Las
noticias de los diarios del jueves 22 de mayo
EL
UNIVERSAL: Renuncia Trife a bonos de retiro
Los
siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) renunciaron unánimemente a cobrar, cuando en 2016 dejen sus cargos, el
"haber de retiro" aprobado por el Congreso de la Unión y aún
pendiente de promulgarse. De manera inédita, en transmisión en vivo en el Canal
Judicial y por su página de internet, antes de la sesión pública los
magistrados fijaron su postura e insistieron en la defensa del "haber de
retiro" como una de las garantías de independencia judicial previstas en
instrumentos internacionales. Dijeron que es necesario y se pronunciaron por su
entrada en vigor, aunque para aplicarse a los futuros integrantes del TEPJF que
asuman el cargo a partir de 2016.
REFORMA:
Rebasa Trife sueldo de EU, España y...
Un
magistrado electoral mexicano gana más que los magistrados de la Suprema Corte
de Estados Unidos, España o Brasil. Mientras el ingreso mensual de los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)
asciende a 316 mil 442 pesos, un magistrado del máximo tribunal estadounidense
recibe en dólares el equivalente a 280,500 pesos, de acuerdo a datos oficiales
publicados en enero de 2014. Al comparar lo que los mexicanos pagan de sueldo a
los magistrados electorales con el salario de los funcionarios mejor pagados de
otras economías más grandes que México, como España y Brasil, las diferencias
son aún mayores
LA
JORNADA: TEPJF: no cobraremos 'ni un
peso' del haber de retiro
Los
siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) anunciaron que no cobrarán "ni un solo peso"
del "haber de retiro", pago autorizado por el Congreso de la Unión
para ser entregado al término de la gestión de los jueces electorales, quienes
son de los mejor pagados en el sector público nacional, con sueldo y
prestaciones anuales por encima de los 4 millones de pesos. Muy molestos, los
magistrados abrieron la sesión de ayer con mensajes en los que calificaron la
información del "haber de retiro" de "imprecisa, maliciosa y
tendenciosa".
Columnas:
BAJO RESERVA/ EL UNIVERSAL
Bonos vergonzantes
LA
PRESIÓN de la opinión pública y los legisladores que se arrepintieron de su
voto a favor del “haber de retiro”, que no es otra cosa que una pensión
vitalicia, hizo que los magistrados electorales dieran marcha atrás en su
pretensión original de gozar de esa “prestación”. En menos de una semana, los
siete integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
pasaron del “sí quiero” a “mejor ahí la dejamos”. El desprestigio, nos dicen,
estaba pegando en la línea de flotación del órgano encargado de resolver las
controversias electorales. No es casualidad que el magistrado Salvador Nava
Gomar, uno de los integrantes de la Sala Superior que siempre ha estado en
contra de prebendas, haya salido a dar el mensaje de que el “haber” es
necesario y justo, pero “no cobraremos un solo peso”.
EL MISMO caso ocurrió en el Instituto Electoral del
Distrito Federal: los consejeros con apenas 16 meses en el cargo modificaron
los estatutos del órgano para quedar como “trabajadores administrativos” y tener derecho a un bono de
retiro, una vez que el Instituto Nacional Electoral determine la desaparición
del IEDF. A unas horas de que EL UNIVERSAL dio a conocer la maniobra, los
consejeros electorales, encabezados por Diana Talavera, metieron el freno de
mano a la intención de cobrar un cheque que iba de los 600 mil pesos a los dos
millones de pesos. Los consejeros tuvieron que firmar un documento para decir
que la medida no los beneficiaba a ellos, sino al resto de los trabajadores del
instituto. El peso del desprestigio fue más fuerte.
*
EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
Dignos magistrados electorales
Los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
anticipan que, aun si el Congreso lo aprobara, rechazarán cualquier “haber de
retiro”.
“Y esto es definitivo”, dijo su presidente,
José Alejandro Luna Ramos, recordando algo que debiera avergonzar a quienes los
han infamado presentándolos como vulgares buscadores de prebendas: en 2006, los
magistrados del TEPJF rechazaron un “fideicomiso de retiro” que hoy tendría ya
más de 60 millones de pesos.
“Ese dinero fue devuelto íntegramente a la
Tesorería de la Federación en octubre” de aquel año, precisó, lo cual, ojalá,
contribuya a disipar sospechas sobre la integridad del Tribunal.
Otro
de los magistrados, Salvador Nava, explicó que “el retiro es necesario y justo”
pero que, no obstante, “no accederemos a ello”, y sugiere que el beneficio
aplique para quienes vayan sucediéndolos en el cargo.
Por supuesto que es justo y necesario: impedidos de
trabajar al terminar su gestión, ¿de qué chingaos, entonces, van a vivir
actuales servidores públicos de instituciones clave?
*
LOS SIETE MAGNÍFICOS SE IRÁN SIN BONO/Francisco
Garfias
Columna Arsenal, en Excelsior
El
magistrado Salvador Nava Gomar resumió así el sentir de Los Siete:
“Se ha vulgarizado el tema a
pesos y centavos, especulaciones respecto en montos de algunos medios de
comunicación. No tienen precedente y nos han lastimado.
“Los que aquí trabajamos con nuestros
conocimientos y con nuestra dedicación, podríamos ganar más dinero si
litigáramos los asuntos que nosotros mismos resolvemos.”
Y
más: “Dentro de las garantías de independencia judicial es correcto que quienes
se vayan de este Tribunal, al haber finalizado con su tarea, tengan un haber de
retiro o una compensación por ello. Así lo entendió el Poder Legislativo
federal”.
El
argumento es impecable desde el punto de vista laboral. Los magistrados no
pueden litigar, sino hasta dos años después de haber salido del Tribunal. En
otras palabras, se quedan sin ingresos 730 días.
Pero
desde aquí le preguntamos a Nava si no le parece excesivo que además de los 4.2
millones de pesos que anualmente cobra un magistrado (cifras del Presupuesto de
Egresos 2014) todavía se les tenga que pagar un “haber de retiro”, en este país
de vergonzosos contrastes.
Va
el desglose de esos 4.2 millones de pesos: dos millones 601 pesos de sueldo
básico, 866 mil pesos en prestaciones y 737 mil 718 en pago por riesgos.
La
magistrada María del Carmen Alanís reconoció que lo que buscan es que los
igualen con los envidiados ministros de la Corte. “Estoy convencida de que así
debe de ser”, dijo.
¿Será
que no les alcanza para ahorrar?
■La reacción no se hizo esperar entre diputados que
se oponen al “haber de retiro”.
El perredista Miguel Alonso Raya los acusó de asumir una actitud de “chantaje” y
de falta de sensibilidad ante los reclamos sociales que ha generado este tema.
“Si
los magistrados no están contentos con las prestaciones que tienen, si no les
conviene que renuncien todos inmediatamente para que se integre otro Tribunal
Electoral que le sirva al pueblo, que no esté poniendo pretexto, ni esté
chantajeando”.
En
la Comisión Permanente hay dos iniciativas sobre el escandaloso tema. Una
promovida por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, a la cabeza, acota el haber de
retiro exclusivamente a los dos años en lo que los magistrados no pueden
allegarse de ingresos derivados del ejercicio de su profesión.
La
otra es del PRD. Barbosa, Encinas y compañía piden derogar la fracción XXXI del
artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que habla del haber de
retiro. El diputado amarillo Fernando Belaunzarán propone una tercera vía:
eliminar la prohibición de litigar dos años a los que concluyan su encargo.
*
Sobornar
magistrados/ Carlos Elizondo Mayer-Serra
Excelsior
22/05/2014 01:36
El
magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Flavio Galván Rivera, defiende su nueva pensión vitalicia de forma reveladora:
“Es una garantía para la sociedad. Es garantía de profesionalismo, de
imparcialidad y objetividad”, (http://goo.gl/bt7MYP). Como hasta ahora los
magistrados no han tenido una pensión, se desprende que no han cumplido con
esos atributos. A confesión de partes, relevo de pruebas. Nos están pidiendo a
los contribuyentes que los sobornemos con la promesa de una muy generosa
pensión para que hagan correctamente su trabajo.
La clase política mexicana ha construido un oneroso
y pesado aparato, similar en nivel salarial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), como sistema judicial privilegiado para que puedan dirimir sus
conflictos en torno a la lucha por el poder. Como muchos de los políticos son
unos tramposos, y ellos lo saben, han buscado solucionar el problema con un
sistema judicial VIP sólo para sus pleitos.
No conozco un aparato de justicia electoral en el
mundo tan caro como el nuestro. Sólo a nivel federal nos costó el año pasado más de dos mil 200 millones
de pesos. El Poder Judicial del Estado de México, el que está a cargo de todos
los conflictos jurídicos locales de la entidad, que son la gran mayoría de los
problemas, siendo la entidad más poblada del país, cuesta dos mil 600 millones.
El
TEPJF tiene un ejército de mil 141 asalariados muy bien pagados. Su presidente
le cuesta al año al contribuyente mexicano seis millones 300 mil pesos, igual
que el presidente de la SCJN. Esto equivale a poco más de un millón 400 mil
desayunos escolares (http://goo.gl/0eWqZ3). Un magistrado electoral nos cuesta
cuatro millones 200 mil pesos al año, igual que un ministro de la Suprema
Corte. Es ridículo que tengan el mismo
ingreso mensual los magistrados que los ministros. A los magistrados sólo les
faltaba la pensión vitalicia para tener
los mismos ingresos reales que sus contrapartes.
Como parte de la reforma político-electoral
aprobada, la coalición PRI-PVEM abrió la puerta a la pensión vitalicia a los
magistrados, pero sin un debate de si se
justifica o no, con el oscuro término de “haber de retiro”. Si realmente no es
la ruta para una pensión vitalicia, que reformen la ley a la brevedad para que
no quede duda de que los magistrados electorales no tienen ese derecho. No
hacerlo es seguir desprestigiando los procesos electorales y a los partidos
políticos.
El
escándalo en torno a las jugosas pensiones tiene una ventaja. Permite discutir
si los altos sueldos y buenas pensiones que tienen los miembros del Poder
Judicial se justifican.
La
reforma de 1995, que logró la independencia del Poder Judicial, hizo posible
una buena remuneración a sus miembros. Por ejemplo, un magistrado de un
tribunal colegiado tiene ingresos netos mensuales de 183 mil pesos. El monto
preciso de la pensión de los ministros de la SCJN, las mejores sin duda del
sector público, no se encuentra disponible en su propia página de internet. Sin
embargo, según una nota de La Jornada, las pensiones mensuales vitalicias de
los ministros retirados oscilan entre “212 mil 34 o 261 mil 908 pesos” (no se
aclara si antes o después de impuestos) más tener a su servicio a “cinco
trabajadores, que son pagados por el máximo tribunal, así como gastos de
alimentación, que llegan a superar 134 mil pesos anuales”
(http://goo.gl/KwvtCu).
No
hay forma de evaluar si los ministros cumplieron a cabalidad su trabajo y si
merecen su pensión. Sin embargo, en todo caso, esta tendría que otorgarse con
la condición de que no volvieran a trabajar nunca. Si algo justifica esa
generosa pensión es garantizar a los ministros autonomía para no quedar sujetos
a las presiones de los intereses poderosos de quienes podrían emplearlos en el
futuro. Pero, en la realidad, más de un ministro pensionado se dedica al
litigio, aprovechando la influencia dentro del Poder Judicial que adquirieron
en su puesto de la Corte. En caso de que los exministros trabajen posterior a
su retiro, se les debe retirar la pensión.
Lo más grave es que los controles para determinar
si los miembros del Poder Judicial son honestos e imparciales, lo cual justificaría sus altos
ingresos, no parecen estar funcionando. Para preservar su independencia como
poder autónomo, esto le compete al Consejo de la Judicatura, al igual que el
nombramiento y promoción de todos los jueces federales. Esto último en otros
países lo hace el Poder Legislativo.
Da la
impresión de que la Judicatura entiende como su principal tarea el proteger a
los miembros del Poder Judicial de la crítica externa. Sólo así se entiende que
haya tantas sospechas de mala actuación que no llegan a nada. Incluso en casos
donde hay suficiente evidencia de comportamiento incorrecto, como en el
escandaloso caso de los magistrados vinculados a los casinos de Rojas Cardona,
la Judicatura tardó mucho tiempo en reaccionar. Hay otros temas vinculados con
la imparcialidad que no se conocen ni discuten, como la red de parientes que se
ha construido al interior del Poder Judicial.
Se les debe pagar bien a jueces, magistrados y
ministros para disminuir la tentación al soborno. Sin embargo, se necesitan controles mucho más
sólidos para asegurar que no haya redes de corrupción y de intercambio de
favores a pesar de sus buenos salarios. Para eso se necesita una suerte de
“oficina de asuntos internos” de la Judicatura, con enorme poder para castigar
con mucho mayor contundencia y celeridad de lo que se hace actualmente a
quienes abusen de su posición como impartidores de justicia.
*
El
magistrado Salvador Nava Gomar resumió así el sentir de Los Siete:
“Se ha vulgarizado el tema a
pesos y centavos, especulaciones respecto en montos de algunos medios de
comunicación. No tienen precedente y nos han lastimado.
“Los que aquí trabajamos con nuestros
conocimientos y con nuestra dedicación, podríamos ganar más dinero si
litigáramos los asuntos que nosotros mismos resolvemos.”
Y
más: “Dentro de las garantías de independencia judicial es correcto que quienes
se vayan de este Tribunal, al haber finalizado con su tarea, tengan un haber de
retiro o una compensación por ello. Así lo entendió el Poder Legislativo
federal”.
El
argumento es impecable desde el punto de vista laboral. Los magistrados no
pueden litigar, sino hasta dos años después de haber salido del Tribunal. En
otras palabras, se quedan sin ingresos 730 días.
Pero
desde aquí le preguntamos a Nava si no le parece excesivo que además de los 4.2
millones de pesos que anualmente cobra un magistrado (cifras del Presupuesto de
Egresos 2014) todavía se les tenga que pagar un “haber de retiro”, en este país
de vergonzosos contrastes.
Va
el desglose de esos 4.2 millones de pesos: dos millones 601 pesos de sueldo
básico, 866 mil pesos en prestaciones y 737 mil 718 en pago por riesgos.
La
magistrada María del Carmen Alanís reconoció que lo que buscan es que los
igualen con los envidiados ministros de la Corte. “Estoy convencida de que así
debe de ser”, dijo.
¿Será
que no les alcanza para ahorrar?
■La reacción no se hizo esperar entre diputados que
se oponen al “haber de retiro”.
El perredista Miguel Alonso Raya los acusó de asumir una actitud de “chantaje” y
de falta de sensibilidad ante los reclamos sociales que ha generado este tema.
“Si
los magistrados no están contentos con las prestaciones que tienen, si no les
conviene que renuncien todos inmediatamente para que se integre otro Tribunal
Electoral que le sirva al pueblo, que no esté poniendo pretexto, ni esté
chantajeando”.
En
la Comisión Permanente hay dos iniciativas sobre el escandaloso tema. Una
promovida por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, a la cabeza, acota el haber de
retiro exclusivamente a los dos años en lo que los magistrados no pueden
allegarse de ingresos derivados del ejercicio de su profesión.
La
otra es del PRD. Barbosa, Encinas y compañía piden derogar la fracción XXXI del
artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que habla del haber de
retiro. El diputado amarillo Fernando Belaunzarán propone una tercera vía:
eliminar la prohibición de litigar dos años a los que concluyan su encargo.
■Ernesto Cordero prepara el regreso al Senado, luego
de su derrota en la elección para jefe nacional del PAN. Comió ayer con el
priista Emilio Gamboa y con el perredista Miguel Barbosa, en el Hotel St. Regis
de Reforma. “Fue un encuentro de cuates”,
nos aseguran en el equipo del panista.
El
martes corrió la especie de que se reuniría con Gustavo Madero, pero no hay
nada agendado. La comunicación directa sigue rota entre ambos contendientes. No
es un buen augurio para la urgente reconciliación en el azul, sino un reflejo
de que las negociaciones entre ambas tribus —ya se parecen al PRD— no andan
bien.
Madero,
quien hoy toma posesión del cargo, adelantó incluso que va a ratificar al
coordinador del grupo azul en el Senado, Jorge Luis Preciado, cuya cabeza reclaman
Cordero y los suyos. Se lo dijo a mi tocayo Francisco Zea, el pasado martes.
Y
para que no quepa duda de que tiene muy cerca al senador de Colima, el jefe
nacional reelecto se dejó fotografiar con él jugando futbolito. La foto circuló
profusamente.
Los
corderistas —mayoritarios en la Cámara alta— quieren en la coordinación de los
senadores del PAN a Roberto Gil. Se van a quedar con las ganas.
El
reelecto presidente del PAN comió ayer con los legisladores que lo apoyaron en
la pasada elección interna. Compartió mesa con 84 diputados y 15 senadores del
PAN. Quería darles las gracias por el respaldo. Fue una carnita asada en casa
de la diputada regia Consuelo Argüelles.
■Buscamos al presidente de la Comisión de Doctrina
del PAN, Fernando Rodríguez Doval. Queríamos su opinión del proceso. Este
diputado federal tiene buena imagen entre maderistas y corderistas.
Sabemos
que el triunfo de Madero fue con amplio margen. No dio cabida a las
impugnaciones.
Pero
también que los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle; Sonora, Guillermo
Padrés, y Kiko Vega, Baja California, le echaron una manita —o mejor dicho
manota— para jalar votos. Lo corrobora la desproporcionada victoria de Madero
en esas entidades. La ventaja fue de siete a tres, o de ocho a dos.
La
paradoja es que el PAN presionó para rediseñar todo el sistema electoral
mexicano con el argumento de que los gobernadores meten mano en las elecciones
federales a favor de sus candidatos.
Le
hicimos la pregunta a Rodríguez Doval.
Respondió:
“Los resultados de los estados donde somos gobierno son completamente anómalos.
Las nóminas gubernamentales no deben influir en la voluntad soberana de los
panistas. En la Reforma Electoral, nuestra principal bandera fue que los
gobernadores no intervinieran en forma indebida en las elecciones. No nos puede
pasar eso mismo en casa”.
Les
está pasando.
■Uno que anda contento es Tristán Canales. El
Consejo Nacional de la Abogacía le entregó la presea Maestro Ricardo García
Villalobos Gálvez al Mérito Jurídico, en grado de excelencia.
El
presidente de la CIRT no perdió la oportunidad de darle su guayabazo a Enrique
Peña: “Ha impulsado grandes reformas, quizá no populares, pero necesarias e
impostergables, que se traducen en cambios de gran calado en nuestras leyes y
en nuestra vida institucional”.
Columna
Itinerario Político
El manotazo/ Ricardo Alemán
El
Universal
En
más de una ocasión aquí hemos dicho que sea en el gobierno federal, sea en los
gobiernos estatales, los secretarios de despacho o los colaboradores del
presidente de la república o de un gobernador son lo más parecido a un fusible
eléctrico. ¿Por qué?
Porque
su principal tarea es contener las descargas eléctricas y/o variaciones de
corriente. Es decir, sirven de “paraguas” o de “pararrayos” al presidente o al
gobernador en cuestión. Así, una vez que una potente descarga, un escándalo o
deficiencia notable funden uno o más fusibles, entonces llegó el tiempo de los
cambios.
En
ocasiones los fusibles –o los colaboradores de un gobierno federal y/o
estatal–, se cambian por el desgaste natural, otras porque se queman ante una descarga imprevista y también hay casos en
los que el cambio de los fusibles es por un bien mayor. Así, por ejemplo, en el
gobierno del mexiquense Eruviel Ávila, se han producido no pocos cambios –como
el de Alfredo Castillo–, para ser enviado al gobierno federal, en donde se
convirtió en el bombero de cabecera de presidente Enrique Peña Nieto.
Pero
los cambios al gabinete que anunció hace pocas horas el mexiquense Eruviel
Ávila, no parecen de los que sirven para premiar a tal o cual servidor público
o para reordenar las fichas en el tablero de los grandes movimientos de futuro.
No, más bien parece que los tres
servidores públicos removidos llegaron al fin de su vida útil, por desgaste
natural, por fuertes descargas eléctricas o porque ya no cabían en el nuevo
esquema de un gobierno en donde la constante es el cambio.
Lo
curioso del asunto es que los cambios que anunció el gobernador mexiquense en
su gabinete se producen en medio de una intensa y persistente campaña mediática
que supone o quiere inducir la especie de que Eruviel Ávila dejará el gobierno
estatal y, en esa lógica, podría ser llamado al gabinete federal. La intención
política de esa campaña parece clara. La lucha por la sucesión presidencial
está en marcha dentro y fuera del PRI.
En
todo caso, “el manotazo” del gobernador mexiquense parece responder a las
presiones externas y a las exigencias internas. Por eso se van de sus puestos
la titular del DIF, Caritita Sáenz Vargas, el procurador del estado, Miguel
Ángel Contreras y el número dos del gobierno federal, el secretario de
gobierno, Efrén Rojas. ¿Por qué esos tres fusibles serán cambiados?.
Está
claro que el relevo de la titular del DIF, Caritina Saénz Vargas –en el cargo
desde el 31 de enero 2013–, tiene que ver con el escándalo nacional que se ha
producido por a partir del censurable caso del niño Owen, de cinco años de
edad, quien habría sido golpeado brutalmente por el novio de su madre, una
mujer policía, que lo abandonó en un hospital público.
Se
sabe que el DIF estatal no cumplió con su trabajo de manera cabal en un
escándalo que ya da la vuelta al mundo gracias a las redes sociales y a las
imágenes de un pequeño de cinco años brutalmente golpeado y, literalmente,
abandonado a su suerte, en tanto que la titular del DIF mexiquense brilló por
su ausencia. Por eso, ante un fusible quemado por la fuerte descarga de la
ineficiencia –y para evitar un daño mayor–, el gobierno estatal decidió el
cambio.
Los casos de Miguel Ángel Contreras Nieto,
procurador de justicia estatal y de Efrén Rojas, secretario de gobierno, son relevos que tienen que ver
con la nueva estrategia de seguridad emprendida por el gobierno estatal, ante
el incremento de los índices de violencia y proliferación de delitos de alto
impacto. Es decir, no cabían en ese nuevo esquema.
Lo
curioso, sin embargo, es que desde la mañana de ayer se sabía que el nuevo
secretario de gobierno sería el diputado y jefe de la bancada mexiquense, José
Manzur, quien pidió licencia. Se trata de un político de estrecho vínculo con
el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como subsecretario
de gobierno en los primeros años de Peña. Luego fue un eficaz operador en el
congreso del estado de México, donde coordinó 12 comisiones legislativas.
En
2007 Manzur estuvo involucrado en un escándalo mediático tras incluir en su
declaración de bienes tres propiedades –en Naucalpan, Temascalcingo y Valle de
Bravo–; 99 vehículos antiguos de colección (que habría heredado), 47 vehículos
de arrastre y salvamento (de su empresa, grúas Manzur); ocho automotores
"de servicio" y cinco autos de "uso diario". Hoy podría
estar despachando como el número dos en el estado de México. ¿Será el
colaborador que requiere Eruviel Ávila o podría ser su sucesor? Al tiempo.
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