- Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura.
- Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 2 de diciembre de 2014
El Presidente diputado Silvano
Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman
diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales.'
Posicionamientos:
Posicionamientos:
El diputado René Ricardo
Fujiwara Montelongo (Panal): Hoy
México reclama un mejor sistema de impartición de justicia, justicia que esté
al alcance de todas y todos los mexicanos sin importar su condición social y
económica.
Ante tal reclamo la Cámara de
Diputados asume su responsabilidad política al poner a consideración de esta
soberanía el presente dictamen que contiene la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
En el Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza estamos convencidos de que esta nueva ley se puede convertir en
una herramienta muy importante para el Estado mexicano, y para combatir a la
impunidad, y sobre todo contribuir a la construcción de un mejor y más
eficiente sistema de impartición de justicia.
La incorporación de métodos
alternativos de solución de controversias no es algo improvisado, es un
instrumento que ha probado su eficacia. Evidencia de lo anterior es que en el
ámbito internacional estos métodos se han utilizado desde hace ya mucho tiempo
y que existen normas al respecto desde hace casi 30 años, no sólo en las
Naciones Unidas, sino también en la Unión Europea y en otros países de nuestra
América Latina.
La incorporación de la
justicia alternativa en los procedimientos penales tampoco es ajena al contexto
nacional. Diversas entidades federativas se han manifestado ya a favor de
procedimientos como la mediación, la suspensión de proceso o prueba y la
aplicación del principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público. Esto cuando
se refiere a los delitos menores.
Como todos saben, el inciso c)
de la fracción XXI del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la
Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal de
mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas
para regir en la república en el orden federal y en el fuero común.
Al publicarse el Código
Nacional de Procedimientos Penales se dio cumplimiento parcial al precepto
referido.
Hoy, compañeras y compañeros,
estamos acatando la otra vertiente del mandato constitucional para la
construcción de la nueva forma de aplicar la justicia penal. Dicha vertiente
pretende incorporar una forma más ágil de resolución de ciertas controversias
en materia penal que no sólo redundará en una justicia más expedita, sino que
enfoca sus esfuerzos en atender y reparar el daño generado a las víctimas para
que así, al desahogar la carga de trabajo que impone la resolución de delitos
menores, se pueden concentrar los recursos tanto humanos como materiales en los
delitos más graves y que más dañan a la población.
El nuevo mecanismo alternativo
de solución de controversias que está hoy a discusión, busca uniformar los
procedimientos que ya se llevaban a cabo en diversas entidades de la República,
incluyendo la creación de órganos especializados en dichos mecanismos.
Es importante referir que la
nueva ley únicamente procederá en los casos de delitos que no se persiguen por
querella, en delitos culposos o en delitos patrimoniales cometidos sin violencia.
No será procedente cuando el imputado hubiese celebrado acuerdos previos por
hechos de la misma naturaleza jurídica. Con esta medida se busca desincentivar
la reincidencia.
El procedimiento iniciará con
la invitación como una introducción para que se conozcan las partes y convengan
en el mecanismo alternativo cuando éste sea aplicable. De este modo, se
realizarán prácticas y pláticas de mediación y conciliación con intervención de
un facilitador que está capacitado y certificado para que las partes puedan
llegar a algún tipo de acuerdo.
Los procedimientos serán
orales, confidenciales y se basarán en la economía procesal. La nueva ley
cuenta con la virtud de que el mecanismo alternativo se sustancie al mismo
tiempo que el proceso penal ordinario, por lo que se podrá concluir con un
acuerdo reparatorio inclusive antes de que se formulen las conclusiones del
ministerio público.
De igual forma, se prevé que
de no alcanzarse un acuerdo reparatorio total o parcialmente, los
intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante
las acciones legales que proceden.
El decreto crea un órgano
especializado para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos
reparatorios alcanzados y se faculta al Ministerio Público o al juez aprobar el
cumplimiento del acuerdo reparatorio, para lo cual debe resolver de inmediato
sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto.
En nueva Alianza, compañeras y
compañeros, estamos convencidos de que todas estas acciones contribuyen a una
mejor y más eficaz acción de la justicia en materia penal, ya que la impunidad
se ha convertido en un verdadero clamor social, cuya resolución es apremiante.
En Nueva Alianza estamos
comprometidos en responder con la demanda social de lograr una mejor impartición
de justicia para que los delitos graves no encuentren vestigios que den a lugar
a la impunidad.
Debemos responderle a México
con urgencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, por esa razón el
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen y los
invitamos a actuar del mismo modo. Por su atención y paciencia, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado (PVEM):
Gracias, diputado Fujiwara. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para
fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT): Con la venia de la asamblea. Para poder analizar esta ley de medios
alternos de justicia hay que recordar que el sistema penal tiene que ver no con
castigar al culpable, sino que dar a cada quien lo que corresponde y quién
mejor para decidir esto que las partes involucradas.
Apenas –perdón–, a pesar de
que en 2008 se inició una serie de reformas en el tema de justicia y
aparentemente la fijación de delitos y el aumento de penas para combatir la
corrupción, a dos años del fracaso en el gobierno federal en materia de
seguridad, la ciudadanía ya no quiere cuatro años más de reformas de papel y
desprecio de la clase política al tema no solamente de la justicia, sino que
también se relaciona con la impunidad y la corrupción.
México vive su peor crisis en
la procuración de justicia de los últimos años. El caso de Ayotzinapa despertó
la solidaridad ciudadana y desató la inconformidad social, impulsando las
movilizaciones sociales que han dejado en evidencia una sola cosa: en este país
no hay justicia. El que la hace no la paga y quien la paga, evidentemente no la
hace.
El gobierno reaccionó a las
manifestaciones pacíficas realizando detenciones arbitrarias y tortura, como
sucedió con el caso del joven Sandino Bucio, y otros estudiantes que fueron
desaparecidos y secuestrados por policías judiciales el pasado viernes.
Independientemente de los
señalamientos que haya sobre los mismos, en este país tiene que prevalecer un
estado de derecho y no puede, de ninguna manera el Estado, a través de su
Procuraduría General de Justicia, secuestrar ciudadanos vestidos de civiles, en
carros de civiles, torturarlos, amenazarlos y luego presentarlos ante una
Procuraduría General de la República que niega los hechos y también se queda
callado para dar una explicación de los mismos.
Se dan ahora a conocer las
verdaderas cifras que maquillaba el gobierno federal. Cerca de 24 mil personas
no localizadas, corrupción y tráfico de influencia en Los Pinos, que ha quedado
en evidencia, no solamente con el tren México-Querétaro sino también con los
escándalos de la casa blanca.
La estrategia para restituir
el estado de derecho es insuficiente. Lo que tenemos ahora es un México de
reformas de papel y la democracia de los discursos. Centran con su estrategia
toda la responsabilidad en las instancias federales, cuando la infiltración del
crimen organizado, dicho por el propio procurador de la república está en todos
lados; no solamente en las instancias municipales.
La incapacidad del gobierno
federal para proponer una estrategia integral para dar salida al problema y a
la crisis de seguridad y justicia que tenemos ha sido ineficiente. Tenemos sí
instituciones democráticas, pero que no han sido capaces de responder a la
realidad nacional y que –como dijeron algunos legisladores chilenos– huele más
a autoritarismo y huele más a un Estado como el de Pinochet.
La reforma constitucional del
pasado 18 de junio de 2008, para dejar operar un sistema de justicia penal
inquisitivo mixto y pasar de un sistema de justicia penal acusatorio, su implementación
aún no concluye. Apenas el jueves pasado aprobábamos una reforma para darle un
vacatio legis más amplio a la Ley de Justicia para Adolescentes.
La minuta de la Ley Nacional
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, viene a
plasmar los mandatos constitucionales consagrados en el artículo 17
constitucional y 73 de la misma.
La minuta en sintonía con el
Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en proteger el derecho que
tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de
solución de controversias cuando los delitos no sean graves. Esto en la idea
que en una democracia funcional las partes puedan, sin ninguna coerción y sin
ninguna presión resolver sus controversias con las contrapartes.
El deber de defensor de
promover a favor del imputado los mecanismos en comento está también incluida
en esta reforma, todo ello en un contexto de oralidad, economía procesal y
confidencialidad.
No hablaré más de lo que
contiene esta iniciativa, porque sé que otros lo harán. El problema, como se ha
dicho y se ha dicho por los mexicanos desde el anuncio del presidente Peña
Nieto, no es que tengamos reformas en papel, el problema es cómo se van a
implementar y cómo realmente se va a aplicar justicia en este país.
Cómo vamos a garantizar que
estas reformas se apliquen de la manera adecuada y no les suceda lo que ha
sucedido en muchos estados en que se reformó el sistema de justicia, como mi
estado Chihuahua y solamente han quedado las buenas voluntades y el sistema
acusatorio en papel, porque en la práctica la falta de justicia es evidente y
también la incapacidad de los nuevos jueces y a veces del Ejecutivo, de aplicar
un adecuado sistema de justicia garantista y que nos lleve a un nuevo Estado de
derecho propio de las democracias más avanzadas de este mundo.
No encontramos ante esta
minuta de ley, que carece de elementos suficientes, deficiencias de fondo, sí
de forma, que señalaremos en reservas, y es por esto que el grupo
parlamentario, con la idea de que posteriormente haya una adecuada
implementación de este sistema, votaremos a favor de esta minuta, siempre y
cuando el Ejecutivo la aplique adecuadamente habrá justicia en este país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado (PVEM):
Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de
la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro
González (MC): La
legítima indignación y la movilización civil que han generado la violencia e
impunidad en México, son consecuencia directa de la ineficacia del aparato de
justica y el descrédito de las fuerzas de seguridad.
Es evidente que ese mismo
aparato, hundido en el descrédito, en la corrupción, en el tráfico de
influencias, no puede ofrecer una salida al conflicto político que vive la
nación, pero nosotros no los vamos a engañar.
Nuevamente lo volveré a decir.
Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal no solucionará los problemas en nuestro país, no solucionará los
problemas de impunidad y de la justicia, que es nula en el mismo.
Es oportuno mencionar para
aquellos que dicen que nunca presentamos propuestas, que la ley en discusión es
una copia de la Ley Nacional de Justicia Alternativa propuesta por el diputado
Ricardo Monreal durante el pasado periodo de sesiones. Turnada a la Comisión de
Justicia y que por cierto, no está considerada al dictaminar la minuta del
Senado.
No obstante, tal parece que
las personas que crearon esta supuesta nueva iniciativa de ley en discusión
tenían prisa, ya que les bastó con hacer un resumen de la presentada por
Movimiento Ciudadano, dejando muchos huecos y omitiendo partes fundamentales.
El orden es confuso y requiere
ser más explicativo, ya que si se pretende apoyar a la ciudadanía no puede
existir margen para errores y malas interpretaciones.
Un ejemplo de ello es el
Capítulo Primero, del Título Cuarto denominado del órgano, en el cual se
plasmó un breve resumen donde se encontrarán las áreas encargadas de realizar
esos movimientos alternativos, explicando que estos contarán con capacitación
especializada, disciplinas necesarias y contar con una base de datos, mientras
que en la presentada por mi coordinador se especifica de manera detallada, en
13 artículos, cómo y quiénes conformarían estos centros encargados de llevar a
cabo este método de solución de controversias, los requisitos para esos
integrantes y sus atribuciones.
¿Cuáles son las facultades de
estos centros, como los de los poderes judiciales y las procuradurías en el
ámbito? ¿Cuáles son los fines y objetivos de dichos organismos? Así como los
derechos de los ciudadanos dentro de los mismos y lo mencionado en la ley en
discusión.
En la ley presentada por el
diputado Ricardo Monreal se encuentra de manera explícita cómo, cuándo y de qué
manera se podría llevar a cabo este método. Aclarando que solo sería aplicable
cuando éste derive de conductas que pudieran constituir delitos de acción
pública a instancia de parte o querella. Cuestión que la ley en discusión no
contiene y solo se limita a remitir a la ley que contenga la legislación
aplicable.
El objetivo de esta ley no es
malo y es necesario un ordenamiento que realice y regule este método. Sin
embargo, el presente dictamen carece de los elementos suficientes para cumplir
con el mismo, por eso votaremos en contra.
De aprobar una ley de justicia
alternativa, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la
presentada por nuestro coordinador, el periodo pasado de sesiones y que
continúa pendiente es la correcta, ya que es clara, explícita y concreta.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputada Huidobro, Huidobro González. Tiene la palabra el
diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México para fijar la postura del mismo. Bienvenido, y adelante,
diputado.
El diputado Carlos Octavio
Castellanos Mijares (PVEM): Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El
estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiene al
respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y
reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros
públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las
resoluciones dictadas por los tribunales y en general de todo los órganos
implicados en la impartición y procuración de justicia
Porque sí, es al Poder
Legislativo y no al Ejecutivo, como mencionaron hace un momento, al quien le
compete en términos constitucionales la aplicación de las leyes a través de las
resoluciones y sentencias judiciales. Sobre este último rubro sabemos que es
una exigencia de la población la respuesta pronta a las peticiones de justicia.
Así, en nuestra Constitución,
hoy en día el artículo 17 reconoce como derecho humano la prerrogativa que
tiene toda persona de que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La agilidad en la justicia es
una exigencia que deviene desde épocas antiguas, de hecho Séneca, aquél senador
romano, decía ya en la época del imperio que nada se parece tanto a la injusticia,
como la injusticia tardía. En este sentido, y de modo muy lamentable, podemos
expresar que la justicia en México puede tener asignados todos los
calificativos pensados, menos el de ser expedita.
Por ello los legisladores
mexicanos han intentado idear fórmulas que pudieran establecer métodos que
hagan de la impartición de justicia una labor ágil. Empero, todo ha sido hasta
este momento un esfuerzo vano.
Hoy en día se está sometiendo
a nuestra aprobación una serie de modificaciones. La más importante es la norma
que proviene como minuta del Senado de la República que pretende erigirse
dentro de nuestro orden jurídico como la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. A su vez, y por el
principio de coherencia de los cambios, también permean sobre el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Los medios alternativos de
solución de controversias pueden ser una serie de medios en contra del
congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio
Público. Luchar contra la inevitable dilación en solución por carencias
presupuestarias, abatir la ineficiencia y ganar la confianza en el sistema
procedimental.
Para ello la ley que se
propone está regulando las figuras de mediación, de conciliación y la junta
restaurativa. La mediación es el mecanismo a través del cual los intervinientes
en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia.
La conciliación serán los
mecanismos voluntarios mediante los cuales los intervinientes, en ejercicio
también de su autonomía, tendrán opciones de solución a la controversia en que
se encuentren involucrados.
Por último, la junta
restaurativa será el medio en donde la víctima u ofendido, el imputado y, en su
caso, la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía, buscan,
construyan y propongan opciones de solución a la controversia con el objeto de
lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales
y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido y del imputado a
la comunidad y con ello buscar la recomposición del tejido social.
Todo lo anterior, atendiendo a
la libre autodeterminación de las personas y bajo el reconocimiento de que los
derechos fundamentales no están sujetos a negociación de ningún tipo. Así pues,
todos los involucrados en los métodos alternos de solución de controversias,
deben atender a la voluntariedad la información, la confidencialidad, la
flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad.
Los medios alternativos
procederán por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la
aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces;
resaltando que el cumplimiento de los acuerdos no se deja sin atender, por el contrario,
se faculta al órgano especializado en medios alternativos de solución de
controversias, para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos
reparatorios alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo.
De esta manera se establece
una especie de control expost para que efectivamente se cumpla la solución de
los conflictos. Por todo ello estamos convencidos de que se debe de aprobar
esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así la
justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la
ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputado Castellanos. La diputada Alfa Eliana González Magallanes del
grupo parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra para fijar la postura
correspondiente a su grupo.
La diputada Alfa Eliana
González Magallanes: Con su permiso, presidente. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática a posicionar a favor de este dictamen.
La Ley de Medios Alternativos
de Solución de Controversias, es una parte fundamental del sistema de justicia
penal. Este dictamen tiene como eje central la voluntad de solucionar los
conflictos con diálogo. Esa voluntad que debiera verse reflejada en esta Cámara
en el día a día para sacar a este país del gran rezado en el que se encuentra.
Para dar una herramienta que
permita en los hechos poder aplicar el Código Nacional de Procedimientos
Penales, en ese esquema que ahora es incipiente, para lograr en menos de dos
años contar con la instrumentación de un sistema penal adversarial que permita
juzgar a los presuntos implicados en menor tiempo y no llenar las cárceles con
personas acusadas de delitos patrimoniales de poca cuantía por años, en medio
de un litigio de papel tortuoso y poco práctico.
La reforma constitucional para
lograr la aplicación del nuevo sistema de justicia penal debe ir más allá de
anunciar que ya se aplica en los estados y dejar el resto para luego. Es
necesario darle celeridad al análisis y a la aprobación de las iniciativas que
aún están pendientes para la construcción de ese engranaje y que son nuestra
responsabilidad, entre éstas enlisto las siguientes: la ley nacional de
ejecución de sanciones penales, la ley de defensoría pública y la ley orgánica
de la fiscalía general de la república, entre otros ordenamientos que son
indispensables para construir el andamiaje de un sistema de justicia basado en
la oralidad.
En este punto quiero subrayar
el hecho de que ante los pendientes que tenemos para lograr la concreción de
esta reforma constitucional ya nos enfrentamos a un nuevo paquete que también
plantea reformas a nuestra Carta Magna en aras de resolver un problema de
impartición de justicia y de corrupción a partir de iniciativas enviadas al
cierre del período con trato preferente de facto, con las cuales se
pretende desaparecer mil 800 cuerpos policiacos sin analizar a dónde se lanza a
esos policías municipales, quienes por cierto sólo tienen un 10 por ciento de
la reprobación en las pruebas de confianza, a diferencia de los agentes
estatales y federales.
Justo sobre los grandes temas
de corrupción y violencia que tenemos enfrente requerimos de voluntad para
denunciar y proponer, para que lo principal sea el interés superior de la
nación y no las elecciones en puerta.
Hoy aprobamos una ley donde
dotamos a la sociedad de un ordenamiento normativo con el cual podrán
solucionar ciertos problemas con madurez; esa misma madurez es la que debemos
exigirnos aquí nosotros mismos. Madurez para ofrecer a la ciudadanía un debate
de altura y no convertir esta tribuna en un ring de box. Madurez para
comprender que no podemos permitir que exista enriquecimiento ilícito de ningún
servidor público o sus familiares, así sea por ignorancia de la ley.
Tienes ustedes, señoras y
señores diputados, que ocupan un lugar bajo las siglas del partido en el
gobierno, la obligación no sólo de escuchar las demandas de los demás, sino de
no proteger a personajes corruptos y de contribuir aportando soluciones.
Y es que si bien es cierto que
en el PRD hemos cometido graves errores, que sin duda recordaremos siempre,
también lo es que hemos ofrecido disculpas a la sociedad por ello. Pero sobre
todo hemos tomado acciones concretas para aminorar los daños causados.
Pero lo que no podemos, en el
PRD, es admitir que se nos califique de manera general e irresponsable a todos
los que somos perredistas como asesinos por uno, quien por cierto está sujeto a
proceso penal; así como tampoco podríamos afirmar que por casos que los mexicanos
siempre recordaremos y que nos indignarán siempre, como la matanza de los
estudiantes en el 68, la guerra sucia y recientemente Atenco y Tlatlaya,
ustedes son unos criminales.
Desde esta tribuna les
recordamos que nosotros hemos mostrado voluntad para sacar adelante las
reformas necesarias para un mejor desarrollo de la sociedad, de los sistemas de
justicia, del sistema económico en favor de la estabilidad y el progreso del
país, pero no confundan la buena voluntad con su misión ni pretendan darnos
trato desigual cuando disentimos, y se lancen con sus recursos más primarios a
denostar.
Desde el Partido de la
Revolución Democrática nos pronunciamos por el respeto al debido proceso como
una premisa toral en cualquier sistema de justicia, parte de una democracia.
Por ello condenamos que se
violenten derechos humanos y se mande a penales de mediana seguridad a personas
a las que se les señala con argumentos endebles e ilógicos, como los acaba de
calificar un juez federal en el caso de los 11 detenidos el pasado 20 de
noviembre. No confundan el autoritarismo con legalidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias diputada Alfa González Magallanes. Para fijar la postura del Grupo
Parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra la diputada Esther Quintana
Salinas.
La diputada Esther Quintana
Salinas (PAN): Gracias. Desde el 2008 este
Honorable Congreso de la Unión se comprometió con los habitantes de este país a
dotar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de
justicia de un marco jurídico idóneo que mejorara su actuación frente a la
comisión de algún hecho delictivo.
Estas reformas son originadas
por la situación que atraviesa nuestro país, por lo que es conveniente destacar
que una de las situaciones que legitima un Estado de derecho es que el Estado
garantice de una forma efectiva y contundente la prestación pronta y accesible
de justicia a cualquier persona.
Es por ello que se decide
cambiar de un sistema penal inquisitorio a uno aplicatorio. De sobra es
conocido por nosotros que el anterior proceso penal contenía una serie de defectos
que entorpecían la procuración y administración de justicia, como por ejemplo
el interminable papeleo que limitaba la espontaneidad y la libre valoración de
la prueba, así como el nulo contacto con el juez o el inexistente acceso de las
víctimas al proceso y a la reparación del daño, los procesos penales lentos y
el abuso de la prisión preventiva con la consecuente saturación de los
establecimientos penitenciarios.
Al parecer, la preocupación de
tener un sistema de justicia penal que cumpla con los requerimientos actuales
no sólo se ha dado en nuestro país, sino que ha traspasado fronteras y ha
adquirido singular importancia en países hermanos, latinoamericanos, como por
ejemplo Chile y Colombia, quienes son pioneros en el tema y cuentan con
verdaderos modelos a seguir dentro de su administración.
Es conveniente plantear,
estimados colegas, que las reformas que se han aprobado por este Congreso han
sido necesarias para implementar de manera eficiente y eficaz el nuevo sistema
de justicia penal, pero estos ordenamientos se deben concebir como un paquete
de reformas que se complementan entre sí y no como ordenamientos aislados en la
materia.
Por lo que, derivado de lo
anterior, la aprobación del dictamen de la minuta por la que se expide la Ley
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal resulta trascendental y necesaria para cumplir con el objetivo antes
mencionado.
Es imperante acotar que la
Comisión de Justicia ha estado abierta al diálogo respecto de las inquietudes de
los diputados que formamos parte de dicha comisión respecto al tema, incluso en
lo particular la propia Procuraduría General de la Republica expuso los
razonamientos que consumaban las observaciones de esta servidora de ustedes.
Estas acciones de disposición al diálogo generaron un consenso entre los
diputados de la comisión para sacar adelante esta reforma en lo particular.
Esta ley suma a lo ya aprobado
en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se funda en la reforma del
artículo 17 constitucional, que dicta que las leyes deberán prever los
mecanismos alternativos de solución de controversias, aunado por supuesto a la
reforma que se llevó a cabo en 2013, en la que faculta al Congreso de la Unión
a legislar en esta materia.
Esta Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos tiene varias aristas que descongestionarán la carga de trabajo que
tiene el Poder Judicial, ya que se espera que una gran parte de los asuntos se
solucionen a través de alguno de los medios alternativos de solución de
conflictos.
En la Ley se instauran tres
mecanismos alternativos de solución en materia penal: la mediación, la
conciliación y la justicia restaurativa.
También se debe señalar que se
contempla que el órgano, ya sea de naturaleza judicial o administrativa, debe
contar con un área exclusiva que le dé seguimiento, monitoreo e impulse los
acuerdos establecidos por los intervinientes; por lo que genera obligatoriedad
para las partes involucradas, ya sea la víctima o el imputado.
Reforzando esta idea, se
establece en el mismo ordenamiento que en caso de incumplimiento del imputado,
la autoridad competente lo hará del conocimiento del juez, quien ordenará
levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el
procedimiento como si no se hubiese celebrado acuerdo alguno.
No me cabe duda que la visión
de reparación de daño que se manifiesta en la Ley Nacional tiene como objetivo
la reconstrucción del tejido social del país, que se encuentra tan dañado
actualmente.
Otra parte toral de este
ordenamiento es que se basa en la voluntad de los intervinientes, es decir, no
se les obliga a ceñirse a estos mecanismos sino que ellos manifiestan su
voluntad de manera fehaciente para participar de ellos.
Algo a favor también que
tenemos que destacar es que en algunas entidades federativas de nuestro país ya
se han implementado mecanismos alternos para la solución de controversias,
inclusive no solo en materia penal sino en otras áreas.
Existen ya centros de
mediación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, de Baja California Sur,
de Chihuahua, de mi estado, Coahuila, de Colima, del Distrito Federal, de
Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Sin embargo, con esta ley deja
abierto que la autoridad, para llevar a cabo algún mecanismo son la
Procuraduría General de la República, o bien, el órgano judicial, dependiendo
de la etapa del proceso en la que se decida invocar la solución de la
controversia por un mecanismo alternativo.
Elegir un mecanismo
alternativo de solución es sinónimo de que se atenderá a las soluciones
particulares de cada caso con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se trata de
un proceso definitivamente más humano.
Por lo anteriormente expuesto,
el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional manifiesta, por mi
conducto, que votaremos a favor del dictamen que se encuentra en discusión. Es
cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias a usted, diputada Esther Quintana, gracias por su participación. Tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías
Capuchino, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Darío Zacarías
Capuchino (PRI): Compañeras y compañeros
legisladores, la aplicación de justicia penal en nuestro país ha tenido una
evolución constante, acorde a los diversos contextos y requerimientos
históricos, sociológicos e inclusive culturales, durante los cuales ha
expresado la necesidad de contar con medidas que permitan llevar a cabo una
solución expedita y honorable de los conflictos.
Es por esto que el tema de los
mecanismos alternativos de solución de controversias no es algo nuevo en
nuestro país, ya que en más de la mitad de las entidades federativas que lo
conforman se han desarrollado mecanismos alternativos para la solución de
controversias. Ello con la finalidad de impulsar reformas legales y procesales
e inclusive se han creado centros de meditación en los Poderes Judiciales de
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Sin embargo, resulta
importante mencionar que cada entidad cuenta con su propio ordenamiento legal,
en los cuales se establecen diversos requisitos, procesos y medios, creándose
así una disparidad en la aplicación de esta figura procesal.
Asimismo en el contexto
internacional, entre 1985 y 2005 se emitieron ocho ordenamientos
internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del
Consejo de la Unión Europea y de países latinoamericanos relacionados con ese
tema, de tal forma que la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI,
inciso e), establece la necesidad de homologar los distintos procedimientos
penales existentes en el país, así como de las distintas formas de mecanismos
alternativos de solución, de controversias y de la ejecución de las penas.
Lo anterior permitirá
desarrollar la posibilidad de confeccionar soluciones más adecuadas para las
víctimas, así como se pretende una reducción del número de asuntos que llegan a
juicios, permitiendo que los procesos que sí lleguen a juicio puedan ser
atendidos con mayor eficacia.
Con el presente dictamen se
busca la restauración del tejido social, mediante el resarcimiento de los daños
causados por la comisión de un delito menor, lo que genera espacios de
contención, en donde sea posible llegar al perdón y sanear las relaciones
sociales lastimadas.
El dictamen que hoy tenemos
permitirá seguir avanzando en el fortalecimiento de la reforma constitucional en
materia penal, del 18 de junio de 2008, en el que se marca un nuevo sistema
penal acusatorio, contado a nivel nacional con un sistema de justicia penal más
efectivo.
Es por esto, que el Grupo
Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que
la discusión sobre las salidas alternativas y sus beneficios constituyen una
opción ágil para resolver mejor los problemas de los usuarios de la justicia, y
para descongestionar el sistema penal resulta ser un paso más en beneficio de la
sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputado Zacarías Capuchino.
Para hablar en contra en lo
general tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal
Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, esta
Ley que contiene el dictamen a discusión, de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal, debió haber sido mejor meditada,
porque me parece que en el país los mecanismos de procuración y justicia y de
impartición de justicia están en un mal momento.
La justicia en México, lo he
sostenido, hoy lo reafirmo, se encuentra en estado de putrefacción. No hay
justicia en México.
Desde los ministros de la
Corte, estos hombres corruptos, de toga y birrete, hasta muchos de los jueces
están al servicio del mejor postor. Están bajo la subordinación de una
oligarquía económica que no tiene límites en su ambición desmedida por acumular
riquezas y acumular poder.
No hay autonomía en los
órganos del Poder Judicial ni menos hay justicia. Por esa razón nosotros
creemos que este conjunto de normas debió haber sido más reflexionado, más
meditado.
Es más, la prisa con la que lo
sacaron, incluso tengo un reclamo para la Comisión de Justicia y para sus
miembros, porque normalmente la Comisión de Justicia y las comisiones en
general privilegian las iniciativas de otros Poderes, pero marginan, minimizan
y enclaustran las iniciativas propias del órgano que conformamos.
No es cierto que estudiaron
las iniciativas. No es cierto que compararon los proyectos que presentaron.
Aquí lo dijo con tino, siempre con honestidad, la diputada Zuleyma. Nosotros
presentamos en febrero una ley completa, una propuesta de ley nacional de
justicia alternativa, un cuerpo normativo que contiene 86 artículos y que
trabajamos con mucha seriedad. Saben ustedes que ningún miembro de la Comisión
de Justicia se atrevió a leerla, en cambio actúan como lacayos cuando provienen
del Ejecutivo federal o de otro ente que tenga capacidad de iniciativa.
Yo presenté en febrero, hace
10 meses este proyecto de ley, un proyecto que está basado en la experiencia de
otros países del mundo en materia de justicia alternativa y nadie fue capaz de
leer la iniciativa que preparamos y que corresponde a un miembro del Poder
Legislativo, ¿saben por qué? Simplemente porque provenimos de la oposición y a
ustedes no les interesa lo que podamos aportar, hacer o construir, porque
ustedes se han generado una actitud de descalificación a priori contra todo
nuestro trabajo, y vean cómo está el país por esta actitud ciega, sorda y
absurda.
No creen que merecería como
autor de la iniciativa, al menos que la Comisión de Justicia me hubiera
convocado para discutirla y aportar los elementos que considero pertinentes
deberían plasmarse en el ordenamiento jurídico que se discute. No creen que
merezco como legislador el ser escuchado por los propios legisladores; es un contrasentido,
por eso afirmo que es una asamblea de bajo perfil mediano, de mediocridades con
excepciones en algunos de los legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado: Gracias,
diputado Monreal Ávila. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la
palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD. Es hasta por tres
minutos, estimado diputado.
El diputado Fernando
Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado: Adelante.
El diputado Fernando
Belaunzarán Méndez: Si algo ha agraviado a la sociedad, si algo agravia a la sociedad es
precisamente la injusticia. Estamos viendo las grandes movilizaciones en
Estados Unidos por un fallo judicial absurdo, inaceptable para esa sociedad, en
donde queda claro el asesinato con tintes racistas de un ciudadano, de un joven
norteamericano y ya vemos el grado de protestas que éstas han generado en
Missouri. Pero bueno, se extendieron en todo Estados Unidos.
¿Cómo respondió Barack Obama,
entre otras cosas? Respondió haciendo anuncios de una gran campaña de
profesionalización de policías, de jueces, etcétera. Es decir, aceptó que la
sociedad se sintió agraviada ante esa injusticia que fue ratificada luego por
un tribunal y sin violar las leyes, toma el toro por los cuernos y busca una
solución.
Me parece que es lo que
necesitamos, por supuesto. Tener mecanismos de justicia alternativa era algo
básico y es complementario al sistema adversarial y es fundamental porque
teníamos un sistema caro, un sistema que no daba las garantías suficientes y no
sólo no daba las garantías suficientes, sino que perpetuaba una gran injusticia
que hay.
Peña Nieto se tardó dos años
en darse cuenta que hay dos México –decía él–. Pues bien, para un México hay
impunidad, para el México de los poderosos, de los que tienen recursos. Y para
el otro México, que es el de la mayoría, hay arbitrariedad y en eso hay un
agravio.
Recordemos el documental de Presunto
culpable y cómo le generó escozor a muchos del sistema judicial, pero que
demostraba una realidad. Muchos de los que están afuera deberían estar dentro y
muchos de los que están dentro debieran estar afuera por este sistema de
justicia, en donde lo que falta es precisamente la justicia.
Pero es bueno que haya formas
alternativas para resolver controversias y que no lleguen a otros extremos. Es
correcto, es de sentido común, se aplica en otros países con buenos resultados
y lo tendríamos que hacer nosotros.
Pero tenemos un gran problema
en México también. No sólo por un fallo como fue el del asesinato del joven
Brown en Estados Unidos. Aquí por el asunto de Ayotzinapa –lo sabemos– salió un
gran movimiento social, un gran movimiento que aunque no –incluso muchos de los
que no están en la calle lo expresan de muchas maneras, su hartazgo, su ya
basta y su petición de que cambien las cosas– y el punto de la justicia es
clave, de alguna manera 60 días después, pero el presidente lo entiende y
presenta un decálogo, pero me parece que es un decálogo insuficiente.
Yo invito a mis compañeros a
que cuando analicemos esas iniciativas no nos quedemos en ellas, no las veamos
como la única y nos atrevamos a meterle mano a esas iniciativas, a cambiarlas,
a transformarlas, a verlas de raíz, porque me parece que la sociedad mexicana
está esperando mucho más de lo que se presentó.
Por ejemplo el problema de la
infiltración del crimen organizado no sólo es en los municipios, también es en
los estados y también se da a nivel federal. No encontremos un chivo expiatorio
para decir “todo el problema es el municipio”, porque nos estaríamos engañando
y la sociedad mexicana no está para salidas solamente mediáticas, el problema
es profundo.
Y concluyo diciendo hagamos
nuestro trabajo. Creámonos de veras que somos la representación popular, el
Poder Legislativo y entremos a legislar en serio, no simplemente a avalar lo
que nos manden. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputado Belaunzarán. Les damos la bienvenida a este recinto. Para
hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres
minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía
Berdeja: Gracias, presidente, Para
manifestar nuestra .inconformidad con el proceso legislativo. Ya lo había
señalado el diputado Ricardo Monreal, pero nosotros lo queremos subrayar porque
tanto él como el de la voz, presentamos desde febrero de este año una
iniciativa sobre la Ley Nacional de Justicia Alternativa, un documento muy
amplio que contó con la opinión de destacados juristas, sociólogos y académicos
que planteaba un modelo de mayor avanzado que esta ley que hoy se presenta.
Y fue escondida en el cajón en
la comisión de Justicia y guardó el sueño de los justos y repentinamente llega
en septiembre una minuta y se le da el tratamiento privilegiado que no recibió
nuestra iniciativa.
Quiero señalar que no todas
las comisiones actúan de esa manera; hay productos legislativos que son
resultado del consenso, del diálogo; cuando no vienen con la bendición del
pacto se legisla de manera plural.
Pero en esta ocasión simple y
sencillamente guardaron y archivaron una iniciativa de mucha mayor profundidad
y de mayor calado. El problema de la justicia en el país se tiene que resolver
de raíz y parte de ello es procesar leyes que cuenten con el consenso social y
con todas las voces de la sociedad, tanto del legislativo, como de la academia,
como de los justiciables.
Es un mal augurio, frente a la
reforma que propuso el Ejecutivo federal, que esta ley se cocine de esa manera.
Por ahí quieren sacar como maquiladora legislativa, de manera crítica, todo el
paquete que apenas llegará; llegó ya, entiendo, a nuestra colegisladora; estará
por llegar otra iniciativa aquí a la Cámara de Diputados y se quieren sacar
prácticamente con locomotora estas reformas.
Señalamos que es un mal
augurio, un mal mensaje que iniciativas de ley completas de legisladoras, como
esta ley nacional de justicia alternativa que oportunamente presentamos el
diputado Ricardo Monreal y el de la voz, no haya sido dictaminada, no haya sido
razonada, no haya sido debatida y ni siquiera haya sido leída. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Señoras, señores legisladores, como es
obvio está a discusión un dictamen que aborda tres ordenamientos: una ley
nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia
nacional, el código nacional de procedimientos penales y el Código Federal de
Procedimientos Penales aún en vigor.
En atención a que tenemos
registrada solamente una reserva al código nacional de procedimientos penales,
específicamente el artículo 187, procederemos a otorgarle el uso de la palabra
a quien lo ha reservado, la diputada Margarita Tapia Fonllem. Nos indica que
retira la reserva.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado: En
esa razón, en atención a que no hay más oradores, pido a la Secretaría, abra el
sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recibir la votación en
lo general, en lo particular y en un solo acto, por favor.
El Secretario diputado Xavier
Azuara Zúñiga:
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento
de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier
Azuara Zúñiga:
Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Jorge Iván
Villalobos Seáñez (desde
la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera
Fortoul (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier
Azuara Zúñiga: Se
emitieron 387 votos a favor, 2 abstenciones y 15 votos en contra.
El Presidente diputado Tomás
Torres Mercado:
Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos el proyecto de decreto
por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
Pasa al Ejecutivo
para sus efectos constitucionales.
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