Exhiben las
mentiras de Proceso/Juan Carlos Romero.
Tomado de La Otra Opinión,
9
oct, 2015
Una
vez más, Proceso ha quedado expuesto como un medio que inventa verdades. O, si
se quiere, que miente con toda desvergüenza.
Hoy
Juan Carlos Romero, colaborador de Letras Libres, evidencia las trampas a las
que recurrió Jenaro Villamil –reportero estrella de Proceso y defensor de la
verdad– para acusar a Joaquín López Dóriga de recibir “chayote”.
Asimismo,
Romero señala la manipulación de la que Proceso se valió para “denunciar” que
el gobierno federal quiso “arrasar” la normal de Ayotzinapa.
¿Qué
tal los métodos del periodismo comprometido y con causa?
La
Otra Opinión reproduce el texto íntegro de Juan Carlos Romero.
Si los datos no
nos apoyan… (I)
El
equipo editorial del semanario Proceso puso en su portada del pasado 26 de
septiembre lo que se pretendía fuera una suerte de certificado de defunción de
la carrera del periodista Joaquín López-Dóriga: la copia de un supuesto cheque
emitido a su nombre por el Gobierno del Estado de México que mostraba —según el
reportero Jenaro Villamil— los negocios que el conductor ha hecho al amparo del
gobierno.
Villamil
y Proceso presentaron como auténtico un documento falsificado con photoshop a
pesar de que hoy es posible hallar la imagen original del cheque, escaneado en
alta resolución, con datos claros y en una sola tipografía, expedido en 2011 en
beneficio del ayuntamiento de Teocaltiche.
En
la página 10 de la misma edición del semanario se publicó una entrevista con el
gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien se atribuían afirmaciones como
que el gobierno federal había pretendido, en diciembre pasado, “arrasar” con la
Normal de Ayotzinapa sin importar si eso significaba un baño de sangre, y que
había tenido conocimiento de ello gracias un diálogo, vía internet, con el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Unas
horas después de la publicación, el gobernador reaccionó con extrañeza. No solo
no había existido tal conversación con el secretario de Gobernación, sino que
nunca habían tenido contacto vía telefónica o por internet. Es decir, la
reportera había desvirtuado el sentido de varios tramos de la entrevista.
Por
ejemplo, mientras en la conversación con la periodista él había mencionado el
despliegue de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería como parte
de un plan para blindar los límites de Guerrero con los estados de Michoacán y
Morelos, en el relato de la reportera los efectivos federales se convirtieron
en refuerzos del supuesto ataque contra la Normal.
Ortega
fue más allá. En una nota aclaratoria enviada al semanario señaló las
expresiones inventadas y entrecomilladas que la periodista intentó pasar como
citas textuales. Obligada a reconocer su error, la reportera concedió que el
gobernador no habló nunca de baños de sangre ni de arrasar la escuela. Incluso
admitió haber mutilado la respuesta negativa del entrevistado a la pregunta de
si desde el gobierno federal se le había pedido reprimir a los estudiantes.
Sin
embargo, a la réplica del político, la periodista respondió acusándolo de estar
“empeñado en la literalidad”. Más aún, buscando justificarse, argumentó que las
palabras y expresiones con las que había vestido su texto eran sinonimias:
“Téngase en cuenta que entre las acepciones del verbo ‘arrasar’ se encuentran
las de ‘entrar en casa ajena contra la voluntad de su dueño’, ‘vencer o superar
alguna dificultad o inconveniente’”. La reportera volvía a equivocarse en algo:
las acepciones transcritas correspondían al verbo “allanar”, no a “arrasar”.
José
Manuel Burgueño intenta explicar en La invención en el periodismo informativo
la tergiversación e invención de hechos. Tras estas malas prácticas, dice, se
encuentran periodistas con bajo nivel de compromiso ético, perezosos
practicantes de la información no contrastada, sin el talento habilidad para
conseguir la historia de otra forma. Si la verdad se niega a colaborar, ellos
elaboran algo más atractivo, o como lo expresaba el brasileño Nelson Rodrigues:
“si los datos no nos apoyan, peor para los datos”.
Cuando
un medio miente, envenena la colectividad. Desvirtúa lo que podría haber sido
una aportación a la denuncia, porque ante la incapacidad para encontrar una
historia verdadera, se fuerza la realidad para que refleje la parte de la
verdad que supuestamente busca el periodista. En cualquier caso, se comete un
fraude, se engaña al lector, pues se traiciona el acuerdo tácito de confianza
depositado por el público en el informador: un periodista responsable nunca
(nunca) falsifica.
Cuando
se carece de mecanismos de control al interior de una redacción, cuando no se
puede actuar con honestidad y transparentar ante el lector las decisiones
editoriales, la integridad profesional es sustituida con una sección de cartas
en la penúltima página, que sirve como cementerio de desmentidos y malas
prácticas periodísticas.
Eso,
en el mejor de los casos. De la imagen manipulada, publicada en su portada,
Proceso y su reportero han guardado silencio. Ni una explicación a los
lectores.
También
les informo que el día de hoy, también por acuerdo de la Procuraduría General
de la República, de la Procuradora, se remite el expediente, del caso
Ayotzinapa, que ha sido la petición de muchas voces a la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, estando bajo la conducción de la oficina
del Subprocurador, el doctor Eber Omar
Betanzos, que integrará un grupo de trabajo para atender esta
averiguación, en una segunda fase.
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