, su integridad y dignidad. Somos el segundo país
del mundo donde se abre el mayor número de páginas de pornografía infantil. Uno
de los primeros como destino de turismo sexual. Existe un enorme número de
giros negros donde se efectúa de manera abierta la explotación sexual de
personas en situación de trata. México cuenta, a partir del 2007, con un marco
jurídico en materia de trata de personas que hoy incluye una ley federal, 18
estatales, 14 códigos penales locales en que se tipifica; a pesar de ello y de
ser uno de los países que ha firmado instrumentos internacionales como el
Tratado de Palermo en materia de derechos humanos y también en materia de la
trata de personas, hoy en el país sólo hay cuatro personas sentenciadas en el
foro federal por este delito y nueve en el fuero común. De ahí la necesidad de
poner a consideración de los integrantes del pleno de la Comisión de Justicia y
del pleno de la Cámara de Diputados un instrumento que dote de las herramientas
para combatir este grave flagelo. El proyecto de dictamen que se pone a
consideración propone en esencia lo siguientes: Su objeto es establecer
competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación,
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los
gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como en
materia de protección y asistencia a las víctimas del delito objeto de esta
ley. Establecer los tipos penales de los delitos en materia de trata de
personas y sus sanciones. Establecer los procedimientos penales aplicables a
estos delitos. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la
dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre
desarrollo de la personalidad y el derecho a la libre decisión del proyecto de
vida de las personas cuando sean amenazadas o lesionados por la comisión de los
delitos objeto de esta ley. Se replantea el delito de trata de personas para
ampliar la hipótesis vigente con la finalidad de brindar mayor protección a la
sociedad en general y en particular a las posibles víctimas de trata. Asimismo,
se prevé el resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a
las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas
y la creación de un fondo para su atención, así como también se prevé la
creación de un programa de protección a las víctimas y testigos en concordancia
con la ley que ya fue aprobada por esta misma comisión. También se han tomado
en cuenta, presidente, integrantes de esta comisión, diversas opiniones que han
remitido diversas organizaciones sociales e instituciones, todas ellas con el
fin de enriquecer el presente dictamen que se pone a consideración de los
integrantes de esta comisión y que desde luego entra en análisis de la misma
para su aprobación, y desde luego para que sea una de las leyes que puedan
darle bríos a esta LXI Legislatura. Que en la parte final creo que podemos
aprobar una de las normas que va a dotar al estado de una herramienta para
combatir uno de los delitos que más lastiman a jóvenes, a niños y a muchas
personas que afectan su integridad y su dignidad.
El presidente diputado Víctor Humberto
Benítez Treviño comentó: Antes de entrar a la discusión, escuchar como siempre las importantes
intervenciones de todos y cada uno de ustedes, les quiero pedir su voto a favor
de esta ley. Porque los datos son dramáticos. Porque la normatividad existente
hasta el día de hoy —hay que subrayarlo también—, ha sido insuficiente para
contener este fenómeno delictivo que se ha arraigado, sobre todo en nuestro
país, como principal exportador de jóvenes, de niños, de niñas, de mujeres
hacía los Estados Unidos. Ayer veía un programa de televisión —no sé si lo
vieron ustedes—, a una persona que estaba ofertando a un menor de edad, en
Internet por 20 mil pesos. Cuando esto sucede en la vida diaria, los
legisladores tenemos un compromiso con el país. Tenemos que diseñar leyes y
reglamentos, con pulcritud, pero certeros eficaces, enérgicos. Creo que está aprobación,
que sometemos a su consideración de esta nueva ley general es, sin duda va
hacer un parte aguas en la legislación de nuestro país y va seguir.... a otros
países para contrarrestar la trata de personas que es uno de los graves
problemas de nuestro tiempo.
El diputado Pedro González Vázquez comentó: Voy hacer una intervención
fijando la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en
relación a este dictamen que las comisiones unidades de Derechos Humanos y de
Justicia por el que se va a expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y
asistencia a víctima de estos delitos, así como para diversas disposiciones del
Código Penal Federal, de procedimientos penales, la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
la Ley de la Policía Federal y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. El
propósito central como ya se expresó de este dictamen, es el combate a esta
nefasta práctica de trata de personas con fines de explotación sexual. Como
subscritor de la iniciativa en materia de este dictamen. Apoyaremos en lo
general, desde luego, la propuesta que se nos está presentando y me permito
hacer algunas precisiones con la idea de perfeccionar instrumento normativo que
seguramente aprobaremos. Como se señala del cuerpo del dictamen, se desprende
que la trata afecta a 3.5 millones de personas, especialmente mujeres, 90 por
ciento adolescentes y niñas. A lo largo y ancho del país, sin exceptuar ninguna
ciudad medianamente importante sea la práctica de la explotación sexual de
mujeres y desgraciadamente de niños. Esta soberanía ha impulsado múltiples
reformas para penalizar la explotación sexual de los menores. En el dictamen
que estamos conociendo es ambicioso en el sentido de prever todo una serie de
hipótesis que tienden a combatir y a erradicar el comercio sexual. Aquí en la
Ciudad de México, y a tan solo 600 metros de esta Cámara de Diputados, en la
zona de la merced, se puede apreciar a centenares de mujeres y niñas
prostituyéndose y todas ellas víctimas de esta explotación. En nuestra opinión,
el que una mujer se vea en la necesidad de vender su cuerpo es en muchos casos
por la ausencia de fuentes de empleo debidamente remunerados entre otras
situaciones. En los últimos meses, se ha difundido por los medios de
comunicación que un municipio de su querido estado de México: Tenancingo
—perdón, es en el estado de Tlaxcala, hay otro en el estado de México—, es la
meca de los denominados padrotes, quien mediante diferentes subterfugios y ante
la expectativa de un mejor futuro para las personas, las engatusan y las
obligan a prostituirse. He dicho que compartimos el propósito central de este
dictamen. Ahora, si ustedes me lo permiten voy a hacer puntualizaciones muy
concretas. Primero. En la página 75, en distintos tratados internacionales se
menciona a la Organización de Naciones Unidas (ONU). El 30 de septiembre de
1921, 25 de septiembre de 1926, 11 de octubre de 1933. Por la fecha en que
estos tratados debieron de haberse suscrito, corresponden a la denominada liga
de naciones que se crea al término de la Primera Guerra Mundial y no a la
Organización de Naciones Unidas, que ésta es creada en 1945, y procedería a
ajustar esta parte. Segundo en el cuerpo normativo en el artículo primero del
decreto en la página 98 se establece: Se abroga la ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas. En nuestra opinión consideramos que la
abrogación de la ley que aquí se menciona tiene que estar en el artículo
transitorio primero, y haciendo el ajuste semántico correspondiente ha dicho
precepto. Tercero. En la página 105, en su artículo 12, fracción segunda, se
establece lo que es la servidumbre por leva, porque la servidumbre por leva. Ésta
es una institución de modo típicamente de producción feudal. Como lo
denominamos, quienes tenemos una formación marxista, a este modo de producción
que fue sustituido por el régimen capitalista y tiene sus orígenes en Europa,
alrededor del año 1840. Nosotros manejamos este lenguaje y tiene para nosotros
dos significados. Primero que con la adopción del sistema capitalista de
México, y éste se da en la década de los cincuenta del siglo XIX, hasta la
fecha, no ha podido trasformar la realidad política económica, social y
cultural. Estamos hablando del artículo 12, fracción II. Como lo señalaba con
la adopción del sistema capitalista en México, que se da en la década de los
cincuenta del siglo XIX, hasta la fecha, este sistema no ha podido trasformar
la realidad política económica cultural de algunas regiones del país, y
segundo, de lo que se requiere para eliminar estos atavismos económicos es la
educación eficiente y de calidad a todos los niveles en estas regiones. El
número 4, de las observaciones que tenemos, como la ley materia de este
dictamen pretende, no sólo ser aplicada al ámbito de la trata de personas, sino
a otros, coincidimos plenamente y manifestamos nuestro beneplácito por el
contenido del artículo 24 que regula lo referente de la explotación laboral. Es
decir, estamos aprobando en sus términos el artículo que estamos señalando,
porque estamos dando un paso muy importante, gigantesco para temperar las
desigualdades de clase, propio de un sistema capitalista como el que vivimos y
reafianzamos el estado social de derecho. Éste me parece que es uno de los
temas más importantes y fundamentales de esta ley. Una quinta observación. En
el artículo 26, queremos decirle que no estamos de acuerdo con que se considere
que no hay trabajo forzado, que no hay trabajo servicio forzado ni explotación
laboral cuando textualmente se señala en su fracción IV, se exija en caso de
fuerza mayor tales como amenazas a la seguridad nacional, desastres naturales,
hambrunas y epidemias, de carácter grave y peligro de invasión a enfermedades
exóticas o en general toda circunstancia que ponga en peligro o amenace poner
la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la
población. Esta disposición en nuestra opinión es violatoria de las garantías
individuales que nuestra Carta Magna establece. Más aún, cuando no encuadra en
la hipótesis de la suspensión de garantías que está contenido en el artículo 29
constitucional. Quisiera recordar que solamente el trabajo forzado es mediante
determinación judicial en una sentencia y esto es el trabajo forzado para los
reos como parte de su sentencia. De ninguna otra manera puede haber trabajo
forzado y en nuestra opinión esta fracción IV, es totalmente contraria al
espíritu de la Constitución mexicana. Sexta observación. En relación con el
artículo 31, estamos totalmente de acuerdo en que se declare nulo el matrimonio
que se da en el contexto de usos y costumbres. Consideramos que la fracción
tercera, en la parte que establece el titulo oneroso debe agregarse gratuito, en
la fracción III. No obstante nuestra coincidencia con la nulidad del matrimonio
que se da en las condiciones establecidas, tenemos que considerar que los
matrimonios por usos y costumbres se dan particularmente entre los pueblos
indígenas que se encuentran en una situación de mucho atraso, pauperización y
que están totalmente alejadas de todo el sistema de educación. Esto es lo que
hace que sigan conservando sus tradiciones y sus costumbres. En este punto
tendríamos que reflexionar que la pena impuesta de cuatro a 10 años de prisión
y de 200 a 2 mil días de multa es adecuada, totalmente. Finalmente, el
responsable de su atraso cultural sigue siendo el gobierno en sus tres ámbitos:
federal, estatal y el municipal. Un séptimo señalamiento al artículo 37 donde
se establece la pena a quien dé en arrendamiento o alquile un bien inmueble,
casa o habitación con conocimiento de que será utilizado para la comisión de
las conductas señaladas en el presente capítulo y que será sancionada con
prisión de 2 a 7 años y de 10 mil a 20 mil días de multa. Nosotros consideramos
que también a esta figura del arrendamiento o alquiler de un bien inmueble debe
de también plantearse la figura del comodato para que esté más precisa. Que
ése, todos sabemos que el comodato es el préstamo de un inmueble a título
gratuito y que ya si el núcleo, el tipo penal como está planteado en el
arrendamiento del bien con conocimiento de que será utilizado para la comisión
de un delito, de las conductas de trata de personas, bastaría que el sujeto activo
probara que en ningún momento obtuvo el inmueble a título oneroso. Y ya, para
que no se acreditara debidamente el delito y poder quedar en libertad, entonces
pedimos que el comodato también sea considerado. Una octava. Con relación al
artículo 85 que se refiere a los recursos para la constitución del fondo de
protección y asistencia a las víctimas coincidimos en los mecanismos de
integración con la única excepción, como lo establecimos en su momento en la
Ley para Combatir el Delito de Secuestro de que la aportación del gobierno
federal sea por un tiempo prudente y no en forma permanente. Podemos fijar,
bueno, no sé cuánto tiempo, tal vez dos años, tres años, para que se constituya
el fondo. Consideramos que en el caso de la fracción I hay que establecer un
tiempo definido para la aportación de este recurso por parte del gobierno;
recursos presupuestales que el gobierno federal debe de plantear. De lo
contrario podríamos fomentar que las autoridades competentes puedan destinar
recursos por vía de extinción de dominio, decomiso u otras. Éstas fueron omisas
con el cumplimiento de su responsabilidad, porque le estaríamos dejando al
gobierno federal el que sea temporalidad. Y finalmente porque de esta manera
habrá certeza por parte de esta Cámara de Diputados sobre el destino y uso de
esos recursos. Un noveno señalamiento. En el caso del artículo 5, el que se
refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hay que ajustar
lo correspondiente al artículo 50 Ter porque como está planteado se reforma el
segundo párrafo de dicho artículo y eso no es así.
El que en realidad se reforma es el primer párrafo y en todo caso hay
que poner los suspensivos del párrafo segundo al párrafo séptimo que no se
modifican, y por tanto, se mantienen en sus términos. Estas observaciones,
desde luego, las vamos a hacer llegar por escrito a la Secretaría Técnica.
Décimo en el caso del artículo 6 que se refiere a la fracción VI del artículo
51 de la Ley de la Policía Federal plantean agregar cuando en sentido estricto
y en sana técnica legislativa lo que se hace es adicionar una fracción VI.
Observación al decimoprimero. En el caso del artículo 7o. que planta agregar un
artículo 129 y que recorre la numeración de los subsiguientes a la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nombre correcto de la ley es Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En primer lugar hay que
destacar que no se agrega un artículo 129; éste ya existe con un solo párrafo.
Lo que se hace es reformar este primer párrafo y adicionar un párrafo segundo.
En todo caso, este artículo 7o. debería quedar: Se reforma el primer párrafo
del artículo 129 y se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ya por último, una decimosegunda
observación. En el caso de los artículos transitorios nosotros tenemos dos
propuestas de redacción. En el artículo primero transitorio el planteamiento es
que debe decir: El presente decreto con el que se expide la Ley General para
Prevenir, Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Propuesta de redacción del artículo primero transitorio, se abroga el artículo
primero transitorio. Segundo. Ahí va. Se abroga la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas y se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente decreto. En consecuencia, se correrían en su orden todos
los artículos transitorios pasando el actual artículo segundo a ser tercero y
así sucesivamente. Pues compañeros diputados, compañeras diputadas, éstas son
propuestas que el Partido del Trabajo hace de su conocimiento y esperemos que
sean consideradas. Y ya lo dije: lo votaremos a favor.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Bueno, yo escuchando la
opinión del diputado Pedro, quiero destacar algunas cuestiones. La primera, en
esta legislatura reformamos la Constitución en materia de trata que fue un paso
muy importante. Esta iniciativa que estamos ahorita discutiendo y que creo que
las opiniones que tenemos de los diputados de las diversas fracciones se dan
con el ánimo de construir un dictamen responsable y que no distorsione el
sentido de lo que se ha venido proponiendo por un grupo de diputadas,
diputados, de diversos partidos que signaron esta iniciativa. Yo tampoco quiero
dejar desapercibido, y aquí tenemos presente a una de las principales
impulsoras de esta ley, la diputada Rosi Orozco, no es miembro de la Comisión
pero le damos la bienvenida también aquí, siempre atenta en este tema. Yo les
pediría que, si queremos, en ánimo de no abundar en los detalles de opiniones
de estilo que tenemos en la ley, si así ustedes lo deciden, por supuesto, y el
presidente lo pone a consideración, que aprobáramos de manera general la ley y
que enviáramos, presidente, a más tardar a este viernes lo que nos acaba de
decir Pedro, y lo que seguramente todos opinarán en ese sentido para
armonizarlo en una comisión, en una subcomisión, perdón, y presentar el
dictamen definitivo en la próxima sesión una vez que se hayan consensuado las
opiniones, como siempre lo hacemos en la comisión.
La diputada Rosi Orozco comentó: De verdad para México este día empieza
a marcar una diferencia para la gente más vulnerable. Así como logramos una Ley
General contra el Secuestro... éste es el secuestro de los más indefensos, de
los más vulnerables que están en nuestra nación, mexicanos y migrantes. A cada
uno de ustedes, gracias por esta votación unánime. Igualmente desde la
propuesta, somos 104 legisladores, 10 senadores y 94 diputados de todos los
partidos. Y en estos temas sí podemos ponernos de acuerdo. Este tema interesa
mucho a toda la gente que está expuesta a que sus hijos e hijas sean
arrebatados, a que sean explotados laboral y sexualmente o para extracción de
órganos. En muchos lugares donde hay pueblos indígenas trajeron más de15 mil
firmas, de los 62 pueblos. Estamos agradecidos. De parte de quienes hemos
trabajado en este dictamen, muchas gracias. También a todos los asesores.
Porque atrás de ustedes hay mucho trabajo, de gente valiosa en esta Cámara. Y
muchas gracias, presidente, por la disposición que ha mostrado desde el
principio. Y a cada uno de los secretarios, muchas gracias de parte de la
comisión especial que presido.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Aun y cuando ya lo
aprobamos, qué bueno. Es un tema que nos une, que se tiene que votar por
unanimidad en la Cámara de Diputados, y posteriormente el Senado de la
República tendrá que hacer lo propio. Esperemos que sea muy pronto. Son leyes
que requiere México en este momento. Al inicio de la LIX Legislatura, Pedro,
recordarás, fuimos compañeros en esa legislatura, estuvimos viendo el tema de
explotación sexual infantil de manera muy intensa, por el tema de Succar Kuri,
que estaba muy reciente. Era el tema del momento el tema de Succar Kuri, en
Cancún. Entonces nos dimos a la tarea varios diputados y diputadas, sobre todo
los integrantes de la Comisión de Justicia, de revisar el título octavo del
Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil.
Otro promotor fue el ahora senador Manlio Fabio Beltrones. Qué bueno,
porque es un hombre que está enterado del tema. Y estoy segura que esto en el
Senado también va a trascender. Renovamos todo el título octavo del Código
Penal, en materia de explotación sexual infantil.
Dimos una pelea durísima contra Succar Kuri. Exigimos que lo trajeran de
Estados Unidos a México. Son temas que siempre nos han unido. Estoy segura que
esta nueva ley que acabamos de votar en la comisión tiene puntos tan
importantes que significan sin lugar a dudas un avance jurídico importante.
Se establece una correcta coordinación entre la federación y los
estados. Esto es importantísimo para la persecución del delito de trata de
personas. Se abarcan las distintas modalidades de este delito. Se incrementan
las sanciones. Se amplían las características de los sujetos pasivos de este
delito, que también es algo muy importante.
Se prevé la reparación del daño para la víctima, en un aspecto jurídico
muy amplio. Asimismo, se prevén mecanismos mucho más eficaces para la
protección de la víctima, algo importantísimo. Se cumplen los protocolos
internacionales en materia de prevención y trata de personas, que esto también
es importante para esta ley. Y se prevén las sanciones para los delitos
relacionados, tales como el consumo y la publicidad, sin atentar contra los
derechos de libertad de imprenta y similares. Y bueno, creo que en esta nueva
ley de avanzada, se incorporan delitos considerados dentro del campo
relacionado con la explotación de la condición humana, que son la trata, la
esclavitud, el trabajo forzado, e incluso el tráfico de órganos.
De veras que qué bueno que el día de hoy aquí en la Comisión de Justicia
lo estamos aprobando en lo general, y estaremos muy atentos a ese grupo de
trabajo, para poder ver las cuestiones técnicas, que siempre son importantes en
la aplicación del derecho.
Fue aprobado por unanimidad en lo general y se creó una subcomisión
presidida por los Diputados Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Luis Carlos Campos
Villegas, Olga Luz Espinoza Morales, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Pedro
Vázquez y Rosi Orozco para integrar las observaciones.
El punto número cinco es el análisis, discusión, y en su caso aprobación
de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o., 36
Fracción I, 37, Fracción I, 39; Fracción I y XLV de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Recordar que esta soberanía
aprobamos el 28 de abril de 2011, la Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 20 de junio. Como consecuencia de esta publicación, la
Procuraduría General de la República promovió ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que
vamos a reformar, que son los artículos 36 Fracción I; 37 Fracción I y 39
Fracción I de la citada ley.
Y en estos tres artículos establecíamos, que como requisito
indispensable para permanecer como agente del Ministerio Público oficial,
secretario o agente de la Policía de Investigaciones, debería de ser mexicano
por nacimiento; y el argumento central de nuestro más Alto Tribunal fue que
estas disposiciones eran discriminatorias, respecto de quienes por
naturalización obtienen la ciudadanía mexicana.
El presente dictamen contiene el resolutivo de la Corte, al declarar
expulsadas del orden jurídico, las partes de la exigencia de la nacionalidad
por nacimiento, y en consecuencia, las propuestas de reformas a los artículos
36, 37 y 38 en sus correspondientes fracciones primeras, que establecen que
solamente el requisito es ser mexicano. Entonces, por estas consideraciones,
nuestro voto es a favor de este dictamen.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales comentó: Para nuestro Grupo
Parlamentario del PRD consideramos que vamos a favor de este presente dictamen,
toda vez que actualmente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal mantiene un aspecto discriminatorio respecto de aquellos
connacionales que por naturalización son excluidos a este supuesto normativo,
ya que se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público
con base en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo que
está prohibido en la propia Constitución. Es por eso que nuestro grupo
parlamentario considera que este dictamen va a favor, en el sentido de que le
estamos dando la oportunidad a estos connacionales que han sido naturalizados,
que son mexicanos, para que puedan ocupar y desempeñar un cargo público en la
Procuraduría de Justicia.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El punto número seis es análisis, discusión y en su caso aprobación de
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en sentido positivo.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: Con la reforma que se
plantea. Y se trata en esencia, de permitir que los agentes del Ministerio
Público de la Federación, de las entidades y del Distrito Federal puedan portar
armas de fuego, al amparo de las correspondientes licencias colectivas, y que
estas deberán de ser tramitadas por sus superiores jerárquicos.
Hasta le fecha, todos sabemos —ya lo expresaba— aquí tuvimos una
procuradora, y los ministerios públicos, etcétera, procuradores. Los
ministerios públicos actualmente se encuentran en un estado de total
indefensión habida cuenta de que no son integrantes de las corporaciones
policíacas, pero que estas dependen de ellos, en el proceso de investigación, y
no son parte de las Fuerzas Armadas en los operativos que participan contra la
delincuencia no pueden ir armados. Y ni siquiera desde su domicilio hasta su
centro de trabajo.
Y todos nos damos cuenta de que muchos de ellos han sido acribillados
han sido entonces, la propuesta que se establece en este dictamen es para que
los agentes del Ministerio Público de la Federación, la tramitación de la
licencia colectiva sea por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Pero la de los estados y del Distrito Federal tendrá que ser a través de la
Secretaría de Gobernación. Tramitar también desde luego, una licencia
colectiva. Por lo tanto es obligación también de los titulares de las
instituciones de procuración de justicia de informar periódicamente a la
Secretaría de Defensa Nacional, de Gobernación, y de Seguridad Pública, las
armas que utilizan. Ahí entrarán también las del Ministerio Público.
También para llevar el control de los armamentos que utilizan al amparo
de esta licencia colectiva. Se establece la obligación de los portadores para
estar inscritos en el registro correspondiente y de contar con credencial
foliada y con identificación personal donde se exprese claramente que se le
permite la utilización de un arma de fuego. Estamos pues en lo general de
acuerdo con el dictamen. Solamente quiero hacer una precisión.
En la página 13, después del numeral 6 se establece: en la Ley Orgánica
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, después del numeral 6.
Lo leo textual, dice: “... en la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal”, y toda vez que la adición de una fracción XVII
al artículo 63 lo es de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, por lo que sugerimos se haga este ajuste. También quisiéramos que se
considerara la posibilidad de que se establezca que los agentes del Ministerio
Público a los cuales se faculta el uso de armas de fuego, también tendrán la
obligación de someterse a las correspondientes evaluaciones psicométricas para
acreditar que tienen una adecuada salud mental y que no cometerán abusos al
amparo de la licencia con la cual van a contar. Buscar un parafraseo, una
precisión que ellos también tendrán que ser sometidos como todos los demás
agentes de investigaciones y de seguridad pública para que tengan un adecuado
manejo de las armas con las que ellos van prácticamente a realizar su trabajo.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó:
Efectivamente, nosotros también nos manifestamos a favor de esta reforma que
consideramos es necesario que los Ministerios Públicos porten armas para su
defensa ya que en esta situación que nos encontramos de inseguridad,
obviamente, ellos son los más vulnerables.
Sí quisiera hacer una propuesta en el sentido siguiente. No me parece
correcta la parte en la que se tiene que sujetar la Procuraduría General de la
República a la Secretaría de Seguridad Pública en esta materia, toda vez que
—me voy a permitir leer lo siguientes. A la minuta, que estamos tratando, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de
las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Orgánica de la Procuraduría
General de la República, debemos señalar que de acuerdo con la fracción XVIII,
del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en
el cual se señalan las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en
la materia que nos ocupa, para los funcionarios federales y que siendo la
Procuraduría General de la República una instancia federal, legalmente le
corresponde a la primera ser el conducto para realizar el trámite de licencias
colectivas.
Sin embargo, indicar que a partir de la reforma constitucional del 18 de
junio de 2008 y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto
las policías como los Ministerios Públicos son considerados en igualdad de
circunstancias como instituciones de seguridad pública, razón por la cual y
siendo la Procuraduría General de la República una institución del Estado
mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública una instancia de la
Administración Pública Federal, no resulta conveniente la sujeción de la
primera, es decir, la de la Procuraduría, a la segunda en materia de licencias
de portación de armas.
Por tanto, proponemos que siga siendo la Secretaría de Gobernación ya
que es la dependencia que sustituye al titular del Poder Ejecutivo como
presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública en sus ausencias, quien
mantenga la facultad que actualmente tiene; y modificar el segundo párrafo en
los siguientes términos. El segundo párrafo del artículo 32, la propuesta es
que quedaría de la siguiente manera: A la Secretaría de Gobernación le
corresponde la suspensión y cancelación de credenciales de identificación que
expidan los responsables de las instituciones de procuración de justicia y
policiales federales de los estados y el Distrito Federal en amparo de una
licencia colectiva oficial de portación de armas y que se asimilan a licencias
individuales.
Por ello, nosotros consideramos que en términos del artículo 30,
fracción XVIII no es considerable y también en términos, a raíz de la reforma
constitucional del 18 de junio de 2008 no puede considerarse a la Secretaría de
Seguridad Pública como quien tenga que hacer las gestiones para la portación de
armas de la Procuraduría General de la República, sino que le corresponde al
secretario de Gobernación, toda vez que también en esta reforma del 18 de junio
se establece que en materia de investigación, la Secretaría de Seguridad
Pública siempre deberá actuar bajo el mando y conducción del Ministerio Público
de la federación.
Por tanto, consideramos que tendría que
ser la Secretaría de Gobernación y no la Secretaría de Seguridad Pública. Ésta es la propuesta que nosotros
estamos haciendo.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad y el diputado Pedro
Vázquez González elaborara el dictamen con las observaciones hechas por los
diputados.
El punto número siete es análisis, discusión y en su caso aprobación de
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 390
Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y reforma el artículo 194, fracción
I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales (sentido negativo).
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría y un voto en contra.
El punto número ocho es análisis, discusión y en su caso aprobación de
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 del Código
Penal Federal en sentido positivo.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Yo soy una de las
proponentes de esta reforma junto con la diputada Tomasa Vives, y hay algunos
puntos que quisiera que aclaráramos una vez que ha sido emitido el sentido del
voto positivo.
Una de las propuestas de la reforma era precisamente incrementar la
sanción a quien extorsiona desde un cargo de seguridad o puestos públicos. Se
estaba proponiendo que se incrementara de 4 a 10 años. Sin embargo, se está
dejando exactamente como está el artículo 390 actualmente, con una pena de 2 a
8 años de prisión.
Sin embargo, la comisión no está argumentando el porqué no se acepta la
propuesta de incremento de penalidad. Por otro lado, otra de las peticiones era
que también la inhabilitación del cargo para estas personas o estos
delincuentes fuera igual a la pena que se les impute.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: Yo analice, desde luego el
dictamen que se encuentra en discusión y desde la propuesta de la iniciativa, y
en el momento de elaborar el dictamen considero que pudiera estar complicado en
cuanto a la forma que se plantea para la misma aplicación en cuanto a las
sanciones.
Lo interpreto de la siguiente manera: Efectivamente, en el artículo 390.
En su primer párrafo presenta una sanción para algún ciudadano, si vamos al
objetivo principal que realice alguna extorsión y nos señala una penalidad de 8
a 2 años a prisión. Luego, en el último párrafo, y lo proponen también en la
iniciativa y en el último párrafo del dictamen, nos hace referencia que además
de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de 3 a 9 años de
prisión para quienes se encuentran privados de su libertad, en prisión
preventiva, resultaría confusión al momento de aplicar la pena, como ya lo está
notando la diputada. Sería un agravante.
Pudiéramos hacer referencia que se incremente a la penalidad en un
tercio, dos tercios, lo que se pudiera considerar, a quien estando en prisión,
pero no podemos señalar que en prisión, nuevamente, de 3 a 8, luego por ser
ciudadano de 2 a 8 resultaría confuso en cuanto a la forma está planteado el
mismo dictamen, que se pudiera estar incrementando solamente.
La diputada María Jesús Aguirre Maldonado comentó: Sí. Era en el mismo
sentido, creo que ya quedó aclarado. Nada más agregaría también se propone que
el servidor público que se ha detenido por este delito sea destituido e
inhabilitado por el tiempo que dure la pena. Aquí, estaría en contra de que
fuera únicamente mientras dura la pena.
Quiere decir que en el momento que cumpla con esa sanción impuesta, al
día siguiente, ese ex servidor público puede regresar a un cargo en el servicio
público. Creo que es el momento en que es el momento en que debemos nosotros de
sancionar con mayor severidad a aquellos servidores públicos corruptos,
aquellos que cometen este tipo de delitos aprovechándose que es un servidor público.
Entonces, siento que la inhabilitación debe de ir mucho más allá e
incluso de manera permanente, la inhabilitación para poder regresar a un cargo
del servicio público. No olvidemos que aquellos que estamos en el servicio
público, somos personas que estamos mucho más obligadas que un ciudadano a
cumplir con las leyes. Entonces, eso es en lo que estaría en contra de que
únicamente sea por el tiempo que dure la pena la inhabilitación del servidor
público.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Creo que
hay coincidencia en las tres posiciones. Mi sugerencia para someterlo a
votación es que los tres diputados rehagan el dictamen, porque hay coincidencia
en lo que están diciendo.
Y lo otro, nada más les recuerdo que las penas excesivas están
prohibidas están por la Constitución, para que lo mediten ustedes al rehacer el
dictamen. Pero, creo que hay que hacer muy enérgico, contra quienes incurren en
ese tipo de conductas.
Se sometió a votación y fue aprobado en lo general por unanimidad y los
diputados Ma. Antonieta Pérez reyes, Eduardo Yáñez Montaño y María de Jesús
Aguirre Maldonado elaborara el dictamen final.
El punto número nueve es el análisis, discusión y en su caso aprobación
de la incoativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los
artículos 5 de la Ley General de Vías de Comunicación y 194 del Código Federal
de Procedimientos Penales, en materia de ataque a las vías generales de
comunicación (sentido positivo).
El diputado Josué Cirino Valdés comentó: El dictamen que se nos propone
de esta iniciativa, presentada en su momento por nuestro querido compañero, el
diputado Arturo Zamora, simplemente manifestarnos a favor de la misma, porque a
pesar de que se trata de una reforma que toca dos artículos muy puntuales de la
Ley de Vías Generales de Comunicación y el 194, del Código Federal de
Procedimientos Penales en Materia de Ataques a las Vías Generales de
Comunicación, la consideramos muy relevante, porque puntualiza de manera muy
clara la situación del robo, de los bienes trasportados en las vías férreas de
nuestro país y en las maquinas que trasportan estás mercancías y bienes.
Es importante establecer que en el dictamen se menciona que tan solo de
enero a diciembre de 2011, se tienen reportadas tan solo en la ruta pacífico
norte el robo de 23 mil 318 toneladas de granos lo que importó una pérdida de
127 millones de pesos. En el dictamen se expresan las nuevas formas y
modalidades de robos a ferrocarriles que se están dando, la obstrucción de las
vías, la ruptura de las vías lo cual genera una pérdida al patrimonio nacional
y pérdidas importantes en materia de comercio y de industria tanto al mercado
interno como al comercio exterior.
Al igual, se agrava este delito, se establece como delito grave y creo
que lo esencial del dictamen es que ya se precisa muy bien que las mercancías
transportadas también pasan a jurisdicción federal, el conocimiento de este
delito porque actualmente se han dado en los estados muchas salidas para
establecer como delito del fuero común el robo de las mercancías transportadas.
Entonces como el bien jurídico que se pretende tutelar es el servicio
ferroviario entonces consideramos válida y procedente la iniciativa del
diputado Zamora para que la jurisdicción federal alcance no sólo al ferrocarril
en sí mismo o a la vía sobre la cual va el ferrocarril, sino a los bienes
transportados en ella porque esto hace más práctica y menos burocrática la
acción de la justicia para perseguir estos delitos de robo que mucho afectan a
la economía nacional.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Creo que
es muy clara la precisión del diputado, pero a mí me llama la atención la
interpretación de los jueces en algunas entidades federativas, debo decirlo.
¿Cómo proteges los vagones y no proteges los bienes que van sobre los
vagones? ¿Cómo proteges los vagones y no las mercancías que van sobre los
vagones? ¿Qué está robando entonces? Pero yo creo que es muy oportuna la
iniciativa. El dictamen precisa algo que para mí, por lógica jurídica los
jueces debieran interpretar.
Se sometió a votación y fue aprobado
por mayoría y una abstención.
El punto número diez es el análisis, discusión y en su caso aprobación
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de delitos
informáticos en sentido positivo.
El diputado Rodrigo Pérez Alonso comentó: Señalar en primera instancia
que esta iniciativa la trabajamos con expertos en temas de delitos
informáticos. Es un tema de avanzada, es un tema muy innovador justamente
porque alrededor del mundo estamos viendo cada vez más este fenómeno de
actividades ilícitas en redes y sobre todo en medios y sistemas
computacionales.
La iniciativa fue presentada por el diputado Juan José Guerra y un
servidor y en atención a este fenómeno creciente de delincuencia o de
actividades ilícitas a través de redes y a través de sistemas computacionales
manifestamos que justamente el uso de las tecnologías de la información y
comunicación son cada vez mayores entre la población y a su vez esto trae
beneficios; sin embargo, lo que no nos fijamos mucho es que también trae
riesgos significativos tanto en el patrimonio de las personas como en la
integridad física de las propias personas.
Existen diversos estudios que hablan del beneficio de las tecnologías en
una economía, pero también de la problemática y en ese sentido el derecho debe
actualizarse a estas nuevas realidades y es labor de este cuerpo legislativo
llevar a cabo esta tarea. Para darles algunos datos duros únicamente en 24
países encuestados por una empresa de seguridad sobre los delitos informáticos
se llegó a la conclusión de que las pérdidas únicamente patrimoniales son de
alrededor de 14 mil millones de dólares al año.
Esto obviamente de acuerdo con la encuesta de esta empresa y sin
embargo, esta propia encuesta no mide el impacto o no mide las afectaciones a
la integridad de las personas como son los menores de edad y distintos otros
grupos vulnerables.
En este tema quisiera enfatizar aquí y es un tema que hemos señalado a
lo largo de esta legislatura, México es el primer país en producción de
pornografía infantil en el mundo. Éste es un tema sumamente delicado y por ello
es importante legislar y tipificar conductas ilícitas dentro del Código Penal
Federal para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
Esta iniciativa pretende, por tanto, incorporar la tipificación de
delitos por afectaciones a los sistemas del Estado, por ejemplo, algo que
incluso tiene que ver con la seguridad nacional a los equipos del sistema
financiero y a las personas.
Cabe señalar que estas reformas se basan en convenios internacionales y
tipificación de delitos informáticos de otros países. Quisiera aquí nada más
señalar que existen dos grandes clasificaciones, la primera de ellas es contra
los bienes informáticos que tiene que ver justamente cuando una persona accede
a un sistema en forma ilícita, el famoso hackeo .
Y por otra parte, otra clasificación muy grande es cuando se utilizan
estos medios electrónicos para cometer ilícitos. Aquí quisiera señalar que la
propia PGR reconoce que alrededor del 50 por ciento de los delitos tipificados
en el Código Penal Federal como graves, pueden ser llevados a cabo a través de
medios electrónicos y tecnologías de la información, así es que es un fenómeno
creciente, es un fenómeno grave.
Dentro de esta clasificación última existen los delitos patrimoniales
como el fraude y la extorción y los que son contra la seguridad de las personas
como las amenazas, la trata de personas que ya abordamos aquí en otro dictamen
y de forma muy grave, la pornografía infantil. Así que esta iniciativa y esta
discusión y dictamen que estamos haciendo en este momento es, y sin afán de
inflarle mucho a la cuestión, es histórico porque es la primera vez que en
México se legisla en forma integral todos estos fenómenos y se legisla y
actualiza estas conductas para incorporarlas como actividades ilícitas dentro
del Código Penal Federal.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Para el Grupo parlamentario
del PT son atendibles todos los cambios planteados por los diputados Juan José
Guerra y nuestro compañero Rodrigo Pérez-Alonso González, pues en nuestra
opinión ha ido al alza la creciente incidencia de delitos informáticos en todo
el país. Nos manifestamos a favor de que se incluya el fraude y el fraude
informático, la falsificación, el robo de identidad y la utilización indebida
de dispositivos.
Asimismo, también nos manifestamos a favor de que se incluyan
disposiciones en materia de propiedad intelectual, el encubrimiento y la
realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De igual manera estamos a favor de la inclusión de delitos relacionados
con la pornografía infantil, la trata de personas, el turismo sexual, la
corrupción de menores, la amenazas y la extorción a través de medios
electrónicos, inclusive, compañeras y compañeros, haremos una excepción:
votaremos a favor de que se agraven hasta el doble las sanciones relacionadas
con los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 y éstos son
los relativos a los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, la
trata de los mismos, y en caso de que la persona se valga del uso y empleo de
medios informáticos para generar relaciones de confianza y amistad con la
víctima.
Esto es así en virtud de que los menores e incapaces no tienen la
capacidad de comprender el significado del hecho y que desde luego, no tienen
capacidad para resistirlo.
El de la voz ha promovido iniciativas a favor de los menores e incapaces
y éstas ya fueron aprobadas por esta Cámara de Diputados. Y si aprobáramos este
dictamen y el pleno así lo determinara, actualizaremos el Código Penal Federal;
por tanto, adecuaremos las disposiciones que exige el orden jurídico mexicano
ante el avance tecnológico y las condiciones actuales en México en dicha
materia respecto a la implementación de estos delitos.
Consideramos que esto se ha vuelto insuficiente y carente de normas
claras y precisas para combatir esta clase de conductas delictivas en medios
informáticos. Ahora bien, manifestamos nuestro acuerdo con las penas en la
iniciativa que se dictamina, pues éstas cumplen los principios de racionalidad
y proporcionalita de la pena, ya que éstas oscilan entre 3 meses y 12 años de
prisión, que ya estaban previstas.
Incluyendo aquellas que se incrementan el doble, por tratarse de
corrupción de menores e incapaces, trata de menores, pornografía infantil,
turismo sexual, etcétera. En cuanto a las demás sanciones que se establecen en
el presente dictamen nos manifestamos en contra, pues ésta ha sido ya una
postura que hemos estado manteniendo, hago la particularidad solamente en los
cuatro delitos que se están planteando.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Nosotros también
consideramos que es una materia en la que hay que empezar a legislar de manera
mucho más efectiva. Nos encontramos con una serie de detalles técnicos
jurídicos que había que revisar muy bien antes de imprimir en esta reforma
modalidades de delitos que no corresponden a la tipificación de los mismos.
Voy a poner unos ejemplos. En el artículo 205 Bis, fracción K, dice:
“quien se valga del uso o empleo de medios informáticos para generar una
relación de confianza o amistad con la víctima”. Una agravante establecida, en
este artículo aluden la existencia de una relación entre el sujeto activo y el
sujeto pasivo del delito.
En ese sentido no es oportuna la inclusión de este inciso, ya que la
hipótesis no se refiere a una relación, sino a la forma de establecer una
relación. Una relación tiene que ser personal, no puede ser informática. Es un
conducto, una vía para establecer una relación. Igual del 2011 Bis, que
adiciona el párrafo previsto en las conductas penales. Es confuso porque no
sabemos qué debe entenderse por la “suplementación de la identidad”...
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Ahí nada más, en el fondo
del dictamen, hay que revisar bien los tipos. Porque si no, estaríamos haciendo
algo que no va a proceder. Y a lo mejor eso nos llevaría a tener que modificar
los tipos generales antes de aprobar esto. Lo aclaro porque no es, a lo mejor,
una reforma de maquillaje para que pase.
Si no, serían otro tipo de sanciones, y no penales, si el tipo general
no recibe algunas modificaciones, presidente. Lo aclaro porque si la semana que
entra queremos un dictamen y no logramos atender esto, no nos veríamos en
posibilidad de votarlo a favor. Y con el mejor sentido, Rodrigo. Creo que lo
tenemos que regular. No puede seguir así. Pero de una manera eficiente. Si no
en los tribunales nos van a dar, como decimos los abogados, palo.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Nada más proponer
un artículo 205 Bis-1, para que no quede dentro del 205 Bis. Entonces ahí ver
nosotros la redacción adecuada para que no quede sin sanción esta modalidad.
Pero que sea en otro artículo, en un 205 Bis-1.
Se sometió a votación y fue aprobado en lo general por unanimidad y los
diputados Rodrigo Pérez-Alonso González, Pedro Vázquez González y María de
Jesús Aguirre Maldonado elaborara el dictamen final.
El punto número 11 son asuntos
generales.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Quiero
hacer un reconocimiento a todos los miembros de esta comisión. Me da mucho
gusto que terminemos el último periodo como lo empezamos, a tambor batiente. Tenemos todavía la Ley contra Lavado de
Dinero, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley
de Extinción de Dominio, la Ley de Ejecución de Penas, la Ley en materia de
Adolescentes. Esta comisión nuevamente se va a caracterizar por las
reformas trascendentales para la el país en materia jurídica.
Si nosotros no las aprobamos no va a
transitar la reforma del 18 de junio de 2008, como válidamente decía nuestra compañera Dolores
Nazares. Por eso me da mucho gusto este primer paso que hemos dado. Quiero
reconocer en todo lo que vale su participación. Porque el pueblo de México
espera mucho de nosotros.
El tema número uno, no necesito decirlo, es el tema de la seguridad y la
justicia. El pueblo tiene hambre y sed de justicia, como dijera Justo Sierra.
Se citó para el miércoles 22 de febrero a las 11:00 horas
El presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la
trigésima reunión ordinaria, a las 13:00 del día miércoles quince de febrero
del año 2012.
La Junta Directiva de la Comisión de
Justicia
Diputados: Víctor Humberto
Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel
Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez
Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales
(rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
Fuente: Gaceta Parlamentaria,
del 12 de marzo de 2012
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