El informe de expertos de Ayotzinapa: un análisis/Esteban Illades

El informe de expertos de Ayotzinapa: un análisis/Esteban Illades

El País, 7 de septiembre

El día de ayer se entregó el tan esperado informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar lo sucedido en la ciudad de Iguala durante la noche más triste del 26 de septiembre de 2014, en la que seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.

 El informe, de aproximadamente 560 páginas, es, por decir lo menos, complejo. No sólo busca rehacer la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero –hoy Fiscalía General del Estado–, sino que también hace su propia investigación sobre la investigación; es decir, analiza el actuar de los gobiernos a nivel estatal y a nivel federal en el trabajo que hicieron para esclarecer este crimen de lesa humanidad.

 Por lo tanto, lo mejor es abordar el informe, de manera un tanto somera, en tres partes: lo que revela la investigación de la CIDH, cómo actuó la autoridad mexicana y el punto más delicado, qué sucedió con los estudiantes.

La investigación de los expertos, realizada a lo largo de seis meses, tiene convergencias y divergencias con las investigaciones del gobierno de Guerrero y el gobierno federal. La narración de los hechos de lo sucedido en Iguala encuentra sustento en las tres investigaciones: cerca de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la mayoría de nuevo ingreso, liderados por seis de grados mayores, fueron al municipio de Iguala con el fin de conseguir autobuses y dinero para la manifestación del 2 de octubre, en la que participarían con el resto de las escuelas normales rurales del país. Los estudiantes fueron emboscados por la policía municipal primero al salir de la terminal de autobuses de Iguala y después en distintos puntos de la ciudad. Los policías, por motivos que ninguna de las tres investigaciones han revelado, dispararon en contra de los estudiantes. A varios los bajaron de los camiones. A dos los mataron a quemarropa. Uno más apareció, aparentemente desollado, en la madrugada del día después. Varios sufrieron lesiones graves; uno de ellos está en coma. Asimismo, el chofer de un autobús, un joven de 15 años y una mujer que viajaba en taxi murieron esa noche como parte del atentado en contra de los estudiantes.

 Eso no está en disputa en ninguna de las tres investigaciones.

 Lo que aporta, o más bien enfatiza, el informe de la CIDH es que tanto policías estatales como federales, así como miembros del ejército, estaban al tanto de que algo sucedía en Iguala esa noche. El C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), encargado de compartir información entre distintos órdenes y dependencias del gobierno, recibió mensajes de que había normalistas en la ciudad de Iguala. Es decir, por lo menos hubo noticia de que la policía de Iguala agredía a los normalistas. Todavía peor, hay testigos que mencionan ver a elementos del ejército, de policía ministerial de Guerrero y de policía federal en la ciudad durante el ataque a los estudiantes. ¿Informaron a sus superiores? ¿No lo hicieron? ¿Por qué? Son tres preguntas grandes que presenta el informe y que necesariamente deberán responder los gobiernos de Guerrero y federal lo más pronto posible.

 Lo otro que agrega la investigación de la CIDH es la posibilidad de un quinto autobús en el que pudieron haber viajado parte de los normalistas. En las averiguaciones previas de la PGR sólo se mencionan cuatro de forma principal. Éste es quizás uno de los puntos más confusos de esa noche. ¿En cuántos autobuses viajaron los estudiantes? ¿Fueron cuatro o cinco? De ser cinco, ¿por qué no se mencionó esto antes? ¿Qué haría que no se quisiera tomar en cuenta este último autobús? Sobre todo, después de que la CIDH reveló haber encontrado ropa que nunca fue analizada, que contenía restos de ADN y sangre, y que pudo haber estado en ese autobús.

 Esto liga con una parte fundamental del informe de los expertos, y que ha sido, al menos por las reacciones iniciales del domingo, relegado a un segundo plano: la calidad de la investigación de la PGR. Lo más valioso del informe de los expertos, disponible aquí (http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv), está en las páginas 442 en adelante (Anexo 2, parte II, “Análisis de escenas del crimen”). Este anexo, elaborado por el abogado guatemalteco Mynor Alberto Melgar –quien no forma parte del grupo de los cinco expertos– revela el tamaño del desaseo de las investigaciones estatales y federales sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Melgar, a lo largo de su exposición, que se centra en las diversas escenas del crimen en Iguala, muestra una negligencia en cuestiones tan básicas que debería llevar a replantear el aparato entero de investigación criminal en nuestro país. Por enumerar algunos: hay escenas del crimen que nunca se levantaron; es decir, nunca se investigaron como tal. Hay otras que se mezclaron, por lo que es muy difícil saber cuándo sucedió qué –por ejemplo, la muerte de dos estudiantes en Iguala, no se puede determinar bien en qué momento fue–; otras no fueron preservadas, por lo que se pudieron contaminar por distintos factores. Junto a esto hay muchísimas diligencias no hechas o hechas demasiado tarde. Por poner un ejemplo, la PGR no cuenta con perfiles de los 43 estudiantes desaparecidos. He aquí la parte medular de la investigación de los expertos: lo mal que llevaron a cabo el trabajo ambas procuradurías. Esto es lo que nos debemos llevar del trabajo de la CIDH. La mala calidad de las averiguaciones previas y la investigación de delitos en nuestro país. Algo que se tiene que discutir ya. La procuradora general, Arely Gómez, debe deslindar responsabilidades de inmediato y realizar una indagatoria interna para explicarle a la sociedad por qué este caso, llevado bajo el procurador anterior y continuado por ella, tiene fallas tan graves.

 La última parte de la investigación, la que más nos importa como sociedad, el paradero de los 43 estudiantes, es, naturalmente, la más espinosa. El informe de los expertos, en su anexo I (“Análisis de los Aspectos relacionados al fuego en la investigación de los presuntos eventos del 27 de septiembre, 2014 en el Basurero Municipal de Cocula”, p. 383 en adelante), dedica casi 40 páginas a discutir el cabo más endeble de la investigación de la PGR, y de paso a debatir con John DeHaan, un experto entrevistado para mi libro “La noche más triste”.

 En primera, debo confesar mi extrañeza ante el hecho de que el informe tome a DeHaan como una parte central, puesto que él no colaboró con la investigación ni estatal ni federal. Sólo dio una opinión, informada y de experto, sobre los hechos, a partir de mis preguntas. DeHaan, autor de Kirk’s Fire Investigation, el libro de texto canónico en la investigación de incendios, da su opinión conforme a los datos disponibles del basurero de Cocula.

 No obstante, el autor del Anexo I, José Torero, profesor de la universidad de Queensland, en Australia, se enfrasca en una discusión con DeHaan, como si este último fuese perito de la PGR. Torero dice que la opinión de DeHaan se basa en sus estudios más recientes (en particular uno de 2009) y pone palabras en su boca. DeHaan –de quien espero respuesta en estos días para que elabore su posición una vez que Torero lo menciona directamente a él– nunca dice en la entrevista que se esté basando en un estudio en concreto. Dice DeHaan, y cito: “He sido uno de los principales investigadores en la presentación anual de un curso en reconstrucción forense de escenas de crimen, así que he tenido experiencia de primera mano en ver cuerpos humanos que han sido quemados en distintos tipos de condiciones de fuego”.

 En ningún momento de la entrevista dice DeHaan que el estudio citado por Torero –en el que habla de puercos y no personas– sea el fundamento de su opinión. Por lo tanto, resulta un tanto sorprendente que el experto contratado por la CIDH dedique tanto tiempo rebatir a alguien que 1) No participó en la investigación y 2) en ningún momento dice utilizar las fuentes que Torero menciona. Hubiera sido de mayor pertinencia, dada la gravedad del crimen, que se hubiera dedicado plenamente a analizar el peritaje de la PGR, para intentar desacreditar, dato por dato, su trabajo, y no de externos. Más porque existen otros peritajes de plantas y de entomología que la propia PGR utiliza para sustentar su hipótesis. El anexo no menciona ninguno. Si Torero tuvo acceso al basurero de Cocula, debió haber recogido muestras del trabajo y la CIDH debió de haber llevado expertos en otras materias para aclarar lo más posible qué sucedió o qué no, con el fin de dar la mayor certidumbre posible al caso más importante de los últimos años en México.

 Pero más allá de la alusión al trabajo de DeHaan, hay algo que me parece fundamental retomar de la opinión del perito Torero –con las salvedades antes mencionadas– sobre la posibilidad de que hayan quemado 43 cuerpos en el basurero de Cocula. Cito la página 420 del informe, que me parece de total importancia y que ahí mismo se resalta en negritas: “La complejidad de los presuntos hechos ocurridos el 27 de septiembre sumados a las circunstancias en las cuales la evidencia material fue recogida (con un vacío de custodia de más de 30 días) conlleva a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema. Dada la hipótesis a validar, la investigación de incendios debió haber tomado un papel preponderante en la recolección y manejo de la evidencia material, definiendo en muchos casos, los protocolos a seguir. Este no fue el caso, con lo cual la evidencia recolectada no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o a su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios”.

 ¿Qué quiere decir esto? Que la mala investigación federal y la tardanza con la que se hizo –hay que recordar que la PGR inició desde cero su investigación 10 días después de la desaparición de los estudiantes– hacen que, a los ojos de un perito externo, no existan elementos suficientes para comprobar lo que sostiene. Parecerá una nimiedad pero no lo es: falta evidencia física para poder concluir cualquier hipótesis. Incluso si hubo incendio o no. A un año de su desaparición, no hay suficientes datos para saber, a ciencia cierta, cuál fue el destino de los 43 estudiantes, y ninguna teoría puede ser descartada.

 Después de leer con atención el informe, retomo dos preguntas que presenté en mi libro, La noche más triste, y me siguen pareciendo pertinentes: ¿Qué motivó la desmedida reacción de la policía de Iguala y después la de Cocula en contra de los estudiantes? ¿Dónde quedaron las hebillas, botones y otros objetos metálicos que llevaban los estudiantes esa noche? Quedan todavía muchas, pero muchas cosas por saber de esa noche. Nos urgen respuestas.

Esteban Illades es periodista, autor del libro La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.