La tarde del martes 14 de octubre de 2014, quedó formalmente instalado en San Lázaro el Grupo de Trabajo plural que, por
acuerdo del Pleno camaral, coadyuvará en la investigación para esclarecer la
presunta ejecución de 22 civiles por elementos del Ejército mexicano, en
Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El grupo será coordinado
por la diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem; está integrado por los
legisladores del Revolucionario Institucional Miriam Cárdenas Cantú y Ricardo
Fidel Pacheco Rodríguez, y Alberto Díaz Trujillo, de Acción Nacional.
También por las
diputadas Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Loretta Ortíz
Ahlf, del PT, y René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, así como un
diputado del Verde Ecologista, aún por definirse.
En el acto, los
legisladores se pronunciaron por dar a las actividades del grupo de trabajo un
enfoque que trascienda los tintes partidistas, con el propósito de llevar ante
la justicia a los culpables lo más pronto posible, en atención a lo establecido
en los ordenamientos legales mexicanos e internacionales.
Asimismo, coincidieron
en que este hecho no refleja el carácter del Ejército mexicano; empero,
instarán a realizar una investigación profunda, ya que “todos tenemos derecho a
saber lo que ocurrió en Tlatlaya”, en el afán de asegurar que las presuntas
violaciones a los derechos humanos no vuelvan a darse.
“Existe un ánimo de
coadyuvancia y construcción de consensos para hacer efectivos los trabajos”,
destacó Tapia Fonllem, quien también reconoció que el Estado de México no es la
única entidad donde se han suscitado hechos de esta naturaleza, y a los que
órganos de la Cámara de Diputados han debido atender.
En su plan de acción, el
grupo de trabajo prevé citar a audiencia pública al Secretario de la Defensa
Nacional, y a otros mandos militares, para explicar el operativo, funciones y
cadena de órdenes en las actividades del 102 Batallón de Infantería de la 22/a
Zona Militar.
También proyecta
reunirse con testigos, familiares de las víctimas y vecinos de la zona, para recibir
sus testimonios, así como pactar encuentros privados con los periodistas que
dieron a conocer versiones de los hechos en la prensa nacional e internacional.
Solicitará a las
procuradurías General de la República, y de Justicia del Estado de México, y a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acceso a las averiguaciones
previas relativas al caso, iinformación complementaria, y quejas remitidas por
familiares de las víctimas, así como datos que faciliten su protección.
Asimismo, pedirá a la
Secretaría de Gobernación gestione debida protección a los testigos,
sobrevivientes y familiares de víctimas, y, a través del Mecanismo de
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, se garanticen beneficios
a los periodistas que han investigado los hechos y que enfrenten situaciones de
riesgo
Por último, en el plan
de trabajo destaca la visita al lugar de los hechos en la comunidad de San
Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, y a la 22/a Zona Militar, para conocer de
cerca lo sucedido y el trabajo del personal militar.
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