3 dic 2014

Hacia una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias/ debate

  • Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura. 
  • Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 2 de diciembre de 2014
  • Fue aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos ( dos abstenciones y 15 votos en contra) el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
  • ¡ Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales!
  • El dictamen:
  •  http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141202-V.pdf


  • La sesión…:
    El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.'
    Posicionamientos:
    El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Panal):  Hoy México reclama un mejor sistema de impartición de justicia, justicia que esté al alcance de todas y todos los mexicanos sin importar su condición social y económica.
    Ante tal reclamo la Cámara de Diputados asume su responsabilidad política al poner a consideración de esta soberanía el presente dictamen que contiene la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
    En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que esta nueva ley se puede convertir en una herramienta muy importante para el Estado mexicano, y para combatir a la impunidad, y sobre todo contribuir a la construcción de un mejor y más eficiente sistema de impartición de justicia.
    La incorporación de métodos alternativos de solución de controversias no es algo improvisado, es un instrumento que ha probado su eficacia. Evidencia de lo anterior es que en el ámbito internacional estos métodos se han utilizado desde hace ya mucho tiempo y que existen normas al respecto desde hace casi 30 años, no sólo en las Naciones Unidas, sino también en la Unión Europea y en otros países de nuestra América Latina.
    La incorporación de la justicia alternativa en los procedimientos penales tampoco es ajena al contexto nacional. Diversas entidades federativas se han manifestado ya a favor de procedimientos como la mediación, la suspensión de proceso o prueba y la aplicación del principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público. Esto cuando se refiere a los delitos menores.
    Como todos saben, el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas para regir en la república en el orden federal y en el fuero común.
    Al publicarse el Código Nacional de Procedimientos Penales se dio cumplimiento parcial al precepto referido.
    Hoy, compañeras y compañeros, estamos acatando la otra vertiente del mandato constitucional para la construcción de la nueva forma de aplicar la justicia penal. Dicha vertiente pretende incorporar una forma más ágil de resolución de ciertas controversias en materia penal que no sólo redundará en una justicia más expedita, sino que enfoca sus esfuerzos en atender y reparar el daño generado a las víctimas para que así, al desahogar la carga de trabajo que impone la resolución de delitos menores, se pueden concentrar los recursos tanto humanos como materiales en los delitos más graves y que más dañan a la población.
    El nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias que está hoy a discusión, busca uniformar los procedimientos que ya se llevaban a cabo en diversas entidades de la República, incluyendo la creación de órganos especializados en dichos mecanismos.
    Es importante referir que la nueva ley únicamente procederá en los casos de delitos que no se persiguen por querella, en delitos culposos o en delitos patrimoniales cometidos sin violencia. No será procedente cuando el imputado hubiese celebrado acuerdos previos por hechos de la misma naturaleza jurídica. Con esta medida se busca desincentivar la reincidencia.
    El procedimiento iniciará con la invitación como una introducción para que se conozcan las partes y convengan en el mecanismo alternativo cuando éste sea aplicable. De este modo, se realizarán prácticas y pláticas de mediación y conciliación con intervención de un facilitador que está capacitado y certificado para que las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo.
    Los procedimientos serán orales, confidenciales y se basarán en la economía procesal. La nueva ley cuenta con la virtud de que el mecanismo alternativo se sustancie al mismo tiempo que el proceso penal ordinario, por lo que se podrá concluir con un acuerdo reparatorio inclusive antes de que se formulen las conclusiones del ministerio público.
    De igual forma, se prevé que de no alcanzarse un acuerdo reparatorio total o parcialmente, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que proceden.
    El decreto crea un órgano especializado para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados y se faculta al Ministerio Público o al juez aprobar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, para lo cual debe resolver de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto.
    En nueva Alianza, compañeras y compañeros, estamos convencidos de que todas estas acciones contribuyen a una mejor y más eficaz acción de la justicia en materia penal, ya que la impunidad se ha convertido en un verdadero clamor social, cuya resolución es apremiante.
    En Nueva Alianza estamos comprometidos en responder con la demanda social de lograr una mejor impartición de justicia para que los delitos graves no encuentren vestigios que den a lugar a la impunidad.
    Debemos responderle a México con urgencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, por esa razón el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen y los invitamos a actuar del mismo modo. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (PVEM): Gracias, diputado Fujiwara. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
    La diputada Lilia Aguilar Gil (PT): Con la venia de la asamblea. Para poder analizar esta ley de medios alternos de justicia hay que recordar que el sistema penal tiene que ver no con castigar al culpable, sino que dar a cada quien lo que corresponde y quién mejor para decidir esto que las partes involucradas.
    Apenas –perdón–, a pesar de que en 2008 se inició una serie de reformas en el tema de justicia y aparentemente la fijación de delitos y el aumento de penas para combatir la corrupción, a dos años del fracaso en el gobierno federal en materia de seguridad, la ciudadanía ya no quiere cuatro años más de reformas de papel y desprecio de la clase política al tema no solamente de la justicia, sino que también se relaciona con la impunidad y la corrupción.
    México vive su peor crisis en la procuración de justicia de los últimos años. El caso de Ayotzinapa despertó la solidaridad ciudadana y desató la inconformidad social, impulsando las movilizaciones sociales que han dejado en evidencia una sola cosa: en este país no hay justicia. El que la hace no la paga y quien la paga, evidentemente no la hace.
    El gobierno reaccionó a las manifestaciones pacíficas realizando detenciones arbitrarias y tortura, como sucedió con el caso del joven Sandino Bucio, y otros estudiantes que fueron desaparecidos y secuestrados por policías judiciales el pasado viernes.
    Independientemente de los señalamientos que haya sobre los mismos, en este país tiene que prevalecer un estado de derecho y no puede, de ninguna manera el Estado, a través de su Procuraduría General de Justicia, secuestrar ciudadanos vestidos de civiles, en carros de civiles, torturarlos, amenazarlos y luego presentarlos ante una Procuraduría General de la República que niega los hechos y también se queda callado para dar una explicación de los mismos.
    Se dan ahora a conocer las verdaderas cifras que maquillaba el gobierno federal. Cerca de 24 mil personas no localizadas, corrupción y tráfico de influencia en Los Pinos, que ha quedado en evidencia, no solamente con el tren México-Querétaro sino también con los escándalos de la casa blanca.
    La estrategia para restituir el estado de derecho es insuficiente. Lo que tenemos ahora es un México de reformas de papel y la democracia de los discursos. Centran con su estrategia toda la responsabilidad en las instancias federales, cuando la infiltración del crimen organizado, dicho por el propio procurador de la república está en todos lados; no solamente en las instancias municipales.
    La incapacidad del gobierno federal para proponer una estrategia integral para dar salida al problema y a la crisis de seguridad y justicia que tenemos ha sido ineficiente. Tenemos sí instituciones democráticas, pero que no han sido capaces de responder a la realidad nacional y que –como dijeron algunos legisladores chilenos– huele más a autoritarismo y huele más a un Estado como el de Pinochet.
    La reforma constitucional del pasado 18 de junio de 2008, para dejar operar un sistema de justicia penal inquisitivo mixto y pasar de un sistema de justicia penal acusatorio, su implementación aún no concluye. Apenas el jueves pasado aprobábamos una reforma para darle un vacatio legis más amplio a la Ley de Justicia para Adolescentes.
    La minuta de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, viene a plasmar los mandatos constitucionales consagrados en el artículo 17 constitucional y 73 de la misma.
    La minuta en sintonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en proteger el derecho que tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de solución de controversias cuando los delitos no sean graves. Esto en la idea que en una democracia funcional las partes puedan, sin ninguna coerción y sin ninguna presión resolver sus controversias con las contrapartes.
    El deber de defensor de promover a favor del imputado los mecanismos en comento está también incluida en esta reforma, todo ello en un contexto de oralidad, economía procesal y confidencialidad.
    No hablaré más de lo que contiene esta iniciativa, porque sé que otros lo harán. El problema, como se ha dicho y se ha dicho por los mexicanos desde el anuncio del presidente Peña Nieto, no es que tengamos reformas en papel, el problema es cómo se van a implementar y cómo realmente se va a aplicar justicia en este país.
    Cómo vamos a garantizar que estas reformas se apliquen de la manera adecuada y no les suceda lo que ha sucedido en muchos estados en que se reformó el sistema de justicia, como mi estado Chihuahua y solamente han quedado las buenas voluntades y el sistema acusatorio en papel, porque en la práctica la falta de justicia es evidente y también la incapacidad de los nuevos jueces y a veces del Ejecutivo, de aplicar un adecuado sistema de justicia garantista y que nos lleve a un nuevo Estado de derecho propio de las democracias más avanzadas de este mundo.
    No encontramos ante esta minuta de ley, que carece de elementos suficientes, deficiencias de fondo, sí de forma, que señalaremos en reservas, y es por esto que el grupo parlamentario, con la idea de que posteriormente haya una adecuada implementación de este sistema, votaremos a favor de esta minuta, siempre y cuando el Ejecutivo la aplique adecuadamente habrá justicia en este país. Muchas gracias.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (PVEM): Gracias a usted, diputada Aguilar Gil.  Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
    La diputada Zuleyma Huidobro González (MC):  La legítima indignación y la movilización civil que han generado la violencia e impunidad en México, son consecuencia directa de la ineficacia del aparato de justica y el descrédito de las fuerzas de seguridad.
    Es evidente que ese mismo aparato, hundido en el descrédito, en la corrupción, en el tráfico de influencias, no puede ofrecer una salida al conflicto político que vive la nación, pero nosotros no los vamos a engañar.
    Nuevamente lo volveré a decir. Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal no solucionará los problemas en nuestro país, no solucionará los problemas de impunidad y de la justicia, que es nula en el mismo.
    Es oportuno mencionar para aquellos que dicen que nunca presentamos propuestas, que la ley en discusión es una copia de la Ley Nacional de Justicia Alternativa propuesta por el diputado Ricardo Monreal durante el pasado periodo de sesiones. Turnada a la Comisión de Justicia y que por cierto, no está considerada al dictaminar la minuta del Senado.
    No obstante, tal parece que las personas que crearon esta supuesta nueva iniciativa de ley en discusión tenían prisa, ya que les bastó con hacer un resumen de la presentada por Movimiento Ciudadano, dejando muchos huecos y omitiendo partes fundamentales.
    El orden es confuso y requiere ser más explicativo, ya que si se pretende apoyar a la ciudadanía no puede existir margen para errores y malas interpretaciones.
    Un ejemplo de ello es el Capítulo Primero,  del Título Cuarto denominado del órgano, en el cual se plasmó un breve resumen donde se encontrarán las áreas encargadas de realizar esos movimientos alternativos, explicando que estos contarán con capacitación especializada, disciplinas necesarias y contar con una base de datos, mientras que en la presentada por mi coordinador se especifica de manera detallada, en 13 artículos, cómo y quiénes conformarían estos centros encargados de llevar a cabo este método de solución de controversias, los requisitos para esos integrantes y sus atribuciones.
    ¿Cuáles son las facultades de estos centros, como los de los poderes judiciales y las procuradurías en el ámbito? ¿Cuáles son los fines y objetivos de dichos organismos? Así como los derechos de los ciudadanos dentro de los mismos y lo mencionado en la ley en discusión.
    En la ley presentada por el diputado Ricardo Monreal se encuentra de manera explícita cómo, cuándo y de qué manera se podría llevar a cabo este método. Aclarando que solo sería aplicable cuando éste derive de conductas que pudieran constituir delitos de acción pública a instancia de parte o querella. Cuestión que la ley en discusión no contiene y solo se limita a remitir a la ley que contenga la legislación aplicable.
    El objetivo de esta ley no es malo y es necesario un ordenamiento que realice y regule este método. Sin embargo, el presente dictamen carece de los elementos suficientes para cumplir con el mismo, por eso votaremos en contra.
    De aprobar una ley de justicia alternativa, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la presentada por nuestro coordinador, el periodo pasado de sesiones y que continúa pendiente es la correcta, ya que es clara, explícita y concreta. Muchas gracias.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro, Huidobro González.  Tiene la palabra el diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para fijar la postura del mismo. Bienvenido, y adelante, diputado.
    El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM): Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiene al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y en general de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia
    Porque sí, es al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, como mencionaron hace un momento, al quien le compete en términos constitucionales la aplicación de las leyes a través de las resoluciones y sentencias judiciales. Sobre este último rubro sabemos que es una exigencia de la población la respuesta pronta a las peticiones de justicia.
    Así, en nuestra Constitución, hoy en día el artículo 17 reconoce como derecho humano la prerrogativa que tiene toda persona de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
    La agilidad en la justicia es una exigencia que deviene desde épocas antiguas, de hecho Séneca, aquél senador romano, decía ya en la época del imperio que nada se parece tanto a la injusticia, como la injusticia tardía. En este sentido, y de modo muy lamentable, podemos expresar que la justicia en México puede tener asignados todos los calificativos pensados, menos el de ser expedita.
    Por ello los legisladores mexicanos han intentado idear fórmulas que pudieran establecer métodos que hagan de la impartición de justicia una labor ágil. Empero, todo ha sido hasta este momento un esfuerzo vano.
    Hoy en día se está sometiendo a nuestra aprobación una serie de modificaciones. La más importante es la norma que proviene como minuta del Senado de la República que pretende erigirse dentro de nuestro orden jurídico como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. A su vez, y por el principio de coherencia de los cambios, también permean sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.
    Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser una serie de medios en contra del congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio Público. Luchar contra la inevitable dilación en solución por carencias presupuestarias, abatir la ineficiencia y ganar la confianza en el sistema procedimental.
    Para ello la ley que se propone está regulando las figuras de mediación, de conciliación y la junta restaurativa. La mediación es el mecanismo a través del cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.
    La conciliación serán los mecanismos voluntarios mediante los cuales los intervinientes, en ejercicio también de su autonomía, tendrán opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados.
    Por último, la junta restaurativa será el medio en donde la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyan y propongan opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y con ello buscar la recomposición del tejido social.
    Todo lo anterior, atendiendo a la libre autodeterminación de las personas y bajo el reconocimiento de que los derechos fundamentales no están sujetos a negociación de ningún tipo. Así pues, todos los involucrados en los métodos alternos de solución de controversias, deben atender a la voluntariedad la información, la confidencialidad, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad.
    Los medios alternativos procederán por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces; resaltando que el cumplimiento de los acuerdos no se deja sin atender, por el contrario, se faculta al órgano especializado en medios alternativos de solución de controversias, para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo.
    De esta manera se establece una especie de control expost para que efectivamente se cumpla la solución de los conflictos. Por todo ello estamos convencidos de que se debe de aprobar esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así la justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Castellanos. La diputada Alfa Eliana González Magallanes del grupo parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra para fijar la postura correspondiente a su grupo.
    La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a posicionar a favor de este dictamen.
    La Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias, es una parte fundamental del sistema de justicia penal. Este dictamen tiene como eje central la voluntad de solucionar los conflictos con diálogo. Esa voluntad que debiera verse reflejada en esta Cámara en el día a día para sacar a este país del gran rezado en el que se encuentra.
    Para dar una herramienta que permita en los hechos poder aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese esquema que ahora es incipiente, para lograr en menos de dos años contar con la instrumentación de un sistema penal adversarial que permita juzgar a los presuntos implicados en menor tiempo y no llenar las cárceles con personas acusadas de delitos patrimoniales de poca cuantía por años, en medio de un litigio de papel tortuoso y poco práctico.
    La reforma constitucional para lograr la aplicación del nuevo sistema de justicia penal debe ir más allá de anunciar que ya se aplica en los estados y dejar el resto para luego. Es necesario darle celeridad al análisis y a la aprobación de las iniciativas que aún están pendientes para la construcción de ese engranaje y que son nuestra responsabilidad, entre éstas enlisto las siguientes: la ley nacional de ejecución de sanciones penales, la ley de defensoría pública y la ley orgánica de la fiscalía general de la república, entre otros ordenamientos que son indispensables para construir el andamiaje de un sistema de justicia basado en la oralidad.
    En este punto quiero subrayar el hecho de que ante los pendientes que tenemos para lograr la concreción de esta reforma constitucional ya nos enfrentamos a un nuevo paquete que también plantea reformas a nuestra Carta Magna en aras de resolver un problema de impartición de justicia y de corrupción a partir de iniciativas enviadas al cierre del período con trato preferente de facto, con las cuales se pretende desaparecer mil 800 cuerpos policiacos sin analizar a dónde se lanza a esos policías municipales, quienes por cierto sólo tienen un 10 por ciento de la reprobación en las pruebas de confianza, a diferencia de los agentes estatales y federales.
    Justo sobre los grandes temas de corrupción y violencia que tenemos enfrente requerimos de voluntad para denunciar y proponer, para que lo principal sea el interés superior de la nación y no las elecciones en puerta.
    Hoy aprobamos una ley donde dotamos a la sociedad de un ordenamiento normativo con el cual podrán solucionar ciertos problemas con madurez; esa misma madurez es la que debemos exigirnos aquí nosotros mismos. Madurez para ofrecer a la ciudadanía un debate de altura y no convertir esta tribuna en un ring de box. Madurez para comprender que no podemos permitir que exista enriquecimiento ilícito de ningún servidor público o sus familiares, así sea por ignorancia de la ley.
    Tienes ustedes, señoras y señores diputados, que ocupan un lugar bajo las siglas del partido en el gobierno, la obligación no sólo de escuchar las demandas de los demás, sino de no proteger a personajes corruptos y de contribuir aportando soluciones.
    Y es que si bien es cierto que en el PRD hemos cometido graves errores, que sin duda recordaremos siempre, también lo es que hemos ofrecido disculpas a la sociedad por ello. Pero sobre todo hemos tomado acciones concretas para aminorar los daños causados.
    Pero lo que no podemos, en el PRD, es admitir que se nos califique de manera general e irresponsable a todos los que somos perredistas como asesinos por uno, quien por cierto está sujeto a proceso penal; así como tampoco podríamos afirmar que por casos que los mexicanos siempre recordaremos y que nos indignarán siempre, como la matanza de los estudiantes en el 68, la guerra sucia y recientemente Atenco y Tlatlaya, ustedes son unos criminales.
    Desde esta tribuna les recordamos que nosotros hemos mostrado voluntad para sacar adelante las reformas necesarias para un mejor desarrollo de la sociedad, de los sistemas de justicia, del sistema económico en favor de la estabilidad y el progreso del país, pero no confundan la buena voluntad con su misión ni pretendan darnos trato desigual cuando disentimos, y se lancen con sus recursos más primarios a denostar.
    Desde el Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos por el respeto al debido proceso como una premisa toral en cualquier sistema de justicia, parte de una democracia.
    Por ello condenamos que se violenten derechos humanos y se mande a penales de mediana seguridad a personas a las que se les señala con argumentos endebles e ilógicos, como los acaba de calificar un juez federal en el caso de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre. No confundan el autoritarismo con legalidad. Es cuanto.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputada Alfa González Magallanes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra la diputada Esther Quintana Salinas.
    La diputada Esther Quintana Salinas (PAN): Gracias. Desde el 2008 este Honorable Congreso de la Unión se comprometió con los habitantes de este país a dotar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia de un marco jurídico idóneo que mejorara su actuación frente a la comisión de algún hecho delictivo.
    Estas reformas son originadas por la situación que atraviesa nuestro país, por lo que es conveniente destacar que una de las situaciones que legitima un Estado de derecho es que el Estado garantice de una forma efectiva y contundente la prestación pronta y accesible de justicia a cualquier persona.
    Es por ello que se decide cambiar de un sistema penal inquisitorio a uno aplicatorio. De sobra es conocido por nosotros que el anterior proceso penal contenía una serie de defectos que entorpecían la procuración y administración de justicia, como por ejemplo el interminable papeleo que limitaba la espontaneidad y la libre valoración de la prueba, así como el nulo contacto con el juez o el inexistente acceso de las víctimas al proceso y a la reparación del daño, los procesos penales lentos y el abuso de la prisión preventiva con la consecuente saturación de los establecimientos penitenciarios.
    Al parecer, la preocupación de tener un sistema de justicia penal que cumpla con los requerimientos actuales no sólo se ha dado en nuestro país, sino que ha traspasado fronteras y ha adquirido singular importancia en países hermanos, latinoamericanos, como por ejemplo Chile y Colombia, quienes son pioneros en el tema y cuentan con verdaderos modelos a seguir dentro de su administración.
    Es conveniente plantear, estimados colegas, que las reformas que se han aprobado por este Congreso han sido necesarias para implementar de manera eficiente y eficaz el nuevo sistema de justicia penal, pero estos ordenamientos se deben concebir como un paquete de reformas que se complementan entre sí y no como ordenamientos aislados en la materia.
    Por lo que, derivado de lo anterior, la aprobación del dictamen de la minuta por la que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal resulta trascendental y necesaria para cumplir con el objetivo antes mencionado.
    Es imperante acotar que la Comisión de Justicia ha estado abierta al diálogo respecto de las inquietudes de los diputados que formamos parte de dicha comisión respecto al tema, incluso en lo particular la propia Procuraduría General de la Republica expuso los razonamientos que consumaban las observaciones de esta servidora de ustedes. Estas acciones de disposición al diálogo generaron un consenso entre los diputados de la comisión para sacar adelante esta reforma en lo particular.
    Esta ley suma a lo ya aprobado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se funda en la reforma del artículo 17 constitucional, que dicta que las leyes deberán prever los mecanismos alternativos de solución de controversias, aunado por supuesto a la reforma que se llevó a cabo en 2013, en la que faculta al Congreso de la Unión a legislar en esta materia.
    Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos tiene varias aristas que descongestionarán la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, ya que se espera que una gran parte de los asuntos se solucionen a través de alguno de los medios alternativos de solución de conflictos.
    En la Ley se instauran tres mecanismos alternativos de solución en materia penal: la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa.
    También se debe señalar que se contempla que el órgano, ya sea de naturaleza judicial o administrativa, debe contar con un área exclusiva que le dé seguimiento, monitoreo e impulse los acuerdos establecidos por los intervinientes; por lo que genera obligatoriedad para las partes involucradas, ya sea la víctima o el imputado.
    Reforzando esta idea, se establece en el mismo ordenamiento que en caso de incumplimiento del imputado, la autoridad competente lo hará del conocimiento del juez, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiese celebrado acuerdo alguno.
    No me cabe duda que la visión de reparación de daño que se manifiesta en la Ley Nacional tiene como objetivo la reconstrucción del tejido social del país, que se encuentra tan dañado actualmente.
    Otra parte toral de este ordenamiento es que se basa en la voluntad de los intervinientes, es decir, no se les obliga a ceñirse a estos mecanismos sino que ellos manifiestan su voluntad de manera fehaciente para participar de ellos.
    Algo a favor también que tenemos que destacar es que en algunas entidades federativas de nuestro país ya se han implementado mecanismos alternos para la solución de controversias, inclusive no solo en materia penal sino en otras áreas.
    Existen ya centros de mediación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Chihuahua, de mi estado, Coahuila, de Colima, del Distrito Federal, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
    Sin embargo, con esta ley deja abierto que la autoridad, para llevar a cabo algún mecanismo son la Procuraduría General de la República, o bien, el órgano judicial, dependiendo de la etapa del proceso en la que se decida invocar la solución de la controversia por un mecanismo alternativo.
    Elegir un mecanismo alternativo de solución es sinónimo de que se atenderá a las soluciones particulares de cada caso con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se trata de un proceso definitivamente más humano.
    Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional manifiesta, por mi conducto, que votaremos a favor del dictamen que se encuentra en discusión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Esther Quintana, gracias por su participación. Tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
    El diputado Darío Zacarías Capuchino (PRI): Compañeras y compañeros legisladores, la aplicación de justicia penal en nuestro país ha tenido una evolución constante, acorde a los diversos contextos y requerimientos históricos, sociológicos e inclusive culturales, durante los cuales ha expresado la necesidad de contar con medidas que permitan llevar a cabo una solución expedita y honorable de los conflictos.
    Es por esto que el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias no es algo nuevo en nuestro país, ya que en más de la mitad de las entidades federativas que lo conforman se han desarrollado mecanismos alternativos para la solución de controversias. Ello con la finalidad de impulsar reformas legales y procesales e inclusive se han creado centros de meditación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
    Sin embargo, resulta importante mencionar que cada entidad cuenta con su propio ordenamiento legal, en los cuales se establecen diversos requisitos, procesos y medios, creándose así una disparidad en la aplicación de esta figura procesal.
    Asimismo en el contexto internacional, entre 1985 y 2005 se emitieron ocho ordenamientos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Consejo de la Unión Europea y de países latinoamericanos relacionados con ese tema, de tal forma que la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, inciso e), establece la necesidad de homologar los distintos procedimientos penales existentes en el país, así como de las distintas formas de mecanismos alternativos de solución, de controversias y de la ejecución de las penas.
    Lo anterior permitirá desarrollar la posibilidad de confeccionar soluciones más adecuadas para las víctimas, así como se pretende una reducción del número de asuntos que llegan a juicios, permitiendo que los procesos que sí lleguen a juicio puedan ser atendidos con mayor eficacia.
    Con el presente dictamen se busca la restauración del tejido social, mediante el resarcimiento de los daños causados por la comisión de un delito menor, lo que genera espacios de contención, en donde sea posible llegar al perdón y sanear las relaciones sociales lastimadas.
    El dictamen que hoy tenemos permitirá seguir avanzando en el fortalecimiento de la reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008, en el que se marca un nuevo sistema penal acusatorio, contado a nivel nacional con un sistema de justicia penal más efectivo.
    Es por esto, que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que la discusión sobre las salidas alternativas y sus beneficios constituyen una opción ágil para resolver mejor los problemas de los usuarios de la justicia, y para descongestionar el sistema penal resulta ser un paso más en beneficio de la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zacarías Capuchino.
    Para hablar en contra en lo general tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
    El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, esta Ley que contiene el dictamen a discusión, de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, debió haber sido mejor meditada, porque me parece que en el país los mecanismos de procuración y justicia y de impartición de justicia están en un mal momento.
    La justicia en México, lo he sostenido, hoy lo reafirmo, se encuentra en estado de putrefacción. No hay justicia en México.
    Desde los ministros de la Corte, estos hombres corruptos, de toga y birrete, hasta muchos de los jueces están al servicio del mejor postor. Están bajo la subordinación de una oligarquía económica que no tiene límites en su ambición desmedida por acumular riquezas y acumular poder.
    No hay autonomía en los órganos del Poder Judicial ni menos hay justicia. Por esa razón nosotros creemos que este conjunto de normas debió haber sido más reflexionado, más meditado.
    Es más, la prisa con la que lo sacaron, incluso tengo un reclamo para la Comisión de Justicia y para sus miembros, porque normalmente la Comisión de Justicia y las comisiones en general privilegian las iniciativas de otros Poderes, pero marginan, minimizan y enclaustran las iniciativas propias del órgano que conformamos.
    No es cierto que estudiaron las iniciativas. No es cierto que compararon los proyectos que presentaron. Aquí lo dijo con tino, siempre con honestidad, la diputada Zuleyma. Nosotros presentamos en febrero una ley completa, una propuesta de ley nacional de justicia alternativa, un cuerpo normativo que contiene 86 artículos y que trabajamos con mucha seriedad. Saben ustedes que ningún miembro de la Comisión de Justicia se atrevió a leerla, en cambio actúan como lacayos cuando provienen del Ejecutivo federal o de otro ente que tenga capacidad de iniciativa.
    Yo presenté en febrero, hace 10 meses este proyecto de ley, un proyecto que está basado en la experiencia de otros países del mundo en materia de justicia alternativa y nadie fue capaz de leer la iniciativa que preparamos y que corresponde a un miembro del Poder Legislativo, ¿saben por qué? Simplemente porque provenimos de la oposición y a ustedes no les interesa lo que podamos aportar, hacer o construir, porque ustedes se han generado una actitud de descalificación a priori contra todo nuestro trabajo, y vean cómo está el país por esta actitud ciega, sorda y absurda.
    No creen que merecería como autor de la iniciativa, al menos que la Comisión de Justicia me hubiera convocado para discutirla y aportar los elementos que considero pertinentes deberían plasmarse en el ordenamiento jurídico que se discute. No creen que merezco como legislador el ser escuchado por los propios legisladores; es un contrasentido, por eso afirmo que es una asamblea de bajo perfil mediano, de mediocridades con excepciones en algunos de los legisladores. Muchas gracias.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD. Es hasta por tres minutos, estimado diputado.
    El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
    El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Si algo ha agraviado a la sociedad, si algo agravia a la sociedad es precisamente la injusticia. Estamos viendo las grandes movilizaciones en Estados Unidos por un fallo judicial absurdo, inaceptable para esa sociedad, en donde queda claro el asesinato con tintes racistas de un ciudadano, de un joven norteamericano y ya vemos el grado de protestas que éstas han generado en Missouri. Pero bueno, se extendieron en todo Estados Unidos.
    ¿Cómo respondió Barack Obama, entre otras cosas? Respondió haciendo anuncios de una gran campaña de profesionalización de policías, de jueces, etcétera. Es decir, aceptó que la sociedad se sintió agraviada ante esa injusticia que fue ratificada luego por un tribunal y sin violar las leyes, toma el toro por los cuernos y busca una solución.
    Me parece que es lo que necesitamos, por supuesto. Tener mecanismos de justicia alternativa era algo básico y es complementario al sistema adversarial y es fundamental porque teníamos un sistema caro, un sistema que no daba las garantías suficientes y no sólo no daba las garantías suficientes, sino que perpetuaba una gran injusticia que hay.
    Peña Nieto se tardó dos años en darse cuenta que hay dos México –decía él–. Pues bien, para un México hay impunidad, para el México de los poderosos, de los que tienen recursos. Y para el otro México, que es el de la mayoría, hay arbitrariedad y en eso hay un agravio.
    Recordemos el documental de Presunto culpable y cómo le generó escozor a muchos del sistema judicial, pero que demostraba una realidad. Muchos de los que están afuera deberían estar dentro y muchos de los que están dentro debieran estar afuera por este sistema de justicia, en donde lo que falta es precisamente la justicia.
    Pero es bueno que haya formas alternativas para resolver controversias y que no lleguen a otros extremos. Es correcto, es de sentido común, se aplica en otros países con buenos resultados y lo tendríamos que hacer nosotros.
    Pero tenemos un gran problema en México también. No sólo por un fallo como fue el del asesinato del joven Brown en Estados Unidos. Aquí por el asunto de Ayotzinapa –lo sabemos– salió un gran movimiento social, un gran movimiento que aunque no –incluso muchos de los que no están en la calle lo expresan de muchas maneras, su hartazgo, su ya basta y su petición de que cambien las cosas– y el punto de la justicia es clave, de alguna manera 60 días después, pero el presidente lo entiende y presenta un decálogo, pero me parece que es un decálogo insuficiente.
    Yo invito a mis compañeros a que cuando analicemos esas iniciativas no nos quedemos en ellas, no las veamos como la única y nos atrevamos a meterle mano a esas iniciativas, a cambiarlas, a transformarlas, a verlas de raíz, porque me parece que la sociedad mexicana está esperando mucho más de lo que se presentó.
    Por ejemplo el problema de la infiltración del crimen organizado no sólo es en los municipios, también es en los estados y también se da a nivel federal. No encontremos un chivo expiatorio para decir “todo el problema es el municipio”, porque nos estaríamos engañando y la sociedad mexicana no está para salidas solamente mediáticas, el problema es profundo.
    Y concluyo diciendo hagamos nuestro trabajo. Creámonos de veras que somos la representación popular, el Poder Legislativo y entremos a legislar en serio, no simplemente a avalar lo que nos manden. Es cuanto, presidente.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán.  Les damos la bienvenida a este recinto. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
    El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente, Para manifestar nuestra .inconformidad con el proceso legislativo. Ya lo había señalado el diputado Ricardo Monreal, pero nosotros lo queremos subrayar porque tanto él como el de la voz, presentamos desde febrero de este año una iniciativa sobre la Ley Nacional de Justicia Alternativa, un documento muy amplio que contó con la opinión de destacados juristas, sociólogos y académicos que planteaba un modelo de mayor avanzado que esta ley que hoy se presenta.
    Y fue escondida en el cajón en la comisión de Justicia y guardó el sueño de los justos y repentinamente llega en septiembre una minuta y se le da el tratamiento privilegiado que no recibió nuestra iniciativa.
    Quiero señalar que no todas las comisiones actúan de esa manera; hay productos legislativos que son resultado del consenso, del diálogo; cuando no vienen con la bendición del pacto se legisla de manera plural.
    Pero en esta ocasión simple y sencillamente guardaron y archivaron una iniciativa de mucha mayor profundidad y de mayor calado. El problema de la justicia en el país se tiene que resolver de raíz y parte de ello es procesar leyes que cuenten con el consenso social y con todas las voces de la sociedad, tanto del legislativo, como de la academia, como de los justiciables.
    Es un mal augurio, frente a la reforma que propuso el Ejecutivo federal, que esta ley se cocine de esa manera. Por ahí quieren sacar como maquiladora legislativa, de manera crítica, todo el paquete que apenas llegará; llegó ya, entiendo, a nuestra colegisladora; estará por llegar otra iniciativa aquí a la Cámara de Diputados y se quieren sacar prácticamente con locomotora estas reformas.
    Señalamos que es un mal augurio, un mal mensaje que iniciativas de ley completas de legisladoras, como esta ley nacional de justicia alternativa que oportunamente presentamos el diputado Ricardo Monreal y el de la voz, no haya sido dictaminada, no haya sido razonada, no haya sido debatida y ni siquiera haya sido leída. Es cuanto.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Señoras, señores legisladores, como es obvio está a discusión un dictamen que aborda tres ordenamientos: una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia nacional, el código nacional de procedimientos penales y el Código Federal de Procedimientos Penales aún en vigor.
    En atención a que tenemos registrada solamente una reserva al código nacional de procedimientos penales, específicamente el artículo 187, procederemos a otorgarle el uso de la palabra a quien lo ha reservado, la diputada Margarita Tapia Fonllem. Nos indica que retira la reserva.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En esa razón, en atención a que no hay más oradores, pido a la Secretaría, abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recibir la votación en lo general, en lo particular y en un solo acto, por favor.
    El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
    (Votación)
    El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
    El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
    La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
    El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 387 votos a favor, 2 abstenciones y 15 votos en contra.
    El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
     Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.


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