Hacía la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.

• Se avanza en el fortalecimiento de la reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008.

La Cámara de Diputados aprobó este martes 2 de diciembre de 2014, con 387 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.

Su objetivo es la recomposición del tejido social a través de la restauración del daño causado, generando espacios de solemnidad y contención adecuados en donde pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva.

El documento, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también reforma los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Penales, y tiene como eje rector la voluntad de las partes para explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a los desacuerdos, atendiendo al daño causado por la conducta delictiva.

Los mecanismos alternativos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

Atiende el mandato constitucional de dar cuerpo al nuevo modelo de justicia penal, pero sobre todo a la responsabilidad ética de generar confianza en las instituciones y eficacia en el combate a la criminalidad.

Incorpora al Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial, un procedimiento abreviado de conclusión de las diferencias, con pleno respeto a la presunción de inocencia y las garantías individuales de la víctima y el acusado. Se pretende crear, en suma, un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias (MASC).

El dictamen contribuye a la reducción de costos y tiempos de los procesos penales y, a su vez, disminuye la sobrepoblación en cárceles y permite que las instituciones del Estado mexicano concentren sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes.

Precisa que algunas entidades federativas que ya cuentan con legislación sobre la resolución alternativa de conflictos en materia penal, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Esta Ley, precisa, será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.