La
CNDH exhibe omisiones de la PGR en caso Ayotzinapa
LA
REDACCIÓN/APRO…
23
DE JULIO DE 2015
MÉXICO,
D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió
fallas en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)
sobre los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala,
Guerrero, en los que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa.
El
ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, informó en conferencia que,
además de fallas, hubo omisión en la práctica de diligencias ministeriales
federales y locales y falta de atención a las víctimas del caso por parte de
los gobiernos federal, estatal y municipal.
Durante
la presentación del documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”,
dijo que la CNDH hizo 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres
niveles de gobierno para evitar la repetición de los hechos, los cuales
calificó como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos
–además de un cúmulo de crímenes de todo orden–, de cuantos haya memoria
reciente en este país”.
Entre
las observaciones hechas por la Comisión destaca la petición a la PGR de
realizar una “adecuada reconstrucción” del ataque y desaparición de los
estudiantes.
Jesús
Murillo Karam fue el encargado de esa investigación como titular de la PGR,
luego reconocido por su famosa frase de “Ya me cansé”. Ante la demanda de
justicia de la sociedad, el pasado 27 de febrero dejó la dependencia y fue relegado
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según
el documento de la CNDH, en el expediente (de la PGR) “se advierten
recreaciones individuales de un segmento de la ‘Ruta de desaparición’ de
acuerdo a testimonios singulares de algunos involucrados, diligencias aisladas
que, a juicio de esta Comisión Nacional no reúnen los requisitos legales para
estimarlas como una reconstrucción de hechos”.
El
organismo consideró necesario la implementación de medidas para lograr un “mayor
acompañamiento y apoyo” a la víctimas y a sus familiares pues “a la fecha no
han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho
conforme al marco normativo vigente en México sobre la materia”.
También
señaló la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales
como locales, que, dijo, “serían de utilidad para lograr una investigación
exhaustiva e integral de los hechos; la no ejecución de órdenes de
aprehensión”.
Incluso,
destacó la omisión del gobierno por “la falta de medidas que contribuirían a
generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de
Iguala”.
Barbarie,
abandono y olvido
Durante
la presentación del documento, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González
Pérez, consideró de “extrema gravedad” los hechos ocurridos hace diez meses,
debido a “su deshumanizada naturaleza, por la forma como se ha hecho evidente
el rompimiento del Estado de Derecho, por la violencia contra los valores
fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la
seguridad, la integridad y la dignidad humana”.
Por
estas razones, dijo, “no es momento ni de callar ni de olvidar”.
Según
su valoración, el caso Iguala “ha probado el grado de barbarie al que se ha
llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia”.
Acompañado
de José Larrieta, titular de la Oficina Especial para la Investigación del Caso
Iguala, el ombudsman nacional comentó que en estos hechos “se visibiliza el
desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y
delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e
impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la
convivencia justa y civilizada”.
Esta
tragedia, añadió, se acentúa “más allá de Iguala, por los hallazgos de
cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas, sin nombre, sin
identidad, sin tiempo, sin nada”.
González
Pérez dijo que el compromiso y obligación de la CNDH es “intensificar su
trabajo y esfuerzo, tomando como premisa el que estos horrores no se repitan
jamás”.
Y
llamó a “romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y
la autoridad”, pues advirtió que “sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz
ni la justicia en México”.
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