México,
D. F., a 13 de febrero de 2015
SALUDA
LA CNDH LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU
AL GOBIERNO MEXICANO
·
Coincide la ONU con las propuestas presentadas por el Ombudsman mexicano
ante el Comité, en Ginebra
·
Afirma la CNDH que su adopción e implementación representaría la
posibilidad de lograr avances en la materia
·
El Comité de la ONU señala que México cuenta con una sociedad civil y
una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dinámicas, que contribuyen a la
vigilancia y aplicación de la Convención internacional
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos saluda las observaciones finales
dadas a conocer hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones
Unidas, en la ciudad de Ginebra, sobre el informe presentado por México a
principios de febrero, pues su adopción e implementación representaría la
posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema.
Las
Observaciones del Comité de la ONU son coincidentes, en lo esencial, con las
consideraciones y propuestas que el Ombudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez, presentó a ese órgano internacional, en días pasados, en Ginebra, Suiza.
La
CNDH considera que el acatamiento de las observaciones del Comité contra la
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas resarciría, en buena parte, el
problema de la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas mexicanas
y la realidad imperante en nuestro país.
Destaca
el Comité la importancia de construir un Registro Único de Personas
Desaparecidas, que permita contar con información confiable, con criterios
claros y homogéneos, que posibilite identificar cuáles casos pueden ser de
desaparición forzada y cuáles de desaparición cometida sin participación de
agentes estatales.
Al
dar a conocer sus 18 recomendaciones al Gobierno mexicano para atender los
casos de desaparición forzada, donde tomó en cuenta las propuestas presentadas
por el Ombudsman nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones
Unidas reconoció que México cuenta con una sociedad civil y una Comisión
Nacional de los Derechos Humanos dinámicas, que contribuyen significativamente
a la vigilancia y aplicación de la Convención Internacional en la materia.
Esta
Comisión Nacional considera que el Comité valoró su señalamiento en el sentido
de que en México existe un serio problema de desapariciones en algunas regiones
del país.
El
caso de los 43 estudiantes de Iguala sometidos a desaparición forzada en
septiembre de 2014 ilustra, desde la perspectiva del Comité y en concordancia
con lo expuesto por la CNDH, los desafíos que enfrenta el Estado en la
prevención, investigación y sanción de este delito, así como la búsqueda de las
personas desaparecidas.
Entre
las recomendaciones del Comité, coincidentes con las propuestas de la CNDH,
destacan: que se garantice la participación de las víctimas de desaparición
forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en todo el proceso de adopción de la ley general que regule de
manera integral los aspectos de la desaparición forzada; que el Gobierno
mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar
comunicaciones individuales e interestatales; contar con registros uniformes de
todas las personas privadas de libertad.
En
particular, la CNDH señala la importancia de que el Comité observe la necesidad
de avanzar en una Ley General en la materia, además de que se adopten medidas
legislativas para asegurar que, a la brevedad, la desaparición forzada sea
tipificada, tanto a nivel federal como estatal, y que se ajuste a la definición
contenida en la Convención, teniendo en cuenta el carácter continuo del mismo.
El
Comité también se pronuncia porque, en el marco de la Recomendación 26/2001 de
este Organismo nacional, se garantice que todas las víctimas, se relacionen o
no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que
incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de
género.
Debe
también destacarse que el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció que
el Estado mexicano ha ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales
de derechos humanos de las Naciones Unidas y casi todos sus protocolos
facultativos. Además, valoró positivamente que se haya otorgado rango
constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales en los que México es parte, y saludó la aprobación de la Ley
General de Víctimas y la Ley de Amparo, ambas de 2013.
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